General director de Carabineros: «No teníamos cómo descubrir lo que se estaba tramando»

-¿Cuál es la responsabilidad del Honorable Consejo de Adquisiciones en el desfalco de $1.600 millones que detectó la Contraloría General de la República?

Lo primero que tengo que decir es que este asunto está radicado en los estamentos indicados. Uno de ellos es la Contraloría General de la República. También en tribunales, que es donde se hicieron las denuncias a través del propio fiscal del sumario administrativo. Ahora, con respecto al Honorable Consejo de Adquisiciones, es un órgano creado hace bastantes años, del cual yo participé como integrante y también lo presidí. Es un órgano colegiado. La función del presidente es dirigir el debate respecto de compras superiores a 1.000 UTM. Respecto a estas compras, el Consejo de Adquisiciones aparece como órgano asesor del general director, haciendo recomendaciones desde una perspectiva o desde una visión técnica y estratégica institucional. Pero no con capacidad de resolución. Al consejo lo que le correspondía ver era la presentación que se efectuaba respecto a determinadas compras y revisar si eran necesarias para la institución, si cumplían requisitos mínimos. Pero este consejo no se constituía en una comisión evaluadora de ofertas, toda vez que dicha labor correspondía a estamentos distintos que eran aquellos que presentaban las compras y los oferentes. Respecto del caso que está en proceso, hay un sumario administrativo, tomó conocimiento la Contraloría y los tribunales. Este consejo normalmente veía con mucha profundidad aquellas compras que se efectuaban por licitación pública y privada y también por trato directo. Pero, en este caso particular de compras de generadores eléctricos que se hicieron a Mellafe y Salas, fueron hechas en base al (sistema de) “convenio marco”, por lo tanto tiene otro tratamiento. Así lo entendió en su momento el consejo que yo presidia, (en el sentido) que esto ya estaba con una licitación pre hecha y, por lo tanto, no había necesidad de escudriñar más.

-¿Uno de los objetivos del consejo era, justamente, que las grandes compras fueran transparentes e incuestionables, pero hoy están siendo cuestionadas, ¿eso no indica responsabilidad del alto mando?

En el decreto de creación (del consejo) aparece una frase que dice “para que las compras no aparezcan con algún tipo de cuestionamiento”. Y el consejo siempre tuvo la precaución, sobre todo cuando se trataba de licitaciones públicas o privadas o tratos directos. No así escudriñar, porque no era su labor transformarse en una comisión evaluadora de ofertas, porque no era su misión. Nosotros veíamos la necesidad y la necesidad era dotar de generadores eléctricos a todos los cuarteles, más de mil, dado los hechos ocurridos con el terremoto, para que pudieran tener en funcionamiento el sistema de comunicación. Ahora bien, respecto de la posibilidad de que el consejo supiera más allá de lo que le correspondía, eso era prácticamente imposible, porque no veía solo una materia, veía diez, quince y (hasta) hay actas del consejo con 29 materias en un día. Y, precisamente, las que estaban en “convenio marco” tenían un tratamiento distinto.

-¿No servía para nada el consejo, entonces?

No, sí servía para algo, porque en muchas oportunidades rechazamos algunas compras y algunas donaciones, porque el consejo consideraba que eran innecesarias en cuanto a su cantidad o volumen. Pero este caso de los generadores era un asunto que requería rapidez y (existía la) necesidad. Y lo más importante es que estaba en “convenio marco” y (por eso) se entendió inmediatamente que no tenía problemas y no podía ser cuestionable la compra.

-¿A raíz de esto, se han investigado todas las actas del consejo mientras usted fue presidente, para saber si hubo otras compras con engaños al consejo?

Sí, efectivamente se ha hecho alguna revisión, pero una revisión interna respecto de esta materia. Lo he ordenado yo, básicamente porque (las compras) se hicieron hace un par de años y hay muchas por más de 1.000 UTM. Por lo tanto, hay una cantidad considerable de compras. Solo en el año 2010 existen entre 170 a 190 compras que se hicieron con conocimiento del Honorable Consejo de Adquisiciones.

-¿Nunca les llamó la atención que hubiesen tantas compras por “convenio marco” a la empresa Mellafe y Salas?

No, en realidad no nos llamaba la atención el caso de Mellafe y Salas porque estaba en “convenio marco”. Otros proveedores sí nos llamaban la atención que siempre aparecían. Pero, el consejo tampoco tenía atribuciones para eliminar a alguno de los proveedores que aparecían ahí. Eso lo hace otro estamento y tiene que ser por causas legales, no por causa de carácter administrativo. Nos ocurría con algunos proveedores de otros rubros, como vestuario y equipos, accesorios para armamentos, etc. (En esos casos) eran otros los encargados, incluso con normativa legal, para verificar esto. Tratándose de compras por “convenio marco” era un tratamiento distinto, era más rápido, porque se entendía que la licitación ya se había hecho por otro estamento extra institucional. Por lo tanto, yo no le atribuyo responsabilidad (al consejo) en este tipo de compras. No obstante que hay procedimientos en los tribunales y en la Contraloría que determinarán quiénes fueron los que actuaron directamente para que esta compra se produjera a precios que a simple vista aparecen como excesivos, al Consejo de Adquisiciones no le atribuyo ninguna responsabilidad respecto a este tema.

-¿No fue un error, al menos, creer que los “convenios marco” ya estaban sancionados y que no había posibilidad de colusión por ahí?

No, no. Creo que no fue un error, por cuanto hasta el momento se siguen efectuando compras por convenio marco superiores a 1.000 UTM. Lo que pasa es que, justamente a raíz de esta denuncia, también los convenios marco están siendo más estudiados. Pero están siendo estudiados por el estamento que corresponde. Y por eso creé una Dirección de Compras Públicas a cargo de un general, para ver estos casos con mayor detalle. Y ahí,  ellos se transforman en una comisión evaluadora de ofertas. Es su obligación hacerlo. Desde que tomé el mando hace dos años, hemos tenido esta conducta respecto a todas las compras superiores a 1.000 UTM: un estamento especializado, con gente contratada para hacer este tipo de compras, para, precisamente, evitar hechos de esta naturaleza. Incluso los consejos, los órganos colegiados, los componen seis, siete u ocho personas y a veces más, para minimizar el riesgo de que la decisión esté radicada en una persona. Y, además, que exista un órgano asesor, para que ayude a tomar una buena determinación.

-¿Y cómo se puede asegurar que ahora sí funcione el sistema, si eso que usted me está diciendo era justamente lo que decía el acta de creación del Honorable Consejo de Adquisiciones y aun así hubo malas prácticas?  ¿Cuál es la seguridad de que hoy usted da a la ciudadanía de que en las compras hechas durante su gestión no se malgastó dinero público?

Bueno, porque es distinto. El  Honorable Consejo de Adquisiciones lo formaban parte de las máximas autoridades institucionales, como un órgano asesor para contribuir a la determinación de una resolución respecto a una compra. La Dirección de Compras Públicas no tiene la facultad directa de determinar (la compra), porque es un órgano que tiene que revisar todas las compras desde su origen hasta el final. Posteriormente, el director de Logística es el que tiene la facultad legal y él tendrá que resolver si se compra o no y bajo qué condiciones. Pero esta Dirección de Compras Públicas sí tiene la competencia y la facultad para resolver todo el proceso completo, cosa que nunca tuvo el consejo. No era su competencia ni jamás se le presentaron al consejo materias con tanto detalle. Las actas dan cuenta de ello.

-¿Usted, como presidente del Honorable Consejo de Adquisiciones durante cuatro años y en vista de los antecedentes que hoy se conocen, se siente engañado?

-Sí, yo creo que sí. Efectivamente, no puedo negar que existió alguna colusión por parte de estamentos inferiores. Después, mirando las actas y viendo el trabajo que se hizo, evidentemente nosotros no teníamos cómo descubrir lo que se estaba a lo mejor tramando ante un estamento que no tenía competencia para escudriñar, (porque en) el Consejo de Adquisiciones, como órgano colegiado, no lo teníamos (esa facultad). Por supuesto que, como presidente que dirigía los debates, hay un grado de frustración respecto de una compra millonaria.

¿En qué etapa está el sumario interno, hecho por el general Julio Pineda, a partir de una denuncia que en febrero cumplirá dos años?

El sumario está cerrado. Está con vista fiscal y tienen que hacer los descargos las personas involucradas. No tengo conocimiento a cabalidad del sumario, porque no me corresponde, a menos que yo sea eventualmente instancia. Y en esa eventualidad sí voy a tener la capacidad de resolver lo que a mí me corresponda como general director. Es un extenso sumario del que  tiene conocimiento la Contraloría  y vamos a esperar su curso normal. Esperamos que se termine en el más breve plazo, pues lleva ya bastante tiempo.

-¿Hay algún plazo que usted estime para terminar la investigación interna?

Creo que el sumario debería demorar, si no hay mayor inconveniente, no más de cuatro meses.

–Entre los ya sancionados está el comandante Ramiro Martínez Chiang, cuya expulsión se adoptó por dos razones que, a partir de la documentación que él expuso ante CIPER, parecen infundadas.

Se dispuso una desvinculación administrativa. No es una sanción disciplinaria que está condicionada al resultado del sumario administrativo. Es una normativa reglamentaria, avalada por la normativa legal, que la máxima autoridad institucional propone al Poder Ejecutivo: la desvinculación temporal o condicionada de quien aparece involucrado en asuntos que el sumario administrativo, a ese momento, establece que son graves. Ante este hecho corresponde pedir esta desvinculación condicionada, que queda sometida al resultado del sumario administrativo. Como el sumario administrativo se ha demorado, efectivamente el oficial pidió su reincorporación. Esa reincorporación la tiene que ver también el general director. Sobre la base de esos antecedentes que estoy pidiendo,  y que aún no tengo, resolveré. Ahora bien, si en el sumario administrativo aparece con una sanción que no sea la separación del servicio, yo tendría que solicitar al Ejecutivo la reincorporación de este oficial. El caso del comandante Martínez lo tengo pendiente en espera del dictamen que debe hacer el dictaminador actual, que es una persona que no ha conocido el sumario. Eso es importante, porque no está contaminado y, por lo tanto, tendrá que ver en su justa medida y proponer la sanción disciplinaria que realmente le corresponde a este oficial o absolverlo. Lo vamos a agilizar lo máximo posible.

-El fiscal del caso, el general Julio Pineda, dijo a CIPER que no entrevistó a generales. Estamos hablando de compras muy grandes dentro de una institución altamente jerarquizada ¿No cree que le resta validez a la investigación que no pesquise eventuales responsabilidades en el alto mando?

Bueno, esa es una función que le corresponde al fiscal y no está impedido de entrevistar a nadie en un procedimiento administrativo. Él tendrá que determinar o no determinar. Él actúa como fiscal administrativo y, respecto a la denuncia presentada, tendría que haber verificado el origen y cómo se produjo esta compra y ahí determinar las responsabilidades. Él ha estimado, como fiscal, en su esfera de competencia y atribuciones, que no había ningún grado de responsabilidad de otros estamentos y por eso, entiendo, que él no lo hizo (tomar declaraciones a generales). Como información a priori, él se centró en el origen mismo de donde se produjo esta especie de colusión supuesta y por eso seguramente ese fue su lineamiento. Ahora, lo revisará el oficial dictaminador que tiene las competencias para reabrir o mandar hacer las diligencias que estime que faltaron.

¿Y existe alguna sanción al fiscal si se comprueba que no se hizo todo lo que se debía hacer, o no se entrevistaron personas directamente involucradas?

Sí, si eventualmente existe una intención maliciosa para no haber involucrado a una persona que aparece evidentemente en el procedimiento administrativo, pero eso lo tiene que ver el dictaminador. Después, están los órganos superiores que tendrán que dirimir respecto al trabajo que él hizo, si lo hizo bien o mal. Pero tiene que haber una intención maliciosa para que se produzca un reproche administrativo.