El incombustible general Villalobos y la responsabilidad de La Moneda

Fines de enero. Nada tenía de extraño que el ministro del Interior siguiera de vacaciones o que el general director de Carabineros partiera a las suyas. Salvo que no es cualquier enero. Carabineros se encuentra en medio de una grave crisis, enfrentado de manera inédita con el Ministerio Público. Nueve de sus funcionarios son investigados por, supuestamente, fabricar pruebas para inculpar a los comuneros mapuches en la Operación Huracán… Pero el general Bruno Villalobos no entendió la necesidad de cancelar su viaje recreativo a Miami.

Es el mismo incombustible general Villalobos que siendo ni más ni menos que jefe de Inteligencia de la institución que hoy dirige, fue incapaz de detectar que se estaba montando una “máquina para defraudar” que funcionó por años al interior de la policía uniformada. El mismo que, en vez de preguntarse cómo ocurrió eso, levantaba la voz y hablaba golpeado para acusar a los periodistas de “echar barro” sobre Carabineros.

Y ahí sigue… incombustible, inamovible. Ni a él se le ocurre presentar su renuncia ni a sus superiores pedírsela.

Tal vez ese es el problema de fondo. Y no solo en este caso. Paga Moya, y las responsabilidades las asume… nadie (de las cabezas de las instituciones Armadas y de Orden). Algo que no es extraño desde el retorno a la democracia: parece haber un pacto tácito de autonomía excesiva de estas instituciones, el que incluye el uso de sus recursos.

Ya se apresuraba en 2005 el recién designado ministro del Interior Francisco Vidal a declarar que “Juan Emilio Cheyre no tiene responsabilidad política alguna” en esa absurda marcha que cobró la vida de 45 jóvenes conscriptos en Antuco. Y Cheyre nunca asumió esa responsabilidad política de la que ya lo había librado Vidal.

Cinco años después, el comandante en jefe de la Armada, tras creer que no había riesgo de tsunami, porque la alerta fue bajada (erróneamente) por el SHOA, se fue a dormir. “Me relajé un poco”, fueron sus palabras. Ante la comisión de diputados que analizaba este desastre, sostuvo: “Yo me mantuve en mi casa, tenía energía, un generador propio, entre comillas, porque al final no tuve ningún celular, ningún teléfono satelital hasta que al final a las 5:10 AM, fui informado que la escuadra no había zarpado, que no había maremoto porque la alerta había sido cancelada hace cinco minutos y obviamente que me relajé un poco… a mí también me afectó la asesoría que afectó a lo mejor a la Presidenta  y otras personas”. Así explicó Edmundo González su actuar tras un terremoto grado 8,8.

Desde el Ejecutivo, que ya tenía sus propias culpas en la tragedia, entre otras cosas por el penoso estado en que se encontraban en ese tiempo el sistema y los organismos de emergencia, no hubo molestia mayor con González. O no fue tan grande. Porque ni el error del organismo dependiente de la Armada, ni su actitud poco diligente lo hicieron pensar que podría ser necesario dar un paso al costado. Y lo más grave es que la Presidenta Bachelet, entonces en su primer mandato, tampoco se lo pidió.

Es la misma Presidenta que junto a su ministro del Interior decidió que fueran los propios carabineros quienes propusieran las mejoras necesarias para que no volviera a ocurrir un desfalco, como el del llamado popularmente “Pacogate” y que ya llega a más de $25 mil millones.

Parece que la confianza en el general director de Carabineros es a prueba de todo. En este conflicto en que la Fiscalía acusa a la policía uniformada de inventar pruebas y esta institución defiende sus pesquisas, es cierto que hay que esperar que la Justicia diga quién miente y quién dice la verdad. Pero en medio de la crisis, ya han pasado cosas que en cualquier país serían inaceptables.

En conferencia de prensa, el general Gonzalo Blu, a cargo de la Inteligencia de Carabineros, desde donde se lideró la cuestionada Operación Huracán, acusó al Ministerio Público de “amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo en regiones de sur del país”. Y pidió a los tribunales no acoger la decisión de la Fiscalía de no perseverar en el caso Huracán, a pesar de que esta decisión es facultad exclusiva del órgano persecutor penal.

Según el artículo 101 de nuestra Constitución, Carabineros, al igual que las Fuerzas Armadas, debiera ser “no deliberante”. Por eso, las palabras de Blu resultan inaceptables. Y aún más, porque no se trataba de cualquier hombre: el que hablaba, sin aceptar preguntas, el general Blu, recién había sido ratificado en la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar) por Bruno Villalobos cuando éste decidió el nuevo Alto Mando.

Hay más. La institución que dirige Villalobos se negó al allanamiento de la PDI ordenado por el Ministerio Público que investiga una presunta obstrucción a la Justicia y falsificación de instrumento público en la Operación Huracán. Argumentaron que no les habían avisado. Es cierto que el artículo 209 del Código Procesal Penal dice “dicha comunicación deberá ser remitida con al menos 48 horas”, pero también es cierto que agrega: “a menos que fuere de temer que por dicho aviso pudiere frustrarse la diligencia”. Razones para temer cuando se investiga una posible fabricación de pruebas había, más cuando ya conocemos casos como aquel en que los computadores de connotados ejecutivos de una empresa terminaron en el canal San Carlos. El allanamiento sólo se concretó cuando el tema escaló hasta La Moneda.

Aun así, la Presidenta mantiene su confianza en la cabeza de Carabineros. No puede entenderse de otra forma su inacción. Aunque desde 2005 los comandantes en jefe y el general director no son inamovibles… todavía lo parecen. Tan inamovibles que uno se pregunta si para ellos no existe la responsabilidad política y cuándo los asiste una de mando que no sea operativa.

Mientras continúa esta pelea vergonzosa entre Ministerio Público y Carabineros, ambas instituciones desvían recursos y atención de lo que debe ser su foco: la persecución penal y la seguridad. Así, los culpables de las quemas de camiones siguen impunes y los familiares de las víctimas de casos horrendos, como el asesinato de los Luchsinger Mackay, no tienen justicia.

Villalobos permanece en su cargo, aunque sigue cayendo el prestigio de una institución donde el carabinero común y corriente es ejemplo de esfuerzo en su labor cotidiana, donde en Lo Prado un uniformado rechaza sin dudar $65 millones que pretendían pagarle delincuentes colombianos como soborno.

Villalobos sigue impertérrito en su puesto, como antes permanecieron el general Cheyre al frente del Ejército, el almirante González al mando de la Armada y varios más que (sin dudar de los aportes a las instituciones que encabezaron) en medio de profundas crisis, no dieron un paso al costado.

La responsabilidad primera no era en todo caso de ellos. Además de no deliberantes, el artículo 101 de la Constitución nos recuerda que las Fuerzas Armadas y de Orden son “esencialmente obedientes”. Por lo que hacer asumir responsabilidades políticas, le toca a La Moneda.

Pero es una Moneda que parece inhibida frente a las instituciones militares. Tal vez porque tiene sus propias responsabilidades en cada uno de estos casos: antes, porque no previó que nuestro sistema de emergencia era de cartón frente a un tsunami o porque sabía que ha permitido la opacidad en el manejo de recursos, y ahora porque no ha reaccionado a tiempo con Carabineros.

La guinda de una torta muy amarga es la decisión de Bruno Villalobos de tomar justo ahora sus vacaciones. Tal como lo planeó cuando este “Huracán” no estaba en carpeta. Pero Villalobos se embarcó hacia Miami cuando la tormenta ya estaba desatada.

Hasta ahora la postura del gobierno ha sido una brisa tibia: pedirle a Villalobos que retorne al país, al tiempo que el ministro del Interior tardó mucho en volver de su propio descanso. Mucho antes de que el Huracán llegara a La Moneda, ya era evidente que el general Villalobos no era la persona adecuada ni para enfrentar el mega fraude ni para hacer frente a esta nueva crisis. Porque, finalmente, lo que es claro es que su permanencia a la cabeza de Carabineros es insostenible.