Académicos de Derecho de la U. de Chile alertan sobre alza de 200 matrículas impulsada por decano Harasic

Resulta particularmente preocupante que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Davor Harasic Yaksic, enarbolando el discurso del “fortalecimiento de la educación pública”, haya impulsado la medida de ampliar la matrícula de esta institución en 200 vacantes para 2018. Por ello, los abajo firmantes, todos académicos de esta facultad, hemos decidido enviar esta carta pública al decano manifestando nuestra preocupación por las negativas consecuencias que un aumento desproporcionado de la matrícula podría tener para la calidad académica de la institución; y por las reales motivaciones que llevaron al decano Harasic a adoptar dicha medida.

Sr. Decano,

En relación a la medida de su decanato, aprobada por el Consejo de Facultad, consistente en ampliar los cupos de ingreso de los alumnos de pregrado en 200 vacantes, lo que significaría alcanzar en el proceso de admisión 2018 una matrícula total para primer año de más de 600 estudiantes, queremos manifestarle nuestro desacuerdo y profunda preocupación.

Estamos en desacuerdo con esta decisión por las razones que pasamos a exponer:

1.         No se ajusta al Plan de Desarrollo Institucional vigente

Una medida de ampliación de la matrícula como la descrita no sólo debe ser aprobada por las autoridades unipersonales y colegiadas pertinentes, sino que, previo a ello, debe ser establecida y proyectada en el respectivo Plan de Desarrollo Institucional (PDI). En efecto, el PDI consagra la hoja de ruta de la institución y sus lineamientos estratégicos, sobre la base de un acuerdo adoptado por los distintos estamentos de la comunidad en función de un horizonte de trabajo predefinido. En el caso concreto, el PDI que rige a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señala con claridad los objetivos estratégicos, las líneas de acción y los indicadores de desempeño que debe cumplir la institución para el período comprendido entre 2014 y 2019.

Lo relevante es que ninguno de los objetivos estratégicos de la Facultad, ni sus correspondientes parámetros de evaluación, contemplan la posibilidad de aumentar la matrícula para el referido período. Es más, el objetivo estratégico N° 4 sobre Procesos de Admisión, fue establecido para potenciar el liderazgo de la Facultad en el ingreso de los mejores estudiantes del país, y no para aumentar de forma intempestiva y desproporcionada la matrícula de pregrado. En consecuencia, de prosperar esta medida, representaría un grave desconocimiento del instrumento de gestión elaborado y sancionado con la participación de todos los estamentos de la comunidad de la Facultad de Derecho, como es el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019.

2.         Se adopta sin tener las condiciones materiales y de infraestructura necesarias para su implementación

Además de la necesidad de estar previamente definido en el Plan de Desarrollo Institucional, resulta indispensable que los presupuestos básicos de operatividad y funcionamiento de una decisión de aumento de matrícula de esta magnitud, hayan sido debidamente evaluados. Si la Facultad de Derecho cuenta actualmente con más de 2.200 estudiantes en pregrado, proyectándose con esta decisión a más de 3.000 al cabo de cuatro años, un mínimo de seriedad institucional exige que se disponga de un estudio exhaustivo y acabado respecto de las condiciones materiales y de infraestructura necesarias para su implementación. Éste debe incluir la capacidad requerida para las salas, las bibliotecas, el casino, los baños y los distintos espacios de la Facultad. Es una precondición esencial para garantizar la factibilidad de la medida.

Lo cierto es que este análisis no se conoce. Prueba de ello es que se pretende conformar una comisión integrada por estudiantes, funcionarios y académicos, donde se trabajaría “en la implementación del plan de optimización de los recursos académicos y de infraestructura de la Escuela, incluyendo las necesarias inversiones en nuevas áreas de estudio y servicios”. En otras palabras, se adoptó la medida de ampliar la matrícula para 2018 sin tener claridad respecto de las condiciones elementales para su implementación y funcionamiento. La lógica de toda política universitaria indica que primero se evalúan las condiciones y después se decide. Acá se invirtió el orden: primero se decidió y luego se quiere evaluar cómo se podrá implementar. ¿Por qué tanta premura?

Tema aparte es la justificación de la citada comisión triestamental ad hoc, cuyas atribuciones no constan en la actual institucionalidad universitaria. Es un hecho que se intenta revestir a esta decisión de una suerte de legitimación ex post, respecto de lo que tuvo que ser legitimado y respaldado ex ante a través de la discusión y aprobación de dicha medida en el correspondiente Plan de Desarrollo Institucional.

3.         Provocará un deterioro de la excelencia académica de la Facultad de Derecho

A nuestro juicio, este es el tema más trascendente de todos. Consideramos que un aumento de la matrícula en 200 vacantes incidirá de forma sustantiva y directa en la menor calidad académica de los alumnos que se incorporarán a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con las serias consecuencias que ello implica en el proceso formativo y de enseñanza. Desde luego, constituye un hecho objetivo que un incremento de esta magnitud en las vacantes será inversamente proporcional al nivel de los puntajes de corte en la Facultad. De esta forma, se hará cada vez más patente la disminución progresiva de los puntajes PSU de nuestra Facultad en comparación a la institución que, desde hace un par de años a la fecha, recibe a los mejores puntajes en Derecho del país.

Ahora bien, si lo que se pretende (o, por lo menos, se declara) es abrir la Facultad para brindar nuevas oportunidades a estudiantes de sectores sociales más vulnerables, es necesario precisar que el camino de la grandilocuencia numérica y el populismo académico es el menos adecuado para dichos propósitos. En el contexto universitario los principios de inclusión y equidad no son sinónimo de masividad. Por el contrario, la masividad conspira en contra de las políticas de equidad e inclusión. Estas políticas demandan, de parte de las autoridades académicas y de los docentes, una preocupación directa, atenta y personalizada en la implementación de las acciones que sirven de cauce en su materialización, de forma tal de garantizar una inserción real y efectiva de dichos estudiantes en la vida universitaria.

En este contexto, creemos que constituye una falacia aseverar que el fortalecimiento de la educación pública está asociado y condicionado por variables cuantitativas, como es el aumento desproporcionado e irreflexivo de la matrícula de los estudiantes de pregrado. Además de los problemas vinculados al deterioro de la calidad académica de los estudiantes y del erróneo enfoque de las políticas de equidad e inclusión que hemos planteado, consideramos de la máxima gravedad que este incremento de vacantes se pretenda abordar con los profesores que actualmente imparten los cursos en pregrado. De esta manera, la denominada “optimización de recursos académicos” no significará otra cosa que el aumento exponencial de los alumnos en cada curso, retornando al anacrónico esquema pedagógico de cátedras de más de 100 alumnos. En este modelo regresivo, y tal como sucedió en el pasado y con otras instituciones que han transitado este camino equivocado, las clases efectivas las terminarán realizando los ayudantes y no los respectivos académicos.

4.         Compromete gravemente la política de gratuidad 2018 para la Universidad de Chile

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que una medida de estas características podría afectar severamente la política de gratuidad en la Universidad de Chile para el próximo año. En efecto, en la correspondiente glosa de la Ley de Presupuestos del Sector Público de 2017 se estableció para las universidades que adscriben a la gratuidad, un tope de aumento de su matrícula de un 2,7% respecto del último proceso de admisión de la institución. En el caso de la Universidad de Chile, la matrícula de primer año en 2017 fue de 6.158 alumnos. En consecuencia, de aprobarse nuevamente la política de gratuidad por glosa para el año 2018 –como es prácticamente un hecho–, y de mantenerse los criterios y requisitos utilizados en la Ley de Presupuestos 2017, la Universidad de Chile completa, considerando a todas sus Facultades e Institutos, no podría aumentar su matrícula en más de 166 estudiantes para acceder a la gratuidad 2018.

Con la medida propuesta por su administración, el incremento de las vacantes en la Facultad de Derecho excedería el aumento de la matrícula permitido para el conjunto de la Universidad. Si eso acontece, la Universidad de Chile se vería expuesta a dejar de percibir recursos del gobierno por concepto de gratuidad.

No obstante todos los argumentos que hemos expuesto, debemos hacer presente, además, que el anuncio del aumento de la matrícula para el próximo año nos genera una seria y profunda preocupación. Y esta preocupación puede ser sintetizada en la siguiente interrogante: ¿cuáles son las verdaderas razones para querer incrementar en un 50% las vacantes ofrecidas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile?

Se nos dice que las razones de esta medida son dar mayores oportunidades a los jóvenes del país (de ahí el eslogan con el que ha sido presentada: “la Chile crece por Chile”) y recoger la demanda estudiantil de ampliar la matrícula y el acceso a la educación superior en las universidades estatales, toda vez que la Facultad de Derecho tiene “un firme compromiso con la educación pública de Chile”.

Por muy loables y generosas que aparezcan estas declaraciones de buenas intenciones, lo concreto es que las razones de fondo que explican –mas no justifican– la decisión de aumentar la matrícula en 200 estudiantes, se vinculan con cuestiones menos retóricas y más acuciantes, como son los serios problemas de administración y financiamiento que presenta la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En mayo de 2015 usted recibió la institución con cerca de $8.000 millones (ocho mil millones de pesos) en activos financieros. Al cabo de dos años de su decanato, dicha cifra ha disminuido de forma considerable y sostenida. La razón: se han incrementado de manera irresponsable los gastos de operación de la Facultad –fundamentalmente por concepto de remuneraciones–, a través del aumento exponencial de los sueldos de las autoridades, la utilización excesiva e injustificada de asesores y asistentes para labores que debiesen ser ejecutadas exclusivamente por las autoridades designadas en los respectivos cargos, la creación de funciones inexistentes en el Reglamento General de Facultades para realizar tareas directivas y la incorporación desmesurada de funcionarios y de nuevas jefaturas en funciones administrativas con sueldos muy superiores a los que la Facultad está en condiciones de soportar en el mediano plazo.

Dado que no se han generado nuevos ingresos permanentes (equivalentes a los gastos permanentes o de operación), su decanato ha hecho uso de los citados activos financieros sabiendo que estos recursos están previstos para financiar proyectos de mediano y largo plazo, y no para ser dilapidados en remuneraciones injustificadas. En este escenario, como dichos activos no son eternos e infinitos, y están próximos a ser gastados en su totalidad, su decanato se ve en la necesidad de generar una fuente de financiamiento que logre paliar el déficit estructural que actualmente enfrenta la Facultad de Derecho.

Esta fuente de financiamiento no es otra que el aumento de la matrícula en 200 estudiantes, lo que significaría un ingreso anual adicional para la institución del orden de $850 millones (ochocientos cincuenta millones de pesos) por concepto de matrículas y aranceles, independientemente que sean pagados directamente por las familias de los estudiantes o por el Estado vía política de gratuidad.

Así las cosas, de prosperar esta medida resultará manifiesto que “la Chile no crecerá por Chile”, sino que crecerá la matrícula para absorber el ingente pasivo que ha generado su temeraria y obcecada gestión durante estos dos años.

Por lo anterior, solicitamos Sr. Decano que con sentido de responsabilidad institucional revierta la decisión de aumentar la matrícula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y que, al mismo tiempo, asuma y se haga cargo del grave déficit financiero enmendando los errores de su decanato, sin comprometer el prestigio y la excelencia académica de nuestra institución.

Atentamente,

Prof. Álvaro Fuentealba Hernández

Prof. Miguel González Lemus

Prof. Pablo Ruiz-Tagle Vial