Protección del niño vulnerable: Consejeros del MDS urgen traspasar a ese ministerio la misión del Sename
03.06.2016
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03.06.2016
Cada tanto la sociedad chilena se remece por alguna noticia de alta exposición mediática que advierte de la grave vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente.
Por un momento, a veces incluso por varios días, la noticia tiene seguimiento y aparecen columnas de opinión, artículos y reportajes, así como reacciones de algunas voces recordando la indefensión de nuestros niños e invocando responsabilidades para que ello no vuelva a ocurrir.
Una vez más esto se repite a propósito de la trágica muerte de Lisette, una pequeña que estaba bajo la tutela del SENAME. Seguramente en esta ocasión, al igual que en anteriores, una vez denunciado el dramático hecho la vida seguirá su curso, las instituciones mantendrán sus rutinas e inercias,y la invisibilidad volverá a esconder a los millares de niños cotidianamente vulnerados en sus derechos.
Nos horrorizamos por Lisette, pero seguimos ignorando que sólo en estos primeros meses del 2016 cerca de 100 mil niños, entre recién nacidos y hasta los 18 años de edad, han pasado por las redes de SENAME (en 2014, últimas cifras oficiales anuales del SENAME, se daba cuenta de 200 mil niños, niñas y jóvenes). Están entre los más vulnerables de los vulnerables, porque además de su precariedad socioeconómica de origen, estos niños, niñas y adolescentes son el fruto del mal trato físico y sicológico, del abandono, de la explotación en todas sus formasy del abuso sexual.
De acá a que se instale y comience a prosperar una nueva institucionalidad que garantice el efectivo ejercicio de sus derechos, toda una generación de los actuales menores vulnerados será víctima irreparable de su desprotección, salvo que se comience a actuar desde ya
A pesar del exitoso recorrido de superación de la pobreza y de la reducción notoria de la pobreza infantil en Chile, ésta sigue teniendo mayormente rostro de niñez. No obstante un innovador sistema integral de protección de la infancia -Chile Crece Contigo- que vio su nacimiento en 2007, lo cierto es que la desprotección infantil subsiste en proporciones alarmantes, como lo reflejan la todavía insuficiente cobertura en atención preescolar, el trabajo infantil, la deserción adolescente del sistema educacional, la alta tasa de desocupación juvenil y la no despreciable cifra de más de un quinto de nuestros jóvenes que no estudian ni trabajan.
Todo lo cual convive con fenómenos que debieran remecer las conciencias de una ciudadanía que, sometida a sus propias exigencias cotidianas, poco espacio tiene para reparar en el daño que nuestro modo de vida está provocando en la infancia.
Según los datos más actualizados proporcionados públicamente por el SENAME, en su radio de acción de protección de derechos, en un año (2014) fueron sobre 12 mil los niños y niñas atendidos por ser víctimas de delitos y explotación sexuales; más de 6 mil por maltratos físicos; y cerca de 20 mil por negligencia, abandono y pobreza. A los que se suman casi 13 mil quinientos en centros residenciales permanentes y en residencias para niños susceptibles de adopción.
En todos ellos la prevención falló y, por tanto, no fueron oportunas las redes de protección social. Y, más grave aún, las propias instituciones que debieran protegerlos después de haber experimentado graves y dolorosas vulneraciones en sus derechos esenciales, son incapaces de asegurarles esa tranquilidad, reproduciéndose en su interior, muchas veces, prácticas de las que esos menores fueron víctimas, como lo muestra un lapidario informe emitido por la Contraloría General de la República en 2015, tras un estudio en una muestra de 89 de los 289 Centros Residenciales de Protección que son administrados por colaboradores del SENAME (y unos pocos de directa administración de este servicio). Informe que posteriormente fue ratificado y complementado por el elaborado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
Hace años que contamos con diagnósticos y que se han planteado propuestas de soluciones a la inadecuada institucionalidad existente para responder a nuestros compromisos suscritos como país, hace un largo cuarto de siglo, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Estamos conscientes que este gobierno ha retomado la prioridad con la creación del Consejo de la Infancia y con un proyecto de ley de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes que actualmente se discute en el Congreso. En éste, finalmente, se propone un cambio sustantivo en la institucionalidad, radicando en el Ministerio de Desarrollo Social la responsabilidad de garantizar la protección social de nuestra infancia y adolescencia, y creando distintas instituciones de defensa y fiscalización de derechos.
Pero el tiempo corre y las vulneraciones de los niños desatendidos hoy no tiene reparación, marcándolos de por vida. El presente de estos niños los está despojando de su futuro.
De acá a que se instale y comience a prosperar una nueva institucionalidad que garantice el efectivo ejercicio de sus derechos, toda una generación de los actuales menores vulnerados será víctima irreparable de su desprotección, salvo que se comience a actuar desde ya y sin esperar a que opere la nueva ley de garantías de derechos y su consecuente institucionalidad.
El Ministerio de Desarrollo Social tiene en sus manos una gran oportunidad y responsabilidad. Cuenta con instrumentos vigentes y una experiencia en protección social de la infancia que es necesario profundizar y extender, de modo de asumir un rol prioritario en la acción preventiva, pero también debe asumir el desafío de promover con imaginación y audacia una nueva tarea programática, extendiendo su experiencia a la atención de los niños vulnerados que hoy están bajo la tuición de SENAME.
Si esta no es prioridad para el Ministerio de Desarrollo Social y para el gobierno de Chile, ¿cuál otra puede serlo para el futuro de un Chile justo?
Carlos Bravo, Juan Carlos Feres, Clarisa Hardy, Teresita Matus, Nicole Romo, Carlos Vaccaro.
Consejeros del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social