Preguntas y respuestas pendientes sobre la educación técnica.

El Programa de Gobierno anuncia la creación de Centros de Formación Técnica (CFT) públicos en todas las regiones. Al parecer se convocará a universidades a preparar iniciativas  para establecer instituciones que ofrezcan carreras técnicas de nivel superior, se seleccionará las mejores, se firmará convenios, se traspasarán los recursos y se monitoreará su ejecución. Entre tanto, se desplegará una nueva institucionalidad regional que incluye los Consejos de Formación Técnico Profesional, de carácter público-privado, para velar por la articulación del sistema y para entregar lineamientos que guíen el desarrollo de especialidades técnicas de la región.

Preocupa la inminencia de la medida (cinco convenios en los primeros 100 días de gobierno), considerando que no se conoce lo que el nuevo gobierno se propone en relación con la educación técnica y lo discutible que resulta la creación de estos CFT.

De partida hay que aclarar si estos CFT serán nuevas instituciones. La gran mayoría de nuestras universidades mantienen ofertas de carreras técnicas de nivel superior, algunas dentro de sus facultades, otras en centros anexos y otras en CFT y/o Institutos Profesionales asociados. En algunos casos, los títulos que entregan son de técnicos superiores; en otros, de técnicos universitarios, bachiller o de ingenieros en ejecución; ellos responden a perfiles parecidos de egreso, al menos distintos al de un técnico de nivel medio y a un título profesional o de un licenciado.

Entonces, tiene poco sentido pensar que se trate de instituciones nuevas; menos todavía que se busque universidades que no imparten carreras técnicas para que lo hagan; más bien se trata de fortalecer lo que muchas han hecho desde su origen (por ejemplo, las universidades de Santiago, Técnica Federico Santa María o la de Atacama) o con posterioridad (casi todas las demás).

Se requiere saber también qué universidades podrán postular a estas iniciativas. El programa indica que serán universidades públicas. Si se entiende por públicas las que funcionan bajo el régimen de lo público (al servicio de un sistema educativo que responde al derecho social a la educación), todas las que existen son públicas y los requisitos para postular tendrán que ver con la calidad, pertinencia y viabilidad de sus proyectos y con su compromiso con la formación técnica; si la opción es sólo universidades estatales, habrá que justificar la restricción de las demás (tradicionales y privadas).

Hay otro asunto en esto que no es posible soslayar. El Estado mantuvo una oferta de formación técnica de nivel superior hasta el año 1989, año en que la dictadura traspasó INACAP con todas sus sedes y todo su patrimonio, a la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), el principal gremio empresarial del país. Había sido creado el 1966 por el Presidente Eduardo Frei Montalva como una entidad filial de CORFO y a comienzo de los años 70 ya tenía presencia nacional y atendía gratuitamente a 60.000 trabajadores y jóvenes al año en carreras técnicas. También asesoraba a empresas de todo tipo. En su dirección participaban CORFO y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) como fundadores, el Ministerio de Educación, el Consejo de Rectores, la CPC y representantes de los trabajadores, en carácter de cofundadores. En la actualidad, el Estado dejó de influir en sus decisiones. Su consejo directivo está integrado por seis representantes, todos empresarios vinculados a la CPC y un representante de SERCOTEC (que no aparece en el sitio web institucional visitado).

Reconociendo el aporte que en estos años ha hecho INACAP a la formación de miles de técnicos y profesionales y la eficacia con que ha sido gestionado, bien vale la pena a la hora de ponernos de acuerdo en la necesidad de una oferta pública de educación técnica de nivel superior en regiones, que el Estado e INACAP revisen y acuerden en relación con su rol público,  para reforzar su función social, aportar al desarrollo productivo regional, con una institucionalidad que recupere el peso y la participación de CORFO y del Ministerio de Educación, y que por cierto incluya a los sectores productivos y de trabajo, que no pueden dejar de tener un rol muy relevante.

Finalmente, no puede dejar de señalarse que lo relevante, en definitiva, es la existencia de una política pública para la formación técnica que establezca y articule bien sus diversos niveles, que facilite el acceso y acompañe a todas las personas con vocación técnica, que diversifique las oportunidades de los estudiantes de los liceos técnicos de manera que prepare bien a aquellos que requieren salida laboral y también a los que aspiran a continuar estudios superiores. El compromiso público para el desarrollo de buenas ofertas técnicas de nivel superior en universidades, es una gran noticia, pero debiera ser parte de anuncios mayores que se esperan hace muchos años.