El artilugio legal que autorizó una antena de telefonía junto a un colegio en Concepción

En marzo de 2014 el Colegio Mozart-Schule, ubicado en el Barrio Universitario de Concepción, recibió la notificación de la construcción de una torre para antenas de telefonía celular en el sitio inmediatamente colindante con sus salas de clases.

Como la nueva  Ley de Antenas (junio 2012) definió  “áreas sensibles”, que incluyen colegios y jardines infantiles, en cuya inmediatez, “para prevenir y cuidar la salud de las  personas” (según un tríptico de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel), no se puede construir antenas, hubo tranquilidad en la comunidad educacional, que se sintió protegida por una Ley “que ubica a Chile entre los cinco países más exigentes del mundo”.

La sorpresa fue comprobar que, sin embargo, la antena era inevitable: la ley contenía suficiente “letra chica” para anular todos sus supuestos beneficios, es decir, para NO proteger la mencionada salud de las personas, para NO cuidar los barrios y su entorno, y para que los vecinos NO pudiesen hacer nada en contra de su construcción. En este caso particular, la explicación fue que se trataba de una antena de solo 14 metros, altura para la que “no cabe la restricción de una zona sensible”. Es decir, la ley que impedía construir una antena junto a un aula escolar, al fin y al cabo, lo permitía.

A continuación, la autoridad municipal local dejó bien claro que “no estaba por encima de la ley” y que por lo tanto nada podía hacer para evitar la instalación de la antena. Los parlamentarios regionales, de todos los sectores partidarios, tampoco estaban en condiciones de impedirla. Ellos habían aprobado (y celebrado) “con la mejor intención” esa ley “que parecía buena”, pero que “en la práctica se reveló como muy mala”. Sin embargo, se tenía que comprender lo engorroso que sería cambiar una ley tan reciente, y era necesario rendirse ante la infinidad de cosas más urgentes por resolver…

La Subtel, que autorizó la antena, tampoco pudo hacer nada, ni su oficina de Concepción ni la sede central de Santiago, pues, obviamente, debe obedecer la ley. Ministerio de Educación: no correspondía a su competencia. Seremi de Transportes y Telecomunicaciones: ninguna chance de intervenir. Ministro de Transportes y Telecomunicaciones: imposibilitado de poder hacer algo. Las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y del Senado prestaron tribuna al problema, pero no pudieron hacer más. La medida de protección solicitada murió en tribunales de muerte natural.

El 90% de las cartas de reclamo dirigidas a la prensa escrita no tuvo publicación (parece que la jugosa publicidad de las empresas respectivas demanda de los medios un mínimo de coherencia). Las marchas vecinales y de la comunidad escolar prácticamente no se vieron en la televisión (el financiamiento de los noticiarios seguramente exige cierta lealtad a los patrocinadores). Es decir, pronto quedó claro que la antena venía para quedarse, que no era una vecina que se pudiese mirar en menos, sobre todo siendo ahijada de padrinos tan poderosos y, por lo demás, tan generosos, capaces de dar sostén a tantas causas populares, como la transmisión del Mundial de Fútbol o la Maratón de Santiago, solo por mencionar parte de su desinteresada obra.

Los parlamentarios locales en su lastimosa impotencia, recordaron de pasada el lobby que ejercieron las telefónicas para acomodar la Ley de Antenas. En diciembre de 2014, el programa Informe Especial reveló cómo algunos aportes reservados de las empresas se cruzaban con las leyes que se discutían en el Congreso. Entre los donantes se vio a empresas de telefonía, interesadas en la discusión de la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones. Y, por cierto, no es poco lo que desde entonces se ha ido desgranando cada día: ahora se sabe qué significa en chileno la palabra “lobby”. Seguramente pura coincidencia.

En suma, aquí se ve un ejemplo más de la indefensión e impotencia ciudadana frente al poder y la codicia sin límites de las grandes empresas. A partir de 2015 más de doscientos escolares, en pleno corazón urbano de Concepción, tendrán clases a la sombra de una antena radiante, a pesar de que el Estado chileno, según se lee en un tríptico de la Subtel, “prohíbe la instalación de torres y antenas en la cercanía de lugares o áreas especialmente sensibles como establecimientos educacionales, salas cunas, jardines infantiles, hospitales y asilos de ancianos”.