La otra cara del negocio de la basura: las paupérrimas condiciones en que trabajan más de 13.700 recolectores

Cuando Pedro está trabajando y necesita ir al baño, trata de ubicar una estación de servicio o un almacén. Incluso, ha pedido permiso en colegios. Resolver su problema dependerá de la voluntad de los dueños del local. Pero eso no siempre funciona. Pedro trabaja para una empresa de recolección de basura y como generalmente anda sucio y maloliente, a veces no le facilitan el baño. Cuando la voluntad no existe o cuando le toca trabajar de noche y hay pocos lugares públicos abiertos, la necesidad se convierte en urgencia. Entonces solo queda una alternativa: usar el camión. Se encarama en el espacio que queda detrás de la cabina y se mete dentro de la caja compactadora de la basura. Sus pies chapotean en el líquido viscoso que fluye de los residuos y él trata de hacer todo rápido, equilibrándose para no tocar nada, temeroso de las infecciones, de los gases tóxicos que emanan de los residuos y de que alguien, por accidente, ponga en marcha la plancha compactadora que podría triturarlo en cuestión de segundos. Después no tiene dónde ni con qué lavarse las manos.

-El cuerpo ya se nos acostumbró. Uno aguanta y no necesita tanto ir al baño. Cuando no se puede aguantar, vamos a la parte de atrás del camión. Pero es normal enfermarse de la guata. Acá hay muchos compañeros que han tenido tifus y hepatitis. Trabajamos hasta 12 horas diarias y tratamos de no gastar más de $1.500 en un churrasco o un completo con una bebida o un té. La mala alimentación nos tiene descalcificados y muchos compañeros, siendo jóvenes, ya están sin dientes. A los 35 años estamos reventados, con lumbago crónico, llenos de cicatrices por los vidrios que vienen en la basura, con heridas que se infectan y cuesta sanarlas. Corremos más de 20 kilómetros diarios detrás del camión y cargando peso. El físico se desgasta -cuenta Pedro.

La historia, con escasos matices, la repiten ante CIPER decenas de recolectores y choferes que hacen fila con sus camiones para ingresar al relleno sanitario de Santa Marta (en Lonquén) o a la planta de transferencia de basura de KDM (Quilicura). Los mismos trabajadores cuentan que en las horas peak de los días con mayor movimiento (lunes y martes, de 09:00 a 11:00) la cola de ingreso a la planta de KDM, que atiende a 20 comunas metropolitanas, puede sumar de 20 a 30 camiones. En un ambiente pestilente, la espera para la descarga puede superar una hora. Y una vez adentro, el aire es irrespirable. A la salida de la planta hay un kiosco donde, cuando el tiempo lo permite, almuerzan un completo. Pero si se juntan muchos, los guardias de KDM los corretean por hacer “taco” bajo la amenaza de denunciarlos a la gerencia.

En Chile hay 13.770 trabajadores de empresas subcontratadas por 267 municipalidades que licitan el retiro de la basura domiciliaria. Así lo indica un catastro hecho este año por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

La mayoría de los recolectores gana apenas sobre el sueldo mínimo y, salvo contadas excepciones, trabajan en condiciones indignas para un país que se precia de participar en la OCDE y de haber suscrito los más variados convenios de protección de derechos laborales. Esas condiciones contrastan violentamente con los multimillonarios recursos que se mueven en un rubro donde por años se han acumulado denuncias de coimas y que ha hecho noticia en las últimas semanas por la investigación de la Fiscalía en Maipú y Cerro Navia debido a irregularidades en sus licitaciones (vea el reportaje de CIPER).

Sólo en los 48 principales municipios del país (14 capitales regionales y 34 comunas urbanas del Gran Santiago), los recursos públicos destinados a la recolección de basura suman más de $73 mil millones por año. Ese mercado se lo disputan un puñado de 15 empresas, cuatro de las cuales son las más beneficiadas por las licitaciones: Starco y Demarco (ambas del Grupo KDM), Dimensión y Cosemar (vea el reportaje de CIPER “El mapa de Chile del millonario negocio de la basura”).

Frente a estas cifras, los dirigentes sindicales del sector están empeñados en una lucha que ya suma más de tres años por mejorar salarios y condiciones laborales. Tras un paro nacional que duró apenas tres días (del 29 al 31 de julio de 2013), pero que encendió todas las alarmas por riesgo sanitario, consiguieron un aumento que debía concretarse este año. Pero estos recursos frescos no provienen de las empresas, sino del gobierno.

Este verdadero subsidio a la mano de obra -materializado a través de un bono de $98 mil mensual que comenzó a pagarse recién este mes, tras una nueva amenaza de paro- es prueba de que el sistema de licitaciones y subcontratación de la recolección de residuos generó un negocio que se ha basado en la pauperización de sus trabajadores. Los salarios deben ser complementados con fondos públicos porque simplemente a los recolectores no les alcanza para vivir co lo que ganan.

De esta forma, el Estado lanzará un salvavidas a los recolectores de basura cada mes, mientras las principales empresas del rubro obtienen ingresos que bordean los $27 mil millones por año y resultados favorables que -descontados los costos de operación y gastos administrativos- promedian $1.500 millones.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS ALCALDES

Las federaciones de trabajadores de la basura que operan en el país volvieron a amenazar con una paralización general a mediados de mayo, pues aún no se había pagado el bono que debían recibir desde comienzos de este año. El bono fue acordado por una mesa tripartita (gobierno, municipalidades y trabajadores) tras el paro de 2013 y los recursos debían ser aportados por la Subdere: $15.691 millones. El dinero sería entregado a los municipios a contar de 2015, pues se asignarían en la Ley de Presupuesto de 2014.

A comienzos de mayo, el malestar de los trabajadores se hizo sentir. Casi la totalidad de los municipios no había cancelado el bono, a pesar de que la Subdere había liberado los recursos a fines de marzo. Los dirigentes sindicales temían que algunos alcaldes -como ya lo han hecho con dineros destinados a educación o salud- hubiesen ocupado los recursos para tapar otros hoyos de las finanzas comunales.

El retraso, explicaron en la Subdere y en algunas municipalidades, se debió a que los fondos salieron de esa subsecretaría a través de una resolución fechada el 30 de marzo (vea el documento con la nómina de las 267 comunas y los montos para cada una de ellas), pero la Contraloría sólo tomo razón el 29 de abril y algunas comunas recibieron los recursos recién el 6 de mayo (vea el comprobante de recepción en la cuenta de la municipalidad de Quinta Normal).

Baños en Santa Marta

La maraña burocrática no fue explicación suficiente. Los sindicatos anunciaron una paralización que debía partir el lunes 25 de mayo. La indignación de los trabajadores aumentó con la irrupción de las acusaciones del Consejo de Defensa del Estado y de la Fiscalía por coimas en los contratos de la basura en Maipú y Cerro Navia.

A última hora del viernes 22, el gobierno pidió a los trabajadores aplazar la movilización hasta el miércoles 27 y consiguió que en ese lapso al menos el 60% de las municipalidades concretara el pago del bono. La paralización se desactivó, pero aunque la mayoría recibió el bono, los recolectores siguen exigiendo que se cumplan otros acuerdos de la mesa tripartita de 2013, principalmente que se les garantice en las bases de las licitaciones las mejoras permanentes de sus condiciones laborales. Según la información proporcionada por el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Aseo, Armando Soto, de las 15 nuevas licitaciones que se han hecho desde los acuerdos de 2013, sólo tres comunas han cumplido con la incorporación de las mejoras en las bases: Lo Barnechea, Las Condes y San Bernardo.

Representantes de las empresas consultados por CIPER apuntan a los alcaldes y concejales como los principales responsables de las deplorables condiciones salariales del sector. Y afirman que, al confeccionar las bases de las licitaciones, los ediles se preocupan más de la modernidad de los camiones y del equipamiento, y no fijan pisos para los sueldos que aseguren una vida digna a los empleados.

-Las municipalidades piden exigencias técnicas que son carísimas y a los trabajadores los dejan indefensos con los sueldos, como ocurre en (la licitación en) Concepción, que está exigiendo estándares europeos en algunas cosas. Eso eleva mucho el valor del servicio y el único margen que deja para competir es finalmente el sueldo de los trabajadores -dice Víctor Amado, gerente general de Dimensión.

Carolina Larrea, ejecutiva de Genco, coincide: “La competencia entre empresas se hace bajando los sueldos de los trabajadores, porque es muy difícil sacar margen de ventaja en otras materias”.

El gerente de Dimensión ejemplifica con los valores mínimos dispuestos por la Municipalidad de Concepción para los sueldos base en la licitación que ya puso en marcha: $270 mil para los recolectores, $367 mil para los choferes y $239 mil para los barrenderos.

-Estos valores son bajísimos. De hecho, le estamos diciendo al sindicato que vaya a reclamar. En Concepción no puedo ofertar menos de lo que estoy pagando ahora (tiene el contrato con esa comuna hasta julio de este año). Y si oferto lo que estoy pagando ahora, comparado con lo que están pidiendo, voy directo a perder. ¿Y quiénes son los únicos perjudicados? Los trabajadores, porque van a llegar y ¡pum!, les bajan el sueldo -sostiene Amado.

Luis Herrera, jefe del Departamento de Aseo de Lo Espejo, dice que las municipalidades no pueden exigir sueldos muy altos, porque aumenta el costo del servicio y las comunas no tienen recursos suficientes, especialmente las de sectores vulnerables donde un amplio porcentaje de vecinos no paga las cuotas de la basura. Lo Espejo abrió una licitación que debe resolverse pronto y que entregará el contrato de la basura por cinco años:

-En esta nueva licitación incluimos el ítem sueldos. El problema es que todas las empresas pagan mal. Estamos exigiendo una cantidad mayor que el sueldo mínimo, pero tampoco les podemos decir que les paguen un millón de pesos, porque al final eso nos sube el costo a nosotros.

En esta licitación de Lo Espejo, la sola incorporación de la exigencia de sueldos superiores al ingreso mínimo en las bases, empujó las propuestas de salarios al alza. Actualmente, la empresa Vicmar paga $356 mil a los conductores, $336 mil a los recolectores y $340 mil a los barredores, además de bonos variables. A la nueva licitación se han presentado dos ofertas. Una es de la empresa Vicben: $550 mil para choferes, $410 mil para recolectores y $420 mil para barredores de calles. La segunda es de Dimensión: $600 mil para choferes, $460 mil para recolectores y $359 mil para barredores (valores brutos).

En la mesa tripartita de 2013 se discutió la incorporación de sueldos mínimos en las bases de las licitaciones, pero finalmente ese punto quedó como una recomendación para las municipalidades y no como una obligación. Los municipios de Las Condes y Lo Barnechea incluyeron esta cláusula en sus licitaciones, con resultados ventajosos para los trabajadores.

El director de Aseo y Ornato de Las Condes, Ricardo Scaff, explica que ya en la licitación que hizo esa municipalidad en 2013 se aplicó la exigencia de pisos mínimos salariales: “Fuimos los primeros en establecer dentro de las bases que los auxiliares (recolectores) debían recibir $400 mil y los conductores $700 mil como ingreso líquido mínimo. Los sueldos ya no son un factor que tienen las empresas para jugar con los valores que nos cobran en desmedro de los trabajadores. Queremos sueldos dignos y que, por lo mismo, se produzca la menor rotación de trabajadores, porque esto es un oficio y mientras más conoces lo que haces, mejor lo haces”.

Camiones a la espera de ingresar a la planta de KDM.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN), fue uno de los que firmó el compromiso de la mesa negociadora en 2013 en nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile. Su comuna es una de las que ha aplicado la exigencia de pisos superiores al sueldo mínimo:

-Existía un compromiso por hacer el mejor esfuerzo, hasta que duela. Si no remuneramos bien a estos trabajadores vamos a tener un conflicto país. ¿Qué cabro joven, por 200 lucas, va andar detrás de un camión recogiendo nuestra basura? ¡Ninguno! Yo conversé con los sindicatos la antigüedad de los trabajadores y es increíble cómo se van envejeciendo, porque no hay jóvenes que ingresen. Empaquetando en un supermercado los cabros ganan más. Y los recolectores tienen turnos odiosos, condiciones laborales pésimas, van al baño en el camión, trabajan sin la ropa adecuada -dice Guevara.

En las bases de la licitación, Lo Barnechea pidió sueldos mínimos similares a los establecidos por Las Condes y premió con un mayor puntaje las ofertas que más superaban ese piso. Tras la última licitación, los sueldos aumentaron a $543 mil para recolectores y $981 mil para choferes.

LA NEGOCIACIÓN DE 2013

El 10 de agosto de 2012 la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, se constituyó por sorpresa en la base de la empresa Transfich. “Ministra Mathhei critica ‘pésimas’ condiciones laborales de recolectores de basura”, tituló El Mercurio. Se cursaron multas por $26 millones a la empresa y se detectaron incumplimientos por falta de zapatos de seguridad y ropa de trabajo; camiones sin agua, jabón ni botiquín para los trabajadores; baños en mal estado; instalaciones eléctricas deficientes; falta de agua caliente, de comedores en buenas condiciones y de vestuarios para cambiarse al finalizar los turnos. Transfich aseguró a CIPER que todas esas falencias ya fueron superadas y que, incluso, incorporó baños químicos en sus camiones.

Esa fiscalización de Evelyn Matthei fue la primera alerta que puso en la agenda pública las paupérrimas condiciones laborales del gremio. La ministra anunció entonces la constitución de la mesa tripartita: “Los recolectores de basura son de los trabajadores más vulnerables del país. Hoy hemos constatado pésimas condiciones laborales y formaremos una mesa tripartita, con las municipalidades, las empresas y los dirigentes de los trabajadores, para mejorar esta situación. Dentro de las licitaciones debieran estar normas básicas”.

Camión de Transfich con baño incluido

En el primer semestre de 2013 los trabajadores participaron en la mesa encabezada por Evelyn Matthei. Pedían el mejoramiento de los sueldos (con un mínimo de $450 mil para choferes, $300 mil para recolectores y $260 mil para barredores) y de sus condiciones laborales: baños, duchas, camarines y comedores en bases instaladas por las empresas en las comunas donde operan; control eficiente de los horarios laborales con un tope de 45 horas semanales; mayor periodicidad en la entrega de ropa de trabajo; dispensador de agua, de jabón y desinfectante, además de botiquines, en los camiones. Asimismo, exigían incorporar a las bases de licitación confeccionadas por las municipalidades estándares laborales y pisos salariales mínimos.

La mesa avanzó en la propuesta de establecer bases de licitación estandarizadas, pero finalmente, terminó siendo solo una recomendación para los municipios. La negociación se empantanó. El 22 de julio de 2013 la ministra renunció para postular a la Presidencia. Una semana después, los trabajadores iniciaron un paro que duró tres días.

Los acuerdos forzados por la movilización fueron firmados por representantes del gobierno, de los municipios, de los diputados y dirigentes sindicales: jornada semanal de 45 horas, horas extraordinarias remuneradas con control de asistencia y un bono para cada trabajador de $98 mil mensuales.

UN BONO QUE PRODUCE AMNESIA

Pablo Asenjo es tesorero del Sindicato N°2 de la empresa Dimensión y presidente de la Federación Nacional de Recolectores de Chile (Fenarchi). A su juicio, el bono que se está pagando es una conquista valiosa, pero dice que su principal efecto ha sido ocultar las precarias condiciones de trabajo del sector:

-Con el bono, los trabajadores y las empresas se olvidaron de las condiciones mínimas, de la ropa de calidad que nos tienen que entregar, del cumplimiento de horarios, de camiones en buen estado. Todo lo que pedíamos se olvidó con este bono que, al final, deja al Estado tapando errores de las empresas. Ninguna empresa ha cumplido con el acuerdo de la mesa de 2013 de poner reloj control. En Dimensión no hay reloj, se hacen los registros de horarios con libros que llenan los supervisores de la empresa a los que no tenemos acceso. Los fiscalizadores de los municipios llegan una o dos veces a la semana, encuentran todo bueno y se van. Algo raro debe haber ahí, porque a veces hay camiones con la revisión técnica atrasada y no pasa nada.

El presidente del Sindicato N°1 de Dimensión, Miguel Sánchez, dice que es un problema demostrar lo extensa que son las jornadas: “Existen libros de las empresas con los horarios de entrada y salida de los trabajadores, pero no se condicen con la realidad. La única forma que eso se puede probar es comparar esos libros con las bitácoras de los municipios, donde se indica realmente a qué hora entran y salen los trabajadores, pero conseguir esa información no es fácil”.

Asenjo asegura que los municipios permiten que algunas empresas, como Dimensión, no paguen sueldo base, sino un monto por tonelada de basura recolectada. CIPER tuvo acceso a contratos y liquidaciones de trabajadores de Dimensión donde se establece un “sueldo a trato” de $545 por tonelada para un auxiliar (recolector) y de $559 por tonelada para un chofer.

-El valor varía según el trabajador, el cargo y la antigüedad. Pero la antigüedad es difícil conseguirla porque nos hacen contrato por tres, cuatro, cinco o seis meses. Entonces, no nos dejan cumplir el año para tener las vacaciones. Nos finiquitan y nos mandan a buscar para contratarnos de nuevo. Hay mucha rotación y con eso juegan. La empresa le cobra un monto fijo a la municipalidad, pero nuestros sueldos varían –dice Asenjo.

La empresa en la que trabajan Asenjo y Sánchez es Dimensión, la que sumó ingresos por $27.408 millones en 2014. Tras descontar los costos de operación y gastos administrativos, generó un resultado favorable de $1.502 millones (vea el balance general de la compañía 2014). Dimensión está relacionada con inversionistas del relleno sanitario Santa Marta de Lonquén y opera en comunas como Huechuraba, La Reina, Renca, Estación Central, Cerrillos y Concepción, entre otras. Emplea alrededor de 3 mil trabajadores en sus servicios de aseo (recolección y barrido de calles).

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Aseo, Rellenos Sanitarios y Afines de Chile, Armando Soto, trabaja en Starco, una de las empresas que integran el Grupo KDM, involucrado en las denuncias por pago de coimas en las licitaciones de Maipú y Cerro Navia. Soto asegura que en su organización, a nivel nacional, en promedio los conductores ganan $450 mil mensuales y los auxiliares $290 mil.

Starco y Demarco son las dos empresas recolectoras del Grupo KDM. Demarco tuvo ingresos por $26.320 millones en 2013 (vea su balance 2013-2012) y presta servicios en comunas como Independencia, Cerro Navia, Vitacura, La Serena y Ñuñoa. Starco registró ingresos en 2014 por $11.591 millones y en 2013 por $8.740 millones (vea el balance de ambos años). Starco, trabaja en comunas como Quilicura, La Florida y Lo Barnechea.

De esta forma, los ingresos para KDM por recolección de residuos corresponden a la suma de lo facturado por Demarco y Starco: $40.316 millones en 2014 y $35.061 millones en 2013, según los datos proporcionados por las oficinas centrales de KDM y que coinciden con los balances que obtuvo CIPER en la web de Mercado Público. Entre ambas empresas sumaban 2.856 trabajadores a abril de 2015.

Los trabajadores del rubro miran como una “tierra prometida” los sueldos que se pagan en Las Condes y Lo Barnechea, que han cumplido el compromiso de incluir en las bases de licitación las mejoras salariales. Héctor Rabanal, dirigente sindical de la empresa Proactiva, que recolecta para Las Condes, confirma los datos aportados por el director de Aseo de esa comuna, Ricardo Scaff, y asegura que los conductores reciben $720 mil y los recolectores $450 mil.

Muy distinto es lo que ocurre en Copiapó. Rolando Espinaza, presidente del sindicato de trabajadores de Cosemar, explica que el sueldo base de los choferes es de $330 mil, mientras que el de los recolectores y barredores es de $240 mil. Considerando que tienen 34 choferes, 38 peonetas y 65 barredores, según los registros de la Subdere, el gasto mensual en el pago de los sueldos de estos trabajadores es de $38,9 millones. alrededor del 10% de los $381 millones mensuales que cobra Cosemar a la comuna.

La información enviada por Cosemar en respuesta a las consultas de CIPER, indica que esa compañía tuvo márgenes de utilidad de 7% en 2012 (con una renta de $1.042 millones sobre un ingreso de $14.497 millones), lo que subió a 9% en 2013 (utilidad de $1.621 millones e ingresos por $17.910 millones) y que se elevó a 11% en 2014 (con $2.426 millones de utilidad y $21.172 millones de ingresos). Cosemar opera en comunas como Valparaíso, Copiapó e Iquique.

Según Espinaza, por lo bajos sueldos que paga Cosemar en Copiapó, cerca del 90% de los peonetas son extranjeros: peruanos, colombianos y bolivianos. Los chilenos ya no quieren trabajar en estas condiciones. El dirigente cuenta que tienen jornadas que muchas veces superan las 12 horas, por la cantidad de basura que deben recolectar -5.800 toneladas mensuales- y los pocos trabajadores que hay: 137 entre choferes, peonetas y barredores.

Claudio Subiabre, vocero del sindicato de recolectores de basura de Gestión Ambiente en Puerto Montt, cuenta que el sueldo base de los choferes es de $345 mil y el de los auxiliares y barredores de $225 mil. A esto se suman dos bonos de $10.500 cada uno, por concepto de colación y transporte, además de otros bonos, como el de antigüedad. Con éstos, según los datos de Subiabre, los sueldos de los 26 choferes de Gestión Ambiente quedan en $420 mil y en $280 mil los de 46 peonetas y 71 barredores. Esto da un total de $41,7 millones mensuales en sueldos de trabajadores, lo que representa un 20% de los $201 millones mensuales que la empresa cobra cada mes en la comuna.

El director comercial de Gestión Ambiente, Patricio Reyes, rehusó entregar detalles sobre la rentabilidad del negocio: “Estamos enfrentando cuatro licitaciones y entregar los datos de márgenes es pegarme un balazo en la rodilla, es decirle a la competencia cuánto es lo que estamos ganando por contrato y basta que ellos bajen un punto para que sean más competitivos que nosotros”.

Reyes solo precisó que la facturación anual de su empresa es de unos $5 mil millones y que el margen de utilidad en el rubro varía entre 3% y 6%: “De $7 mil millones en un contrato de 5 o 6 años, te queda un 2% o 3%, que es nuestro caso. Hay que hacer una inversión y uno vive endeudado con los bancos”. Pero hay empresas como Cosemar que confirmaron a CIPER que su margen ha llegado hasta 11%.

Carolina Larrea, ejecutiva de Genco, que opera en La Pintana y San Miguel, matiza las declaraciones de Patricio Reyes y explica que “la gracia” de este negocio es que la empresa parte endeudada con los bancos, pero al final se queda con los activos que adquirió con crédito (camiones, maquinaria e infraestructura) una vez que termina el contrato: “Pueden ser $700 millones que al final son míos y que implican un ahorro muy grande al adjudicarse una nueva licitación”.

CIPER tuvo acceso a los balances de otras empresas más pequeñas. Servitrans opera en comunas como Lo Prado, Recoleta y Punta Arenas. La empresa tuvo ingresos en 2014 por un total de $8.765 millones. Una vez descontados los costos de explotación y gastos administrativos, el resultado fue de $504 millones (vea el estado de resultado Servitrans 2014). Otra empresa pequeña es Transfich, que presta servicios en Conchalí y Quinta Normal. Sus ingresos sumaron en 2014 unos $4.196 millones y el resultado fue de $913 millones (vea el estado de resultado Transfich 2014).

Las empresas que respondieron los requerimientos de CIPER fueron Dimensión, KDM (Demarco y Starco), Cosemar, Urbana, Transfich, Proactiva, Gestión Ambiente y Genco (las cuatro últimas no entregaron detalle sobre su facturación ni margen de utilidades).

LAS DEMANDAS PENDIENTES

Finalizada la batalla por el pago de un bono de $98 mil, los dirigentes sindicales anuncian que se concentrarán en conseguir que las municipalidades incluyan en las bases de licitación de recolección de basura las mejoras salariales y de condiciones laborales de los trabajadores. Uno de los puntos importantes en ese pliego, según el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos, Armando Soto, es el cumplimiento de las obligaciones de las plantas de transferencia de basura y los rellenos sanitarios: “No cumplen con la higiene que deberían tener, los tiempos de espera son interminables, están saturados y los trabajadores se pueden demorar horas en las colas para botar la basura”.

Pablo Asenjo, dirigente de la Federación Nacional de Recolectores, dice que cuando los camiones van a botar a los rellenos sanitarios y tienen que esperar, los trabajadores generalmente se quedan en lo que se llama el “punto limpio”, donde están los baños y zonas para comer. Pero aquello de “punto limpio” no es más que un decir: “Los baños en el relleno de Santa Marta, por ejemplo, son asquerosos. Están llenos de hongos, no los limpian y llevan más de un año así. Tienen tres cubículos y uno está clausurado”.

Los uniformes son otro problema. Los dirigentes dicen que la ropa no resiste el desgaste del trabajo, rápidamente se rompe y el recambio de las prendas en algunas empresas puede demorar un par de meses. Los guantes, dice Pablo Asenjo, se entregan, en el mejor de los casos, cada 15 días: “Pero debería ser una vez a la semana, porque se rompen y en un par de días ya tienen hongos, porque la transpiración, mezclada con todo lo que recogemos, se va pegando en el guante. Ahora viene el invierno, el guante se moja más y las infecciones que causan son tremendas”.

Asenjo cuenta que tienen una hora para almorzar, de las 13:00 a las 14:00: “Pero no hay un casino donde comer y donde antes nos podamos desinfectar las manos. Lo único que tenemos es la calle”. Pero lo más indigno, a su juicio, es que trabajadores que se levantan a las seis de la mañana y que laboran de 10 a 12 horas diarias, deben complementar sus ingresos pidiendo monedas de puerta en puerta: “Dependemos de la voluntad del contribuyente que quiera darnos una propina, para compramos un sándwich, una bebida”.