Crisis del Sename: el INDH presentó 25 denuncias ante Fiscalía por posibles delitos en sus hogares

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó 25 denuncias ante el Ministerio Público (entre febrero y abril de 2017) para que se investiguen posibles delitos cometidos al interior de hogares de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename). Los ilícitos denunciados son abusos, maltrato y vulneración de derechos de los niños y adolescentes cuya protección debiese garantizar el Estado.

Así lo confirmaron a CIPER fuentes del Consejo Consultivo Nacional del INDH. Además, indicaron que el instituto denunció ante los Tribunales de Familia y el propio Sename otros 175 episodios en que la protección de los niños se vio vulnerada y que, si bien no constituyen delito, deberán ser investigados y eventualmente sancionados por la autoridad.

Este es el primer efecto concreto del polémico informe sobre la situación de los menores que viven en hogares de la red del Sename, y que se basó en un trabajo de campo realizado entre febrero y abril de 2017 por una misión del INDH, en la que participaron  60 personas (vea ese documento). Se visitaron 171 hogares (83% del total), donde se entrevistó a 405 menores y a 1.076 trabajadores de los centros.

El estudio fue publicado el miércoles 25 de enero, en medio del conflicto generado por la destitución del director del INDH, Branislav Marelic, quien impulsó la investigación al Sename. En su lugar, se nombró a Consuelo Contreras Largo, ex directora ejecutiva de la Corporación Opción, organismo colaborador del Sename que entre 2003 y 2017 ha recibido más de $117 mil millones del Estado.

El informe publicado en el sitio web del INDH, solo menciona que se detectaron 213 “casos críticos” y que algunos de ellos, que podrían constituir delito, fueron denunciados al Ministerio Público, sin especificar cuántos efectivamente siguieron ese curso.

Aunque los detalles de los casos que quedaron bajo investigación de la Fiscalía se encuentran bajo estricta reserva, la información que se maneja al interior del INDH es que los “casos críticos” se agrupan en episodios de trato negligente, maltrato físico (apremios ilegítimos, tortura y agresiones entre menores), maltrato sicológico (insulto, humillación y relación perjudicial insistente) y abuso o explotación sexual.

Branislav Marelic, ex director del INDH

La investigación del INDH es la última de otras tres realizadas con recursos públicos en los últimos cinco años donde se constatan las graves vulneraciones y las precarias condiciones en que viven los niños y niñas al alero del Sename. Y nuevamente será el Ministerio Público, así como los Tribunales de Familia y la dirección del servicio, los que deberán esclarecer los hechos y perseguir las responsabilidades por la desprotección de los menores a cargo del Estado. Un rol judicial clave que hasta ahora no arroja resultados.

El informe sobre la misión realizada por el INDH no entrega mayores sorpresas sobre los abusos ya conocidos que al interior de la red del Sename se vienen cometiendo desde hace décadas. La violenta muerte de Lissette Villa en abril de 2016, a lo que siguió la revelación del fallecimiento no aclarado de 1.313 menores en esos hogares, casos que están manos de dos fiscales, terminaron provocando conmoción e indignación en la ciudadanía. Para muchos, la ausencia de medidas radicales y urgentes para enfrentar la crisis fue uno de los factores que pesó en la pérdida de apoyo del oficialismo.

Un punto crítico del que el nuevo gobierno que asume en marzo próximo está muy consciente. Puede que esa sea la razón por la que uno de los ministros mejor evaluados de la anterior administración de Piñera, el ex canciller Alfredo Moreno, se hará cargo del Ministerio de Desarrollo Social con la expresa misión de coordinar todos los programas y servicios enfocados en la población vulnerable. En la agenda de Moreno, el Sename está marcado en rojo.

Tras la difusión del informe del INDH, Moreno indicó este jueves a radio Cooperativa que “hay una especial preocupación (del nuevo gobierno) con la infancia. Lo que ocurre en el Sename es algo que golpea la conciencia de cualquiera. Me parece una cosa que no podemos dejar pasar, porque esta no es la primera revelación que tenemos respecto de cómo funciona el Sename”.

LA CONTROVERSIA PREVIA AL INFORME

La primera campanada de la grave crisis la dio la comisión encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres, la que recorrió hogares de la red del Sename en todo el país junto a otros jueces de familia y profesionales de la Unicef. El informe que elaboraron en 2012, la Corte Suprema lo mantuvo oculto hasta que CIPER lo dio a conocer en julio de 2013 (vea el reportaje de CIPER “Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos”).

Fue tal el revuelo que provocaron los hechos violentos que recogió en su recorrido la llamada “Comisión Jeldres”, y que se plasmaron en el informe respectivo, que su primer efecto institucional fue la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Como los abusos a los menores no cesaron, otros escándalos gatillaron a los diputados a constituir una segunda comisión investigadora. En ella, distintos profesionales y testigos reafirmaron el horror que se vivía en los hogares del Sename. Aun así, nuevamente no hubo reacción de las autoridades.

Al contrario, cuando se discutieron las conclusiones de la segunda comisión investigadora, el oficialismo evitó aprobar el informe que responsabilizaba a la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco (vea el reportaje de CIPER “Sename: las terribles cifras que demuestran que nada ha cambiado”).

Alfredo Moreno

Las críticas a la gestión de Blanco se habían acentuado tras el violento fallecimiento de la pequeña Lissette Villa en el Hogar Galvarino en 2016. Su muerte destapó un nuevo escándalo, cuando se supo de los 1.313 menores fallecidos en los hogares del Sename entre 2005 y 2016. Y ello, a pesar de que durante semanas las autoridades evitaron informar el número real de decesos. No obstante las críticas a su gestión, Blanco fue designada por la Presidenta como integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Precisamente, por la protección que se le brindó a Blanco en la Cámara de Diputados, en las semanas previas a la publicación del reciente informe del INDH se denunció un posible lobby para morigerar el documento. Una duda que se acrecentó cuando previo a la publicación del informe, el consejo del instituto se reunió y sorpresivamente destituyó  al director, Branislav Marelic, quien había patrocinado la investigación al Sename.

Con el correr de los días han surgido otras versiones que indican que la destitución de Marelic se hizo cuando los consejeros tuvieron a la vista antecedentes de desorden administrativo que cuestionaron su gestión. Aun así, la polémica por su destitución ligada a la misión que auscultó la red de los hogares del Sename, ha seguido escalando.

El diputado y próximo ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg (RN), anunció que hará una presentación a la Contraloría “para que se fiscalice este procedimiento irregular, en virtud del cual se pide la renuncia al director a pocas horas de conocer un informe con los vicios del Sename y que en su lugar pone a una directora que tiene un conflicto de intereses evidente” (El Mercurio).

LAS CIFRAS DEL INFORME

El informe del INDH muestra cifras alarmantes. De los 401 niños entrevistados, 23 (18 niñas y 5 niños) dijeron haber sido víctimas de abuso sexual en el último año, principalmente tocaciones, voyerismo e insinuaciones sexuales. De ellos, el 57,5% tenía menos de 14 años cuando le ocurrió. La mayoría (78,2%) fue abusado por otro menor de edad, y un 6,8% señaló que el abusador fue alguien que trabajaba en el centro.

Del total de niños que acusaron haber sufrido abusos, un 52,4% dijo que la agresión se repitió “varias o muchas veces”. Un 69,1% de estos menores está obligado a convivir con su abusador, ya que también vive o trabaja en el centro, por lo que aumentan las probabilidades de que vuelvan a ser victimizados.

El informe del INDH también indica que hay tres centros que reportan tener “personal judicializado” por denuncias de abuso sexual contra niños y niñas del centro entre 2016 y marzo de 2017. No se explica en el documento qué significa en concreto que un funcionario este “judicializado”: ¿enfrenta un proceso penal?, ¿sigue en contacto con los niños? Una residencia que acoge a 16 niños de entre 8 y 17 años informó que tiene a nueve de sus funcionarios “judicializados”.

Una de las constataciones más graves que hizo la misión del INDH es que no encontró, entre los documentos oficiales del Sename, ningún “protocolo específico que contenga directrices en materia de manejo y/o prevención de situaciones de abuso sexual al interior de los centros”.

En los hogares del Sename hay niños que viven hacinados. El 21,2% de los centros acoge a más menores de los que tiene capacidad de recibir. Hay niños que ocupan dormitorios colectivos sin distinción de edad (22,1%) ni de sexo (23,4%), lo que constituye un factor de riesgo de abusos.

Otros son maltratados por sus cuidadores (22%). La cifra que surge de las entrevistas habla por sí sola: ocho de cada 10 menores dijo haber sido castigado en el último año. A la mayoría sin ver televisión o mandándolos a su pieza, algunos relataron que el castigo consistía en dejarlos sin comer y otros que se instruyó a sus compañeros y cuidadores que les dejaran de hablar. También hay constancia de castigos que significan realizar trabajos de aseo de las instalaciones.

Hay niños que no pueden ver a sus papás por los acotados horarios de visita de los centros: de 151 instituciones, el 35,8% solo permite visitas de familiares y cercanos en días hábiles (hasta las 18:00), lo que excluye a la mayoría de los padres que trabajan. Y un 12,7% las suspende si el niño se porta mal. Algunos no han ido al colegio en más de un año (17 menores); otros no tienen con qué jugar (43,2%) ni qué leer (42,9%) ni la posibilidad de pegar una foto en la pared (6%). Un 16,1% dice pasar hambre; un 34% se siente discriminado y un 17,2% de los menores afirmó no sentirse protegido al interior del hogar.

Un punto alarmante que recogió la misión del INDH en los hogares del Sename, es que el 67,9% de los niños entrevistados afirmó no tener acceso o vía para denunciar sus carencias o abusos al juez que visita el hogar. Y un 69,2% de ellos aseveró lo mismo en relación al abogado que sigue su caso y los defiende.

En concreto, esta cuarta investigación a los hogares de la red del Sename ha vuelto a constatar que los derechos de los niños y adolescentes que viven en los centros de protección siguen siendo vulnerados.

LOS PLANES DEL NUEVO GOBIERNO

La posibilidad de que los cambios que urgen en el Sename sean hechos con celeridad, está por verse. Según explicó el próximo ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, a radio Cooperativa, el nuevo gobierno tiene la determinación de poner en ejecución una política que se discute desde hace por lo menos nueve años: intervenir el Sename para separar a los menores que son infractores de ley de aquellos que están en riesgo social. Estos últimos serían atendidos por una Subsecretaría de la Infancia, que dependerá del ministerio que Moreno tendrá a su cargo a contar del 11 de marzo.

“No hay igualdad de oportunidades si no resolvemos los problemas de los niños”, afirmó Moreno en la misma entrevista. Mientras los niños siguen en estas vacaciones hacinados en sus hogares, la atención estará puesta en el profesional que será puesto a la cabeza del servicio. Todo comienza de nuevo. Los niños esperan.