El viernes 9 de mayo se realizó la primera sesión del Consejo Nacional de la Infancia. Este hito marca el inicio de un trabajo decidido para desarrollar una mirada de Estado hacia las niñas, niños y adolescentes, priorizándolos en su actuación. Esta primera sesión es un logro político para un país que ha sido exitoso en mejorar las condiciones de vida de la población en general, pero en el que aún persisten inequidades que afectan profundamente a la población menor de 18 años.
La participación de los ministros y ministras de las carteras de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Justicia, Educación, Hacienda, Salud, Desarrollo Social y Servicio Nacional de la Mujer, de las subsecretarías de la Segpres, de Deporte y el director de Presupuestos, es una señal clara de la voluntad del Ejecutivo en la construcción de una nueva relación con la niñez y adolescencia. Pero esta voluntad no es suficiente para abordar -con enfoque de derechos- la integralidad de la vida en estos años. Se requiere otras voluntades del Estado, como son las del Poder Legislativo y Poder Judicial, y también de la sociedad civil comprometida con la construcción de un país que trate dignamente a sus niños, niñas y adolescentes.
Los derechos humanos son los mínimos para la vida digna. Transitar hacia un Estado garante implica establecer, por ley, mecanismos de exigibilidad de ese mínimo de dignidad; contar con instituciones idóneas para hacer efectivo su respeto, promoción y protección; y en el caso de los menores de 18 años, implica priorizar sus intereses en las decisiones que les afecten, en las políticas y también en el presupuesto de la nación
A partir de su promulgación como Ley de la República en septiembre de 1990, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ha impregnado la retórica política, académica y de las ONGs relacionadas con la niñez. Sin embargo, si sinceramos las prácticas de todas las instituciones chilenas, concluiremos una manifiesta incongruencia entre el discurso y los hechos.
Como esta retórica ha permeado el discurso de la escuela, la familia y los barrios, los niños de esta época saben que tienen derechos y creen fielmente en su dignidad de seres humanos, que su interés es superior, que pueden ejercer sus derechos de acuerdo a su autonomía progresiva y que sus opiniones tienen valor. Por estas razones, no comprenden las contradicciones del mundo adulto, que los violenta cotidianamente con faltas de respeto, tratos indignos, exclusiones odiosas e injurias graves a su integridad física.
Esto es algo que como país no hemos procesado aún. Como colectivo no somos plenamente conscientes de lo terrible que es negarle la ciudadanía a quien hemos declarado ciudadano pleno, bajo el razonamiento de que aún es pequeño/a, que su razonamiento es deficitario, que aún es incapaz, que no importa o que no vota.
No ha sido suficiente que la norma constitucional -que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos plenos, con derechos específicos, y que obliga al Estado en su conjunto a respetarlos y garantizar su ejercicio efectivo- sea parte del discurso político y social. Estamos a medio camino. Es hora que nos esforcemos por alcanzar el horizonte donde los discursos y las prácticas sean coherentes. Para ello, el Consejo Nacional de la Infancia es una herramienta fundacional para acelerar el tránsito de un Estado tutelar a un Estado garante.
Los derechos humanos son facultades consustanciales a la existencia del ser humano, son los mínimos para la vida digna. Transitar hacia un Estado garante implica establecer, por ley, mecanismos de exigibilidad de ese mínimo de dignidad; contar con instituciones idóneas para hacer efectivo su respeto, promoción y protección; y en el caso de los menores de 18 años, por la vulnerabilidad propia de la etapa de desarrollo, implica priorizar sus intereses en las decisiones que les afecten, en las políticas y también en el presupuesto de la nación. En síntesis, implica poner el Estado a la altura de los niños, niñas y adolescentes.
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Definitivamente es un esfuerzo gigantesco, lograr la coherencia entre el discurso y el hacer diarios. Los niñ@s de nuestro país, saben de sus derechos, pero también saben y viven la violencia y agresión diaria, de un sistema perverso, que hay que cambiar con urgencia, y en el que tod@s tenemos el deber de participar.
