CAMANCHACA, SOCIA DE ASIPES, LE HABRÍA DADO $5 MILLONES PARA SU CAMPAÑA EN 2013
Así pauteó Asipes a la senadora Van Rysselberghe cuando presidió la Comisión de Pesca
23.01.2017
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CAMANCHACA, SOCIA DE ASIPES, LE HABRÍA DADO $5 MILLONES PARA SU CAMPAÑA EN 2013
23.01.2017
Jacqueline Van Rysselberghe cometió un error. En 2014 presidía la Comisión de Pesca del Senado y pensó que si dejaba de convocar a sus sesiones paralizaría un proyecto de ley que la Asociación de Industriales Pesqueros del BíoBío (Asipes) quería torpedear. Se equivocó. Otros miembros de la comisión se auto convocaron y en octubre de ese año el proyecto fue despachado a la sala de la Cámara Alta. Al enterarse, la senadora comentó en voz alta, en referencia a los empresarios de la Asipes: “Y ahora qué le voy a decir a estos gallos, les voy a tener que pedir disculpas”. La escuchó su asesor, Joel Chávez, quien recordó y repitió la frase al declarar ante la fiscalía el 4 de agosto de 2016 en la investigación por financiamiento político ilegal facilitado por pesqueras.
En conversación con CIPER, Chávez confirmó el relato que hizo ante el Ministerio Público y agregó nuevos antecedentes que grafican la cercana relación entre la senadora –y actual presidenta de la UDI– y el entonces timonel de Asipes, Luis Felipe Moncada: «Asipes la viene financiando a ella desde (la campaña electoral de) el año 2000, cuando llegó a ser alcaldesa de Concepción. En esa campaña, el señor Moncada fue parte del comité de financiamiento para recolectar recursos».
Hasta septiembre pasado Luis Felipe Moncada fue el hombre más importante de la poderosa Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío, que agrupa a nueve empresas del rubro: Alimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Bío Bío y Congelados Pacífico, Camanchaca, Blumar Seafoods, Landes y Bahía Coronel. El 14 de ese mes, la sede de Asipes en Concepción fue allanada por orden del Ministerio Público. La investigación del financiamiento ilegal de la política que afectaba a Corpesca dio en ese momento un giro poniendo bajo su lupa a las pesqueras del sur. En los días siguientes los socios de Asipes decidieron que Moncada debía abandonar la presidencia, lo que se materializó en noviembre pasado.
Según publicó el diario La Tercera del viernes 20 de enero, Moncada salió de Asipes “con una millonaria indemnización” que “superaría los $400 millones” y la asociación “se habría comprometido, además, a financiar su defensa”.
CIPER tuvo acceso a documentos y testimonios que demuestran la línea directa que existió entre el entonces presidente de Asipes y la senadora, cuando esta última presidió la Comisión de Pesca en 2014. Correos y minutas suscritas por Luis Felipe Moncada confirman que desde Asipes virtualmente pautearon las acciones de la parlamentaria en la tramitación del proyecto que la senadora puso en el congelador.
Lo anterior podría complicar más la situación judicial de la parlamentaria, quien actualmente ya es investigada por el eventual uso de boletas falsas para justificar gastos de su campaña ante el Servicio Electoral (Servel), de acuerdo con la denuncia de su ex asesor Joel Chávez.
Los documentos revisados ahora por CIPER indican que una pesquera de Asipes –Camanchaca– habría financiado en parte la última campaña de Van Rysselberghe y que las compañías que integran la asociación también aportaron a otras candidaturas parlamentarias, municipales y de consejeros regionales. Algunos de esos dineros se canalizaron a través de la vía legal del Servel, como aportes reservados, y otros se entregaron mediante la utilización de boletas de honorarios ideológicamente falsas.
La investigación de los aportes ilegales a la política efectuados por pesqueras del sur nació como un apéndice de la indagatoria gatillada por los pagos de Corpesca a la diputada Marta Isasi y al senador Jaime Orpis, pero a estas alturas ya tomó fuerza propia. De hecho, hoy hay tres causas que afectan a la industria pesquera de todo el país: Corpesca, en la zona norte; Asipes, en la sur, y Fipes, en la región austral. Los antecedentes que CIPER revela en esta investigación refuerzan las sospechas de que las pesqueras financiaron campañas para todo el arco político y luego tuvieron una incidencia privilegiada en la tramitación de leyes que afectan sus intereses.
CIPER intentó contactarse con la senadora Van Rysselberghe y le envió un mensaje por intermedio de su encargada de comunicaciones, para consultarle por los correos que intercambió con Moncada y por el documento interno de Asipes que la menciona como receptora de recursos que habría aportado la Pesquera Camanchaca. No obstante, la parlamentaria no estuvo disponible para responder las consultas.
El proyecto de ley que puso en acción al binomio Asipes-Van Rysselberghe ingresó al Senado en junio de 2014. La iniciativa, propuesta por el gobierno de Sebastián Piñera, pretendía autorizar a los más pequeños pescadores artesanales a extraer jurel con “línea de mano” (una técnica básica de captura). La idea original era que esta pesca sería considerada de subsistencia o autoconsumo, por lo que no se contabilizaría dentro de la cuota anual de jurel autorizada.
Asipes cuestionaba que los pescadores artesanales pudieran pescar más jurel que el asignado en su cuota anual. Según reclamaba, esto podía llevar a un colapso de la especie y pervertir el sistema de capturas instaurado con la cuestionada Ley de Pesca aprobada en 2012. A juicio de los industriales, el experimento podía terminar con embarcaciones mayores traspasando pescado a botes artesanales mar adentro.
La primera comunicación entre Moncada y Van Rysselberghe sobre este proyecto se produjo el 13 de junio de 2014, cuando el dirigente empresarial le envió una minuta a la senadora:
“Coca: el proyecto de pesca con línea de mano de jurel para los artesanales, fuera de la cuota global anual, será aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y luego irá al Senado. Este tiene los inconvenientes que se indican abajo”, se lee en ese correo. La minuta adjunta detallaba los argumentos de los industriales para modificar la iniciativa.
Desde ese primer mensaje, la comunicación de Luis Felipe Moncada con Jacqueline Van Rysselberghe fue habitual. Cinco días más tarde, el 18 de junio, Moncada le pidió a la senadora sondear entre los demás miembros de la Comisión de Pesca su ánimo frente a la postura de los industriales y le mandó una nueva minuta con argumentos para defenderla: “A la Concertación hay que explicarle que es una mejora al proyecto, para que sea compatible con la filosofía de pesca sustentable y para recuperar las pesquerías”, señala el correo, entre otros consejos.
En octubre de 2014 el proyecto llevaba más de tres meses congelado. Durante todo ese tiempo la Comisión de Pesca del Senado no se reunió. En un encuentro reservado, el ahora renunciado subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), le reclamó a Moncada que la senadora tenía el proyecto entrampado y que no convocaba a las sesiones de la Comisión de Pesca. Una minuta de esa cita, redactada por Moncada, señala que Súnico le propuso operar en sintonía con los intereses de Asipes si conseguían que la parlamentaria reactivara la tramitación (vea el reportaje de CIPER “Los correos que muestran los ‘favores’ del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras”).
El 4 de septiembre de 2014 Jacqueline Van Rysselberghe se auto-envío una copia del proyecto de ley desde su correo oficial del Senado a su propia dirección de correo privada. Y desde esta última, al día siguiente, le reenvió a Moncada el mismo archivo.
Con el texto del proyecto en su poder, Moncada respondió el 9 de septiembre enviando a la parlamentaria–con copia para el senador Alejandro García Huidobro (UDI)- una minuta con el detalle de los reparos de Asipes a la iniciativa. Subrayado y destacado en negrita, Moncada impartió una instrucción precisa para que se presentara una indicación en el trámite legislativo: “(…) hay que incluir las capturas con línea de mano dentro de la cuota global de jurel del sector artesanal. Hay que presentar una indicación”.
El segundo destinatario de ese correo, el senador García Huidobro, también figura como posible receptor de aportes de las pesqueras de Asipes. Su apellido aparece junto a los de otros candidatos en una aparente nómina de pagos que habría sido incautada desde la sede de Asipes y que fue publicada por La Tercera del pasado 20 de enero. Esa lista indica que García Huidobro habría recibido $5 millones de la pesquera Blumar y $1,2 millón de Landes.
A comienzos de diciembre de 2014 la tramitación del proyecto de pesca de jurel con “línea de mano” ya se había destrabado. El 9 de ese mes, a las 16:11, la senadora Van Rysselberghe recibió un correo de la Subsecretaría de Pesca en el que se le informaban las indicaciones en las que estaban más avanzados los acuerdos. Solo 40 minutos después la parlamentaria se lo reenvió a Moncada, pidiéndole instrucciones:
“Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. De todas maneras pedí aumento de plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees que es necesario presentar además la indicación que me mandaste?”.
La respuesta de Moncada fue categórica y llegó a la casilla privada de Van Rysselberghe apenas una hora después:
“Vienen solo cuatro indicaciones en el correo de la Subpesca. Las necesito todas, entiendo son más de 20, para darte opinión de c/u. Sugiero presentar todas las indicaciones que te envié y luego las negocias. Te remitiré esta noche un ordenamiento de cada una, esto es, qué representan y por qué se presentan en cada caso”.
Tres horas después la senadora le envió el consolidado con todas las indicaciones, tal como Moncada se lo había solicitado.
Dos días más tarde hubo otro intercambio de mensajes. El 11 de diciembre a las 23:09 Moncada le mandó un correo respondiendo dudas que durante el día le había planteado la senadora. El entonces presidente de Asipes le explicaba a Van Rysselberghe que era imperioso que la pesca de jurel con línea de mano se restringiera a embarcaciones de menos de 12 metros de eslora (longitud), por lo que debía presentarse una indicación en ese sentido. Y agregó: “Si crees más posible se apruebe si es presentada por C. Goic (la senadora DC), estaría bien”.
Las intervenciones que hizo la senadora Van Rysselberghe en la sala de la Cámara Alta muestran que las minutas que le envió Moncada tuvieron efecto en su actuar. El 11 de noviembre de 2014 intervino durante la votación del proyecto en la sala, donde señaló: “Creo, sinceramente, que la autoridad (la Subpesca) debería establecer un límite, que podría ser perfectamente bien la cuota de captura tradicional. Se puede discutir, pero ello debe estar dentro de la cuota global”.
El proyecto finalmente fue despachado por el Congreso en abril de 2015. Su redacción final establece que se permitirá la pesca de jurel con línea de mano para el sector artesanal, pero que se limitará a un 0,040% de la cuota global anual de captura (suma de sectores artesanal e industrial).
Como lo han hecho otros parlamentarios, Jacqueline Van Rysselberghe podría argumentar que intercambió opiniones con Moncada como con cualquier otro actor social afectado por un proyecto de ley. Pero lo que puede complicar judicialmente su situación es el aporte financiero que al menos una de las pesqueras agrupadas en Asipes hizo a su campaña de 2013.
Según registros internos de la agrupación gremial, a los que pudo acceder CIPER, desde Pesquera Camanchaca se habrían entregado $5 millones a la campaña de la senadora en 2013. Los documentos indican que ese año las empresas de Asipes se organizaron para canalizar sus dineros a distintas campañas políticas. Varios de estos informes fueron elaborados por Luis Felipe Moncada, quien, al tenor de los registros revisados, cumplió un rol fundamental en la distribución de las platas.
Actualmente, Jacqueline Van Rysselberghe está siendo investigada por la Fiscalía luego de que su ex asesor Joel Chávez declaró ante el Ministerio Público que le pidieron emitir una boleta falsa para justificar gastos de su campaña.
El 4 de agosto de 2016, Joel Chávez llegó a la Fiscalía a denunciar “hechos constitutivos de delito” ocurridos durante el periodo en que fue asesor de la senadora. En su testimonio relató que comenzó trabajando con el padre de la actual presidenta de la UDI, Enrique Van Rysselberghe, cuando este era diputado. A partir de 2002, dijo,se convirtió en asesor de Jacqueline Van Rysselberghe, cuando ella era alcaldesa de Concepción. Siguió trabajando a su lado en 2010, cuando el gobierno de Sebastián Piñera la nombró intendenta del Bío Bío y también participó en su campaña senatorial de 2013.
Lo que Chávez denunció fue que el administrador electoral de la última campaña y marido de la senadora, Mauricio Pavez, le solicitó emitir una boleta falsa por $9 millones para justificar gastos ante el Servel. En su declaración, Chávez dijo que lo mismo habría hecho el dueño de la empresa Transportes Moreira, quien habría entregado otra factura falsa por $25 millones. En la rendición de gastos de esa campaña senatorial registrada en el Servel, aparece la boleta hecha por Joel Chávez, pero no hay mención a ninguna factura de Transportes Moreira. Solo aparece un gasto de $700 mil, correspondiente a la contratación de un servicio de chofer de bus, facturado por Rosana Moreira Díaz, miembro de la familia propietaria de Transportes Moreira e Hijos.
Según la denuncia del ex asesor, los encargados de la campaña no tenían cómo justificar ante el Servel el gasto de unos $100 millones.
En su declaración, Joel Chávez también relató que para la misma elección senatorial la UDI le abrió un cupo a Van Rysselberghe de $100 millones en Trama Impresores, donde la campaña se abasteció de papelería. Sin embargo, en la rendición de gastos de la candidatura de la senadora ante el Servel no hay mención a esa imprenta.
Trama Impresores sí aparece como proveedora de servicios de otros 21 candidatos parlamentarios de todo el espectro político: cinco de la UDI, seis de RN, un DC, cuatro del PS, dos PPD, un radical y dos independientes de derecha. El hermano de la senadora, Enrique Van Rysselberghe (UDI), actual diputado por Concepción, rindió un gasto de $12 millones en papelería de Trama Impresores.
Respecto de la relación de la senadora Van Rysselberghe con el ex presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, Joel Chávez declaró que el ex timonel de la gremial siempre ha sido un hombre cercano a la UDI del Bío Bío. El ex asesor sostuvo que era habitual verlo en los consejos generales del partido y comentó que, incluso, fue una de las cartas que barajó el gremialismo para reemplazar al padre de Van Rysselbergue cuando este decidió no repostular a la Cámara de Diputados en 2001.
Sobre la tramitación de proyectos en la Comisión de Pesca de la Cámara Alta durante 2014, cuando la parlamentaria presidió esa instancia, Chávez señaló:
“(Ella) recibía correos con las indicaciones que tenía que presentar al proyecto. Yo a veces tenía que firmarlas electrónicamente e ir a presentarlas en las comisiones o secretarías respectivas. Ella recibía correos y llamados con instrucciones para presentar indicaciones a proyectos, para suspender comisiones y atrasar proyectos (…). Las indicaciones se las enviaban ya redactadas de la empresa Asipes, del remitente Luis Felipe Moncada. Estos correos iban con copia a Juan Pablo (Morales, otro asesor de la senadora), yo era solo el ejecutor. Recibía un documento, lo firmaba electrónicamente y lo iba a presentar”.
El testimonio de Joel Chávez entregó luces sobre el episodio de 2014 en que la Comisión de Pesca no se reunió y la tramitación del proyecto para permitir la pesca artesanal de jurel con línea de mano estaba entrampada:
“Quiero señalar que ella no se sabía bien el reglamento del Congreso (…), ella pensaba que no yendo a la comisión no iban a poder sesionar y ella quería que no se sesionara, pero era un proyecto importante y había el quórum suficiente y sesionaron sin ella. Estaba indignada y me dijo: ‘Y ahora qué le voy a decir a estos gallos, les voy a tener que pedir disculpas’, y llamó a alguien que no sé quién es. Pero puedo señalar que la visitaba continuamente Luis Felipe Moncada”.
En ese episodio, declaró Joel Chávez a la Fiscalía, el enojo de la senadora llegó a tal punto que intentó iniciar un sumario contra el secretario de la Comisión de Pesca, porque consideró irregular que se haya realizado la sesión sin su presencia. Chávez señaló que la solicitud de sumario fue redactada, pero que el prosecretario general del Senado, José Luis Alliende, consideró que todo se había ajustado al reglamento.