Y resulta que ahora necesitamos de una nueva palabra. Cuando una empresa estatal pasa a manos privadas, decimos “que ha sido privatizada”. Cuando una empresa privada pasa a ser propiedad estatal, hablamos de “nacionalización”. ¿Pero qué palabra podemos usar cuando una empresa privada se hace pública? Es exactamente un concepto para este proceso lo que está haciendo falta en la discusión actual sobre las universidades en Chile.
Una posible hipótesis, quizás la preferida por los rectores de algunas universidades estatales, podría ser que el término no existe pues es lógicamente imposible. Empresa pública equivale a empresa estatal, mientras que empresa privada equivaldría a empresa no-pública. Por lo tanto, sería una contradicción que una empresa sea a la vez privada y pública. Sin embargo, este enfoque esencialista es extemporáneo, ya que no se hace cargo de las radicales consecuencias de las reformas de fines de los setenta y principios de los ochenta en Chile.
Como es bien sabido, las reformas neoliberales asumieron que la competencia, la elección y la iniciativa privada funcionarían siempre de modo más eficiente que la burocracia estatal, hasta ese momento la forma tradicional de proveer servicios sociales. En este contexto, se definió que incluso en aquellos sectores donde no había mercados disponibles, el Estado podría intervenir, por ejemplo, mediante subsidios a la demanda, de modo de generar las condiciones para atraer la iniciativa privada. Esto es lo que se entendió como “principio de subsidiariedad”, y que, en los términos de nuestra discusión, implicó que empresas privadas pasaran a administrar cada vez más recursos públicos. Al mismo tiempo, el carácter público de las instituciones estatales se hizo cada vez menos claro. Así como nos preguntamos a partir de TVN, si es posible entender como pública una empresa estatal que se orienta y financia según su acceso a recursos por publicidad, ya no es claro si corresponde tratar como pública a instituciones de Educación Superior estatales cuya supervivencia depende de atraer recursos privados (aportados en este caso por familias vías matriculas). De hecho, esta es una de las importantes aristas de la discusión sobre gratuidad, pero ese es otro tema.
El punto acá es que, desde las reformas neoliberales, el acceso a los recursos público se separó de lo estatal y se constituyó en algo que tanto empresas privadas como estatales tienen que competir por alcanzar. Lo que puede resumirse, parafraseando esa frase favorita de la teoría del género, en el contexto neoliberal las organizaciones ya no nacen sino que se hacen públicas, lo que sucede cada vez que reciben recursos de fondos públicos. Para el caso particular de la Educación Superior, uno podría distinguir tres momentos o modos en que se ha dado este proceso.
Primero, una universidad puede ser privada y recibir recursos públicos vía Aporte Fiscal Directo si es considerada como “tradicional”. Por supuesto, esta es una categoría extraña, pues como sucede generalmente con la “tradición” resulta difícil de traducir en indicadores claros. Aunque en la práctica “Universidad Tradicional” se ha definido a partir de la participación en el Consejo de Rectores y por la edad de las instituciones (fundadas antes de 1981).
Un segundo modo fue iniciado por el AFI, o Aporte Fiscal Indirecto, que estableció que los recursos públicos viajarían junto a la elección de los estudiantes con los (hoy 27.500) mejores puntajes en la entonces denominada Prueba de Aptitud Académica. Es decir, desde este momento, una universidad que sea capaz de atraer a alguno de estos estudiantes se hace acreedora de recursos públicos.
Finalmente, el CAE. En vez de reformar las universidades estatales existentes o simplemente crear nuevas, los gobiernos de la Concertación terminaron generando un mecanismo que podríamos denominar como tardo-neoliberal. Mantiene el principio básico del AFI, los recursos públicos circulan junto con la elección de los estudiantes, pero ahora la calidad ya no es definida por los puntajes más altos de la prueba de selección, sino que por una típica institución de gobiernos tipo tercera vía, las agencias de acreditación, y en vez de ir de modo directo, los recursos públicos circulan por un complicado sistema de crédito garantizado y administrado por instituciones financieras.
Así, en los últimos treinta años, se ha ido haciendo cada vez más fácil para las universidades privadas acceder a recursos públicos, generando en la práctica una especie de sub-prime educacional compuesto por instituciones privadas que dependen del acceso a fondos públicos vía créditos con aval del Estado. Ahora, lo que cambió tras las movilizaciones estudiantiles, es que ya no basta con recibir recursos públicos, sino que también hay merecerlos. En términos sociológicos podríamos decir que lo que hoy está en juego es la legitimidad del gasto público en las universidades privadas. Lo público deviene una “prueba”, en el sentido dado a este término por Luc Boltanski. Como en ese antiguo comercial en que los detergentes tenían que pasar por el test de blancura, hoy las universidades privadas ya no pueden solo recibir recursos públicos sino que deben pasar por el “test de lo público”. Esto último no es un asunto menor. Pues así como la Constitución hace casi imposible nacionalizar una empresa privada, no parece particularmente difícil re-definir la prueba de lo público. Por ejemplo, generando nuevas condiciones para acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE), Aporte Fiscal Indirecto (AFI) o la categoría de universidad tradicional. Hecho que, como muestra la reducción de personal de la Universidad de las Américas luego que se les revocó la acreditación, puede tener grandes consecuencias en la viabilidad económica de las universidades privadas financiadas por recursos públicos.
Todo esto, por supuesto, lo saben los rectores en disputa. De hecho, por eso no solo han salido a defender su institución, sino también a intentar definir lo público. Pero, a los rectores esta vez no les toca estar del lado de los que diseñan el examen, sino que del de los evaluados. Esto tampoco es meramente un asunto de economistas discutiendo sobre los costos alternativos de la inversión en educación. El acceso a los recursos públicos para las instituciones de Educación Superior depende de cómo en cuanto ciudadanos en diálogo o en conflicto definamos la prueba de lo público. Quizás, una forma de comenzar este ejercicio sea mediante la inspección crítica de los tests ya existentes- y preguntarnos, por ejemplo, si consideramos suficiente que una universidad sea “tradicional”, “atraiga buenos puntajes”, o simplemente “tenga estudiantes y esté acreditada” para recibir recursos públicos. O, de modo más general, si debería redefinirse la noción de “tradicional” o de si corresponde que la llave de lo público siga siendo la competencia por atraer estudiantes (a su vez, en función del gasto en “publicidad”) o la acreditación (otorgada por empresas privadas en competencia por hacer más atractivos sus servicios para las instituciones que evalúan).
[Posibles sesgos: actualmente trabajo en una universidad estatal en Dinamarca, soy investigador asociado de una privada no tradicional y hago clases en una tradicional privada en Chile].
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De las universidades privadas solo tienen un rol público la Universidad de los Andes, la Alberto Hurtado,la Diego Portales y en mucho menor medida la Academia de Humanismo Cristiano . Las demás solo buscan el lucro y no ofrecen nada,solo un titulo que no vale nada y sus egresados que no tienen idea de nada.
A los jóvenes que no les alcanza para una tradicional de primer nivel o una de las privadas que nombre les recomiendo que elijan una tradicional de región  como la de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, La Serena, Playa Ancha, Catolica de Valparaiso, U. de Valparaiso, Catolica del Maule,  de Talca, Biobio,  U. Catolica de la Santisima Concepción, U.Catolica de Temuco,  U. De la Frontera, Austral de Chile, Los Lagos, de Magallanes.
En varias de esas ues como la de Atacama o Magallanes recibirían con los brazos abiertos a jóvenes que hoy eligen a universidades como la Central, Andres Bello, San Sebastian, Finis Terrae, etc porque a pesar de no ser altos puntajes permitirían aumentar los promedios de ingreso y por ende el financiamiento del estado  (en regiones los mejores puntajes emigran a las principales universidades).
Con esto se fortalecería la eduación pública universitaria y las universidades privadas mediocres tenderían a desaparecer.
Juan Páez | 09.05.2014
Estimado José,
Creo conveniente señalar que en su premisa inicial tratando de clasificar la naturaleza de la propiedad de la Universidad - o empresa como se ha visto - su definición estaría incompleta u obsoleta. Para empezar, ser pública en principio no es lo mismo que ser estatal y privada no es lo mismo a que no sea estatal. Si una organización nace como privada, puede hacerse pública mediante su salida a bolsa, donde –teóricamente- todos tienen una oportunidad de participar de sus dividendos invirtiendo en ella. Ahora si una organización es estatal, su interés es primeramente público, pues su origen deviene en garantizar un servicio al país o la comunidad más inmediata. Ahora, si una organización es publica de capitales privados y recibe ayuda estatal en cualquiera de las formas que usted ha señalado, es porque obviamente tienen una función pública que garantizar debido a un interés del estado, no puede o no quiere suplir. Caso contrario es una empresa del tipo público, que está en bolsa, que tiene un fin meramente lucrativo, por lo cual, el resultado de su ejercicio solamente es de interés de quienes públicamente se han hecho de sus acciones.
Cuando una empresa de capitales privados, se privatiza, es porque dejó de ser pública y ya no oferta acciones. Cuando una empresa de capitales privados se estatiza su denominación es estatal.
Por lo cual, habría que diferenciar capital, aportes y finalidad.
