La SEP y el largo camino para reducir la segregación de nuestro sistema escolar

El alto patrón de segregación escolar es sin duda un rasgo singular y preocupante del sistema escolar chileno. Lo singular es que Chile presenta uno de los sistemas más segregados a nivel comparado (Valenzuela et al, 2013) y la segregación escolar es incluso mayor que la residencial (Elacqua & Santos, 2013), lo que sugiere que hay interacciones propias del sistema escolar que promueven la segregación social. Por otro lado, lo preocupante de este atributo guarda relación con la dificultad de promover la equidad en un sistema donde grupos sociales distintos se educan y forman aislados unos de otros. Como es bien conocido, ya a mediados del Siglo XX la Corte Suprema de EE.UU. sentenciaba que promover colegios separados para niños y niñas de diferente raza (aun cuando intentaba ofrecer la misma calidad de servicio a todos) resultaba ser inherentemente desigual (“separate educational facilities are inherently unequal”, Brown vs Board of Education, 1954).

El principal cambio introducido por la SEP ha sido la modificación gradual del sistema de financiamiento escolar desde un voucher universal y plano (los establecimientos reciben aporte estatal en relación a la matrícula de estudiantes que reciben) a uno que asigna más recursos a estudiantes vulnerables. De esta forma, los establecimientos perciben un aporte extra (60 % más aproximadamente) por cada estudiante prioritario que acogen. Previo a su implementación, se solía argumentar que la segmentación del sistema escolar chileno era más bien una consecuencia del diseño de la subvención (plano). La idea propuesta entonces fue avanzar (vía una subvención que compensara los “costos” de educar a estudiantes con diferentes antecedentes) hacia un sistema que dejara a todos en un “pie de igualdad” para acceder a una educación con un mínimo de calidad (Sapelli, 2006).

Así, a grueso modo, la SEP ha funcionado de la siguiente manera: desde 2008 los colegios eligen si adhieren o no a ella. En caso de adherir, firman un compromiso que implica “beneficios” y “costos” para su funcionamiento futuro. En relación a los “beneficios”, aquellos colegios que adhieren a la SEP reciben un subsidio extra (voucher) relacionado con el total de estudiantes prioritarios que acogen (pertenecientes al 40% más vulnerable de la población), e incluso pueden optar a un pequeño “bono por concentración” si la proporción de estudiantes prioritarios es alta (mayor al 40%). En cuanto a los “costos”, los colegios SEP no pueden cobrar copago a los estudiantes prioritarios (por quienes precisamente reciben un voucher 60% más grande), se comprometen a no seleccionar a sus estudiantes y a realizar una serie de acciones futuras orientadas a mejorar su proceso educativo interno (Plan de Mejoramiento Escolar). Además, en función de su desempeño reciente, la SEP establece diferentes condiciones de control, desde importantes exigencias de mejoramiento a quienes tengan un desempeño insuficiente a nulas exigencias a quienes muestren un desempeño mejor.

En un reciente trabajo que hemos realizado en Espacio Público nos preguntamos por el impacto de la SEP en la composición socioeconómica de los estudiantes en los establecimientos que han adherido a ella. En teoría, es de esperar que debido a la SEP, los estudiantes prioritarios no debieran enfrentar barreras tan grandes para acceder a planteles más selectivos y como resultado observar una reducción en el patrón de segregación. Pero ¿ha tenido la implementación de la SEP ese impacto en la composición escolar?

Nuestra respuesta es que aunque la SEP podría ofrecer incentivos que promuevan una mayor integración socioeconómica en el sistema escolar, su impacto sigue bastante lejos de modificar el alto patrón de segregación de nuestro sistema escolar. Diversos análisis respaldan este resultado. En primer lugar, analizamos el efecto de la SEP en aquellos colegios que han adscrito a ella y, además, observamos cómo este efecto ha variado en el tiempo. En general, encontramos que sólo un subconjunto de los colegios particulares-subvencionados (aquellos en la media de la distribución socioeconómica) ha aumentado la proporción de estudiantes prioritarios; mientras que los establecimientos más selectivos no han modificado significativamente su composición socioeconómica.

Por otro lado, durante estos años la composición socioeconómica de los colegios a los que asisten estudiantes de distintos quintiles socioeconómicos ha permanecido bastante estable en el tiempo; esto es, estudiantes de quintiles más ricos (o pobres) siguen asistiendo en similar proporción a establecimientos donde la mayoría de sus compañeros pertenece a su mismo grupo socioeconómico. Así, el impacto de la SEP a nivel de sistema ha sido bastante modesto y, probablemente es poco lo que se pueda esperar de ella en esta línea. Varias hipótesis podrían explicar este modesto impacto.

Una razón podría vincularse a la adhesión voluntaria que implica la SEP. Los establecimientos más selectivos en términos de sus planteles estudiantiles han sido los menos propensos en adherir a ella (Acevedo & Valenzuela, 2011). Quienes se han adscrito a la SEP, y lo han hecho desde hace más tiempo, son precisamente los colegios que cobran menos copago y presentan procesos de admisión más “abiertos”. Esta “resistencia” a suscribir la SEP por parte de los planteles más exclusivos podría haber afectado su efecto a nivel de sistema.

Otra razón podría estar relacionada con la falta de control en los procesos de admisión. Los establecimientos SEP están acogidos a una suerte de “doble prohibición” de seleccionar estudiantes, puesto que ya estaba prohibido en la legislación general y la SEP impone una segunda restricción. Sin embargo, algunas observaciones recientes muestran que los establecimientos SEP, luego de varios años de operación, mantienen prácticas de selección en base a antecedentes familiares y pruebas (Carrasco, 2014). Posiblemente, la falta de control en las prácticas de admisión podría ser un factor que explique en parte por qué la SEP ha modificado tan poco el patrón de segregación del sistema escolar.

En cualquier caso, es importante reconocer que el alto patrón de segregación de nuestro sistema escolar tiene que ver con múltiples factores que incluso sobrepasan aspectos propios del sistema escolar. Ellos van desde la segregación residencial, exclusiones por pago (financiamiento compartido y la enorme relevancia relativa de los colegios particulares pagados, que concentran casi exclusivamente a los alumnos del 10% más rico), hasta decisiones de las mismas familias respecto a con quién quieren que compartan sus hijos/as en la sala de clases.

Quizás por ello estos resultados no debieran asombrarnos. La evidencia comparada sugiere también un efecto bastante modesto en segregación escolar para políticas similares a la SEP. Ladd & Fiske (2009) analizaron una política similar en Holanda (Weighted Student Funding, WSF). Después de 30 años de implementación concluyen que no hay evidencia de un impacto positivo del WSF en la reducción de la segregación escolar. Ellos sugieren, además, que el impacto sería bajo incluso si se utilizaran altas ponderaciones (aumentando fuertemente el valor del voucher extra) para financiar a grupos desaventajados. De esta manera, es posible que sea poco lo que avancemos en esta línea si sólo confiamos en los incentivos que promueve la SEP en el régimen actual de financiamiento.

Así, un tratamiento decisivo a este problema requiere tomar en cuenta múltiples opciones de política pública, que además contemplen desde ya un monitoreo permanente de sus efectos. La ruta que hasta ahora ha mostrado la implementación de la SEP muestra que un combate decidido al alto patrón de segregación escolar posiblemente requerirá un camino largo y complejo. En ese sentido las iniciativas que se están discutiendo de fin al copago, la selección debieran tener un efecto interesante ya que al menos eliminan barreras formales de acceso que aún existen para ciertos grupos. Un nuevo régimen de administración sin copago ni arbitrarios mecanismos de selección administrados individualmente por cada colegio, podría ser un buen punto de partida que refuerce y promueva políticas innovadoras en educación; esto es, aquellas que efectivamente mejoren la calidad y, al mismo tiempo, reduzcan las brechas de aprendizaje construyendo progresivamente un sistema más diverso.

La experiencia reciente además, más que desalentar, muestra la necesidad de buscar estrategias de largo plazo para alcanzar finalmente un sistema educacional más integrado, que ofrezca una educación de mayor calidad a todos los niños y niñas, y no solo a un pequeño y selecto grupo de ellos.