Año a año los medios de comunicación social visibilizan diversas paralizaciones de servicios públicos, siendo la más relevante la que se genera a propósito del reajuste de remuneraciones para los trabajadores del sector público. Sin embargo, poco o nada se habla de cuáles son las verdaderas condiciones en que los trabajadores públicos ejecutan sus funciones.
En el imaginario colectivo reina la idea de que los trabajadores públicos se encuentran en una situación privilegiada, especialmente porque gozan de la garantía de estabilidad en el empleo, tienen buenos sueldos, jornadas laborales más reducidas, etc. Pero la realidad dista mucho de ese escenario paradisiaco, ya que el Estado ha validado un modelo de empleo público precario.
Ello, por varias razones. Primero, porque en su interior conviven distintas categorías de trabajadores, y por ende, hay algunos que gozan de más derechos y garantías que otros, situación contraria al principio de igualdad y no discriminación, que por mandato constitucional el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos.
Segundo, porque la gran mayoría de los trabajadores públicos tiene vínculos labores inestables, y están sujetos a que año a año, cada 31 de diciembre, la autoridad de turno renueve su contrato para el período siguiente.
Tercero, porque hay un porcentaje invisible de trabajadores que presta sus servicios en total desprotección y sin derecho a seguridad social: los trabajadores a honorarios, los que no obstante prestar servicios inherentes para el cumplimiento de los fines de la institución, de forma continua en el tiempo y bajo las órdenes de una jefatura, mantienen un vínculo precario e informal con el Estado que desconoce su calidad de trabajadores dependientes.
Cuarto, porque el acceso, carrera funcionaria y estabilidad en el empleo, muchas veces no está vinculado con las cualidades técnicas y humanas de los trabajadores públicos, sino que por factores políticos y amiguismos, degradando con ello el empleo público.
Quinto, porque no se les reconocen derechos colectivos esenciales para la defensa de sus intereses: la negociación colectiva y la huelga, olvidando con ello que al interior de la relación laboral pública hay una desigual distribución de poder, y por ende, que los trabajadores, para los efectos de evitar y frenar abusos de poder, así como para defender eficazmente sus intereses, deben ser titulares de la única herramienta de auto tutela capaz de ser una contrapeso al poder empresarial: la huelga.
Y bueno, un sinfín de otros factores que permiten calificar al Estado como un pésimo empleador: recurso a la subcontratación de labores esenciales o principales del servicio público (casas de acogida de Sename; ejecución de los programas PRODESAL; PDTI; PADIS, etc.); bajos sueldos; extensas jornadas laborales que no son remuneradas (como las horas de trabajo no lectivas de los docentes, donde muchos preparan clases hasta altas horas de la noche en sus hogares, o los operativos o actividades en terreno que son realizados los fines de semana o fuera de la jornada laboral).
Las condiciones descritas vulneran tratados internacionales que el propio Estado chileno ha ratificado y el estándar de Trabajo Decente elaborado por la Organización Internacional del Trabajo.
Ha llegado la hora entonces, de sincerar estos incumplimientos y poner freno a la precariedad laboral al interior del Estado, derribando los mitos que se han construido en su interior, ya que el nivel de remuneraciones de quienes materializan los cometidos esenciales de los diversos servicios públicos se alejan considerablemente de los escandalosos sueldos de autoridades públicas que en los últimos años han estado en tela de juicio.
Es la realidad que vivimos alrededor 270.000. Año a año los contratos del Estado son HONORARIOS. Técnico y profesionales sin contrato laboral por años (décadas en no pocos casos)
Alvaro Palma | 09.11.2016
Mi esposa es funcionaria pública, médico de una especialidad en falencia (es decir, de esos que no sobran). Para el Estado, ella debería ser un recurso preciado, cuya fuga debería evitarse a como de lugar, entre otras cosas, pq cada paciente que no puede ser atendido, debe ser derivado al sistema privado a un costo varias veces más alto, costo con el que paradójicamente se cubriría su sueldo y el de otro colega (Y ESTAMOS HABLANDO DE UN SOLO PACIENTE, imaginen que pasa si se derivan 10 ó 20).
Considerando todos estos antecedentes, ¿qué hace el Estado para que ella se sienta a gusto y no quiera emigrar? Le paga a honorarios y a contrata, es decir:
1.- Viola la ley (pues alguien que trabaja en un lugar fijo, tiene horario y labores asignadas NO PUEDE TRABAJAR A HONORARIOS).
2.- No le reconoce su antigüedad (pues la contrata se renueva anualmente).
No faltará el que dirá que "entonces no tiene vocación" (claro, todo el resto del mundo trabaja por una fracción de su sueldo sólo de buena gente), "que ganan millones y se quejan de llenos" (claro, todos estudian 10 años y más, arriesgan demandas, malos tratos y hasta agresiones, deben costearse cursos y congresos que no son baratos para mantenerse al día, deben tener seguros contra los buitres que califican cualquier cosa que no les guste como negligencia para tratar de sacar algo, etc), "que si no les gusta, que se busquen otra pega" (lo cual paradójicamente sería aún peor para el sistema público, pues eso implicaría más derivaciones al privado y más fuga de recursos, etc).
En resumen, esto es sólo para reafirmar el punto de quién escribe la columna. El Estado es un PÉSIMO empleador, y eso sólo ha empeorado gracias a nuestros inefables gobiernos de "izquierda" y su política de jibarizarlo en favor del privado (que ha demostrado que puede hacerlo MUCHO PEOR, pero eso nadie lo cuestiona, ¿será por los muchos intereses creados que hay detrás en pasar funciones públicas a privadas manos?).
Así que fuerza con el paro, si hay plata para pagar pensiones millonarias a milicos jubilados a los 40 años DE EDAD (no de servicio), entonces hay para mejorar sueldos.
Gomez Lamana | 08.11.2016
Comparto plenamente lo dicho, la mayoria de los funcionarios no son como la sra de SII que atiendo como el ajo, la mayoria trabaja en las precarias condiciones descritas y el ESTADO debe grantizar un trabajo digno para tod@s
