La reforma educacional debe cocinarse con la sociedad

La reforma educacional que hoy se encuentra en discusión, ha carecido de una mirada integral del sistema que permita dar respuesta a preguntas esenciales para el debate, como qué educación queremos, para qué educamos o qué sociedad construir. Hoy, en cambio, reina la confusión e incertidumbre frente al errático actuar del Ministerio de Educación (Mineduc). Mientras se mueven piezas al interior del ministerio, aparecen diversos actores/posiciones frente a la reforma y el debate se pierde en tecnicismos distantes de una visión educacional que materialice la demanda social frente al problema estructural del sistema.

La respuesta a dichas preguntas fundamentales no puede configurarse por fuera de la ciudadanía y de las fuerzas sociales que han posibilitado la discusión para realizar transformaciones estructurales al sistema después de 40 años. En este escenario, el movimiento estudiantil ha sido claro en plantear un Nuevo Sistema Nacional de Educación (SNE), siendo incompatible, por tanto, la lógica de las políticas subsidiarias y privatizadoras de los años 80, administradas y profundizadas durante los 90 por medio de “agendas cortas” y de reformas meramente reguladoras del mercado.

Así, el reverso de una reforma que apunte a la desmercantilización de la educación no podrá ser otro que el del fortalecimiento de la educación pública.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA REFORMA TRANSFORMADORA

Hoy la educación es un bien provisto por el mercado, siendo un bien de capital más y no un derecho social universal garantizado en todos sus niveles. Las familias acceden a la educación que sus bolsillos pueden comprar, generando uno de los sistemas educativos más segregados del mundo. La calidad, lejos de potenciarse a partir del juego competitivo del mercado (como pregonan sus defensores), se pierde y debilita al estar la prioridad puesta en maximizar la ganancia y no en entregar la mejor educación posible. En estas condiciones, la educación pública se ve cada vez más abandonada a su suerte, obligada a salvarse como pueda a través del autofinanciamiento, en una competencia feroz entre instituciones públicas y privadas por los aportes del Estado.

Un modelo basado en la segregación, descoordinación, desregulación y competencia entre instituciones públicas y privadas, discriminación de acceso y desigualdad de clases sociales, sólo puede ser enfrentado con las condiciones esenciales que surgen de una comprensión de la educación como un Derecho Social. Es decir, en primer término que sus fines y garantías se construyan de manera democrática, tanto en la confección de normas (constitucionales y legales) como en la gestión de los procesos educativos por parte de las comunidades educativas. Asimismo, resulta imperativo que la provisión del sistema que garantiza la educación como un derecho social funcione con lógicas colaborativas y desmercantilizadas, y que el sistema que sostiene el quehacer educativo sea público, pues es la más eficaz y eficiente garantía para el aseguramiento de aquello que como sociedad hemos decidido proteger y promover.

La educación que queremos implica constituir un nuevo Sistema de Educación que sea público, gratuito, democrático, sin lucro y de calidad, que apunte al desarrollo social y económico del país en la perspectiva de avanzar hacia una sociedad democrática, inclusiva y pluralista. Para lograr lo anterior, se requiere transformar el rol de la educación, reestructurar sus funciones y la estructura educativa en sí misma, redefiniendo su quehacer y estableciendo un nuevo horizonte para la generación de conocimiento y de procesos de aprendizajes significativos que debe considerar necesariamente los principios antes expuestos.

Lo anterior se traduce fundamentalmente en: a) educación de calidad, como la expresión concreta de los principios que modelen la educación pública; b) la democratización de las decisiones educativas y sus garantías; c) la coordinación del sistema y colaboración entre las instituciones educativas (evitando a toda costa la desregulación y competencia de mercado entre instituciones); d) la inclusión y no discriminación de los educandos, siendo garantías fundamentales para ello prohibir la selección (la gratuidad universal, financiando a las instituciones mediante aportes basales, es condición sine qua non para ello) y asegurar  iguales condiciones de aprendizaje, tanto en infraestructura, alimentación, ambiente de estudios, acceso al establecimiento y, sobre todo, calidad de la docencia, siendo primordiales las buenas condiciones laborales y formación profesional coordinada tanto de los docentes como de los asistentes de la educación.

Todo lo anterior presupone y necesita como condición indispensable un Estado que abandone su condición de neutralidad y subsidiariedad respecto del aseguramiento del derecho social de la educación y tome acciones concretas para garantizarlo.

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS PARA UN SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confeh) se han planteado una serie de elementos básicos para avanzar hacia la garantización de los principios antes expuestos, mientras se trabaja  y discute  una propuesta que abarque la totalidad del sistema.

1. Fortalecimiento de la educación pública: La principal medida de mejoramiento del sistema educativo, es que la educación pública sea la mejor alternativa para todos y todas, pues los principios que se expresan y constituyen en ella, son la manifestación y garantía de lo que podemos construir en conjunto como sociedad. El nuevo sistema debe estar en profunda correlación tanto con los fines y principios educativos definidos democráticamente, como con las necesidades sociales que tiene nuestro país.

En ese camino, medidas en el corto plazo para  revertir la privatización del sistema educativo son: a) El aumento de matrícula, planta docente y mejoramiento de la infraestructura a través de fondos de inversión o revitalización para instituciones estatales de educación en todos sus niveles; b) La creación de una red de instituciones públicas coherente con una política de crecimiento de la matrícula estatal, capaz de hacerse cargo de la provisión de educación tanto científico-humanista como técnico-profesional en todos los niveles; c) La creación de un marco regulatorio uniforme para todo el sistema, que contemple en sus mecanismos de fiscalización y supervisión a la comunidad educativa; d) El control de la oferta educativa según una planificación racional y democrática tanto de la cantidad de instituciones, su posición regional y local, como del número y tipo de carreras.

Es en los marcos de lo antes expuesto que debe orientarse el proceso de desmunicipalización, fortalecer lo público y hacer retroceder al mercado.

2. Gratuidad universal. La discusión sobre un nuevo sistema de educación no puede girar en torno a cuánto dinero hay, sino cuánto necesitamos para mejorar las condiciones de nuestra educación. Así, entendemos la gratuidad a partir del financiamiento a las instituciones como el mecanismo a través del cual el Estado asegura que las instituciones públicas cuenten con los elementos necesarios para otorgar una educación de calidad, asegurando el Derecho Social a la educación.

El actual modelo de financiamiento a través de “voucher” fomenta la competencia entre las instituciones para captar estudiantes en detrimento de la calidad, siendo necesario terminar con este mecanismo y reemplazarlo por el financiamiento directo a las instituciones públicas en todos los niveles, a través de aportes basales de libre disposición, que permita el desarrollo de docencia, investigación y extensión de manera cooperativa entre ellas, en función de un plan de desarrollo nacional y local que oriente el quehacer de las instituciones.

En el corto plazo se requiere un plan de fortalecimiento a las universidades estatales, principalmente a las regionales, debiendo recibir el 100% de su financiamiento por parte del Estado.

3. Fin a la mercantilización y al lucro efectivo. El actual sistema de mercado educacional ha permeado todo tipo de instituciones a través de un negocio educativo que va más allá del lucro directo de los establecimientos (textos escolares, creación indiscriminada de carreras, deudas por créditos bancarios, agencias técnicas de educación, preuniversitarios, etc.). El negocio educativo contraviene la comprensión de la educación como Derecho Social, siendo medidas necesarias la prohibición del lucro en todo el sistema educacional, teniendo que reinvertirse cualquier utilidad en los fines educativos, a la vez que las prácticas lucrativas deben ser tipificadas como delito.
4. Democratización. Entre las normativas impuestas en educación, se contempla el DFL-2 de 1981, que entre sus preceptos prohíbe la participación triestamental en la toma de decisiones y en el gobierno universitario. Ante los últimos anuncios del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, respecto de derogar esa norma, resulta fundamental entender de qué democratización estamos hablando. En este sentido, preocupan planteamientos como el recientemente realizado por Eyzaguirre (y ya formulado por el ex ministro de Educación, Harald Beyer, en 2011) respecto a la figura de gobiernos corporativos (“boards”) para el sistema universitario, basándose en los modelos de las universidades norteamericanas. No pueden enmascararse bajo las banderas de la eficiencia medidas antagónicas con la gestión democrática de las instituciones, que solo incrementan su riesgo de captura por parte de intereses privados ajenos a las propias comunidades educativas.

El nuevo SNE que proponemos debe contar con la participación activa de  las comunidades educativas. En este sentido, la derogación de los artículos del DFL 2 y de toda normativa legal (incluidos estatutos internos) que impiden la organización en las instituciones privadas resultan aspectos fundamentales. Sin embargo, tal como lo dispone el proyecto de participación trabajado por la Confech, es necesario legislar en positivo, garantizando el derecho a asociación en todas las instituciones educativas, promoviendo y asegurando la participación efectiva y vinculante de toda la comunidad en elección de autoridades unipersonales y cuerpos colegiados.

5. Formación profesional y condiciones laborales. Un factor crucial para el mejoramiento de la calidad y pertinencia del sistema educativo es que quienes llevan a cabo el proceso educativo se preparen en iguales condiciones de excelencia profesional y tengan las mejores condiciones para desempeñar sus labores. Para esto es necesario subvertir la desregulada formación profesional de los docentes y asistentes de la educación, así como sus precarias condiciones de trabajo.

Por ello se proponen medidas  como la creación de una carrera docente funcionaria (para coordinar y regular la formación profesional, así como su desempeño), eliminar la subcontratación de trabajadores de la educación, aumentar e igualar considerablemente los sueldos de los trabajadores públicos de la educación y considerarlos parte activa y vinculante de la gestión en la institución educativa.

6. Condonación de deudas. Hasta el año 2005 existía el Fondo Universitario de Educación Superior, al cual podían optar aquellos estudiantes de quintiles más bajos y que no daba cobertura a sectores medios, creándose el 2006 la Comisión Ingresa, instancia administradora del sistema de créditos para estudios superiores, que impulsa una nueva alternativa de financiamiento estudiantil, el llamado Crédito con Aval del Estado (CAE) con una  alta tasa de interés.

Estudios proyectan que para el 2016 habrá más de 600 mil estudiantes con un nivel de deuda total que superará los US$5.000 millones. Sin considerar en dicho monto a los estafados del crédito Corfo. Estas condiciones de endeudamiento en que han quedado miles de estudiantes y sus familias, producto de este modelo de mercado, son inadmisibles. Es necesario que el gobierno se haga cargo, condonando la deuda generada por créditos Corfo, CAE y Fondo Solidario, en la mira de garantizar efectivamente el derecho a la educación, eliminando a la banca privada del nuevo SNE.