Documento de la CIA revela cómo Pinochet manipuló a la Corte Suprema en el Caso Letelier

En una ceremonia emocionante y sombría en el lugar donde el régimen de Pinochet terminó con las vidas del ex canciller Orlando Letelier y su colega Ronni Moffitt, el gobierno de Estados Unidos entregó este viernes 23 de septiembre a la Presidenta Michelle Bachelet un informe especial de inteligencia de la CIA que concluyó que el general Augusto Pinochet ordenó ese “acto de terrorismo de Estado” en las calles de Washington, D.C. El atentado con un coche bomba, que tuvo lugar hace 40 años, mató a Letelier y a su colega de 25 años. Además de la Presidenta Bachelet y altos funcionarios de su gobierno, a la ceremonia asistieron los cuatro hijos de Letelier, así como también Hilda Karpen, la madre de 88 años de Ronni Moffit.

Michelle Bachelet durante la ceremonia en el lugar donde ocurrió el atentado a Orlando Letelier.

El informe de la CIA está fechado en mayo de 1987 y lleva el título “El rol de Pinochet en el asesinato de Letelier y su posterior encubrimiento”. El documento resume al menos media docena de reportes de inteligencia de la CIA elaborados a partir de 1978, los que concluyen que “Pinochet decidió encubrir el caso para esconder su involucramiento y, en última instancia, proteger su puesto en la presidencia” (ver documento).

Estas son algunas revelaciones del reporte sobre los intentos del general Pinochet de encubrir su papel en el crimen:

• En abril de 1978, Pinochet supo que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, “le había entregado a un amigo cercano un maletín con documentos muy sensibles que hacían responsable de los asesinatos al Presidente [Pinochet], con instrucciones de hacerlos público si algo le sucedía a Contreras”.
• En agosto de 1978, Pinochet se reunió personalmente con el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, “para asegurarse de que la Corte Suprema rechazaría las solicitudes de extradición de chilenos en respuesta a los procesamientos previstos en una corte de Estados Unidos”. Informantes de la CIA describieron la reunión con Bórquez, en la cual Pinochet dijo al juez que “le había prometido a los generales del Ejército que Contreras no sería extraditado debido al negativo impacto que tendría en la reputación del Ejército”. De acuerdo a la CIA, “el presidente de la Corte le prometió a Pinochet que haría todo lo posible para que la Corte cumpliera con su requerimiento”.
• A fines de 1979, Pinochet revisó personalmente un borrador del futuro fallo de la Corte Suprema que denegaba la solicitud de Estados Unidos de extraditar a los oficiales de la DINA Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios. De acuerdo a las fuentes de la CIA, Pinochet “insistió que debía ser endurecido para excluir cualquier posibilidad de que el caso de extradición pudiera ser reactivado. El lenguaje fue cambiado para cumplir con la orden de Pinochet”.
• La decisión de Armando Fernández Larios de entregarse a Estados Unidos en enero de 1987 y de endosarle la culpa a Pinochet generó una crisis de liderazgo dentro del Ejército chileno. La CIA reportó que a pesar de los esfuerzos de Pinochet de desacreditar a Fernández Larios, “muchos oficiales aún están seriamente preocupados por sus revelaciones y las implicancias negativas en la reputación de las fuerzas armadas. También creemos que lo reportado hasta ahora entrega sólo atisbos de qué tan seriamente ven este asunto y lo que están preparados a hacer al respecto”. Los analistas de la CIA creían “que Pinochet puede estar buscando protegerse a sí mismo a cualquier costo, posiblemente incluso eliminando a Contreras”.

Esta desclasificación especial probablemente renovará la atención sobre el estatus de Fernández Larios, quien actualmente vive en libertad en Florida. En 1987 llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, bajo el cual recibiría una condena de ocho años por su rol en el plan que terminó con la bomba instalada en el auto que transportaba a Orlando Letelier. Fue liberado después de solo cuatro meses en prisión.

CD con los archivos desclasificados.

En la ceremonia que tuvo lugar en la Massachusetts Avenue donde su padre fue asesinado, el senador Juan Pablo Letelier lanzó un fuerte llamado para que Fernández Larios sea extraditado a Chile, junto con el agente de la DINA que puso la bomba, Michael Townley. Chile busca la extradición de Townley por varios otros crímenes, incluyendo el del economista Carmelo Soria, así como también por el asesinato de Ronni Moffitt. “Es inaceptable e inexplicable”, dijo el senador Letelier, que nadie haya respondido por su muerte.

La divulgación del reporte de la CIA, junto a otros documentos menos dramáticos sobre Chile, completa un esfuerzo de dos fases hecho por la administración Obama para localizar y dar a conocer registros aún secretos sobre el rol del general Pinochet en el atentado del coche bomba. El Departamento de Justicia había identificado los registros de inteligencia como evidencia durante una investigación formal del FBI sobre Pinochet hace 16 años, luego de que el ex dictador fuera arrestado en Londres por crímenes de lesa humanidad. En enero de 2015, el gobierno de Bachelet solicitó que esos documentos fueran entregados a Chile.

En octubre pasado, el secretario de Estado, John Kerry, viajó a Santiago y entregó personalmente a Bachelet un CD con 282 documentos sobre Pinochet y el asesinato de Letelier y Moffitt. Entre ellos había un dramático memorándum del 6 de octubre de 1987, enviado al ex Presidente Ronald Reagan por el secretario de Estado George Shultz en el que se citaban las conclusiones de la CIA como parte de sus esfuerzos de convencerlo de cortar vínculos con Pinochet y presionar por el retorno de la democracia en Chile (ver documento).

“Nunca antes la CIA había elaborado y presentado conclusiones de que existen evidencias tan fuertes sobre su rol [de Pinochet] de liderazgo en este acto de terrorismo”, informó Schultz al Presidente. “No es claro si podemos o queremos considerar enjuiciar a Pinochet”, escribió el secretario de Estado a Reagan. “Sin embargo, este es un ejemplo flagrante del involucramiento directo de un jefe de Estado en un acto de terrorismo de Estado, uno que es particularmente perturbador, tanto porque tuvo lugar en nuestra capital como porque desde entonces su gobierno es generalmente considerado como amistoso”, concluyó Schultz.

Cuando la Presidenta Bachelet se retiraba de la ceremonia en Washington junto al canciller Heraldo Muñoz y el embajador Juan Gabriel Valdés, funcionarios del Departamento de Estado les entregaron dos cajas de colores brillantes que contenían CDs. Un disco guardaba el reporte de la CIA, junto a otros registros de la Casa Blanca y el Departamento de Estado; el otro disco, de acuerdo a una nota diplomática que lo acompañaba, era para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Contenía los 23 mil documentos que son parte del proyecto especial de desclasificación sobre Chile llevado a cabo por la administración Clinton. «Aunque estos documentos han estado disponibles públicamente desde el año 2000«, decía la nota diplomática, «el Departamento de Estado entiende que el museo y los académicos chilenos se beneficiarán con una copia digital».