Conicyt y la cacería de brujas

Tras las fuertes presiones realizada en conjunto por connotados académicos, la agrupación de ex becarios inhabilitados por Conicyt, la Federación de Estudiantes de Universidad de Chile (FECH) y la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP), la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) anunció el pasado 15 de abril que acabará con la cacería de brujas comenzada durante el 2013 (ver comunicado de Conicyt). Frente a este escenario auspicioso, es necesario recordar que muchas de las cacerías de brujas se perpetuaron en el tiempo a pesar de las constantes promesas de ponerles fin. Lo mismo ocurre actualmente entre Conicyt y sus ex becarios. A estos últimos se les comunicó recientemente que se detendrían las sanciones en contra de aquellos investigadores que hubieran obtenido el grado académico al que se comprometieron al recibir el financiamiento del Estado chileno. Con esto, se supone, se acabaría con la persecución en contra de los ex becarios que, a pesar de haberse graduado en las mejores universidades de Chile, se encontraban inhabilitados para obtener recursos dependientes de Conicyt y estaban en riesgo de ser sancionados con la restitución total de los fondos invertidos en su formación.

Si bien esta promesa da una señal positiva del rumbo que ha adoptado el nuevo gobierno de Chile, la falta de claridad sobre las nuevas autoridades que encabezarán Conicyt durante este nuevo periodo, la alta rotación al interior de sus máximos funcionarios y la ausencia de una política coherente que sea independiente de la voluntad de quienes encabecen dicha institución, impiden que estos avances sean considerados como el fin definitivo de aquellas medidas con que hasta ahora Conicyt condenaba a la muerte académica y quiebra económica a sus investigadores graduados, los mismos con los cuales se vanagloriaba ante la opinión pública.

Con el anuncio de la suspensión de las sanciones en contra de sus ex becarios son muchos quienes han recuperado la respiración tras meses de angustia. Y si bien este avance recoge programáticamente una de las principales demandas que desde hace meses ha movilizado a diferentes organizaciones académicas, estudiantiles y sociales, es necesario mantener una actitud de cautela. Hasta el momento, esta medida solo atañe a los becarios que desarrollaron programas de postgrado nacionales y no a aquellos que estudiaron en el extranjero con Becas Chile.

Junto con lo anterior, hasta la fecha no se conoce cuáles serán las nuevas normativas que regirán para los becarios y ex becarios de Conicyt ni tampoco los plazos y mecanismos mediante los cuales estas se implementarán. Aún más grave, esta institución al igual que el Ministerio de Educación, ha guardado silencio acerca de si terminará por fin con la perversa noción de una beca pública como un crédito condonable, con la cual se desvirtúa la responsabilidad que debería tener el Estado como promotor de la investigación y el desarrollo del país, recayendo ésta, finalmente, sobre los becarios y sus familias. En este sentido, una señal contradictoria ha sido el fin del impresentable contrato que mantenía Conicyt con la empresa de cobranza jurídica Orsan S.A. (conocida por sus servicios a Ripley, Cencosud y otras empresas del retail), mientras simultáneamente rechaza terminar acabar con la firma de pagarés con cifras en blanco como requisito para ser beneficiario de una beca Conicyt.

Este tipo de medida se toma como instrumento de presión en contra de los becarios, los mismos con los que Conicyt, en plena incertidumbre institucional, se sirve para defender públicamente su cuestionada gestión.  Se ha vanagloriado públicamente de que entre los años 1988 y 2007 la tasa de graduación de sus becarios de doctorado nacional superaría el 75%, alzándose por sobre la de países desarrollados como Estados Unidos. Si bien lo anterior demuestra que una amplia mayoría de investigadores ha cumplido su compromiso con nuestro país, un análisis de la información que nos proporcionó Conicyt permite observar lo que deliberadamente esconde esta cifra y, con ello, transparentar los problemas estructurales de la institución para cumplir con su misión.

En efecto, si se estudia las convocatorias para becas nacionales durante el periodo de expansión del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, se puede observar que entre los años 2005 y 2011 solo el 4% de los ex becarios de doctorado y el 12% de magíster logró cumplir con la totalidad de las obligaciones impuestas por Conicyt respecto a los plazos de obtención y acreditación del grado académico. Este grupo ínfimo en proporción al universo de becarios sería el único que en el marco jurídico actual podría continuar con su formación académica, postulando a nuevas becas y fondos de investigación dependientes de Conicyt.

La cifra anterior contrasta dramáticamente con el 59% de ex becarios de doctorados y el 56% de magíster que, a pesar de haberse graduado, están en riesgo de ser sancionados por el simple hecho de demorarse en la obtención o en la acreditación del grado, aun cuando dichas extensiones de plazo contaron con la justificación y el respaldo de sus respectivas universidades, a través de la otorgación de sus grados. En este sentido, hasta que no se publique de manera oficial una modificación al decreto que rija a las becas nacionales, podemos insistir en que “inhabilitados” por Conicyt es un grupo constituido por al menos 1.318 investigadores: 1.001 en doctorado y 317 en magíster nacionales. Cabe agregar que, a la fecha, Conicyt no ha trasparentado públicamente la estadística de las convocatorias anteriores al año 2005, ni tampoco el número de los becarios inhabilitados por Becas Chile para estudios en el extranjero. Esto último es especialmente grave considerando que para este conjunto de becarios no hay indicios de alguna solución.

Considerando a los becarios de concursos entre los años 2005 y 2011 se observa que la tasa de graduación es cercana al 66%. Sin embargo, la tasa efectiva, esto es graduados que cumplen con todos los requisitos y se encuentran habilitados, es de sólo un 4% y 12% para programas de doctorado nacional y magister nacional, respectivamente.

La “cacería de brujas” emprendida por Conicyt a mediados del año 2013 y suspendida esta última semana bajo promesas bien intencionadas, solo revela la falta de coherencia en la forma con la que el Estado chileno ha abordado la producción del conocimiento en nuestro país. Como Grupo de Inhabilitados por Conicyt estamos convencidos de que es necesario avanzar en un debate más profundo en el que se abandone aquella lógica según la cual la educación y el conocimiento son bienes de consumo, para restituir su sentido público puesto al servicio de la sociedad. Es fundamental avanzar hacia la democratización de las instituciones de ciencia y tecnología en Chile. La restitución del Consejo Asesor de Conicyt, suspendido en octubre de 1973, entregaría una perspectiva más racional para el proceso de elaboración de los decretos que rigen el sistema de becas.

Las nuevas autoridades en Educación y en Conicyt deben transparentar públicamente la riesgosa situación de los inhabilitados, principalmente la de aquellos que han estudiado en el extranjero y  que hasta el momento se mantienen postergados en las esperanzas que ha entregado la institución. Es urgente que dichas instituciones entreguen para ello cifras actualizadas y, sobre todo, ofrezcan soluciones a corto plazo de este conflicto colectivo. Sería una desgracia que la institución insistiera en desvalorizar los grados académicos obtenidos y la función social comprometida en las investigaciones de estos becarios. Apagar la hoguera no depende de los bombos que le demos a los anuncios, sino de construir una política consistente de producción del conocimiento acorde a los desafíos que tiene nuestro país.