Un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 26 de diciembre de 2017, constató la “pérdida” de al menos $1.440 millones en la cuenta corriente de la Municipalidad de Salamanca (Región de Coquimbo), dineros que corresponden a sucesivos aportes hechos por Minera Los Pelambres –de propiedad del grupo Luksic– a esa entidad edilicia entre 2015 y 2016.
Los hechos fueron dados a conocer en un reportaje de CIPER, publicado en agosto de 2017, titulado “Municipios mineros I: Los millones de Los Pelambres que se esfumaron en Salamanca”. En esa investigación se reveló cómo bajo la gestión del ex alcalde de esa comuna, Gerardo Rojas Escudero (PPD), el municipio recibió millonarias donaciones de la minera con graves conflictos ambientales en esa zona –más de $8.200 millones entre 2010 y 2016– para “mejorar la calidad de vida de los vecinos” y cómo parte de esos dineros fueron desviados al pago de remuneraciones y a cubrir los gastos de operación de la alcaldía.
En el informe de Contraloría se establece que tras una revisión de los fondos existentes en la cuenta corriente municipal donde se recibían los aportes de la minera, se determinó un déficit de “a lo menos $1.440 millones”. El ente contralor dictaminó que en un plazo de 60 días hábiles, el municipio “tendrá que remitir los antecedentes que den cuenta de la reposición faltante de, a lo menos, $1.440.123.796, como de la ejecución de los proyectos correspondientes”, agregando que iniciará un proceso disciplinario “a objeto de determinar las presuntas responsabilidades derivadas de los hechos constatados” (ver documento).
La investigación de CIPER también detectó que mientras se hicieron efectivos los aportes de Los Pelambres, el municipio de Salamanca se pronunció sobre proyectos de evaluación ambiental de la minera, contraviniendo distintos dictámenes de la Contraloría que prohíben a los municipios celebrar convenios o recibir aportes de personas naturales o jurídicas que tuvieran o pudieran tener interés en la calificación ambiental de sus actividades.
En línea con lo establecido en la investigación de CIPER, en el informe del órgano contralor se constata que en agosto 2016 el entonces alcalde Gerardo Rojas se pronunció sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minera los Pelambres para implementar infraestructura complementaria a su operación ubicada a 45 km de Salamanca, poniendo en riesgo el principio de “probidad administrativa”. Por ello, señala la Contraloría, “la presente materia se incorporará en el procedimiento disciplinario que iniciará esta sede regional en dicha municipalidad”.
Otro de los hallazgos consignados en la investigación de CIPER y que constata la Contraloría refiere al millonario hoyo financiero de las arcas municipales, con un déficit que supera los $5 mil millones. “Se constató la inexistencia de un equilibrio financiero presupuestario en el área de gestión municipal y departamento de educación, por cuanto se comprobó un déficit financiero de a lo menos $5.634.219.894 y $1.221.722.438 respectivamente”.
A los antecedentes ya expuestos por la Contraloría en su informe de más de 140 páginas, se suman gastos sin respaldo por $5.8 millones realizados por el ex alcalde Rojas con la tarjeta de crédito del municipio y la contratación de camiones vía trato directo (más de $44 millones) cuya propiedad está ligada a una empresa del hermano e hijo del director de Control de la entidad edilicia.
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