Millonario convenio entre INJUV y PNUD bajo sospecha de ser caja para pagar operadores políticos

Un millonario plan destinado a “empoderar” a los jóvenes más vulnerables del país está bajo sospecha de haberse convertido en una caja para la contratación de operadores políticos. Por esa razón, la Contraloría General de la República inició el 18 de enero pasado una extensa auditoría al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). La fiscalización se originó por denuncias de malas prácticas en la administración de un importante pozo de recursos públicos que el INJUV entrega cada año –y que solo en 2017 alcanzó a $2.666 millones– al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), para que esta entidad ejecute proyectos dirigidos a los jóvenes más pobres. El convenio entre ambas instituciones le permite al instituto participar en la selección del personal que contrata el PNUD.

Nicolás Farfán, ex director del Injuv.

El manto de dudas y acusaciones por irregularidades en el uso de estos fondos se acentuó el 8 de enero pasado, cuando sorpresivamente el entonces director de la institución, Nicolás Farfán Cerda (DC), renunció a su cargo. Un mes antes, la Contraloría había recibido la denuncia del ex director regional del INJUV de Arica y Parinacota, Paulo Bustamante (PPD), quien acusó a Farfán de “no haber hecho nada” ante las graves irregularidades en que incurría el personal contratado con los fondos asignados al PNUD: muchos no cumplen con horarios ni acatan instrucciones, denunció Bustamante, por lo que es imposible saber si ejecutan o no el trabajo que se les paga.

Paulo Bustamante, quien renunció en septiembre a su cargo en el instituto y en octubre a su militancia en el PPD, dijo a CIPER: “A nivel nacional el gasto en personal a honorarios del PNUD (y que el INJUV debe fiscalizar) supera a la ejecución de los programas. Es decir, se destinan más recursos para pagar honorarios que para ejecutar los programas destinados a nuestros jóvenes y eso es porque se contrata a operadores políticos”.  

CIPER tuvo acceso a la nómina de 149 personas empleadas bajo el convenio con el PNUD en el segundo semestre de 2017 y comprobó, mediante una revisión aleatoria, que al menos 30 contratados tienen nexos directos con las juventudes de los partidos oficialistas. Allí figuran militantes del PPD (9); del Partido Socialista (6); del Partido Comunista (6); de la Democracia Cristiana (5); del MAS (3) y del Partido Radical (1).

Denuncias como la de Paulo Bustamante, casi todas realizadas por funcionarios y colaboradores del INJUV –aunque en algunos casos la fuente es anónima–, son las que han llegado a la Contraloría y dieron origen a la auditoría en curso. Desde 2008 y en al menos seis oportunidades el órgano contralor ha emitido alertas sobre el uso de los dineros  traspasados por el INJUV al PNUD.

Las acusaciones apuntan a que las jefaturas del instituto han desoído casi por completo las recomendaciones hechas por la propia Contraloría para manejar con prudencia y estricto control los recursos que el INJUV entrega al PNUD, para que este último ejecute los programas. En 2017 esos fondos sumaron nada menos que US$ 4,4 millones (unos $ 2.666 millones al cambio actual), según informó el PNUD a CIPER. La cifra equivale a cerca de un tercio del presupuesto que en promedio recibe el Instituto Nacional de la Juventud cada año (entre $7.500 millones y $8.000 millones).

El INJUV cuenta con una pequeña planta de apenas 26 funcionarios a nivel país: un director y un subdirector nacional, 15 directores regionales, cinco jefes de departamento y cuatro subjefes de departamento. En estos momentos, solo 17 de esas plazas están cubiertas. Además, el instituto dispone de una dotación a contrata y honorarios con los que completa una nómina total de 167 personas. Con esta plantilla, el INJUV debe desarrollar en todo el país la política nacional para los jóvenes de entre 15 y 29 años que representan el 24,3% de la población total de Chile: 4,3 millones de habitantes. Para conseguir ese objetivo, la relación con el PNUD es clave, pues le permite al INJUV prácticamente duplicar su dotación nacional: mediante este convenio se contrata un promedio anual de 140 personas.

El convenio, en los hechos, le hace una verónica a las normas que limitan la contratación de personal a honorarios en las entidades públicas. Al “triangular” los fondos con el PNUD –que cobra una comisión del 7% de los recursos, lo que en 2017 sumó cerca de $186 millones–, el contratante es este organismo internacional que no tiene restricciones para tomar personal a honorarios. Pero, en los hechos, las autoridades del INJUV intervienen en la selección de los contratados y estos se relacionan directamente con los mandos medios del instituto. Asimismo, el PNUD está facultado para comprar equipamiento menor y tecnológico.

El sistema ha funcionado con convenios sucesivos plurianuales y se ocupa desde 2005, atravesando de manera transversal los dos gobiernos de Michelle Bachelet y el primero de Sebastián Piñera. Este último, volverá a contar con este convenio bajo su nueva administración, pues el contrato en vigencia se extiende hasta 2019. Por lo mismo, el ex canciller Alfredo Moreno, futuro ministro de Desarrollo Social –cartera de la que depende el INJUV–, tendrá que resolver cómo se implementarán las observaciones de la Contraloría.

Es muy probable que el convenio vuelva a renovarse después de 2019, como ya ha sucedido en tres oportunidades (2010, 2014 y 2016).

REPAROS DE CONTRALORÍA DESDE 2008

Desde 2014 la Contraloría ha advertido al INJUV en al menos seis oportunidades acerca de la necesidad de cautelar la debida inversión de los recursos públicos relacionados con el PNUD. Y si se revisa todavía más atrás, ya en 2008 la entidad había emitido cuestionamientos y recomendaciones por problemas con el uso de estos dineros.

Entre los reparos y observaciones de la Contraloría figuran cuentas rendidas sin comprobantes, beneficiarios de proyectos mayores de 29 años, inexistencia de procedimientos formales para la adjudicación de fondos, deudas no cobradas por $116 millones en 2016 y otras cuentas por cobrar de antigua data, sin que consten gestiones de cobro ni mucho menos se hiciera algo tan básico como su castigo contable.

La Contraloría también cuestionó la utilización de la cuenta corriente de una funcionaria para recibir el depósito de un fondo concursable. La involucrada –Deborah Muñoz, contratada para dar “apoyo profesional”, según los datos de Transparencia– dijo a CIPER que “fue un error malintencionado que se resolvió mediante sumario administrativo”. Ese sumario se cerró sin sanciones y la funcionaria fue sobreseída, luego de que el INJUV demostrara que la organización que ganó el fondo renunció a esos recursos, manifestando que “por un error involuntario” al momento de postular ingresó la cuenta corriente de Muñoz para que le depositaran la plata.

Firmado en 2015, el acuerdo vigente con el PNUD –conocido internamente como “Proyecto 90299”– establece un plan de trabajo a cuatro años para el “Fortalecimiento y Desarrollo de las Políticas Públicas en Juventud”. Su presupuesto total es de US$ 13,3 millones, el segundo mayor contrato de esta institución multilateral con el Estado chileno, superando solo el que ha firmado el PNUD con el Ministerio de Salud.

Ya en noviembre del año pasado las contrataciones del INJUV con tintes políticos hicieron noticia. Ese mes La Tercera publicó un reportaje donde informaba que el instituto era la entidad pública con mayor proporción de militantes en su dotación: 20 de los 23 funcionarios que en ese momento ocupaban cargos de planta eran miembros de partidos (86,9% del total) y 61 de sus 139 empleados a contrata (43,8%) también militaban en colectividades de gobierno (ver reportaje).

Desde mediados de la década de los 60, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entrega asistencia técnica a diversas oficinas públicas en programas destinados a la reducción de la pobreza, gobernabilidad y desarrollo humano, entre otras materias. Con el INJUV la relación comenzó en 2005 y el modelo es similar al de la externalización de servicios que se ocupa en la empresa privada: el instituto encarga a la entidad multilateral el desarrollo de un proyecto, lo controla y le paga.

Al principio, según relata un ex director de la entidad, todo habría funcionado correctamente. Pero la laxitud de los controles superiores permitió que poco a poco se comenzara a utilizar este sistema como una bolsa de trabajo para personas afines al gobierno de turno. “En todo caso, esto ha pasado en todos los últimos gobiernos”, advierte una funcionaria.

LA SALIDA DE FARFÁN

El Departamento de Comunicaciones de la Contraloría indicó a CIPER que “efectivamente está en curso una auditoría en el Instituto Nacional de la Juventud a raíz de denuncias recibidas en el Portal Contraloría y Ciudadano”.

En círculos de gobierno se atribuye a esa indagatoria la renuncia del ex director de la entidad, Nicolás Farfán. CIPER intentó contactarse con el abogado DC, pero rehusó hacer declaraciones. Desde su entorno aseguraron que está “tranquilo” porque en otras tres investigaciones que hizo la Contraloría sobre el INJUV durante su mandato (desde febrero de 2016) “no se encontró nada reprochable”, dijeron.

En conversación con CIPER la subdirectora y actual directora subrogante de la entidad, Natalie Vidal (PS), se sumó a la defensa:

–Él renunció el 8 de enero, pero por razones personales. Las auditorías no nos dan susto. No es algo nuevo para nosotros. Estamos súper tranquilos con eso. No es algo que nos tome por sorpresa… ya ha habido más de seis revisiones que se han hecho por distintos motivos. Es un placer recibirlos (a los funcionarios de la Contraloría).

Durante los casi dos años en que Farfán estuvo en el INJUV debió enfrentar diversas acusaciones de desorden administrativo, contratación de personal bajo criterios de afiliación política, escaso control financiero y hasta dos demandas laborales. El abogado, asumió en el verano de 2016 en reemplazo del también DC Nicolás Preuss, quien renunció debido a supuestas diferencias con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC).

“MILITANCIA MAYORITARIA”

–Cuando se habla de que más del 80% de los funcionarios son militantes no se considera que, al menos,  el director y subdirector nacional, además de los directores regionales, son cargos de designación del Presidente de la República. No es raro que sean de partidos. Evidentemente, hay una militancia mayoritaria de los directores regionales, son 15 de los 26 cargos de planta. Yo encuentro que este porcentaje, que parece tan alto, es algo malicioso, porque de esos cargos, 17 fueron nombrados por la autoridad–  se defiende la directora (s) Natalie Vidal.

Más allá de que los cargos de planta son directivos y deben contar con la confianza política del gobierno, CIPER constató que a nivel del personal a contrata del INJUV también hay un grueso contingente de militantes oficialistas.

Natalie Vidal junto a directores regionales del Injuv.

A noviembre de 2017, la nómina a contrata sumaba 144 personas y CIPER encontró en ella los nombres de varios dirigentes de las juventudes de los partidos de la Nueva Mayoría: algunos de ellos son la vicepresidenta y el secretario general de la Juventud Radical, María Andrade y Alejandro Aillon, respectivamente; además de dos concejales socialistas (Esteban Barriga, de Temuco, y Carlos Bendetti, de Chiguayante) y el presidente de la juventud PS de Coquimbo (Abdón Julio). También aparecen el tesorero nacional de la Juventud Demócrata Cristiana, Cristián Landaeta, y el Consejero Nacional de esa misma colectividad, Hernán Bocaz. Por las Juventudes Comunistas figuran, entre otros, Melba Castro y Miguel Zúñiga.

De acuerdo a diversos testimonios recogidos por CIPER entre los funcionarios del INJUV, más de la mitad de los empleados a contrata son militantes de los partidos de gobierno, especialmente DC, PS y PC. No obstante, los principales cuestionamientos tienen que ver con las cerca de 140 personas que en promedio el PNUD ficha cada año para desarrollar los programas por los que le paga el INJUV.

El instituto atiende especialmente a los chicos de las familias más pobres del país y todo el material que produce el PNUD, como encuestas y estudios, se convierte en insumo para políticas públicas. Por ejemplo, la nueva estrategia de prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual para los jóvenes que elaboró el Ministerio de Salud se hizo utilizando esa información. En promedio, el INJUV, por sí solo o a través del PNUD, encarga seis sondeos temáticos por año y una encuesta nacional más amplia trianual.

–El proyecto PNUD es súper importante. No solo por los recursos involucrados, sino que tiene que ver justamente con la forma en que llegamos a los jóvenes, con la mirada que el PNUD y sus expertos programáticos entregan. No hay ninguna institución que tenga la capacidad de ejecución que tiene particularmente el PNUD, que tiene prácticas claras y protocolos establecidos previamente, lo que nos da garantías de poder ejecutar el presupuesto de manera correcta y que efectivamente llegue a quien tenga que llegar– sostiene la directora (s) Natalie Vidal.  

NUEVO GOBIERNO HEREDA PLANTILLA “AMARRADA”

El proyecto que el PNUD desarrolla por encargo del INJUV se ejecuta sobre tres ejes: encuestas, capacitación y participación. En el convenio que está vigente, la entidad multilateral ha recibido hasta la fecha por esos trabajos US$ 8,16 millones a través de 21 pagos o transferencias realizadas entre 2016 y 2017. Así lo informó por escrito a CIPER un encargado de comunicaciones del PNUD.

Aunque la ejecución de los proyectos es entregada al PNUD, en la práctica el director del INJUV actúa como jefe del personal contratado por la entidad multilateral. De acuerdo a las bases del convenio (ver acuerdo), el INJUV le paga al PNUD por proyectos terminados y el ente público es el responsable de que los programas se realicen. Por eso, el director nacional del INJUV es considerado, para todos los efectos, como la máxima autoridad, por lo que incluso le cabe la responsabilidad de determinar quién será el coordinador de los proyectos que se ejecutan. Según coinciden diversas fuentes que han trabajado bajo este sistema, ésa fue la llave que permitió ir abriendo de a poco la puerta a personas ligadas a las “juventudes” de los partidos políticos.

La escala de sueldos para los trabajadores contratados en este convenio es variable: el más bajo cancelado en 2017 fue de $ 344.188 mensuales y el más alto, $ 1.192.354 por mes. El salario incluye algunos beneficios propios del personal de la ONU, como un seguro de salud, vacaciones y derecho a postnatal. Las labores se desarrollan primordialmente en terreno: oficinas municipales y casas de la cultura, así como intervención en barrios, parques y playas.

El año pasado, 149 personas fueron empleadas en los diversos programas desarrollados en virtud del convenio; catorce más que en 2016. Estos contratos son anuales y aproximadamente el 75% del personal se repite el plato año tras año, según reconocieron fuentes del INJUV y otras que trabajan para el PNUD. Para 2018 –pese a la llegada de un nuevo gobierno– la plantilla ya está completa.

Los nombres de los empleados por el convenio son elegidos tras un llamado a concurso que se publica en la página del PNUD, diarios de circulación nacional y redes sociales. El organismo internacional le entrega al INJUV una selección de candidatos. Posteriormente, una terna compuesta por dos funcionarios del organismo internacional y uno del INJUV decide quién es contratado.

“Los concursos administrados por el PNUD siguen un protocolo estándar en los cuales prevalecen los principios de transparencia y probidad, publicando los requisitos técnicos y habilidades blandas requeridas para cada función, así como los criterios de evaluación. Se realiza primero una revisión técnica de antecedentes y luego entrevistas de tres postulantes que cumplen con un puntaje mínimo de 80 puntos”, respondieron a CIPER, por escrito, desde el PNUD.

Respecto del alto número de contratos que se renuevan, la entidad dependiente de la ONU sostuvo que todo depende de una evaluación de desempeño del personal y si existe o no la necesidad de continuar con el proyecto.

Al final de cada convenio plurianual, el PNUD debe entregar un balance que incluye un informe anual de la ejecución del proyecto, más una auditoría realizada por una empresa externa y un informe final de ejecución técnica y financiera con una evaluación exhaustiva del alcance y resultados del proyecto, buenas prácticas y lecciones aprendidas. “En el caso de este proyecto, el informe estará disponible después del cierre de su ejecución, previsto para el 2019. El informe final del proyecto anterior se encuentra disponible”, respondió el PNUD a CIPER.  

La auditoria correspondiente al 2016  fue realizada por la empresa ACG Consultores y la del ejercicio 2017 será licitada en el segundo trimestre de este año.

MILLAS ACUMULADAS

Dentro del INJUV, la ingeniera en Gestión Turística, Carolina Vargas Rojas, es la coordinadora nacional del convenio con el PNUD. Por sus manos pasan prácticamente todas las decisiones de pagos y contrataciones. La profesional ha sido requerida por la Contraloría para explicar –entre otras materias– cómo funcionó el programa durante 2017.

Según fuentes del INJUV, tres funcionarios de la Contraloría están hoy instalados en el edificio neoclásico que alberga las oficinas centrales del instituto, en Agustinas con Manuel Rodríguez. Su labor ha estado centrada en revisar cifras, mecanismos de registro y control y tomar declaraciones a funcionarios.  

La Contraloría también puso bajo la lupa los innumerables viajes de la cúpula del INJUV a regiones para participar en los proyectos que desarrolla el PNUD: diez de la actual directora subrogante y 15 del renunciado Farfán. En total, sólo en 2017 el INJUV compró 260 pasajes aéreos por los que pagó $ 39,1 millones.

Un tercio del total de esos boletos fue adquirido durante agosto con motivo del “Mes de la Juventud”, a cuyo lanzamiento en el Gimnasio Municipal Bicentenario de Renca fue invitada la Presidenta Michelle Bachelet. Allí, la mandataria anunció más de 250 actividades gratuitas para los jóvenes que atiende el INJUV. Dentro de ese menú destacan los llamados “Desayunos Públicos”, organizados por el PNUD, donde representantes de organizaciones juveniles de una comuna son invitados a conversar informalmente con el director y/o la subdirectora del instituto. Para esta actividad se compraron, solo durante agosto de 2017, 19 pasajes de avión.

LA PRUEBA ESTABA EN FACEBOOK

Al igual que el director regional de Arica y Parinacota, el de Valparaíso también renunció el año pasado. Pero si el primero lo hizo tras denunciar malas prácticas en el uso de los recursos entregados al PNUD, el segundo dejó su cargo en medio de críticas por protagonizar irregularidades en torno a esos mismos fondos.

Christian Román, ex director del Injuv Quinta Región.

Christian Román (PRSD) dejó la jefatura regional de Valparaíso en septiembre pasado. Su salida se concretó luego de que la Contraloría –tras una denuncia del diputado Osvaldo Urrutia (UDI)– lo acusara de donar sin permiso diez equipos audiovisuales a la Corporación Oído Público, una organización no gubernamental a la que Román estuvo vinculado, nexo que inicialmente negó. Por ello, la Contraloría lo denunció al Ministerio Público.

Además, según consta en el informe del ente contralor (ver documento), Román no se inhabilitó y evaluó a personas que integraban la directiva de Oído Público para que fueran contratadas por el PNUD. Asimismo, en ocho oportunidades pidió por correo al entonces director nacional del INJUV, Nicolás Farfán, que se pagaran las boletas de servicio emitidas por esas mismas personas: Silvia Vásquez y José Escalona. Los trabajos que estaban siendo cobrados no pudieron ser demostrados como efectivamente realizados, indicó el informe de la Contraloría.

De forma inédita en sus investigaciones, la Contraloría usó un posteo en el Facebook personal de Román como una prueba de su participación en Oído Público. Allí, el ex jefe regional del INJUV escribió una breve biografía suya donde se presentaba como “director de una ONG, Oído Público, que busca volcarse a la ciudadanía desde los principios radicales”.

Consultado el PNUD por todas estas denuncias e investigaciones, la entidad respondió por escrito a CIPER que “a la fecha no se ha recibido denuncia alguna ni formal o extraoficial respecto de los temas mencionados”. La respuesta añadió que el programa posee normas de conducta que regulan “exhaustivamente potenciales conflictos de interés o tráfico de influencias”, lo que está expuesto en su política de contrataciones (vea ese documento).  

BONOS Y DEUDA PREVISIONAL

Otra arista que revisa la Contraloría es una denuncia de la Asociación de Funcionarios del INJUV por el no pago de horas extraordinarias, deudas previsionales, bonos de escolaridad y una deuda con la Caja de Compensación La Araucana.

A mediados del año pasado, el Departamento de Bienestar del INJUV remitió a Nicolás Farfán y a Natalie Vidal –entre otras cinco personas– un memorándum (N°66/2017) donde informaba acerca de los reclamos que La Araucana estaba haciendo porque dejó de recibir los pagos de créditos que personal del INJUV había pedido a esa entidad. Según el convenio entre ambas instituciones, esos abonos debían hacerse en forma mensual a través de descuentos por planilla. Pero no se hicieron.

Ante ello, el auditor del INJUV, Cristian Landaeta, inició una investigación interna, la que finalmente terminó en nada: el encargado de remuneraciones, José Abarzúa, ya había renunciado. Sin soluciones a la vista, La Araucana decidió suspender el convenio.

En las próximas semanas la Contraloría comenzará a preparar su informe, el que será recibido por el nuevo ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. La administración entrante también se encontrará con una planta “reforzada”: el 31 de enero, la directora (s) Natalie Vidal firmó los nombramientos de cuatro jefes de departamento que pasarán a engrosar por tres años la plantas de personal inamovible: Marcos Barretto, ligado a la DC, quedará a cargo de Planificación y estudios; Nicolás Valdenegro, vinculado al PS, asumirá en Coordinación Programática; Carlos Rivera, hoy subdirector nacional (s), también cercano al PS, en las áreas Jurídica y Fiscalía, y Ramiro García en Comunicaciones (ver nombramientos).

El “amarre” de simpatizantes del actual gobierno en la planta del INJUV, se suma al de otros 28 que en 2017 hizo el Ministerio de Desarrollo Social, convirtiéndose así en una de las secretarías de Estado cuya plantilla más creció el año pasado. Según publicó La Segunda, cuando el nuevo gobierno desembarque en marzo, se encontrará con 328 jefaturas de distintos ministerios y servicios recientemente asignadas por la administración saliente.