Pugna en el Instituto Nacional de Derechos Humanos: el último capítulo de la crisis del Sename

Por Bárbara Olivares Espinoza

Una de las crisis más visibles que enfrenta hoy Chile es en su política de infancia, la que ha generado un profundo cuestionamiento a los mecanismos de atención destinados a los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos y que tienen como institucionalidad a la base, el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Esta crítica refleja un problema que lejos de ser contingente, se establece desde principios del siglo XX, cuando el Estado chileno asume el desafío de intervenir la infancia pobre que, hasta ese momento, estaba a cargo de la Iglesia Católica. Menciono este hecho, porque justamente, en un contexto donde lo religioso colma la agenda del país, se produce una de las decisiones más sorpresivas en materia de infancia.

En medio de una semana particularmente noticiosa para el país, los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), destituyen al director, Branislav Marelic, y en su reemplazo queda Consuelo Contreras Largo, directora ejecutiva de la Corporación Opción, una de los organismos colaboradores más importantes del Sename, el que ha sido investigado por la Contraloría a propósito del manejo de los recursos públicos que administra (ver reportaje de The Clinic).

Esto es particularmente grave si se piensa que el INDH se había dedicado en el último año a investigar la situación de los niños y niñas atendidos por el Sename, encontrándose próximo a publicar el informe con los resultados de la misión de observación que se llevó a cabo entre los meses de enero y abril de 2017. Esa misión abarcó al 83% (171 centros) de todas las residencias del sistema proteccional del Sename.

En este sentido, el nombramiento de Consuelo Contreras como directora del INDH resulta poco transparente, debido a la posición que ocupa como representante de un organismo que recibe fondos públicos de la misma institución que pretende investigar y cuestionar.

Previo a este informe, Chile cuenta con precedentes preocupantes en este problema, pues existen dos hitos relevantes en la historia reciente del país que se relacionan con la conformación de dos comisiones investigadoras, alojadas en la Cámara de Diputados (Sename I y Sename II, 2014 y 2017 respectivamente), donde se revisó la gestión prestada por ese servicio y se informó sobre las fallas y problemas detectados.

Para ilustrar la gravedad del problema, el último informe señala que en los últimos diez años, en plena democracia, existen 1.313 niños fallecidos, 210 de ellos en el sistema de residencias y otros 406 en programas ambulatorios financiados por el mismo Sename. El mismo año 2016, se dieron a conocer otras situaciones abusivas que afectan a niños y niñas vulnerables alojados en ese sistema,  incluyendo prácticas lesivas físicas y psicológicas  y, en algunos casos, métodos de castigo o tortura, así como abusos sexuales.

Lo lamentable de estos informes es que, a pesar de la gravedad de sus contenidos, se han constituido en una herramienta para maniobrar políticamente e inclinar la balanza hacia la conveniencia de algunos, donde lo que menos importa es el bienestar de los niños y niñas.

El nombramiento de Consuelo Contreras como directora del INDH resulta poco transparente, debido a la posición que ocupa como representante de un organismo que recibe fondos públicos de la misma institución que pretende investigar y cuestionar».

Aún recordamos lo ocurrido en julio del año pasado, cuando en la Cámara de Diputados se terminó rechazando el informe de la llamada Comisión Sename II, por 36 votos a favor, 47 en contra y 13 abstenciones. Allí se avanzaba en un amplio diagnóstico de la situación que afectaba a los niños y niñas bajo custodia estatal y se asignaba responsabilidades, identificando las principales falencias del servicio y de la institucionalidad del país en este ámbito. Al final del texto, se formulaban 64 propuestas para mejorar el sistema y garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y niños atendidos.

Quienes hemos venido trabajando en políticas públicas destinadas a la infancia, esperábamos con entusiasmo el informe de la misión de observación liderada por el INDH. Este informe permitiría instalar una verdad sobre lo sucedido y determinar acciones a seguir para desmontar la trama institucional sobre la que se producen las vulneraciones de derecho ya conocidas por todos; al tiempo de iniciar un delicado y urgente trabajo de reparación y restitución de los derechos vulnerados.

Es por ello que parece al menos preocupante que, justamente ad portas de un nuevo informe sobre lo sucedido con las residencias del Sename, se produzca una situación que hasta la fecha resulta un tanto confusa y poco clara para todos nosotros. Preocupa, sobre todo, porque nos encontramos ante una institución recientemente creada, que debe mantener una imagen de credibilidad y transparencia ante la ciudadanía, la que a todas luces, se ve fuertemente cuestionada.

Esperamos con atención el esclarecimiento de estos hechos, ocurridos en un contexto de revuelo mediático y donde se afectan fuertemente las confianzas depositadas en esta nueva institucionalidad. Esperamos que esta vez, quienes toman decisiones por la infancia, estén a la altura y demuestren la responsabilidad que les compete y que se les ha asignado como representantes de una instancia que pretende garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, que en esta oportunidad  tienen como figura concreta a niños y niñas que aún no se pueden representar por sí mismos.