Son las preferidas por el gobierno y los grandes empresarios a la hora de impulsar procesos de diálogo y certificación productiva, tanto nacionales como locales. Varias de ellas son filiales de organizaciones internacionales y se mueven, indistintamente, como actores de la sociedad civil (ONGs) o consultoras.
Son trasnacionales del medioambiente (con excepciones como Sierra Club, por ejemplo, que no trabaja fuera de Estados Unidos) que han librado fundamentales batallas para detener la carrera nuclear, el calentamiento global, salvar especies en peligro de extinción, proteger los océanos o conservar grandes áreas prístinas del planeta. Como movimiento han catalizado, además, cierto cambio cultural en la relación del mundo occidental industrial con los ecosistemas, que en algún recodo del camino perdió la brújula que sí tuvieron (y tienen) muchos pueblos originarios que reconocen la magia, belleza y dependencia humana de los ciclos de la naturaleza.
A pesar de estos esfuerzos y del necesario reconocimiento, algunas Big Green no siempre han estado dispuestas a enfrentar las profundas causas de los problemas socioambientales y más bien se han concentrado en sus efectos. A salvar lo que se pueda mientras el barco, el planeta, aún se mantiene a flote. Y en este derrotero han abrazado, algunas de ellas, propuestas de solución enmarcadas en los principios del modelo global industrial neoliberal.
En su libro “Esto lo cambia todo: El Capitalismo contra el clima”, la investigadora canadiense Naomi Klein lo manifiesta. Relata la existencia de organizaciones de Estados Unidos que se enfocan en el conservacionismo de ciertas especies o territorios sin cuestionar un ápice que la degradación ecosistémica (incluido el cambio climático) se basa en un modo de vida sustentado en el crecimiento económico y el consumismo. “Creo que las organizaciones que forman parte de las Big Green han sido más dañinas que los negacionistas (del calentamiento global) de derecha, en términos de todo el terreno que hemos perdido”, señaló la periodista hace algunos años a The Guardian.
Algunas Big Green no siempre han estado dispuestas a enfrentar las profundas causas de los problemas socioambientales y más bien se han concentrado en sus efectos. A salvar lo que se pueda mientras el barco, el planeta, aún se mantiene a flote”
Fueron varias de estas agrupaciones las que formaron, a principios de los ‘90, la Coalición Ecologista pro Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pesar de que la globalización mercantil es una de las principales amenazas para el planeta. No solo por los gases de efecto invernadero del transporte mundial de bienes sino por el consumo generalizado que este genera (y su consecuente presión sobre los recursos naturales) y por fomentar la competitividad fundamentalmente económica, que incentiva a rebajar costos en desmedro de ecosistemas y trabajadores.
Así lo apunta Klein, quien recuerda lo que señalara John Adams, ex director de NRDC en esa época: “Doblegamos la oposición ecologista al TLCAN. Una vez fijada nuestra postura, a Clinton ya solo le quedaba hacer frente a la oposición sindical. Le hicimos un gran favor”[1].
Las que se involucraron en este “greenwashing” (“lavado de imagen” bajo la idea de responsabilidad ambiental) fueron la National Wildlife Federation, EDF, Conservación Internacional, NRDC y WWF. No se sumaron Greenpeace, Amigos de la Tierra (una coalición que en Chile tiene como contraparte a Codeff) ni Sierra Club, entre otras.
Estas decisiones dan argumentos a quienes critican su manera de proteger el medioambiente. Conceptos como “bonos de carbono”, “capitalismo verde”, “mecanismos de desarrollo limpio” e incluso “desarrollo sustentable”, son vistos como una forma de cambiar… con el fin último de que todo siga igual.
“El Grupo de los Diez” (también conocidos como la Banda Verde) muestra hoy toda la intensidad de un cartel de seguros… Las políticas ambientales hoy son manejadas por un eje de acrónimos: EDF, NRDC, WWF. Grupos sin un sistema de votación por parte de sus miembros y escasa responsabilidad con relación al amplio movimiento ambiental. Son los indiscutidos mandarines de las soluciones tecnológicas y la lógica del lobby, que nos legaron los oxímoron de nuestro tiempo: “bonos de carbono”, “humedales artificiales”, “desarrollo sustentable”. En su espacio relativista, todo puede ser negociado o transado. Para ellos, los remanentes de los ecosistemas originarios de nuestras tierras fiscales son divisibles hasta el infinito y cada pérdida puede ser promocionada como una gran victoria en sus afiches de propaganda para reunir fondos”, explica el activista estadounidense Jeffrey St. Clair.
Creo que las organizaciones que forman parte de las Big Green han sido más dañinas que los negacionistas (del calentamiento global)”, señaló Naomi Klein a The Guardian.
Uno de los dilemas al que apunta St. Clair no es menor ni nuevo. Porque tener espacios completamente democráticos no aseguran responsabilidad socioambiental, al ser posible contar con un sistema altamente participativo y, entre todos, decidir destruir los ecosistemas y sus especies. Y, al contrario, la protección de la naturaleza desde una mirada autoritaria y sin participación puede derivar en el ecofascismo. Esto, el choque entre dos principios aspirables, es lo que se llama en jerga legal colisión de derechos y es un debate aún abierto no solo a nivel global sino también nacional, por la necesaria accountability de todos los movimientos sociales, entre ellos el ambiental, por tanto es un clivaje a considerar.
¿Y EN CHILE?
Luego de las grandes batallas socioambientales que se han dado en nuestro país en contra de mega proyectos mineros, industriales y energéticos, desde el Estado se avanzó en una estrategia para hacer más aceptables entre la ciudadanía ciertas políticas extractivistas, convencerle que estas eran compatibles con un país responsable ambientalmente. Pero al interior del gobierno aún viven dos o más almas en este respecto. Aunque el sentido común dice que la mejor opción es cambiar las prácticas no democráticas, consumistas y depredadoras, en las cuales se sustenta el modelo de desarrollo nacional, una parte del gobierno y empresariado piensa distinto.
Tan vigente es este debate, que a fines de agosto, a propósito del rechazo gubernamental del proyecto de instalaciones portuario-mineras de Dominga, el enfrentamiento entre crecimiento/protección del medio ambiente ocasionó una crisis de proporciones: renunciaron los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes.
Conceptos como “bonos de carbono”, “capitalismo verde”, “mecanismos de desarrollo limpio” e incluso “desarrollo sustentable”, son vistos como una forma de cambiar… con el fin último de que todo siga igual”
Para una parte del establishment no es el sistema de crecimiento económico ad infinitum ni la intervención de los ecosistemas pensando en un planeta sin límites, lo que es preciso modificar. Son las soluciones tecnológicas y de comportamiento que no pongan en entredicho el axioma de producción y consumo permanente y en aumento. En esa línea se enmarca la propuesta “full electric”, que tiende a la electrificación completa de la matriz sin mayor discusión sobre ahorro, un modelo menos intensivo en uso de energía, producción de base menos impactante socioambientalmente y redistribución de la riqueza energética.
Ya lo señaló el filósofo Martin Heidegger, en su breve obra “La pregunta por la técnica”, como lúcidamente recordara el así llamado Grupo de los Veintiuno en una carta al director de El Mercurio bajo el título: “Recuperar lo sagrado en la naturaleza y la cultura”. Una técnica que ve lo que rodea al ser humano exclusivamente como algo disponible, utilizable. En sus extremos, la naturaleza solo como una despensa o, luego del proceso productivo, como un vertedero. Los dos clásicos problemas de la poco armoniosa relación del ser humano con los ecosistemas.
El problema es cuál de las organizaciones ambientales está disponible para entrar en un proceso de diálogo -en alianza con gobiernos y empresas- que no cuestione el paradigma social y económico vigente. Tal disyuntiva es la puerta de entrada para algunas de las Big Green. Y también para algunas ONGs nacionales.
Entre las principales trasnacionales ambientales, actualmente operan en Chile WWF, TNC, WCS, NRDC, Greenpeace y Oceana. Y hace pocos meses desembarcó Pew, con el programa “Patagonia, Mar y Tierra”, que busca “convertir a la zona en ejemplo internacional de conservación y uso sustentable de ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos”.
Para cumplir sus objetivos, y al contrario de varias otras, Pew ha seguido el camino de “apoyar el trabajo ya en ejecución de otras ONGs locales e internacionales, pero con currículum de trabajo en áreas silvestres protegidas”, apunta una activista vinculada al proceso. Y esto lo hace “no sólo a través de la canalización de recursos, sino conformando una mesa técnica de trabajo que pueda apoyar al territorio Patagonia en general con datos fuertes que pueden necesitarse en algún momento”, explica la misma fuente.
La pregunta obvia es cómo una organización ambientalista (WWF Chile), preocupada por la protección de la vida silvestre, valida una actividad (salmoneras) que por lo menos en Chile ha generado importantes daños a la biodiversidad marina”.
En esta tarea, Pew –que en Estados Unidos también es donante de iniciativas del ámbito educacional, social y político- se ha vinculado con Aumen ONG (de Aysén), Centro Ballena Azul, Fundación Melimoyu, Fundación Omora, Fundación Terram, Tompkins Conservation y WWF Chile.
Antes de seguir, es preciso hacer una salvedad. Una que alude al involucramiento que ciertas organizaciones de corte global han tenido en procesos locales, lo que da un matiz a sus agendas centrales. Estas alianzas dan cuenta de una disposición a asumir el desafío de permearse con las agendas de las comunidades locales, abordando muchas veces los problemas estructurales.
Particularmente, en el caso de la causa Patagonia sin Represas, de las organizaciones globales tanto Natural Resources Defense Council como Greenpeace tuvieron un rol preponderante en términos de activismo y generación de estudios técnicos que apuntaron a plantear la falta de racionalidad y necesidad de proyectos como HidroAysén y río Cuervo en la Patagonia. Además, normalmente participan en alianza con organizaciones y comunidades locales, como el Consejo de Defensa de la Patagonia. Asimismo Oceana, que ha apoyado y se ha vinculado con el activismo local relacionado con la protección de los maritorios.
WWF Y THE NATURE CONSERVANCY
Un buen ejemplo del rol que cumplen en Chile las trasnacionales verdes de las que habla Klein, se ha dado en la discusión sobre el uso del agua para generación eléctrica. En esta el vicepresidente de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, ha planteado su muy positiva visión sobre algunas: “Hay ONGs muy importantes, como The Nature Conservancy o World Wildlife Fund, que apoyan desarrollo hidroeléctrico sustentable en todas las escalas”, ha señalado en su cuenta de twitter a propósito de esta materia. Similar a lo ya expresado por el ex ministro de Energía Máximo Pacheco al referirse a los mega proyectos de represas en Aysén: “Me alegran las declaraciones de Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, la mayor conservacionista del mundo, que claramente menciona que no podemos decir no a todo y no se cierra a la idea de construir centrales hidroeléctricas”, apuntó recién iniciado el gobierno de Michelle Bachelet.
Ahí están The Nature Conservancy y World Wildlife Fund luchando contra el calentamiento global, pero legitimando la construcción de represas que destruyen cuencas”
Esta visión es coherente con la participación de ambas ONGs, junto a la Wildlife Conservation Society y las chilenas Casa de la Paz y Corporación de Desarrollo Mapuche Lonko Kilapang, en la Mesa Participativa de Hidroelectricidad Sustentable.
Las principales organizaciones ambientales chilenas como Chile Sustentable, Terram y Ecosistemas, no estuvieron disponibles para integrar dicho espacio.
En una carta de seis páginas enviada a Pacheco a principios de agosto de 2016, entregaron sus razones para no sumarse. “Nos parece arriesgado y engañoso hablar de hidroelectricidad sustentable, cuando esta opción de generación ha degradado gravemente valiosos ecosistemas en Chile, y en todo el mundo. El 60% de los grandes ríos en nuestro planeta están hoy fragmentados con obras hidráulicas con graves consecuencias ecológicas globales, incluyendo la profundización del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y graves consecuencia sociales y económicas a nivel local. Dudamos que los resultados de esta mesa de trabajo puedan mejorar sustantivamente en nuestro país la situación de los territorios en relación al desarrollo hidroeléctrico, así como su orientación, pues existen profundos problemas estructurales que deben ser abordados y resueltos antes de poder empezar a hablar de hidroelectricidad sustentable, entre los cuales podemos mencionar la carencia de una ley de ordenamiento territorial y de planes de manejo integrado de cuencas hidrográficas, la desconfianza social generalizada respecto del sistema de evaluación de impacto ambiental, la farsa de los procesos de participación ciudadana, el escaso o nulo resguardo a los ecosistemas, flora y fauna, dadas las inexistentes regulaciones en materia de biodiversidad, sumado a lo que ya se ha dicho sobre los derechos de agua”, fueron parte de sus argumentos.
La respuesta de los integrantes de la mesa llegó a fines de ese mes. En esta reiteraban su invitación, sin embargo las tres organizaciones mantuvieron su postura de restarse por los motivos expuestos.
“Eso es lo que a ciertos conglomerados empresariales y personas les sirve… que prefieren referirse a estos grupos (las ONGs extranjeras y nacionales con las cuales pueden actuar en conjunto) como los ‘razonables’, aislando y radicalizando así a los más pequeños, cuyas posturas son de rechazo a ciertos proyectos”, indica una profesional que ha trabajado para varias organizaciones internacionales conservacionistas.
Pero el mundo de la energía no es el único donde se dan estas controversiales alianzas que permiten a gobiernos y empresas avanzar en sus objetivos, que para muchos sigue siendo de corte extractivista, que es a lo que aluden las organizaciones nacionales que no han aceptado sumarse a determinados espacios.
Cualquier ONG que esté disponible para hacer alianzas y recibir recursos de quienes tienen parte de la responsabilidad en la crisis socioambiental actual, simplemente se estará prestando para un lavado de imagen”
Hace pocas semanas se renovó la discusión a raíz de la prórroga por tres años del acuerdo de cooperación entre, nuevamente, WWF y la pesquera Los Fiordos, que ha permitido a esta empresa obtener el sello internacional ASC (Aquaculture Stewardship Council) en más del 50% de sus centros de cultivo. “Gracias a los avances de una empresa como Los Fiordos, podemos celebrar el hecho que 44 centros, equivalentes a 167,351 toneladas de salmones, cuenten actualmente con la certificación ASC en Chile. Ahora, con un nuevo acuerdo, vamos a profundizar en la certificación y levantar también otros temas como antibióticos, producción de smolts fuera de los lagos y la incorporación de orientaciones y herramientas para las empresas salmoneras en su relacionamiento responsable con comunidades”, señaló Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, al hacer público el acuerdo.
Los Fiordos es la filial salmonera de Agrosuper, empresa altamente cuestionada a nivel nacional por sus prácticas ambientales en la industria agroalimentaria, que incluso en 2012 llevó a un grave conflicto con la comunidad local de Freirina que se rebeló contra su planta de cerdos, la cual, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vulneró su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación[2]. La pregunta obvia es cómo una organización ambientalista, preocupada por la protección de la vida silvestre, valida una actividad que por lo menos en Chile ha generado importantes daños a la biodiversidad marina. Y más aún a una empresa con graves incumplimientos ambientales: en 2015 la Superintendencia del Medio Ambiente multó a Los Fiordos con 4.143 Unidades Tributarias Mensuales por incumplir la normativa en 18 centros de cultivo ubicados en las cercanías del canal Puyuhuapi, en la Región de Aysén. Y ya hace una década tenían fuertes conflictos con las comunidades locales producto de no hacerse cargo de sus desechos. Algo que en la Patagonia conocemos muy bien.
Esta línea de acción no es aislada. Es similar a la que la misma entidad impulsa en el país mediante el sello FSC (Forest Stewardship Council), al cual en 2014 había accedido un 70 % de los monocultivosde pino y eucaliptus, actividad productiva bastante alejada de lo que uno puede entender por responsabilidad ambiental y aporte a la biodiversidad. Lo paradójico es que a nivel global, Greenpeace también apoya este tipo de certificación, aunque desde esta organización señalan: “Hemos sido bastante críticos de la implementación de criterios y dichos reclamos han sido manifiestos en este sentido. Es un debate abierto y las revisiones sobre la utilidad de los estándares FSC son hoy amplios y diversos”.
The Nature Conservancy es todo un caso.
Hasta octubre de 2016 su director ejecutivo en Chile fue Leonel Sierralta. El experto en ecología forestal tiene un amplio currículum, desempeñándose indistintamente para la empresa privada y las consultorías ambientales. En sus inicios trabajó para Shell en su área forestal, de la que luego pasó a la Comisión Nacional del Medio Ambiente a mediados de los ‘90. De allí saltó a Gestión Ambiental Consultores (GAC), de Ricardo Katz, por donde han pasado diversos actores públicos que han colaborado con la materialización de controversiales proyectos: la ex ministra de Medio Ambiente de Sebastián Piñera, María Ignacia Benítez, y quien fuera su mano derecha en el Departamento de Evaluación y Seguimiento Ambiental, Ignacio Toro. Por esa misma época Sierralta dejó GAC para ingresar al gobierno -bajo las órdenes de Benítez- como jefe del Departamento de Recursos Naturales.
Terminada la administración de Sebastián Piñera asumió como director científico de Iniciativas Sustentables para la Minería (ISUM), cargo desde el que argumentó a favor del proyecto de ley que permitiría la disposición de relaves mineros al mar. “Es importante mencionar que existen experiencias internacionales de depositación de residuos mineros en el mar desde hace varios años… Hay, y se estudian, descargas al mar a grandes profundidades y que han sido autorizadas en países desarrollados con protocolos de evaluación ambiental exigentes y basados en ciencia”, planteó Sierralta en septiembre de 2015 en una carta al director del Diario Antofagasta defendiendo la cuestionada propuesta de la industria extractiva.
Fueron varios los expertos y políticos que alertaron sobre el riesgo de esta posibilidad. Previamente, los senadores Antonio Horvath, Alejandro Guillier, Adriana Muñoz, Baldo Prokurika y Lily Pérez, habían patrocinado un proyecto de autoría de Oceana que buscaba prohibir esta acción. Y al respecto el presidente del Departamento de Medioambiente del Colegio Médico de Chile, Andrei Tchernitchin, recordó lo ocurrido en los 50 en Bahía de Minamata, Japón. “Allí botaban mercurio supuestamente inorgánico y en cantidades muy pequeñas. Pero el fitoplancton transformó ese mercurio a orgánico, que fue ingerido por el zooplancton. Eso hizo que cada vez un animal de mayor tamaño fuera consumiendo alimento contaminado (…). La gente comenzó a consumir peces contaminados y empezaron a nacer niños con malformaciones fetales, deficiencias intelectuales y otras”.
Fue desde esta bien poco ecologista institución que Sierralta fue reclutado por TNC en mayo de 2016, donde estuvo solo cuatro meses, para luego asumir en noviembre del año pasado como gerente de Sustentabilidad y Medio Ambiente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC, del Grupo Matte). Un tránsito no muy extraño, considerando que en Chile participar en ONGs ambientales que no cuestionen la estructura productiva dominante no es visto como un problema para un gran empresariado muchas veces responsable de conflictos ambientales de diversa índole.
Uno de los problemas que subyace a la participación de estas organizaciones globales verdes en alianzas, diálogos y certificaciones de este tipo, es que se prestan tanto para la deslegitimación de las agrupaciones locales como para el lavado de imagen de sectores industriales (o de plano empresas) y el gobierno, en el marco del modelo de desarrollo extractivista. De esta forma pierde fuerza la oposición de las ONGs nacionales y de las propias comunidades de los territorios, que viven en carne propia procesos sin participación ciudadana real. De esta forma se validan intervenciones con múltiples impactos socioambientales locales. La máxima pareciera ser que si se cuenta con la venia de una multinacional verde, todo estaría bien.
Una de las últimas muestras fue cuando en diciembre de 2015 la abogada ambientalista Macarena Soler de Geute y la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, renunciaron a su participación en la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por la excesiva representación en esta de los sectores productivos. Solo se mantuvo, por el mundo ambiental, Ricardo Bosshard de WWF.
CAMBIO CLIMÁTICO Y PATAGONIA
Temas de moda hoy son el cambio climático y Patagonia. Así lo entienden ciertas organizaciones que, a través de iniciativas que no se dirigen al fondo del problema, tienen amplia tribuna en los medios de comunicación del establishment.
Ahí están, nuevamente, The Nature Conservancy y World Wildlife Fundluchando contra el calentamiento global, pero legitimando la construcción de represas que destruyen cuencas, a través de su participación en el Foro de Evaluación de Sustentabilidad de la Hidroelectricidad, que impulsa un conglomerado de corporaciones hidroeléctricas y donde comparten asiento con los gobiernos de Noruega, Islandia y Alemania, además del Banco Mundial.
En un informe del propio Ministerio de Energía chileno sobre estándares internacionales de sustentabilidad para la hidroelectricidad se consigna que la principal debilidad del protocolo nacido de este foro es que “no contaría con suficiente legitimidad y transparencia como para generar las confianzas necesarias para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Sería básicamente una iniciativa ‘impuesta desde afuera’. Debe recordarse que esta metodología surge y es apoyada desde la industria hidroeléctrica; si bien dos ONGs ambientales internacionales le dan su apoyo (WWF y TNC), también hay otras que la han criticado en fuertes términos”.
El Grupo de los Diez” (también conocidos como la Banda Verde) muestra hoy toda la intensidad de un cartel de seguros… Son los indiscutidos mandarines de las soluciones tecnológicas y la lógica del lobby, que nos legaron los oxímoron de nuestro tiempo: “bonos de carbono”, “humedales artificiales”, “desarrollo sustentable”. En su espacio relativista, todo puede ser negociado o transado” dice el activista Jeffrey St. Clair.
También está TNC validando los bonos de carbono, que en la práctica profundizan el modelo que mercantiliza los bienes comunes y son una forma de pagar por contaminar. Esta figura, nacida del Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático de 1997, ha sido fuertemente cuestionada a nivel global por su tendencia a poner precio a la naturaleza y permitir que, a través de intrincadas figuras nacidas de la ciencia económica, se continúe usando la biósfera como un basural de gases de efecto invernadero.
Más aún, y con relación al cambio climático, lo cierto es que si una ONG de cualquier tipo concluye que la señal que el planeta nos está dando con el calentamiento global se restringe a no emitir CO2, metano o cualquier gas de efecto invernadero, y no comprende que lo que nos está diciendo es que como especie hemos tenido una muy mala relación con las otras especies, tanto ahora como intergeneracionalmente, si una ONG no entiende eso, en realidad no ha entendido nada. Así, cualquier alternativa de solución será más de lo mismo, pero con otro nombre: nuclear, represas, enjambres de renovables no convencionales que diezman territorios.
En Patagonia ocurre algo similar.
Un ejemplo es la labor de la fundación Reforestemos Patagonia, ligada al grupo inmobiliario Patagonia Sur[3], que ha plantado más de 360 mil árboles nativos de 2012 a la fecha[4]. Una iniciativa que tiene en la nómina de fundadores a Thomas Kimber, hijo de Charles Kimber, gerente comercial y de Asuntos Corporativos de Arauco, empresa forestal que, junto a CMPC, ha sido responsable de trasformar el paisaje del sur de Chile en una esquemática y poco biodiversa sábana verde.
No es pecado ser hijo, sin embargo Kimber padre es, además, uno de los inversionistas de Patagonia Sur[5]. Y claro, esta fundación cuenta con el apoyo de la Wildlife Conservation Society, múltiples rostros y la elite empresarial (incluida, por cierto, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones/Mininco). Algo lógico, toda vez que Reforestemos Patagonia no interpela con su actuar (ni a nivel discursivo) el nocivo modelo forestal de monocultivos ni los planes de industrialización masiva que se piensan para los territorios de Palena al sur.
Y así, en el último tiempo se han ido asentando en la Patagonia múltiples fundaciones que declaran estar ligadas a la conservación y el turismo sustentable, pero sobre las cuales en el territorio no existe mayor claridad de sus ulteriores motivaciones. Más aún cuando tanto sentido hace la idea del movimiento infinito de la maquinaria mercantil a todo nivel del Estado. “Tengo la certeza de que es inevitable transitar a un desarrollo basado en el equilibrio entre actividad económica y sustentabilidad ambiental. Porque si no logramos ese equilibrio, no va a haber progreso. Para lograrlo hay que insistir en una alianza público-privada, para crear oportunidades de crecimiento verde, o cuando estamos hablando de los océanos se habla de crecimiento azul, de generación de empleo”, expresó Michelle Bachelet el lunes 2 de octubre al firmar el decreto de creación del Parque Nacional Cerro Castillo. La duda es si la Presidenta tendrá real claridad sobre los riesgos de seguir poniendo en primer lugar el crecimiento, filosofía que atraerá a reconvertidos ecomercaderes tras este nuevo botín llamado Aysén.
La reflexión sobre cómo enfrentar los problemas socioambientales globales y locales no es nueva. Al igual que en la acción social donde el bono, el subsidio y la beca se justifican por la urgencia que imprime la desigualdad, las acciones de mitigación directa e inmediata deben implementarse. Sin embargo, no deben ser una excusa para no develar y apuntar a las causas estructurales involucradas, que en muchos casos aparecen en forma de problemas o amenazas. Porque pagar por contaminar o aplicar políticas de responsabilidad social empresarial con tintes verdes sin cambios de fondo suenan demasiado parecido a las indulgencias comercializadas por la Iglesia Católica en la Edad Media, donde los más acaudalados, responsables de la pobreza de su pueblo, se eximían con dinero de las penas sin cambiar un ápice sus cuestionables conductas.
Por ello, cualquier ONG que esté disponible para hacer alianzas y recibir recursos de quienes tienen parte de la responsabilidad en la crisis socioambiental actual, pero no para cuestionar públicamente sus acciones, simplemente se estará prestando para un lavado de imagen. Algo que profundiza la crisis de confianza de las comunidades hacia estas salvadoras organizaciones tan disponibles para trabajar junto a quienes son parte del problema más que de la solución.
Nota de transparencia: El autor integró el Consejo de Defensa de la Patagonia y actualmente colabora con Chile Sustentable en el área de seguimiento legislativo de proyectos para la protección socioambiental.
Es increíble el funcionamiento del sistema y más increíble en temas de contaminación, que las mismas Ongs o fundaciones de las " buenas a las menos buenas " ninguna descargue a la ciudadanía sus estudios sobre contaminación de aire y agua por solo nombrar el caso de la cuenca del maipo una de las más sacrificados del mundo , ahí coexiste muchas Ongs fundaciones incluso de las buenas nombradas en este reportaje. Pero los silencios son inamovibles, cuando la gente la ciudadanía está deseosa de saber la verdad de su día a día contaminado y sacrificado. En fin , negocio redondo fue ayer y hoy más que nunca
Manuel Hermosilla | 15.11.2017
Cómo reconocer a una Consultora desvergonzada, por lo siguiente; en muchas palabras intentan probar que en lugar del proyecto HAY MENOS VIDA QUE EN MARTE, y cuando fisco pregunta como tal cosa es posible, lo tapan de adendas que paga por nada el Cliente, ya que no se cuenta el secreto que SEA funge como revisión técnica, es cosa de intentar ingreso varias veces y se obtiene la RCA
Daniel berg | 01.11.2017
Aunque suene anticuado, el nucleo conflictivo ambiental, biopolítico depende del fin del capitalismo. El ecologismo "Starbucks" como rsa es una simple pantalla que no cambia nada.
andres | 30.10.2017
...al ambiente le importa un pedo el modelo de desarrollo...10 mil millones de capitalistas pesan lo mismo que 10 mil millones de comunistas...inmigración, calentamiento, acidificación, bosques arrasados, arrecifes destruidos, sobre-pesca etc...todo obedece a que somos demasiados para este planeta...eso las multinacionales lo saben, pero no hacen nada pues es políticamente incorrecto, solo lucran con el ambientalismo...
Carlos Bonifetti | 28.10.2017
Excelente análisis, certero. El sistema chileno de evaluación ambiental debe ser cambiado radicalmente, no con manos de gato. El actual no sirve, es una farsa para legitimar la destrucción a mansalva de los ecosistemas. Da vergüenza y rabia leer las DIA y los EIA, ejecutados por las consultoras mercenarias contratadas por los inversionistas para decir lo que ellos quieren (que para eso pagan). Que curioso: todos esos estudios concluyen que los proyectos no provocarán daños a los ecosistemas o que los "pocos daños son mitigables" (¿Cómo se mitiga la eliminación de un humedal?)
Ejemplos de proyectos agresivos, dañinos y absurdos: Alto Maipo, Hidroñuble, Pascua Lama, CH Cuervo (felizmente bajado), Hidroaysen, Doña Dominga (bien anulado). Muchos de ellos mal evaluados y mal hechos, implementados con tozudez a pesar de las advertencias de ONGs con prestigio como Chile Sustentable, entre otras.
El nuevo sistema, que espero sea formulado por el próximo gobierno, cualquiera sea su color, de modo tranparente, con amplia participación ciudadana y de comisiones de expertos.
Robert Petitpas | 26.10.2017
Muy buena columna. Todo esto va de la mano con posicionar la postura "apolitica" del ambientalismo y la naturalización del modelo económico. El famoso llamado a compatibilizar el desarrollo con el medio ambiente, primero asume una falsa separación entre ambos y segundo usa "el desarrollo" y "la económia" como algo fijo, en vez de reconocer que es un modelo económico y de desarrollo bien particular.
