La ruta del artículo que le permitió a SQM el beneficio de la invariabilidad tributaria

Un simple documento en formato Word selló la actual situación judicial del ex senador y ex ministro de Economía Pablo Longueira. Ese archivo le fue enviado por correo electrónico por el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, y contenía una propuesta para modificar un artículo de la Ley de Royalty. Lo que siguió le significó al primero ser formalizado por cohecho y al segundo por soborno. Longueira hizo llegar el artículo al gobierno y terminó, casi tal cual, en el proyecto que se envió y aprobó en el Congreso, permitiéndole a SQM acceder a la invariabilidad tributaria hasta el año 2025. Pero la ruta que siguió ese artículo es más larga y, hasta ahora, desconocida.

Una serie de peritajes de la PDI a las casillas de correos de altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera permiten reconstruir esa ruta. Esa secuencia de correos, que muestra las huellas del lobby que se hizo para favorecer a SQM, complica aún más la situación judicial de Pablo Longueira. El entonces senador no sólo reenvió el documento que recibió de Contesse, sino que monitoreó directamente que fuera incluido en el proyecto final que redactó el Ejecutivo.

Longueira también está acusado de recibir pagos de SQM a través de una red de boleteros y de sus fundaciones (ver reportaje Fundaciones de Longueira: la mayor caja receptora de los dineros de SQM).

Laurence Golborne

El primer correo electrónico relativo al royalty fue enviado el 5 de agosto de 2010 a las 12:09 por el ministro de Minería, Laurence Golborne. Llevaba como asunto “Royalty” e iba dirigido al fiscal de ese ministerio, Franco Devillaine, solicitándole “urgente los párrafos del texto de nuestro proyecto que permite a empresas chilenas acogerse”. Media hora después, Devillaine le envió al ministro una copia del proyecto de ley que se había presentado en mayo para financiar la reconstrucción después del terremoto y del que sólo se había rechazado el articulado referente al royalty. En esos días el gobierno preparaba una nueva versión para incrementar el impuesto específico a la minería.

Los emails no registran qué conversaron esa tarde el ministro y su fiscal, pero a las 16:29 Devillaine le envió un correo al senador Longueira: “Estimado senador, junto con saludarle, y a expreso requerimiento del señor ministro de Minería, adjunto y remito a usted archivo con texto del artículo quinto transitorio del Proyecto de Ley de Reconstrucción. El mismo se refiere a la posibilidad de extender los efectos de las normas sobre invariabilidad a los proyectos conexos para el caso de las empresas chilenas”.

Once minutos después de recibir el correo de Devillaine, Longueira remitió esa información a Patricio Contesse. Y antes de la medianoche de ese mismo 5 de agosto, el senador tenía en su casilla de correo Hotmail la respuesta: “Estimado Pablo te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla”. Adjunto iba el documento que los tiene hoy a ambos formalizados. Junto con explicar que el artículo del gobierno era malo porque dejaba fuera de la invariabilidad tributaria a SQM, incluía una nueva redacción que abría la puerta a la minera no metálica (ver reportaje Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse).

La rapidez de la respuesta de Contesse hacía parecer que el equipo legal de la minera no metálica había trabajado a toda máquina para redactar un nuevo artículo. Nuevos antecedentes dan cuenta de que, cuando Contesse recibió el email de Longueira, la empresa ya tenía lista una propuesta que permitía a SQM acogerse a la invariabilidad tributaria.

La clave la dio en abril pasado el vicepresidente de Finanzas y Desarrollo de SQM, Ricardo Ramos, en una declaración ante el Ministerio Público. El ejecutivo contó que en julio de 2010, Contesse entró a su oficina con un borrador del proyecto de ley de royalty minero. Tras analizarlo, Ramos fue al despacho de Contesse y le dio su opinión: “Me parecía que la ley no era equitativa porque no había un artículo transitorio que nos permitiera acceder a la invariabilidad. Eso se lo expliqué a Patricio Contesse y me encontró razón”.

Contesse volvió después a su oficina y le pidió a Ramos que junto al abogado Matías Astaburuaga, fiscal de la empresa, redactara un documento con su opinión, “el cual modificara el borrador y reflejara la equidad para empresas chilenas y extranjeras”. Con la ley de 2005 como modelo, adaptaron el artículo transitorio a las necesidades de 2010. Según Ramos, Astaburuaga le envió a Contesse su propuesta el 21 de julio. Es decir, el gerente general de SQM tenía dicho documento en sus manos dos semanas antes de recibir el email de Longueira.

La declaración de Ramos abre una gran incógnita: ¿de dónde sacó Contesse el borrador del proyecto a mediados de julio de 2010?

Lo que sí aclara Ramos es por qué SQM no se acogió a la invariabilidad tributaria cuando se creó el royalty en 2005. La ley establecía una tasa fija de 4% para quienes optaran por la invariabilidad, mientras que sin invariabilidad ésta oscilaba entre 0% y 5%. En la empresa apostaron a que con esa fórmula pagarían menos y decidieron no acogerse a la invariabilidad. Ramos reconoció ante la Fiscalía que esa decisión pudo ser errónea, pues el royalty operaba como crédito al impuesto a la renta. Cinco años más tarde quisieron enmendar ese error.

LA RUTA DEL ARTÍCULO CONTESSE EN EL GOBIERNO

Pablo Longueira se tomó unos días antes de hacer llegar la propuesta de Contesse a La Moneda. Tras hacer modificaciones menores a la explicación del gerente de SQM de por qué el borrador original no servía, el 11 de agosto el senador envió el llamado “artículo Contesse” al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, como si fuera una propuesta propia.

“Mándame por favor, a este mismo correo, el texto que tú redactes si le introduces cambio para verlo antes que lo mandes”, le pedía Longueira a Larroulet. Ese mismo día el ministro reenvió el correo a su par de Minería, Laurence Golborne.

Cristián Larroulet

Longueira presionaba por distintos frentes. El 16 de agosto envió el artículo de Contesse al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez: “De acuerdo a lo conversado te adjunto redacción del artículo quinto transitorio nuevo”.

El texto comenzó a ser compartido y debatido entre funcionarios de gobierno, que llegaron a llamarlo la “alternativa Longueira”.

El 17 de agosto, José Domingo Peñafiel, entonces asesor del Ministerio de Hacienda, le escribió un correo al fiscal de Minería, Franco Devillaine: “El senador Longueira pregunta si lo siguiente ya está incorporado en el proyecto. Yo entiendo que sí”, y le adjuntó el texto del artículo que había sido enviado originalmente por Contesse. Un equipo de la PDI, que por solicitud de la Fiscalía analizó los archivos y los emails mencionados, pudo determinar que ese documento fue creado en un computador marca Toshiba por el usuario Patricio Contesse, y que la última modificación fue realizada por el usuario p_longueira2.

Devillaine y Peñafiel intercambiaron dos correos más en los que comentaron que estaban cotejando la propuesta de Longueira con el texto oficial. Un día después, el 18 de agosto, Peñafiel volvió a escribir a Devillaine. En ese correo le mencionó que enviaba el proyecto “listo” y que solo faltaba cotejar “que lo que dice el senador Longueira” esté incorporado.

Ese mismo día Peñafiel le envió a Devillaine un segundo correo, pero ahora también con copia a la entonces jefa de gabinete de Laurence Golborne, Luz Granier: “Les mando el proyecto de royalty final. Solamente falta aclarar la aprehensión del senador Longueira”. Pocas horas después hay un nuevo email de Peñafiel: “Estimados, para su mayor comprensión, adjunto el artículo propuesto por el senador Longueira comparado con el texto del actual artículo 4º transitorio (ex 6). Ojalá podamos tener sus comentarios a la brevedad”.

Ninguno de los archivos adjuntos de los correos de ese día tenía incorporada la propuesta de Longueira, que era lo que debían cotejar y corregir. En otro email que Peñafiel reenvió esa misma tarde a Devillaine (con copia a Granier) el documento adjunto sí es el texto de Longueira y en él se lee: “Lo prometido. Como les comentara, yo tengo entendido que esto ya está en el proyecto, pero nunca es malo confirmar…”.

El subsecretario Rodrigo Álvarez había remitido la “propuesta Longueira” a la abogada Carolina Fuensalida, entonces coordinadora de Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda.

Los reparos de Carolina Fuensalida le llegaron al subsecretario Álvarez el 19 de agosto a las 8:58: “Rodrigo, me parece que la redacción sugerida por Pablo Longueira para los proyectos que no correspondan a inversionistas extranjeros se aparta muchísimo del espíritu general subyacente en materia de invariabilidad, sin perjuicio que la complejidad de la redacción y las infinitas variaciones de régimen que contempla lo hace muy discriminatorio en relación a inversionistas extranjeros. Saludos. Carola”. En ese eslabón de la ruta, al artículo de Contesse se le hicieron pequeñas modificaciones, pero en lo sustancial siguió beneficiando directamente a SQM.

Pese a los cuestionamientos de Fuensalida, el artículo casi no cambió en los días siguientes. A las 13:31 del 24 de agosto, Fuensalida le envió un nuevo email a Álvarez: “Esta es la propuesta de Longueira con adecuaciones nuestras”, decía la abogada.

Un poco más temprano, ese mismo día, Rodrigo Álvarez había recibido un correo electrónico de Longueira: “Necesito que me mandes el documento que hablamos”. Al finalizar la tarde del 25 de agosto, el subsecretario le respondió que le enviaba “el artículo como está quedando para tu revisión”. Según el informe policial, el adjunto contenía el documento que Álvarez había recibido de Carolina Fuensalida.

Longueira no tardó en reportar las novedades a Contesse, a quien el 26 de agosto le informó que había recibido el texto de parte de Álvarez. El proyecto estaba en la recta final y así se lo comunicó a Contesse, quien es reservista del Ejército, en lenguaje marcial:

“Estamos en las horas decisivas.
Un abrazo mi General.
Del Coronel Longueira”.

Rodrigo Álvarez

Aún faltaban detalles. Al día siguiente, Carolina Fuensalida envió cuatro archivos distintos a Rodrigo Álvarez y a Franco Devillaine. Cada uno de ellos contenía una versión distinta del proyecto de Royalty. Dos factores los alteraban y diferenciaban: con y sin los fondos prometidos por el gobierno de Sebastián Piñera para regiones y municipios, y con y sin “alternativa Longueira”.

La “alternativa Longueira” fue la que quedó y ese mismo 27 de agosto el senador le dio el visto bueno final al proyecto del gobierno, y a las pequeñas modificaciones que se le realizaron al artículo redactado en SQM. A las 18:21 Longueira le respondió un correo a Rodrigo Álvarez y realizó una última petición: “Rodrigo, te llamé para decirte que el texto que me enviaste está OK. Si llegas a introducirle cambios a ese artículo avísame, y si puedes cuando tengas el texto definitivo de todo el proyecto mándamelo. Un abrazo, Pablo”.

El 1 de septiembre, apenas el proyecto de ley ingresó al Congreso, Longueira se lo mandó a Contesse. “Pablo en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena”, le respondió el gerente de SQM. La operación diseñada desde la minera había concluido con éxito.

DUDAS EN EL MINISTERIO DE MINERÍA

El “artículo Contesse” avanzó sin cambios durante el trámite legislativo y la ley se promulgó en octubre de 2010. Comenzaron entonces en SQM los preparativos para que la empresa pudiera acogerse al beneficio de la invariabilidad tributaria al que tenían derecho tras la intervención de Contesse y Longueira.

De los correos electrónicos periciados por la PDI se desprende que antes de presentar formalmente la solicitud, SQM hizo consultas al Ministerio de Economía que generaron nuevas dudas entre los funcionarios de gobierno. La principal era si la minera podía acceder a la invariabilidad tributaria si no era la dueña de cerca de 10.000 pertenencias mineras que explota en el Salar de Atacama y que son del Estado, representado por la Corfo.

El 22 de diciembre de 2010 el entonces abogado del Ministerio de Economía Mauricio Álvarez le mandó un correo electrónico a Franco Devillaine, fiscal del Ministerio de Minería: “Necesito saber la opinión del Ministerio de Minería sobre dos aspectos que me está consultando Soquimich para efecto de presentar dos solicitudes por el artículo 4º transitorio”. Se referíaal “artículo Contesse”.

“Me consultaron si podían incluir dentro de su proyecto minero a aquellas pertenencias que la empresa tiene en arrendamiento. En la Ley N° 20.469 (Royalty Minero) no se hace alusión expresa a la propiedad de las pertenencias, situación que sí acontecía en el artículo 5º transitorio de la Ley N° 20.026 (ley de 2005). ¿Cuál es el criterio del Ministerio de Minería al respecto?”, preguntaba Álvarez en su correo.

La duda de Álvarez se explica porque el royalty que se creó en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, señalaba expresamente que las pertenencias mineras que se incluyeran en un proyecto beneficiado con la invariabilidad tributaria debían ser “propiedad” de la empresa. La ley de 2010 no menciona ese requisito.

La respuesta de Franco Devillaine llegó un día después: el 23 de diciembre de 2010. El fiscal de Minería se mostró contrario a permitirle a SQM incluir las pertenencias arrendadas en el contrato de invariabilidad: “La ley está estableciendo el mismo derecho que hiciera la Ley 20.026 (de 2005) respecto de los explotadores mineros chilenos que se encuentran afectos al «IEM» (Impuesto Específico a la Minería), de tal forma que las pertenencias han de ser aportadas bajo el mismo título razón por la cual el arrendamiento queda excluido”, señaló Devillaine. El fiscal del Ministerio de Minería acotó que esta era solo una opinión, ya que la facultad para suscribir ese tipo de contratos la tiene el Ministerio de Economía.

Patricio Contesse

Un ex funcionario que participó del análisis dentro del Ministerio de Minería dijo a CIPER que más que la propiedad de las pertenencias, lo que interesaba era asegurarse que de que SQM tuviera la explotación exclusiva y por un periodo que cubriera al menos la duración del contrato de invariabilidad. Según comentó a CIPER un ex asesor del Ministerio de Economía que estuvo al tanto de estas tratativas, se decidió acoger la solicitud de SQM luego de consultar a Sernageomin, entidad que dio su acuerdo.

La operación le permitió a la filial SQM Salar firmar el 26 de agosto de 2011 un contrato de invariabilidad tributaria hasta 2025. Para entonces Pablo Longueira ya era ministro de Economía y como tal debió suscribirlo en representación del Estado chileno (ver contrato).

Hubo una segunda petición de Soquimich, esta vez referida a su filial Nitratos. El objetivo era evitar el alto costo que significaba para la empresa acreditar cada una de las propiedades mineras que quería ingresar a su segundo contrato de invariabilidad (cerca de 10.000). En SQM argumentaron que cada uno de los certificados de vigencia de esas propiedades costaba $10 mil, lo que implicaba un desembolso de cerca de $100 millones.

Cuando el abogado de Economía Mauricio Álvarez le consultó su opinión al fiscal de Minería, Franco Devillaine, éste tampoco estuvo de acuerdo: “La propiedad de las pertenencias debe acreditarse mediante el instrumento idóneo, es decir que se acredite esa titularidad. Además no me parece que respecto a conexos se pida una cosa (y) respecto de inversionistas nuevos otra. Debemos mantener un mismo criterio”.

Pese a que Devillaine opinó que no había que dar a SQM mayores facilidades que al resto de los inversionistas, la solicitud de la minera también fue aceptada. En febrero de 2011, Álvarez le envió un email informando que para evitar demoras, se había optado por pedir a Sernageomin que chequeara en su registro si todas las pertenencias declaradas por SQM eran de su propiedad.

Finalmente, el 22 de diciembre de 2011 la empresa suscribió un segundo contrato de invariabilidad tributaria a través de SQM Nitratos. Esta vez la compañía estuvo representada por Patricio Contesse y el Estado por Pablo Longueira. El general y el coronel estamparon su firma. (ver contrato)