La naturaleza política de la sequía en Petorca

A partir de las conclusiones de un trabajo de “arqueología” que revisó los registros históricos de los derechos de aguas en la Provincia de Petorca, la autora de esta columna sostiene que la grave sequía que afecta a esa zona es más bien de origen político que determinada por factores naturales. Así, expone que la escasez cíclica del recurso se agravó por el sobre otorgamiento de derechos, particularmente en favor de cuatro familias que, además, han recibido los mayores aportes del Estado para fortalecer el negocio de la producción de paltas. Esta política pública focalizada en el modelo agroexportador, sostiene la autora, afectó severamente a los pequeños crianceros de ganado y productores agrícolas, modificando radicalmente el mapa socioambiental de la provincia.

En Argentina cuando se quiere saber el origen y la verdad sobre algo, surge la pregunta: ¿cuál es la verdad de la milanesa? La respuesta, tan sencilla y tan obvia a la vez, es pan rallado y huevo. Esta frase que tanto nos hace reír en nuestra familia mitad chilena mitad argentina, no genera las mismas risas cuando la aplicamos a nuestra querida Provincia de Petorca.

Pese a que ya han pasado diez años desde que un grupo de hombres y mujeres salió a tomarse las calles mostrando la tragedia de los comunes en aquel territorio por la escasez de agua, la ausencia de datos y la criminalización hacia las organizaciones no permitió ver de manera clara el desastre ambiental producido por la fiebre del oro verde: la palta. Aquel fruto que desde hace casi dos décadas forma parte de nuestra dieta, transformó una zona criancera y de pequeños agricultores en un territorio agroexportador que quiso revertir del todo los pequeños y grandes avances de la reforma agraria. De pronto, los pequeños y medianos campesinos se encontraron sin agua y  por lo tanto sin el alimento para la tierra, sin pasto para los animales y así, sucesivamente, el despojo prosperó.

En medio de la tragedia de los comunes y su desastre ambiental, los discursos de la escasez y la sequía se tomaron la política pública e invisibilizaron que “la verdad de la milanesa” no era de origen “natural”, sino “político”: la política agroexportadora que silenciosamente se instaló en la región y que desde los años 90 tuvo como protagonistas a las familias vinculadas a los partidos políticos de la coalición gobernante después del retorno a la democracia.

Simplemente, y con todas las dificultades que tiene un trabajo de arqueología, comenzamos a analizar los registros de los derechos de aguas para encontrarnos con la sorpresa de aquello que todos sabían. No era ninguna sequía ni escasez nueva, ya que cada siete años la cuenca muestra disminuciones según un estudio realizado en la zona. Es un fenómeno conocido como sequía cíclica, pero que en el caso de Petorca se debía precisamente no a la naturaleza, sino a la economía y su política asociada al modelo exportador propiciado por al régimen militar y continuado y profundizado por los gobiernos de la entonces Concertación.

Hasta la fecha y pese al conocido drama de Petorca expuesto en programas nacionales e internacionales, no existían estudios sobre los derechos de aguas de la zona que mostraran en concreto el comportamiento y la disponibilidad del agua. Los datos ahora muestran lo sabido por campesinos y agricultores: a mediados de los años 90 se generó un sobre otorgamiento de derechos con caudales impresionantes. Y a mediados de los años 2000, luego de que se decretaran agotadas las fuentes superficiales de los ríos La Ligua y Petorca, vendría la tragedia mayor: la sobre explotación de las fuentes subterráneas, donde se asignaron más derechos, con menos caudales, a quienes ya concentraban derechos permanentes de aguas.

La entrega de derechos provisionales a los mismos titulares de derechos permanentes marcó la desigualdad y la posterior concentración del agua en las manos de cuatro familias, varias de las cuales fueron denunciadas por el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA). Movimiento que surgió a la luz de esta tragedia (ver figuras 1 y 2).

A esa altura los campesinos no tenían nada que hacer respecto a la inscripción de “sus aguas”, ya casi entregadas en su totalidad. La guerra por el agua en la provincia se había desatado y el discurso de la sequía y la escasez fue desplegado como la causa principal del conflicto. Paralelamente, era utilizado como un mecanismo sofisticado para consolidar el negocio de la venta de agua, asociado paulatinamente a la demanda por agua potable a través de camiones aljibes y finalmente con la consagración del negocio del agua embotellada.

Para dar respuesta a la explosiva demanda de agua, en 2004 la Dirección General de Aguas (DGA), a través de un cambio en los criterios para calcular el caudal disponible de la cuenca, consiguió triplicarla, justificando así la entrega de derechos que hasta ese período estaban pendientes. Entonces, por presiones políticas del sector económico agroexportador que demandaba más agua, y no de la naturaleza, la DGA modificó los criterios técnicos para determinar la disponibilidad del caudal, logrando así satisfacer la demanda de aguas pendientes hasta esa fecha (de aproximadamente de 1.700 a 5.000 mil litros por segundo, según los estudios de la geógrafa Jessica Budds en 2012).

En el caso específico de la cuenca del río Petorca, sus aguas superficiales ya habían sido decretadas como agotadas en 1997 y en 2004 sus aguas subterráneas fueron restringidas para explotación. Posteriormente, en 2012 fue decretada como “zona de escasez hídrica”. Con esto, la DGA pretendía frenar una demanda que ya estaba excedida en casi un 35%, según el estudio realizado en 2015 denominado “Lineamientos Estratégicos para la Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca de Petorca”. Ese estudio estimó un caudal total del río Petorca en aproximadamente 3 m³, con un aporte de 2,4 m³ del río Sobrante y 0,7 m³ del río Pedernal. En ese mismo estudio se reconoció el grave déficit hídrico y la necesidad de disminuir al menos en un 30% las áreas de cultivo destinadas a la palta, principal demandante de agua.

La escasez y la sequía se tomaron la política pública e invisibilizaron que “la verdad de la milanesa” no era de origen “natural”, sino “político”: la política agroexportadora que silenciosamente se instaló en la región y que desde los años 90 tuvo como protagonistas a las familias vinculadas a los partidos políticos de la coalición gobernante».

Mientras se desataba la guerra por las aguas subterráneas, comenzaban a desencadenarse otras guerras en torno al agua potable para consumo humano, servicio a cargo de la empresa transnacional ESVAL y de las Asociaciones de Agua Potable Rural (APR). Estas últimas fueron responsabilizadas de gestionar el agua potable rural en un contexto de disminución abrupta del agua disponible, sintiéndose obligadas a hacerse cargo de lo que el Estado había tercerizado a través de la empresa trasnacional responsable de su distribución (y que no cubría sectores rurales).

Paralelamente, la guerra por el agua se extendería a la Comisión Nacional de Riego (CNR), encargada de fortalecer la infraestructura de riego para los grandes agricultores, la cual destinó importantes recursos del Estado al agronegocio y dejó a los canalistas y medianos y pequeños agricultores en condiciones absolutamente desiguales para acceder a estos fondos. En particular, estos recursos fueron destinados en gran parte a la construcción de embalses de acumulación de aguas y sistemas de riego tecnificados para las agrícolas y de esta manera optimizar el uso del agua.

La CNR, que fue creada también durante la dictadura, no haría más que reforzar la desigualdad existente, favoreciendo a los grandes agricultores, los cuales pudieron inscribir sus aguas, invertir en infraestructura y modernizar sus sistemas de riego. Estas inversiones se destinaron a los grupos familiares que venían concentrando tierra y aguas en la zona. Una de estas familias -Piwonka- recibió aproximadamente $500 millones de la CNR (a través de la Agrícola Pullacón y la Sociedad Agrícola Pullacón Limitada, dueña de la conocida empresa Guallarauco, entre 1986 y 2008). La familia Pérez Yoma recibió casi $150 millones a través de su Agrícola Cóndor (entre 1994 y 2010). La tragedia no se hizo esperar, los sectores afectados comenzaron a tener menos disponibilidad de agua, hasta el punto de que muchos debieron subarrendar sus tierras o definitivamente venderlas al agronegocio.

MEMORIAS DE UNA RESISTENCIA

Siguiendo con nuestra tarea de arqueología de los derechos de aguas, nos encontramos con la primera dificultad para trabajar con el catastro proporcionado por la DGA. Una serie de errores no hacían fácil saber quiénes eran los dueños del agua en la Provincia de Petorca. Debimos ir detrás de cada agrícola para saber de quién eran los derechos y luego agruparlos por familia. La inscripción de titulares bajo nombres personales y empresariales no hacía fácil la tarea. El resultado corroboró que el agua estaba en buena parte concentrada en cuatro familias con un total de 2.323,32 litros por segundo (2,3 m³). Tres de ellas fueron en su momento denunciadas por MODATIMA porque construyeron drenes que desviaban el agua y que fueron ratificadas por la misión del Instituto de Derechos Humanos el año 2011 (luego saldría en el informe del INDH).

Estas denuncias realizadas por MODATIMA hace casi una década y cuya consecuencia fue una condena judicial a su líder Rodrigo Mundaca, mostraron la naturaleza política de la sequía, agudizada por los procesos de sobre otorgamiento y sobre explotación hídrica.

Algunas de las familias que aparecen concentrando el agua en el territorio, según los derechos de aguas inscritos, son los Pérez Yoma-Yunemann, Cerda-Álamos, Ruiz Tagle y Piwonka (que recientemente los traspasó a la empresa Coca Cola). La familia Cerda sería una de las primeras en dedicarse a expandir la agroindustria de la palta en la zona, mientras que la familia asociada a Alberto Piwonka sería una de las que más fondos del Estado recibió para infraestructura a través de la CNR, mediante el financiamiento de asesorías y proyectos. Se reforzó así el mecanismo perverso de transferencia de lo público a lo privado que caracteriza a nuestro modelo neoliberal y que por décadas ha dejado en manos privadas la inversión pública.

Entre medio y sin descanso, el movimiento que irrumpe en Petorca logró llevar una misión del Instituto de Derechos Humanos (INDH) para que viera los drenes construidos y consiguió que se elaboraran informes sobre el tema. El informe de la Universidad Diego Portales del año 2013 y luego el del Instituto Nacional de Derechos Humanos de 2014, fueron fundamentales para dar crédito a las denuncias realizadas por MODATIMA y presionar al Congreso para que tomara cartas en el asunto. Gracias a las presiones de las organizaciones de Petorca se logró conformar una Comisión de Recursos Hídricos en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, las cuales ratificaron las denuncias y presionaron la discusión sobre la modificación del Código de Aguas que está en curso, postergada 17 veces en el Congreso.

A la DGA no le quedó más que revocar derechos provisionales concedidos a los mismos que ya tenían y gozaban de derechos permanentes e iniciar un proceso judicial inédito. El 2014 fue ratificada por la Corte Suprema la sentencia de revocación de estos derechos provisionales, pero hasta este momento nadie ha visto que se haya hecho efectivo el retorno de esas aguas a los ríos que, aunque “secos” (como se titula el video realizado con actrices y actores reconocidos y MODATIMA), todavía configuran una memoria colectiva de los que nacieron, llegaron y se quedaron en esos sufridos territorios.

POR JUSTICIA AMBIENTAL

¿Quién puede entender el sufrimiento social y ambiental de aquellos que deben vender su ganado por no tener como alimentarlo o cortar sus paltos por no tener como regarlos? ¿Quién puede entender lo que significa no poder ducharse ni regar sus plantas? ¿Quién puede entender lo que significa no disponer de agua potable garantizada y saber que los agrandes agricultores ocupan esa agua de consumo humano para regar las áreas de cultivo que no alcanzaron a regar con sus derechos de aguas? ¿Quién entiende lo que significa no poder transitar por el territorio que ahora está entero cercado, incluidos los cerros donde criaban sus animales? ¿Quién puede entender lo que significa ser visto como ladrón en terrenos que antes fueron “comunes”?

La historia del agua en Petorca y su tragedia es solo una cara de la moneda de la historia del despojo de tierras experimentado ya desde la colonia. Primero, con la iglesia, a través de los Capuchinos en el territorio. Luego, con el Estado, que expropió territorios para los campesinos. Y ahora, con los privados nacionales y transnacionales que impusieron el agro negocio como único destino para la provincia. Quienes alimentaron la esperanza de que la alegría vendría con el retorno al a democracia, fueron los mismos que alimentaron la tristeza y la depresión en muchas familias que perdieron lo poco que tenían y que forzaron la venta de sus tierras por falta de agua.

El agua es transparente y a través de ella podemos ver con claridad lo ocurrido en el Chile neoliberal en las últimas cuatro décadas. Es un prisma que nos permite analizar la nueva conformación socioeconómica del país, que amplió su campo de exportación minera a nuevos extractivismos: agro negocios, forestal, salmonero, etc. Detrás de todos ellos hay guerras por el agua, pero no podemos olvidar que la agricultura consume casi el 80% de las aguas disponibles.

La dignidad nace en la posibilidad de vivir en el territorio que elegimos, con la gente que queremos y sin que nadie amenace la posibilidad de reproducir la vida. Pero para transitar a ello debemos saber de qué está hecha la milanesa y su verdad».

La rica palta, que tanto queremos, no es la culpable. A todos nos gusta y la amamos, pero no podemos amarla más a que nuestros hermanos de Petorca, que por ella han sido despojados de su vida cultural y económica. Las comunas de Cabildo, Petorca y La Ligua, las tres más afectadas, son un ícono de la lucha en nuestro país por recuperar el agua como un bien común público y un derecho humano. Su lucha es por un bien inapropiable, cuyo uso productivo no puede aplastar ni poner en riesgo los usos colectivos de nuestras comunidades y territorios. Sin embargo, y pese a todos los pronósticos de menos lluvias y la posibilidad de que Petorca sea la primera comuna que se quede sin agua en Chile, muchos hombres, mujeres y niños, se han levantado y articulado en la construcción de una nueva ruta. Un horizonte de justicia ambiental hacia el que todos debiésemos querer transitar.

Nadie puede dudad de que sin agua no hay vida y que cualquier forma de mercantilización rompe toda posibilidad de una vida ecológica sustentable. Nadie puede pensar que se pueden rematar derechos de aguas a través de un aviso en la prensa. Nadie puede pensar que es posible acumular el agua cuando otros no tienen para su consumo básico. Nadie quiere vivir en un país sin ríos, sin lagunas, sin manantiales, sin las venas de nuestra tierra. El agua fluye y no se la puede estancar ni desviar para fines de una economía voraz. Nada de lo que le quitemos a nuestra tierra con violencia nos devolverá una vida digna, desarrollada o moderna.

La dignidad nace en la posibilidad de vivir en el territorio que elegimos, con la gente que queremos y sin que nadie amenace la posibilidad de reproducir la vida. Pero para transitar a ello debemos saber de qué está hecha la milanesa y su verdad, acrecentando nuestro conocimiento sobre las formas en que el agua está siendo apropiada y reapropiada. Un camino que comienza tarde, pero en el que ya no es posible retroceder.