“Sandías caladas” para el Tribunal Constitucional

Quedan alrededor de dos semanas para que cesen en su cargo dos ministros del Tribunal Constitucional, Hernán Vodanovic y Raúl Bertelsen. En este caso, le corresponde al Senado, con el acuerdo de dos tercios de sus miembros en ejercicio, nombrar a los nuevos ministros. Sin embargo, no sabemos nada sobre quiénes los reemplazarán.

Es preocupante constatar la ausencia de debate público respecto de los potenciales candidatos a ser designados por el Senado. Sólo han existido trascendidos y rumores, algunos de ellos absurdos porque mencionan personas que no cumplen con los requisitos constitucionales para ser nombrados ministros. Todo eso es comidillo y no deliberación democrática. La ciudadanía debería conocer, con antelación razonable, quienes serán nombrados por los senadores en un órgano de la máxima importancia.

El impacto político de las decisiones del Tribunal Constitucional es innegable. El Tribunal goza de diversas potestades, las más importantes enfocadas a resguardar la supremacía de la Constitución. En el debate legislativo actual, es frecuente escuchar a diputados y senadores criticar la constitucionalidad de determinados proyectos de ley. Pasó con la reforma tributaria, con el proyecto de Administrador Provisional Educacional y está pasando con el proyecto que pone fin al lucro y la selección escolar. Por ello, cuestiones como la reforma educacional, el aborto o el acuerdo de vida en pareja probablemente serán revisadas por dicho tribunal.

La falta de deliberación pública de los candidatos empobrece la selección de miembros de un órgano esencialmente contramayoritario. Esto es aún más grave tratándose de la cámara alta, donde se espera que nuestros representantes expongan las razones para los nombramientos de ministros. Los partidos políticos y los senadores deberían promover condiciones que favorezcan el escrutinio público de los antecedentes, experiencia y opiniones previas de los candidatos.

Si la discusión no se hace pública, la negociación por los candidatos entonces se estaría desarrollando al margen de la ciudadanía. Probablemente, bajo la lógica de reparto binominalista, lo que significa un ministro para cada coalición. Esto es determinado culturalmente, en parte, pero también institucionalmente. El alto quórum requerido para el nombramiento demanda el acuerdo de los adversarios políticos. Si es necesario alcanzar los exigentes dos tercios, entonces los candidatos serían nombres que ya están absolutamente aprobados por cada coalición y que no serán bloqueados por los contrarios. “Sandía calada” es la expresión popular. Y en esa dinámica de pactos –tras bambalinas, bajo silencio y sin debate– sólo pierde nuestra democracia.