Cobros por falsas deudas previsionales

Hace casi cuatro años, en marzo de 2010, llegó a mi casa en Osorno una patrulla de Carabineros con una orden de embargo. No teníamos idea del por qué habían llegado. Mi mamá, que fue quien los recibió, le preguntó a los policías, pero ellos desconocían el detalle. Cuando llegué, después de que me llamó, aún estaban allí. También estaba el receptor, que tampoco sabía a qué se debía el embargo. La única información que él tenía era el número de una causa en mi contra en el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno. Paramos el embargo y fuimos a averiguar sobre ese proceso, y entonces supe que AFP Provida me había demandado por una deuda que supuestamente tenía por cotizaciones impagas. De hecho, eran dos causas distintas por deudas que sumaban poco más de $201.000. Pero eso era imposible, porque nunca he sido empleador de nadie.

Fui hasta la AFP Provida y les expliqué que ese cobro no correspondía. Me pidieron un par de papeles, los presenté y listo: Provida eliminó mi supuesta deuda del registro en un par de meses y, para agostos de 2010, ambos juicios se habían acabado. Con la AFP no hubo ningún problema y pensé que con eso ya quedaría todo solucionado, así que me despreocupé. Pero resultó no ser así.

Como soy arquitecto, fui tiempo después a inscribirme como tasador en el Serviu. Me sacaron informes Dicom y así me di cuenta de que, si bien la deuda previsional había desaparecido, ahora me cobraba Fonasa. Cuando fui a averiguar al Instituto de Previsión Social (IPS), no me dieron ninguna información. En cambio, me dijeron que tenía que pagar sí o sí.

Me pareció muy extraño, así que fui en junio de 2012 a la Fiscalía Local de Osorno para poner una denuncia por falsificación o uso malicioso de documento público. El fiscal encargó una investigación a la Policía de Investigaciones (PDI) y así fue que supe que la persona a la que “le debía” el dinero era una mujer de 65 años, de Curicó, a la que supuestamente había contratado como temporera por dos meses con un sueldo cercano a los $750.000. La PDI la ubicó y la entrevistó. Ella declaró que no me conocía, que jamás me había visto y que nunca había estado en Osorno, donde yo vivo y trabajo en un Liceo Industrial. De hecho, según ella misma declaró, nunca ha trabajado bajo contrato y ni siquiera ha cotizado en el sistema previsional. Eso es lo más curioso. Con esa información fui al IPS y lo que allí me dijeron fue: “Demande”. ¿Pero a quién? La mujer ya había declarado que ella no tenía nada que ver en todo esto. Es más, no existe ningún documento que incluya su firma o la mía.

La PDI tuvo acceso a dos declaraciones de Previred donde salvo mi nombre y mi rut, ninguno de los datos que allí figuran son míos. La dirección –en Curicó, donde jamás he tenido domicilio– no es mía. De hecho, ni siquiera existe. Y el teléfono tampoco. Una vez llamé para ver de quién era, pero no me contestaron. Y así, con datos falsos y sin ninguna firma mía, yo estaba en el sistema de deudores previsionales del IPS.

En esos días publiqué en mi perfil de Facebook lo que me había pasado. Sorpresa: otras cinco personas me pusieron comentarios diciendo que les había pasado lo mismo. Que por una u otra vía se habían enterado de que le debían cotizaciones a alguien a quien nunca habían contratado. Que esos supuestos “empleados” eran personas que no conocían y con las que no tenían ningún vínculo. Que cuando fueron a alegar al IPS, no les dieron ninguna respuesta. Y que la deuda era tan chica en relación a lo que tendrían que pagar a un abogado para ir a juicio, que todos habían optado por pagar.

Lo anterior me hizo entender que ya no se trataba de un caso aislado o un error, sino que de un mecanismo fraudulento para cobrar deudas inexistentes. Con toda esa información, presenté una denuncia en la Contraloría. También fui a las superintendencias de Isapres y de Pensiones para que investiguen. E incluso a Fonasa. Pero al parecer hay un vacío: entre todas esas instituciones se pasan la pelota, responsabilizándose unas a otras y obligándome a ir de un lado a otro sin que me solucionen el problema. Y al parecer, gente del IPS, o no sé de qué otra instancia, conoce bien ese vacío y lo aprovechan. Como son montos bajos, de $80.000 ó $100.000 pesos, la gente los paga para evitarse problemas y más gastos. Puede ser algo pequeño, pero todo va sumando. En mi caso, la “deuda” inicial era de aproximadamente unos $130.000, pero desde entonces se ha ido reajustando y ahora “debo” cerca de $250.000.

Incluso fui a la Inspección del Trabajo, donde me entrevistaron a mí y a la mujer que supuestamente fue mi empleada y comprobamos que no existió nunca un vínculo laboral entre ambos. Y todo eso también lo llevé al IPS en Osorno, en Puerto Montt y en Santiago. Pero a pesar de los antecedentes que tengo y de las irregularidades que comprueban, el sistema sigue con la falla y no elimina mi deuda. En el IPS no solucionan mi problema y en la misma fiscalía me dicen que mientras no haya un juicio, nadie va a fallar mi absolución. O sea, que demande. Pero insisto, ¿a quién demando? A la mujer no, porque ya sabemos que no tiene nada que ver. El IPS funciona prácticamente como intermediario que cobra una supuesta declaración que alguien hizo con mi nombre. Tengo todos los datos para demostrar que la “deuda” no existe y por más que pido que me saquen de los registros, me dicen que no pueden hacerlo sin una sentencia ejecutoriada recaída en un juicio criminal que permita anular las planillas declaradas y adeudadas.

Estoy pensando en pagar la plata, porque al final me sale más barato y más rápido que ir a juicio. Pero quedo con mis papeles manchados. Ya no soy tasador del Serviu: me sacaron porque para estar inscrito no puedo figurar como deudor en los registros comerciales. No puedo postular a créditos y cuando traté de vender mi casa, en el banco me pusieron problemas. Tampoco puedo salir del país. Definitivamente, las deudas previsionales son las peores, sobre todo cuando son falsas.