Bajo consumo de pescado: Efectos de una Ley Longueira que le acomoda a la Nueva Mayoría

El diario Estrategia, en su edición del 22 de septiembre pasado, ha difundido una nota titulada “Consumo per cápita de productos pesqueros en Chile duplica al promedio de América Latina”, citando como fuente la última memoria anual de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), entidad que agrupa a grandes compañías pesqueras. El artículo señala que «esta tendencia de cada vez mayor consumo de pescados y mariscos en el país, estaría ligada con la mayor importancia que la población chilena le otorga al consumo de productos saludables».

La pregunta que viene al caso es por qué Sonapesca difunde algo que se sabe que es falso. La respuesta pareciera estar dada por una estrategia que le acomoda mucho a las élites, esto es, disponer de medios de comunicación para imponernos el relato que favorece sus intereses, no importando que para ello deban tergiversar la verdad y la realidad.

Aunque resulte difícil creer, fue el anterior subsecretario de Pesca (UDI) quien se encargó de revelar la realidad dramática de lo que sucedía con el consumo de pescado como parte de la alimentación saludable en Chile, según un estudio encargado por él a la consultora SCL Econometrics y titulado «Diagnóstico del consumo interno de productos pesqueros en Chile» (vea ese informe). Según un artículo publicado por El Mercurio el 2 de enero de 2013, ese estudio pedido por la subsecretaría concluyó que «en el mejor de los pronósticos, el consumo de pescado en Chile alcanza los 6,9 kilos per cápita al año». Es decir el consumo de pescado de las familias chilenas no llega a la mitad de los 15,7 kilos del consumo promedio mundial y está lejísimo de los 25,4 kilos de Perú.

Resulta incomprensible que Sonapesca haya utilizado partes de ese mismo diagnóstico, pero de la peor forma: deduciendo cifras de consumo per cápita a partir de cifras de la FAO.  Algo que el anterior estudio se preocupó de advertir: «Los antecedentes que nos entrega la FAO son sólo un referente que permite compararnos con otros países o bloques respecto a la materia prima disponible para consumo humano» (pág. 27). Es decir, los autores del diagnóstico se anticiparon a descalificar lo que finalmente hizo Sonapesca: calcular el consumo per cápita dividiendo materia prima disponible para el consumo humano por la población de un país o localidad.

Si aplicáramos el criterio utilizado por Sonapesca al caso del salmón, esto es, dividir la materia prima disponible de ese recurso para el consumo humano por la población donde está localizada su producción, el consumo de salmón de los habitantes de Chiloé y Aysén superaría los 1.000 kilos per cápita, lo que es ridículo. Además, las familias de esa zona no podrían tener acceso a ese consumo ni aunque lo quisieran y contaran con los medios económicos para hacerlo, ya que casi la totalidad del salmón se exporta, igual a lo que le sucede a la mayoría de las familias chilenas en relación a todos nuestros recursos pesqueros.

El estudio pedido por la subsecretaría concluyó que «en el mejor de los pronósticos, el consumo de pescado en Chile alcanza los 6,9 kilos per cápita al año». Es decir el consumo de pescado de las familias chilenas no llega a la mitad de los 15,7 kilos del consumo promedio mundial y está lejísimo de los 25,4 kilos de Perú.

Algo muy parecido al ejemplo del salmón sucedería si aplicáramos la formula de Sonapesca a nuestro fabuloso stock de riqueza de proteínas y Omega 3 marino, presente en anchovetas y sardinas, las que aún siendo una materia prima disponible para consumo humano, no la podemos comprar, ya que en nuestro país su totalidad esta monopolizada para convertirla en harina de pescado para la engorda de pollos, cerdos y salmones.

Vale hacer presente que Perú hace unos años dio forma a una política de Estado que ha incorporado el consumo de anchoveta como parte de  un plan de alimentación saludable que beneficia a jóvenes, niños y a las familias en general de su país, mientras en Chile la opción por la harina de pescado, según el diagnóstico ya citado, reconoce que: «Esta alternativa constituye el peor de los mundos (…). Primero, el consumo interno de pescado fresco disminuye; segundo, el margen para el productor artesanal es bajísimo si se compara con la venta directa (…). Tres, la producción nacional de pescados y productos del mar se concentra en bajos niveles de agregación de valor. Esto, como se explicó anteriormente en los factores críticos, se debe a los escasos incentivos que poseen los grandes productores de harina, al recibir enormes rentas producto de la explotación de recursos naturales sin pago alguno por extraer” (pág. 179). Y este último es, precisamente, el caso de los principales representados de Sonapesca, es decir, de siete familias que dominan el negocio.

El silencio guardado por el actual subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, ante las tergiversaciones de Sonapesca, pareciera llevarnos al fondo de este asunto: al subsecretario le da lo mismo que se confunda a la opinión pública si ello ayuda a no incomodar a las siete familias y dejar en el olvido la promesa de campaña de la Nueva Mayoría de darle prioridad a la revisión de la Ley de Pesca, también llamada Ley Longueira, cuerpo legal que se ha denunciado como una ley de privilegio que deja sin acceso al consumo de pescado a la inmensa mayoría de los chilenos.