Reforma educacional y discapacidad: Los niños “diferentes” también dicen “¡presente!”.

¿Es ahora el momento de la inclusividad en el sistema educativo chileno? La reforma educacional nos hace pensar que sí. La permanente y amplia exclusión del actual sistema educativo, que se mal sustenta en premisas de oferta y demanda, debería verse afectada por los cambios estructurales que propone el gobierno.

Cuando decimos inclusión, nos referimos a la conceptualización más acertada y digna de mencionar y es la que presenta UNESCO (2008): “Proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos y alumnas mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y la reducción de la exclusión dentro y desde la educación (…). La inclusión atañe a temas de género, origen étnico, clase, condiciones sociales, salud, derechos humanos, entre otros. Esto significa que las políticas de inclusión deben garantizar que todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones sociales o económicas, tengan oportunidades de acceder al conocimiento tan amplia y libremente como sea posible en la escuela y en la sociedad en su conjunto, de participar completamente, de lograr el más alto nivel y de disfrutar de una alta calidad de vida”.

Tener presente esta preclara definición permite centrar la atención en uno de los ejes esenciales de la reforma, como lo es  la “segregación e inclusión”, que implica -entre sus objetivos principales – eliminar la “selección para el ingreso a las escuelas”. Esta es una intención urgente y necesaria, además de bien fundada, en una sociedad que se jacta de avanzar en la democratización de los espacios esenciales de la convivencia ciudadana.

Construir un modelo educativo inclusivo es una medida esencial para minimizar la discriminación social en un entorno que es clave a la hora de ofrecer igualdad de oportunidad a los niños y jóvenes del siglo XXI. Especialmente a aquellos educandos que son permanentemente discriminados y considerados distintos a la mayoría.

La inclusión educativa es un tema altamente complejo y no se vislumbran aún serias intenciones de abordar este proceso en lo que respecta a los que denominamos alumnos y alumnas con “Necesidades Educativas Especiales” (NEE). En la lógica de una política visionaria y responsable, la  implementación de la Reforma Educativa debe sentar sus bases en la educación preescolar, es allí donde adquiere sentido lo proyectivo y preventivo al intervenir tempranamente en los infantes del país. Y es en ese instante que un menor en condiciones de “discapacidad” requiere mayor atención.

¿Cómo avanzar?, esa es la cuestión. Desde la perspectiva de los estudiantes en condiciones de discapacidad, la primera necesidad que surge es contar con un diagnóstico situacional de los afectados. Lamentablemente, no tenemos actualizada la estadística. Urge entonces saber dónde, cuántos y en qué condiciones están las personas con discapacidad en el país. Sólo podemos mencionar la Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Fondo Nacional de la Discapacidad (Fonadis) en 2004, la cual señala que en torno al acceso a la educación, sólo el 8,48% estudia y el 91,52%  no lo hace, ni ha tenido la oportunidad de llegar a las aulas. Estas cifras obedecen a una población de 2.068.072 de personas con discapacidad y a un universo nacional de 15.998.873 chilenos. Qué duda cabe que más de una década después el censo debe ser actualizado lo antes posible, si lo que se pretende es formular una política inclusiva, focalizada, oportuna y con la seriedad que amerita y que demanda la sociedad chilena.

Respecto a la pregunta inicial, la respuesta es positiva: ¡sí, inclusión ahora! Niños y jóvenes con discapacidad de diversos tipos y grados, por derechos reconocidos, deben ser atendidos en cualquier unidad educativa del país.

El que la reforma educativa, en sus acápites,  termine con la selección eminentemente académica, puede generar cambios insospechados y muy positivos en miles  de alumnos/as, que aún están en las escuelas especiales, sin norte alguno para el momento de su egreso, convertidos así en jóvenes desesperanzados y abandonados históricamente por el Estado de Chile.  Dicho esto, las interrogantes son muchas: eliminado el proceso de selección para el ingreso, ¿puede un niño o joven ciego educarse sin obstáculos en cualquiera escuela, liceo o universidad del país? ¿Puede un niño o joven con discapacidad intelectual, sordera, con secuelas de parálisis cerebral o autista, ingresar a la educación regular sin mayor trámite ni exigencias académicas? ¿Cuánto tiempo  se estima para alcanzar la inclusión educativa, en todos los niveles de enseñanza, en el caso de personas en condiciones de discapacidad?

Paulatinamente, debemos responder a estas interrogantes que hoy tienen sentido por ser la reforma educativa un proyecto del país en ciernes. ¿Cómo  traspasamos las fronteras de la ignorancia y la mediocridad para transitar hacia una cultura de la inclusión educativa? ¿Qué debemos hacer y con qué herramientas institucionales contamos para hacer efectiva  la inclusión educativa, para todos los estudiantes en el país? Así, surgen muchas interrogantes qué en algún momento deberán ser confrontadas con la realidad y el cambio hacia una educación como un derecho inalienable que propenda a la igualdad de condiciones para las futuras generaciones.

Uno de las acciones concretas, a modo de ejemplo, que deben contemplar los planes de la reforma educacional es considerar seriamente la formación integral y de excelencia académica para las futuras generaciones que deseen ejercer la docencia, en todos los niveles de enseñanza. Las instituciones de educación superior deberán hacerse responsables de modificar la malla curricular, aplicar pruebas especiales -psicológicas, vocacionales, de cultura general, entre otras- que regulen el ingreso a la enseñanza superior docente.

Por último, el tema de la discapacidad en Chile debe ser tratado transversalmente, en salud, educación, vivienda, acceso al entorno, comunicación, etc. En resumen, igual que cualquier ciudadano, está demás decir que todos tenemos las mismas necesidades, sólo que algunos requieren apoyos específicos para que su desenvolvimiento sea más independiente y efectivo. Eso es una mirada y actuar inclusivo, no más segregación o discriminación positiva, a la que estamos tan mal acostumbrados.

Gran desafío tienen los involucrados en la reforma educacional para dar cabida plena a las personas en condiciones de discapacidad, ineludible responsabilidad de los movimientos sociales para incorporar a los “diferentes” y hacer que sus silenciadas voces se escuchen de una vez por todas. Por su parte, la actual institucionalidad política tiene una oportunidad histórica en este olvidado ámbito y no es novedad señalar que de abordarse será una tarea que dará sus frutos tras varias décadas.

Muchos chilenos que hemos aportado con nuestro trabajo profesional en la educación de niños y jóvenes con “habilidades distintas” abogamos por un real posicionamiento de la inclusividad en la educación pública, a la vez que proponemos que ésta se constituya un nuevo paradigma para la sociedad chilena. Si estimamos que el valor de una buena  educación es ser un medio indispensable del desarrollo personal y progreso colectivo, entonces el modelo educativo tiene la obligación de abrir las puertas a las personas con discapacidad dando una clara muestra de querer espantar definitivamente de la sala de clases el individualismo, el exitismo, la competencia a ultranza entre otros males modernos. Este será el único modo de hacer de la educación un espacio participativo, democrático para todas y todos, incluso para los “diferentes” y “distintos”.