Una reforma tributaria efectiva y eficiente: Hacia una sinergia con la reforma educacional
15.04.2014
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15.04.2014
¿Qué es una reforma tributaria efectiva y eficiente?
a) Efectiva es aquella que recaude suficiente para financiar reformas sociales importantes, particularmente la reforma educacional, y que al mismo tiempo mejore substancialmente la distribución del ingreso.
b) Eficiente, implica que no afecte los incentivos para invertir en capital físico, que sí provea de incentivos para aumentar la inversión en capital humano por parte de las familias y que a la vez mitigue la destrucción del medio ambiente.
¿Qué características mínimas debe tener una reforma tributaria para cumplir estos requisitos?
1) Que sea una reforma focalizada.
Enfocada fundamentalmente en aumentar la carga tributaria del 1% más rico de la población evitando afectar otros segmentos de ingresos moderadamente altos, cómo son aquellos individuos que se ubican en los tramos 5%-2% más ricos. La razón para esto es la siguiente: Los ingresos del 1% más rico contienen una alta incidencia de rentas económicas puras, es decir de apropiación de valores ya creados por otros, que se logran como consecuencia de su posición de alto poder económico y político en la sociedad (¿puede alguien generar ingresos de $100 millones mensuales o más, como ocurre entre el top 1%, sin apropiarse de valores generados por otros?).
Los súper ricos se benefician, a través de sus empresas, de rentas monopólicas provenientes de la explotación de los consumidores, quienes deben pagar precios a veces exorbitantes por los bienes y servicios producidos por los bancos, AFP, supermercados, farmacias, y muchos otros, todos sectores de gran concentración monopólica. De la misma manera, estos súper ricos usufructúan de rentas originadas en la apropiación de recursos naturales de propiedad de todos los chilenos, pero que han sido arbitrariamente asignados por el estado a unas pocas empresas que los explotan (la gran minería, las industrias salmoneras, pesca, etc.). También ellos se benefician de rentas originadas en la capacidad de individuos de gran poder económico de acceder y utilizar información privilegiada, lo que les permite explotar a otros inversionistas menos poderosos económicamente, incluyendo gente común que ahorra en los mercados de valores como parte de sus planes de pensión.
A diferencia de los súper ricos del top 1%, los grupos del 5%-2% por lo general gozan de ingresos generados por ellos mismos, no están en posición de explotar y así apropiarse del ingreso de otros. En estos grupos se encuentran, entre otros, profesionales calificados de altos niveles de educación que han sido capaces de obtener elevados retornos a su propio capital humano y esfuerzo.
Esta diferencia entre sus ingresos que son en realidad retornos al capital humano, a su talento y esfuerzo, y los ingresos del top 1% que incluyen una alta dosis de rentas apropiadas, es fundamental al momento de diseñar una reforma tributaria. La reforma debe obligar a los oligarcas del top 1% a compartir sus ingresos apropiados (las rentas económicas) con el resto de la sociedad a través del pago de mayores impuestos, mientras que los grupos que no se nutren de las rentas económicas no debieran sufrir alzas de impuesto. Esto no solo por razones de justicia, sino también por razones de eficiencia económica. Las rentas económicas apropiadas generan artificialmente altísimas tasas de retorno al capital, muy por encima de las tasas normales de retorno. Esto quiere decir que al gravar estas rentas no se causa ningún efecto negativo para la inversión, solo se permite al estado participar de esas rentas sin efectos de asignación de recursos (ver artículo anterior en CIPER).
Por el contrario, gravar altos ingresos que constituyen retornos a la inversión en capital humano, sí puede tener efectos negativos de eficiencia al reducir las tasas de retorno en dicho capital, lo cual puede disminuir los incentivos de los individuos para invertir en capital humano, y puede también reducir su esfuerzo productivo.
2) Que sea una reforma complementaria con la reforma educacional.
Aparte de generar recursos para financiar la reforma educacional, la reforma tributaria debiera estimular directamente la inversión de las familias en la educación de sus hijos. Es decir, debe generar incentivos para que las familias puedan contribuir a mejorar la educación de sus hijos, de tal forma que se genere un alto nivel de complementariedad entre el esfuerzo del gobierno y de las familias.
Sin una mayor participación de las familias, el esfuerzo solitario del gobierno puede ser insuficiente para lograr los objetivos educacionales buscados. La reforma tributaria puede por sí misma posibilitar y aumentar los incentivos de las familias para incrementar la inversión en capital humano de sus hijos.
Un instrumento tributario para lograr esto es una drástica reducción del IVA, un impuesto grotescamente elevado (entre los más altos del mundo) el cual además de ser regresivo, es ineficiente porque reduce casi en 20% los recursos financieros de las familias, que en parte podrían ser invertidos en capital humano. El IVA ha sido un factor importante en disminuir la inversión en capital humano para las familias pobres y de clase media al reducir su capacidad de financiamiento de esta inversión. Por lo tanto, la reforma tributaria debiera eximir del pago de IVA a todos los útiles escolares (libros, uniformes, etc.), y además reducir significativamente la tasa IVA para otros gastos esenciales como los alimentos y la cultura.
Esta reforma del IVA podría causar un aumento instantáneo del ingreso disponible de las familias de bajos ingresos y clase media del orden de un 5%-10%, lo cual es de gran significación. Si el ingreso de estos sectores crece a la misma tasa que el ingreso nacional per cápita (alrededor de 3% anual), este aumento de 5%-10% que se lograría en un año, equivaldría a casi 3 años de crecimiento. O sea, desde el punto de vista de las familias pobres y de clase media, una rebaja del IVA como la aquí propuesta significaría lograr un aumento de bienestar instantáneo, que sin la reforma tomaría 3 años en lograrse (asumiendo un crecimiento del ingreso nacional per cápita de 3% por año).
Un aumento del ingreso disponible de esta envergadura induciría un significativo aumento de los recursos que las familias destinan a la educación. Este efecto es particularmente importante sobre todo para las familias que tienen restricciones de liquidez para financiar inversiones en capital humano, que son la gran mayoría. Esto posibilitaría un efecto sinérgico entre el esfuerzo del gobierno y el de las familias, facilitando así la mejora en la educación.
La característica 1 discutida anteriormente es también importante desde esta perspectiva. Protegiendo a los sectores de ingresos moderadamente altos de las alzas tributarias permite mantener una alta rentabilidad de la inversión en capital humano y por lo tanto, mantener los incentivos de los grupos de más bajos ingresos para invertir en capital humano.
3) Que contribuya a detener la destrucción ambiental.
Impuestos verdes concentrados en las grandes empresas, que son las principales fuentes fijas de polución y destrucción de los recursos naturales renovables (como el aire, los bosques, las fuentes de aguas, los glaciares y los peces) son necesarios. Esta es la manera más eficaz de hacer que las utilidades de los grandes empresarios dejen de nutrirse de la destrucción ambiental y de los recursos naturales renovables, y al mismo tiempo poder generar mayores recursos tributarios. Una parte importante de las rentas económicas apropiadas por los súper ricos está asociada con el hecho que las grandes empresas han utilizado y destruido estos recursos sin pagar por estos usos y daños.
El medio ambiente ha sido, en la realidad, utilizado como un insumo más (como un receptáculo gratuito de productos tóxicos, derechos de extracción de agua otorgados gratuitamente, derechos de uso del mar y lagos para acuacultura también gratuitos, etc.) para magnificar las utilidades de las grandes empresas, un insumo que ha sido gratuito para ellas, porque su costo ha sido cubierto por todos los chilenos. Es decir, mientras las utilidades son privadas los costos de producción ambientales se han socializado. Muchas de las empresas que causan esta destrucción son grandes empresas (como la gran minería del cobre, las plantas de celulosa, productoras de acero, refinerías, etc.) de propiedad de los súper ricos nacionales y extranjeros.
Una de las consecuencias más importantes de la degradación ambiental y la polución, ampliamente documentados en la literatura, es su efecto negativo sobre la capacidad de aprendizaje de los niños. Mejorar la calidad ambiental no solo hace la vida más amena, sino que además contribuye importantemente a prevenir deterioros de la capacidad cognitiva y de la salud general de la población. Si se logra una mejora ambiental los esfuerzos en educación van a rendir mucho mejores frutos en términos de ampliar el valor económico y social de ella.
Si bien empresas de menor envergadura también contaminan, es importante empezar por introducir cargos ambientales significativos dirigidos fundamentalmente a las grandes empresas. Esto por varias razones: primero porque son las grandes empresas las que producen la mayor parte de la destrucción ambiental, segundo porque por ser grandes y relativamente pocas sus descargas y daños ambientales son más fáciles de monitorear, y por lo tanto estos impuestos son más factibles de aplicar, y tercero, porque estos cargos ambientales a las grandes empresas de propiedad del 1% más rico cumplen con la premisa básica de este análisis, que es extraer el máximo posible de las rentas económicas de los súper ricos sin afectar la eficiencia económica. Los impuestos verdes, lejos de causar ineficiencia, son un factor que conduce a una mayor eficiencia económica, al permitir que los costos ambientales externos sean internalizados por aquellos que los generan.
La implicancia más importante de las tres características discutidas es que la mayor recaudación de impuestos sería suficientemente grande, no solo para proveer los recursos para financiar la reforma educacional, sino que también para financiar las rebajas del IVA, y para hacer una contribución significativa para reducir la desigualdad y mejorar el medio ambiente. El alza de impuestos tiene que recaer en lo posible exclusivamente en el 1% más rico de la población.
Esto significa que los niveles de impuestos a las grandes empresas (y por ende a sus propietarios de altísimos ingresos), incluyendo impuestos ambientales o verdes, deben aumentar de una manera drástica. El hecho de que una parte importante de las utilidades de este tramo incorpora una alta proporción de rentas económicas (o ingresos apropiados) da un colchón importante para subir estos impuestos sin afectar la inversión o el empleo generado por las grandes empresas. Se sugiere bajar el impuesto personal que es actualmente de 40% a 35% para tramos de ingreso moderadamente altos, tal vez entre $60 y $150 millones anuales, pero crear un nuevo tramo para las súper rentas por encima de $150 millones anuales, aplicándole una tasa marginal de impuesto de 50% (esta tasa no debiera asustar; al término de la dictadura la tasa máxima de impuesto personal era precisamente 50%).
Esta medida, junto con el fin del FUT y la introducción de importantes impuestos verdes, permitiría al gobierno aumentar la recaudación desde el top 1% de manera más drástica, capturando así una proporción mucho mayor de las rentas económicas apropiadas por estos grupos.
Así, la estrategia tributaria lograría cuatro efectos que son mutuamente sinérgicos: Por una parte lograría una mayor recaudación tributaria para financiar la inversión pública en educación, por otra incrementaría los retornos después de impuesto a la inversión en educación, lo cual implica que la inversión en educación sea aún más atractiva y deseable para las familias, además aliviaría las restricciones de financiamiento que limitan la inversión en educación por parte de las familias, y finalmente, contribuiría a mejorar el medio ambiente con la consiguiente mejora de la salud (una parte obviamente importante del capital humano), lo cual en el largo plazo va a mejorar la capacidad cognitiva de los niños, redundando en una mayor efectividad de los esfuerzos educacionales.
El efecto neto de estas importantes complementariedades sería un masivo aumento de la inversión, tanto pública como privada en educación, acompañada de una mejora en la efectividad cognitiva de la educación, con los consecuentes efectos positivos sobre el crecimiento y desarrollo económico de largo plazo, junto con una substancial reducción del flagelo de la desigualdad.