Ofensiva inmobiliaria impide protección patrimonial de las Canteras de Colina

En enero de 2010, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) decidió que el pueblo de Las Canteras de Colina y gran parte de los yacimientos de piedra que explotan los artesanos que allí viven, merecían protección patrimonial. Con esa resolución, la millonaria urbanización que ya estaba desarrollando en ese lugar la Inmobiliaria La Reserva Limitada, se iba a pique. Pero para que ello ocurriera faltaba aún la firma de la ministra de Educación, en ese entonces, Mónica Jiménez de la Jara (actual embajadora ante el Vaticano). La ministra nunca firmó. Tampoco lo hizo ninguno de sus sucesores en el gobierno siguiente: Joaquín Lavín, Felipe Bulnes, Harald Bayer y Carolina Schmidt. Esa firma es la última posibilidad de sobrevivencia para esa comunidad de artesanos, la que desde hace años ha perdido la batalla una y otra vez en tribunales al ser engañados por sus propios dirigentes y por su primer abogado, Álvaro Baeza, quien está acusado de prevaricación.

Carolina Schmidt

La última autoridad que tuvo en sus manos la posibilidad de firmar el decreto fue la entonces ministra Carolina Schmidt, quien poco antes de que se acabara el gobierno de Sebastián Piñera optó por no rubricar el documento. Por el contrario, en línea con lo que quería la empresa inmobiliaria en conflicto con los canteros, en enero pasado Schmidt pidió retrotraer el proceso a su punto inicial, lo que mantiene a los artesanos, a su fuente de trabajo y a su cultura en total desprotección.

El campo de batalla está ubicado en Chicureo (Colina), zona que ha multiplicado su plusvalía en las últimas décadas, consolidándose como el área de extensión del barrio alto al norte de Santiago. Lo que está en juego es el futuro del millonario proyecto que desarrolla Inmobiliaria La Reserva Ltda, que de ejecutarse enterraría la centenaria cultura de la comunidad de los canteros de Colina, pequeños mineros que hace 125 años explotan las piedras para hacer adoquines. Hasta ahora la batalla legal se ha inclinado a favor de la inmobiliaria. La protección patrimonial parecía la única salida para los canteros. Esta es la historia de cómo el Ministerio de Educación se ha encargado de cerrar esa puerta.

LA TRAMPA DEL “ACUERDO MARCO”

Fue en la década de los ’80 que el Grupo Harseim –ex dueños del Hotel Ritz Carlton– compró las 815,9 hectáreas que conforman el ex Fundo Las Canteras, en Chicureo. Era entonces una zona completamente rural y es ahora uno de los suburbios preferidos de la clase alta. A través de la Inmobiliaria La Reserva urbanizaron tres sectores de esos terrenos hasta que se toparon con unos vecinos incómodos: la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina, que desde 1884 explota el basalto, la piedra que se ocupa principalmente para la elaboración de adoquines. Son dueños de unas 300 hectáreas de pertenencias mineras. El conflicto era inevitable. Ambos bandos alegan tener derechos sobre un área de aproximadamente 260 hectáreas, y tanto la inmobiliaria como los canteros tienen razón. Mientras la primera tenía inscrito a su nombre la superficie del terreno, los segundos poseían derechos para explotar lo que hay bajo tierra.

Álvaro Baeza Guiñez

Sobre ese sector en disputa, la inmobiliaria tenía contemplado desarrollar parte de un megaproyecto inmobiliario que fue aprobado por el Ministerio de Vivienda el año 2000 tras definirse «La Reserva» como una de las cinco Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC) de Colina. Los canteros, en cambio, defendían su derecho a seguir explotando sus yacimientos. El conflicto no demoró en llegar a tribunales. Para evitar nuevos enfrentamientos, en mayo de 2007 la inmobiliaria y la asociación gremial firmaron un “acuerdo marco” (ver documento). Al suscribirlo, los procesos judiciales previos quedaban sin efecto y los canteros podrían seguir explotando una zona acotada gracias a servidumbres que la inmobiliaria le entregaba de forma gratuita por 12 y 20 años. Además, los canteros se comprometían a entregar el dominio de 210 hectáreas de sus pertenencias mineras a la inmobiliaria a cambio de 40.000 UF (poco más de $800 millones).

Pero ni un solo peso llegó al bolsillo de los canteros. La firma de ese contrato derivó en litigios judiciales por estafa, apropiación indebida y prevaricación en contra del abogado que los “asesoró” y que luego se quedó con los $800 millones: Álvaro Baeza Guiñez, el mismo que en 2011 se hizo conocido por su participación como asesor clave del Serviu en el Caso Kodama (ver reportaje de CIPER). Gracias al ardid de Baeza, los canteros perdían el 70% de sus pertenencias mineras.

Tras la firma de ese “acuerdo marco”, ambas partes iniciaron acciones legales cruzadas: la inmobiliaria, para que los canteros respetaran el contrato y entregaran las pertenencias mineras comprometidas; y los canteros, para que el acuerdo quedara anulado por tratarse de una estafa. Pasó el tiempo y la inmobiliaria cambió sus dueños. Desde septiembre de 2011 es controlada por Inversiones y Construcciones Belfi Ltda., entre cuyos socios están los hermanos Enrique, Héctor, Andrés y Fernando Elgueta Gálmez. Poco después, la ofensiva para defender el proyecto habitacional se endureció.

En mayo de 2012, la nueva administración de Inmobiliaria La Reserva solicitó un juicio arbitral para exigir a los canteros el cumplimiento del “acuerdo marco”. Mientras ese proceso seguía su curso, la empresa comenzó a juntar antecedentes para presentarlos ante el CMN y echar abajo el plan de los canteros de proteger patrimonialmente la zona del avance inmobiliario. La ofensiva de la empresa incluyó un estudio arqueológico confidencial -al que CIPER tuvo acceso- que la inmobiliaria contrató y que luego, al constatar que ratificaba la necesidad de proteger el estilo de vida de los canteros por su valor patrimonial, simplemente lo desechó y ante la consulta de CIPER negó su existencia.

UN MONUMENTO NACIONAL FALLIDO

La primera vez que el CMN votó y aprobó la declaratoria a favor de los canteros de Colina fue en enero de 2010, cuando la entidad era presidida por la ministra de Educación de Michelle Bachelet, Mónica Jiménez. Las pertenencias mineras y el pueblo de los canteros quedaron protegidos al ser calificados como Zona Típica. Al mismo tiempo, se declaró como Monumento Histórico otras dos canteras en desuso (ver mapa). Al menos en el papel. Porque aunque la propuesta fue aprobada en el consejo por ocho votos a favor y tres abstenciones, Mónica Jiménez nunca firmó el decreto que oficializaba la decisión. Cuando terminó su período dos meses más tarde, era como si el CMN nunca hubiera aprobado nada.

Mónica Jiménez

Tras el cambio de gobierno, otra inmobiliaria del sector pidió al CMN reconsiderar la declaratoria ya que ésta incluía terrenos de su propiedad. La solicitud fue desechada, lo mismo que ocurriría en julio de 2010 con una petición de reconsideración de la Junta de Vecinos La Reserva. Pese a la consistencia del CMN en sus argumentos para resolver a favor de la protección, el entonces ministro de Educación, Joaquín Lavín, se negó a firmar el decreto pendiente. Por el contrario, en marzo de 2011 devolvió el expediente al CMN y solicitó la redefinición de los límites aprobados. Sus razones: que la explotación realizada por los canteros no se extiende a toda el área y que el acuerdo marco “implica que hay pertenencias que son de propiedad de la inmobiliaria y otras restricciones para ser explotadas”.

La decisión de Lavín no tomó en cuenta que según la Ley 17.288, se otorga la categoría de Monumento Nacional a distintos inmuebles o bienes sin importar quién sea su propietario. De hecho, si el dueño es un particular, éste estará obligado a conservarlo debidamente y no podrá transformarlo sin autorización del CMN. Lo mismo con la declaratoria de Zonas Típicas. La decisión de Lavín de no firmar abrió un nuevo proceso. El Consejo de Monumentos Nacionales decidió pedir un informe jurídico sobre el “acuerdo marco” al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el cual terminaría siendo lapidario (ver reportaje).

El informe del CDE fue entregado al CMN en enero de 2012. Define el “acuerdo marco” firmado entre la Inmobiliaria La Reserva Ltda. y los canteros como “un ardid engañoso” y califica al proceso completo como un despojo. Por esas mismas razones, se presume –dice el informe– “que es necesario otorgar cierta protección al sitio o zona Las Canteras uno a seis, si es que, en concepto del Consejo de Monumentos Nacionales, cumpliere la zona o lugar con los requisitos para declararlos Zona Típica”.

Joaquín Lavín

Tras revisar el informe del CDE y otros documentos, la comisión jurídica del CMN le propuso al consejo ratificar la declaratoria original, conservando la delimitación establecida en enero de 2010, ya que la consideraba “adecuada para la conservación del carácter ambiental y propio de la población y del lugar, de las ruinas cuya declaración como Monumento Histórico se pide, y del aspecto típico y pintoresco del área en general”. Sin embargo, tras debatir aspectos como la naturaleza del valor patrimonial del sitio, la actividad de los canteros, la variable geológica y la presencia inmobiliaria en la zona, los consejeros optaron por acoger la solicitud de Lavín, a pesar de que ya ni siquiera era ministro de Educación ni presidente del CMN (lo había reemplazado Harald Beyer). Se acordó una visita a terreno y reestudiar los límites propuestos para la Zona Típica. En otras palabras, revocar la aprobación de 2010.

EL INCÓMODO ESTUDIO QUE LA EMPRESA OCULTÓ

Mientras el CMN reevaluaba las condiciones bajo las cuales se podría proteger el estilo de vida de los canteros, Inmobiliaria La Reserva comenzó reunir información para entregar a los consejeros y así fundamentar su rechazo a que la zona que afecta sus intereses comerciales fuera resguardada. Desde un comienzo, la empresa manifestó no tener inconvenientes en la declaratoria como Zona Típica del pueblo, donde no tiene propiedades, pero sí rechazó la de las canteras. Según explicó a CIPER el gerente general de la empresa, Cristóbal Westenenk, lo hicieron para contrarrestar los antecedentes considerados en la decisión del CMN, “que curiosamente eran sólo estudios presentados por la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina”.

Durante 2013 fueron arqueólogos al sector a sacar fotos, tomar medidas y conversar con algunos canteros acerca de sus condiciones de vida y su historia. Revisaron las construcciones del pueblo e indagaron sobre sus mecanismos para explotar la roca. Según las personas consultadas, los profesionales se identificaron como empleados de una empresa que había sido contratada por la inmobiliaria para realizar un estudio arqueológico que sería presentado ante el CMN. Sin embargo, de ese estudio no hay rastro en el expediente entregado. Uno de los consejeros señaló que efectivamente la empresa anunció que sería entregado, pero que finalmente nunca llegó.

CIPER le preguntó a Westenenk por este informe. Su respuesta fue que la empresa estuvo “en conversaciones con una arqueóloga para realizar el estudio, y aunque se había acotado bien el alcance, al final no llegamos a acuerdo porque eran posiciones diferentes y era algo distinto a lo que nosotros habíamos pensado”.

-¿Por qué era distinto?
-Porque la investigación se fue más por el lado del valor patrimonial de las canteras que por el valor arqueológico de La Reserva que habíamos acordado.

-¿El resultado era contraproducente para ustedes?
-No lo sé…

En ese momento, el abogado de la empresa, Javier San Martín –del estudio Barros & Errázuriz–, que también estaba en la reunión, intervino: “No hubo resultados, porque ese estudio no se hizo”.

-¿Cómo? ¿El estudio no se hizo?
-O sea…, se empezó, pero no se terminó.

Lo cierto es que ese informe sí llegó a término y CIPER conoció ese documento. Sus autores son profesionales de la empresa Tagua Tagua Consultores, quienes decidieron no hacer comentarios al respecto.

El informe se extiende en 81 páginas y su contenido es contrario a los intereses de la Inmobiliaria La Reserva Limitada: concluye que la zona debe ser protegida por su valor patrimonial. Para la elaboración del estudio, los consultores consideraron aspectos históricos y antropológicos de los canteros y de la zona en la que viven. Los datos analizados concluyen que, en un contexto en que la actividad minera en piedra está poco estudiada, el establecimiento hace más de 125 años de esta comunidad y la perduración de su modo de vida en un ambiente aislado, sin injerencia del Estado ni de particulares, son desde el punto de vista de la Historia y la Antropología, un hito cultural significativo.

Sobre los problemas legales entre los canteros y la inmobiliaria, los consultores señalan que no parece razonable que los trabajadores de las piedras hayan accedido libremente a firmar el “acuerdo marco” y a ceder sus terrenos, ya que eso implicaría la destrucción a corto plazo de su propia cultura y el término de su modo de vida. Esa conclusión está avalada en el informe por estudios geológicos que dan cuenta de que los yacimientos poseen reservas de rocas para 200 años más de explotación, es decir, diez veces más que el período contemplado en el “acuerdo marco” para que los canteros entreguen la propiedad total de sus propiedades mineras a Inmobiliaria La Reserva.

En ese informe también se señala que la baja escolaridad de los canteros y su débil estructura organizacional -que otorga poder casi absoluto a su presidente- podría haber favorecido la redacción y posterior firma de un acuerdo que podría presentar irregularidades ético-sociales, mas no necesariamente legales.

En definitiva, los consultores contratados por la inmobiliaria para respaldar el rechazo a la declaratoria de zona protegida por parte del CMN al área en disputa con los canteros, reforzaron en su informe la tesis de que el estilo de vida de los artesanos de Colina y sus canteras es patrimonio histórico y debe ser protegido.

El problema es que ese estudio nunca fue conocido por los consejeros del CMN. La inmobiliaria lo recibió y luego hizo como si nunca hubiera existido. La Reserva Limitada decidió entonces apostar todas sus fichas a otro proceso que estaba en curso: el juicio arbitral que solicitó para exigir el cumplimiento del “acuerdo marco”.

A FOJAS CERO

En octubre de 2013, los miembros del CMN se reunieron para tomar una decisión. Para entonces, la instancia era encabezada por Carolina Schmidt, la quinta ministra de Educación que ejerció el cargo desde que la protección de las Canteras de Colina fue aprobada por primera vez a comienzos de 2010. Ya estaba lista la nueva propuesta de límites que consideraba variables como las concesiones mineras, propiedad de los predios, Plano Regulador de Colina, permisos de edificación vigentes y un mapa geológico. Solamente quedaba votar.

La nueva delimitación redujo en un 40% el terreno que originalmente iba a ser protegido. Esto, a consecuencias de que una de las pertenencias mineras de los canteros ya había sido traspasada a la Inmobiliaria La Reserva Limitada, uno de los pocos puntos del “acuerdo marco” que logró concretarse (ver mapa).

En resumen, el nuevo plano protegía tan solo 196,8 hectáreas, es decir, apenas el 60% de la superficie aprobada en 2010. Finalmente sólo tres consejeros del CMN votaron a favor de la nueva delimitación. Otros siete se abstuvieron. De todos modos, se aprobó por mayoría simple. Para que entrara en vigencia sólo faltaba que la ministra Schmidt firmara el decreto correspondiente. La protección de las Canteras de Colina, aunque más limitada que antes, estaba a una firma de distancia. Pero la ministra no lo hizo.

En el CMN comentan que su entonces presidenta argumentó que aún había procesos abiertos, como el juicio arbitral que determinaría si el “acuerdo marco” debía o no cumplirse. Según un abogado que siguió el proceso, dicha explicación omite que el trámite para declarar la protección patrimonial y el juicio arbitral, son independientes. Mientras el primero es un acto administrativo para proteger un bien considerado patrimonio nacional, el segundo es un proceso para definir quién tiene la propiedad sobre ese bien. Y como la legislación privilegia la conservación patrimonial por sobre los intereses de los propietarios, lo que ocurrió fue que la ministra de Educación no tuvo la voluntad política para asegurar la protección de las Canteras de Colina. En rigor, para lo que le correspondía dirimir, daba lo mismo quién era el propietario de las canteras.

La empresa, además, presentó un recurso de reposición para impedir que se protegiera a las canteras. Fue revisado por el CMN el pasado 8 de enero de 2014. Ese día la ministra Schmidt se excusó de asistir y no pudo escuchar a Cristóbal Westenenk, el gerente de Inmobiliaria La Reserva. Westenenk presentó ante los consejeros diversos documentos, pero no hizo mención alguna al informe de Tagua Tagua Consultores.

Lo más importante que Westenenk presentó ante los miembros del CMN fue el fallo definitivo que el juez árbitro Ricardo Peralta Valenzuela dictó cinco días antes validando el “acuerdo marco”. En su sentencia, Peralta acogió íntegramente la demanda de la inmobiliaria contra los canteros por incumplimiento de contrato, obligando a estos últimos a “dar cumplimiento, ya sea en forma voluntaria o forzada”, a la obligación de transferir sus pertenencias mineras a Inmobiliaria La Reserva.

En su sesión del 30 de enero de 2014, el CMN debía resolver sobre el recurso presentado por Westenenk, pero eso no fue necesario. Ese mismo día, la ministra Schmidt pidió a los miembros del Consejo que volvieran a analizar los límites de la superficie que sería protegida “a la luz de los nuevos antecedentes disponibles, en particular, del fallo arbitral del 3 de enero de 2014”.  Los consejeros resolvieron por unanimidad acoger la solicitud de la ministra: todo se echaba para atrás.

Hasta ahora no hay señales respecto de cómo enfrentará este tema el nuevo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. Sobre lo que sí hay certeza es que, en este momento, con el fallo arbitral sobre el “acuerdo marco” favorable a la empresa y sin un decreto que proteja las canteras, el megaproyecto de urbanización tiene luz verde. Para apurar el desenlace, en marzo de este año Inmobiliaria La Reserva Limitada presentó una demanda en el Juzgado de Letras de Colina para que los artesanos cumplan el fallo del “acuerdo marco” y le entreguen sus pertenencias mineras. Ese proceso sigue abierto. También sigue en curso la causa criminal que interpusieron los canteros contra su ex abogado, Álvaro Baeza, quien está formalizado por prevaricación, justamente por haber perjudicado a sus clientes en la firma del “acuerdo marco” validado por el juicio arbitral.