Nuevo libro de Horacio Verbitsky abre juicio público a los “cómplices económicos” de la dictadura argentina

Cada cierto tiempo Argentina corre el límite de lo posible en materia de justicia y reparación para las violaciones a los derechos humanos. Entre otros episodios emblemáticos se cuenta el juicio y condena a la cúpula militar que gobernó entre 1976 y 1983, la nulidad de las amnistías y prescripciones, la restitución de más de cien hijos de desaparecidos ilegalmente entregados en adopción y el simbólico descuelgue de los retratos oficiales de los dictadores. A la fecha, los jueces argentinos han dictado 404 condenas en procesos por terrorismo de Estado. Ahora que ya no hay vuelta atrás en los juicios contra los autores materiales de los crímenes, la propuesta es crear una nueva Comisión Nacional de Verdad que identifique a los “cómplices económicos de la dictadura”. Algo así como una Comisión Rettig que establezca la nómina oficial de las empresas, empresarios y asociaciones empresariales que colaboraron con el régimen y que multiplicaron su patrimonio gracias a negocios facilitados por los militares.

La idea ha sido presentada y extensamente argumentada en el libro Cuentas pendientes (Siglo XXI Editores, 450 páginas), volumen coeditado por el reconocido periodista Horacio Verbitsky -quien acostumbra a sacudir a los argentinos con investigaciones que desnudan a los poderes político, económico y eclesiástico- y el abogado Juan Pablo Bohoslavsky.

Cuentas pendientes fue lanzado en Buenos Aires en septiembre y llega ahora a las librerías chilenas. El texto contiene 25 artículos de diversos especialistas, divididos en ocho capítulos que recorren desde la jurisprudencia internacional hasta casos específicos de empresas argentinas que facilitaron medios para ejecutar crímenes, que se sirvieron de los organismos represivos para deshacerse de sindicalistas y eliminar a empresarios de la competencia, o que ayudaron a orquestar el Golpe de Estado y a modelar el sistema económico, lo que les permitió expandir sus negocios y gozar de posiciones dominantes en el mercado.

Verbitsky, multipremiado investigador periodístico, fundador y columnista del diario Página 12, fue uno de los primeros periodistas que escribió sobre los crímenes de la dictadura argentina. A 30 años de recuperada la democracia, su empeño no ha decrecido. Actualmente preside el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), es miembro de la junta directiva de Human Rights Watch e integra el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación. Desde Buenos Aires respondió a CIPER para explicar que el último de los 22 libros que ha publicado busca, precisamente, “correr el límite de lo posible y poner la atención sobre sectores que hasta ahora no habían sido observados con la minuciosidad y la atención que merecen”.

-¿Por qué recién ahora, a más de 30 años de terminada la dictadura argentina, surge esta propuesta de identificar a los “cómplices económicos”? A primera vista, puede parecer extemporáneo.
Porque ahora se puede y antes, no. Cuando terminó el régimen militar la democracia era muy frágil y juzgar a los militares fue lo máximo que se pudo hacer. El juicio a Videla, Massera y demás miembros de la Junta Militar comenzó un lunes de abril de 1985 en medio de un clima de hecatombe, de que la institucionalidad no lo iba a soportar, que los militares iban a dar un nuevo golpe. Esa noche, el Presidente (Raúl) Alfonsín cenó con 20 empresarios de los más importantes del país que habían sido sostén y beneficiarios de la dictadura. Les planteó la conveniencia de que no obstaculizaran ese proceso de la justicia, que fueran parte de la transformación que vivía el país. Y ellos le prometieron que sí, pero le plantearon que tenía que cambiar la política económica. Alfonsín, al día siguiente, denunció que había presiones golpistas, que la democracia estaba en peligro, y convocó a un acto en defensa de la democracia. Muchísima gente acudió y Alfonsín hizo un discurso sobre la economía, no sobre el golpismo. Y anunció el cambio de política económica que le habían pedido los empresarios. Se puso la camisa de fuerza porque, si no lo hacía, lo masacraban. Entonces, era imposible en ese momento encarar este tema.

-¿Y qué ha cambiado desde entonces en la política y la justicia argentina para que ahora sí se pueda abordar?
Han cambiado porque ha habido un punto de inflexión en la democracia argentina. Yo la dividiría en dos periodos. Se acaban de cumplir 30 años de la elección de Alfonsín. Esos 30 años se dividieron en dos periodos. Uno que va de 1983 a 2003, en el cual los dos partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, juegan un rol viabilizador de las políticas del neoliberalismo. Era el momento de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por lo que hay un contexto internacional que presiona en esa dirección. Además, la Argentina era un país que emerge de la dictadura con una enorme deuda externa. Alfonsín se ilusiona con que la socialdemocracia europea va a apoyar con condiciones más generosas de pago de la deuda, lo que no ocurrió. Y en el gobierno de Carlos Menen se asume todo el programa del Consenso se Washington con la enajenación apresurada de las empresas públicas, con grandes niveles de corrupción, con apertura, desregulación. Se siguieron ampliando los beneficios económicos para un pequeño círculo y creció la exclusión para cada vez más personas. Eso provoca la crisis a fin de siglo. Esa crisis pone la bisagra y empieza el segundo ciclo de la democracia. En este ciclo el poder político recupera centralidad frente a los intereses económicos y hace un tinte de honor de cumplir con los sectores sociales a los cuales representó en su llegada al gobierno. Todo lo contrario de lo que hicieron los anteriores, que llegaron con un discurso y gobernaron a la inversa.

Kirchner en la ceremonia de descuelgue de los retratos de dictadores

-¿Es este nuevo equilibrio de poderes el que habría facilitado que ahora se planteen temas como los que ustedes tocan en el libro?
Por supuesto, eso es lo que hace que sea más factible. Porque al mismo tiempo hay de parte de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández una actitud de exigencia a los sectores económicos de someterse a las decisiones del poder político. Hay una anécdota célebre de cuando Menem llega al gobierno: su esposa habla con los mozos de la residencia presidencial y les pregunta cómo eran las comidas que se hacían en los gobiernos anteriores. Y el mozo le dice “mire, señora, igual que ahora, los únicos que cambiaron fueron ustedes”. Lo único que había cambiado era el presidente, pero los comensales seguían siendo los mismos. Con el kirchnerismo eso se acabó. Y si hubo alguna comida, el gobierno no permitió que le impusieran condiciones. Y ese es el origen de la ruptura clamorosa con el Grupo Clarín, que, como explicó la presidenta fueron 12 veces a comer para tratar de imponer condiciones que Kirchner no aceptó. En ese nuevo contexto, donde el Estado asume una actitud de regulación y no deja todo librado al mercado, donde hay medidas de protección a los sectores más desvalidos, donde las decisiones se toman en la casa de gobierno y no en los cenáculos empresariales, se abre el espacio para revisar realmente todo lo que ocurrió durante la dictadura.

LOS CÓMPLICES ECONÓMICOS

-La tesis inicial del libro es que el golpe de Estado fue orquestado por militares y civiles, pero sólo se han perseguido las responsabilidades de los militares.

La dictadura argentina no fue una cosa concebida y ejecutada únicamente por los militares

La dictadura no fue una cosa concebida y ejecutada únicamente por los militares. En ese sentido tengo una experiencia impactante: este año fui como testigo de concepto a uno de los procesos judiciales y como acababa de presentar el libro, el fiscal y los jueces me hicieron algunas preguntas sobre estos temas. Yo dije que dar cuenta de la complicidad económica de la dictadura era una obligación que teníamos con las víctimas y con el conjunto de la sociedad, pero también con los que estaban acusados, porque si bien los que torturaron y mataron tienen que pagar por eso, y este no es un argumento exculpatorio de ellos, también es cierto que se les debe el reconocimiento de la verdad de los hechos: ellos fueron ejecutores de designios ajenos, fueron utilizados y luego descartados. Es, incluso, un acto de justicia para ellos. Al día siguiente, uno de los represores detenidos en ese proceso pidió ampliar su declaración. Y dijo que si hubiera sabido lo que yo iba a declarar, él mismo me hubiera ofrecido como testigo, porque dijo que era absolutamente cierto lo que yo había dicho: que hubo instigadores y beneficiarios, que venían permanentemente al comando los empresarios, los eclesiásticos, los periodistas y empezó a dar nombres. Fue un episodio extraordinario.

-¿Cómo se puede definir claramente que una persona, natural o jurídica, califica como cómplice económico? Sería necesario distinguir entre aquel que simplemente se benefició del modelo económico y aquellos que instigaron el golpe, fueron cómplices de crímenes o ayudaron a instalar el sistema económico y que fruto de eso multiplicaron su patrimonio.
Efectivamente, hay distintos tipos de complicidad. Nosotros manejamos varias categorías. Una es la de los instigadores, porque el plan económico de la dictadura no es un plan económico elaborado por militares. Lo elaboran abogados, economistas, políticos, hombres de negocios, que se reúnen desde seis meses antes del golpe militar y que llevan ese programa a los militares y los persuaden del Golpe de Estado. Después, están los cómplices necesarios de determinados delitos, de tal crimen, de tal secuestro. Por ejemplo, en varios casos está probado que las patrullas que iban a secuestrar delegados sindicales llegaban con la ficha de ingreso de esa persona a la fábrica donde trabajaba, la que había sido entregada por la empresa.

-Se trataría de una colaboración de inteligencia, en que necesariamente la empresa aporta los datos para procurar la detención de la persona.
Exactamente. Y después están los encubridores de los crímenes y los beneficiarios económicos. Vos preguntabas por las personas físicas y las personas jurídicas. Bueno, con las personas físicas hay varios procesos abiertos que han ido avanzando y donde hay procesados por delitos de lesa humanidad y hay ya jurisprudencia de la Corte Suprema que ha dicho que esos crímenes no prescriben, sean sus autores militares o civiles. En el caso de los juicios civiles, donde se puede procesar a personas jurídicas, allí todavía no hay una jurisprudencia definitiva. Hay sí fallos de instancias judiciales inferiores que extienden la supresión de la prescripción a las causas civiles, pero todavía no ha llegado un caso a la Corte Suprema. Y en el libro hay varios capítulos que tratan sobre eso.

-¿Con qué argumentos se oponen ustedes a que se aplique la prescripción en los procesos civiles que pudiesen abrirse contra eventuales cómplices económicos?
Hay doctrina internacional y en el libro hay un capítulo, que es un trabajo de la Comisión Internacional de Juristas, que versa sobre esto. También hay otro capítulo específico sobre la prescripción, donde se plantean los elementos doctrinarios y jurisprudenciales para no aplicarla en el caso de reparaciones por daños en proceso civiles. Pero es un camino que todavía hay que recorrer.

-¿Qué casos concretos investigaron de empresas que pueden ser calificadas como cómplices económicos de la dictadura? En el libro se menciona a Ford Motors, Mercedes Benz, algunas industrias metalúrgicas, el ingenio azucarero Ledesma, entre otras compañías.

En varios casos está probado que las patrullas que iban a secuestrar delegados sindicales llegaban con la ficha de ingreso de esa persona a la fábrica donde trabajaba, entregada por la empresa

El libro tiene capítulos teóricos, capítulos históricos, capítulos de análisis macroeconómico y  también análisis de casos. Entre estos últimos están los que ha mencionado. Por ejemplo, tanto en el caso de Mercedes Benz como de Ford Motors hubo destacamentos policiales instalados dentro de las plantas y ha habido algunos sindicalistas que fueron secuestrados dentro de las plantas. Hubo otros que fueron secuestrados en sus domicilios con los datos suministrados por la empresa. Yo escribí, hace 22 años, la primera historia que se publicó sobre complicidad económica. Era acerca de la fábrica de calefones Saiar, de origen estadounidense, donde hubo un delegado detenido desaparecido y ahí era muy claro cómo la represión había instalado un destacamento dentro de la fábrica. Conseguí hablar con un gerente que, con reserva de su nombre, me contó de una reunión que tuvo en el comando en jefe del Ejército donde había directivos, jefes de personal, jefes en recursos humanos de distintas fábricas del cordón industrial de Buenos Aires. Se reunieron con jefes militares para analizar los lineamientos que iba a seguir la represión y el tipo de colaboración que iban a dar las empresas. Lamentablemente, este hombre ha muerto, pues tenía ya cerca de 80 años al momento del testimonio.

ELIMINACIÓN DE LA COMPETENCIA

-Además de identificar empresas que colaboraron con el secuestro de trabajadores, ustedes sostienen que hubo otros tipos de complicidades más complejas. Por ejemplo, señalan que hubo firmas que aprovecharon sus contactos con el régimen para deshacerse de la competencia y así acceder a una posición dominante en el mercado.
Ese es otro tema que está desarrollado en un par de capítulos. Por un lado, es evidente que la represión golpeó duramente en el mundo asalariado y a partir de ahí retrocedió fuertemente la participación de los trabajadores en el ingreso. Hay capítulos que tratan específicamente ese tema. Pero también ocurrió que algunas de estas empresas se sirvieron del poder punitivo del Estado para eliminar competidores y para concentrar la propiedad, absorbiendo otro grupo. Por ejemplo, hay un proceso judicial por el cual está detenido quien fue presidente de la Comisión Nacional de Valores (equivalente de la SVS chilena) porque enviaba funcionarios a los campos de concentración para interrogar a empresarios que habían sido secuestrados. Un caso muy notorio es el de Industrias Siderúrgicas Grassi, que luego del secuestro de sus directivos fue absorbida por Acindar, una de las grandes siderúrgicas de la época. Entonces, el proceso de concentración económica también fue una consecuencia de la dictadura.

-Entre los casos en que se habría aprovechado la represión para hacerse de la propiedad de otra compañía ustedes citan el de la compra de Papel Prensa, adquirida por los diarios Clarín, La Nación y La Razón. La revisión de esa compraventa sigue siendo uno de los temas más candentes de la contingencia argentina y ha enfrentado duramente al gobierno con el Grupo Clarín. ¿Cómo abordaron en el libro esa transacción?
Ha habido un informe de la Secretaría de Comercio Interior sobre el caso de Papel Prensa a raíz del cual la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo una denuncia penal. Están acusados los más altos directivos de Clarín y La Nación, que fueron las empresas que asociadas con el Estado compraron la fábrica de papel cuando sus propietarios accionistas estaban detenidos y torturados. Esa fábrica fue un emprendimiento impulsado desde el Estado con accionistas privados. Durante el último gobierno peronista (1973-1976) esos accionistas vendieron a otros privados que estaban vinculados con el gobierno de Perón e Isabel Perón y específicamente con su ministro de Economía, José Gelbard, al punto que se discute si el accionista principal, David Graiver, no era un testaferro de Gelbard. Cuando se produce el golpe militar comienza una serie de investigaciones sobre Graiver, acusado de ser el banquero de los Montoneros. Clarín y La Nación dan una gran difusión a esas acusaciones y después este banquero muere en un misterioso accidente aéreo. En esas condiciones, la dictadura plantea que tenían que venderse las acciones de Papel Prensa de ese empresario, que era judío, y pone como condiciones que no podían venderse a extranjeros ni a otros judíos y finalmente señala que deben venderle a Clarín, La Nación y La Razón.  Así se realiza y los diarios compran por precio vil e, inmediatamente firmado el último documento de la cesión, la viuda de Graiver es secuestrada y torturada. La defensa de Clarín y La Nación dice que el secuestro fue después de la venta. El Estado y la fiscalía responden que el secuestro fue el punto final de una extorsión y que si no los secuestraron antes es porque necesitaban que firmaran la transferencia.

-Ustedes también documentaron la relación que hubo entre las empresas y los líderes de los grandes sindicatos tradicionales, conservadores, para que ayudaran en la identificación de otros dirigentes de los trabajadores.

Un caso muy notorio es el de Industrias Siderúrgicas Grassi, que luego del secuestro de sus directivos fue absorbida por Acindar, una de las grandes siderúrgicas de la época. El proceso de concentración económica también fue una consecuencia de la dictadura

Hay capítulos que tratan sobre la complicidad de la alta dirigencia sindical de algunas empresas. En el caso de Mercedes Benz y Ford Motors está claramente implicada la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Mecánicos. En esa época de gran efervescencia política y sindical, había un sindicalismo de base muy fuerte que molestaba mucho a las empresas. Y las empresas negociaron con las conducciones de los grandes sindicatos tradicionales que se sentían igualmente amenazadas por este sindicalismo contestatario. El año pasado murió el que era el secretario general de ese sindicato mecánico y se le descubrieron cuentas en el exterior por muchos millones de dólares, lo cual prueba que esa complicidad tenía precio. Hay otro capítulo del libro que analiza en detalle todos los derechos que los trabajadores perdieron durante la dictadura, decreto por decreto y ley por ley. Esto da un panorama completo de lo que significó esta complicidad económica, que no es abstracta.

-Otro caso que abordaron es el del Ingenio Ledesma, una agroindustria tan extensa y poderosa de Jujuy que sus actuaciones bajo el régimen militar incluso llegaron a confundirse con las de la autoridad. Se le considera responsable de haber facilitado la detención masiva de alrededor de 400 personas, de las cuales una treintena resultó desaparecida.

Horacio Verbitsky (Foto: Pagina12)

En este momento está procesado el principal accionista del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, que ha sido una figura central de la política y economía argentina durante casi medio siglo. Es como si dijéramos que en Chile está procesado Andrónico Luksic. El capítulo sobre ese tema fue hecho con un enfoque muy interesante sobre eso que planteabas de la confusión entre la empresa y el Estado. Gendarmería, que es la fuerza encargada de la custodia de las fronteras, desde hace 50 años tiene un destacamento dentro del Ingenio Ledesma, que está a 400 kilómetros de la frontera. ¿Por qué? Porque se trata de una aplicación precisa de la Doctrina de Seguridad Nacional por la cual Gendarmería también controla lo que el dictador (Juan Carlos) Onganía llamó la frontera interior o frontera ideológica. Había un enemigo interior que era, en los términos grandilocuentes de la dictadura, la subversión. Pero en términos prácticos, son los trabajadores, dirigentes sindicales, delegados de base. Incluso, uno de los primeros desparecidos de este caso es un médico que fue intendente del pueblo de Ledesma y que era militante de la Unión Cívica Radical. No era de la guerrilla, ni siquiera peronista. Con sus estudios médicos, él demostró los daños que provocaba a la población el trabajo insalubre que se realizaba allí y a partir de eso los trabajadores exigieron mejores condiciones. En Ledesma se produjo lo que se conoce como “la noche del apagón”, donde la empresa apagó las luces al pueblo y se produjo ese secuestro masivo. Blaquier no está detenido, tiene cerca de 85 años y la edad es un inconveniente objetivo para avanzar en estas causas, pero está procesado y eso es muy significativo en la sociedad argentina, porque no es común que estos grandes empresarios tengan que rendir cuentas ante la justicia.

-Respecto de algunas asociaciones empresariales que apoyaron al gobierno militar y de civiles que cumplieron labores en puestos clave de la economía, ¿bajo qué parámetros se podría dar por acreditado que esas personas fueron cómplices económicos que sacaron provecho de esa colaboración que prestaron al régimen?
En primer lugar, el ministro de Economía de los primeros cinco años de la dictadura (José Alfredo Martínez de Hoz) era presidente de (la metalúrgica) Acindar y había sido presidente de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad. Como presidente de Acindar, pidió una cantidad de beneficios al Estado y luego, como ministro, firmó la concesión de esos beneficios. Y se produce un enroque, él pasa de la compañía al gobierno y la compañía designa como presidente a un general, Alcides López Aufranc, que había sido el primer doctrinario de la guerra contrarrevolucionaria formado por los franceses en Argelia. Esto muestra la intervinculación que había entre doctrina de seguridad, militares y hombres de negocios. En el caso de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, era una filial de una compañía suiza que había exigido que el gobierno de Isabel Perón la expropiara y le pagara una indemnización que no correspondía, porque la concesión estaba vencida. Cuando se produce el Golpe de Estado, Martínez de Hoz crea una serie de comisiones integradas por militares, hombres de negocios y abogados que tienen que aconsejar sobre litigios con empresas. Y se aconseja indemnizar a la compañía, a pesar de que no correspondía. Martínez de Hoz se excusa de intervenir, pero lo hace un subordinado de él.

EL VALOR DE LOS SÍMBOLOS

-El libro propone una serie de políticas de reparación, partiendo por la instalación de una nueva Comisión Nacional de la Verdad que funcione con presupuesto público. ¿Cuál ha sido la recepción del mundo político a esta iniciativa?

Hay otro capítulo del libro que analiza en detalle todos los derechos que los trabajadores perdieron durante la dictadura, decreto por decreto y ley por ley. Esto da un panorama completo de lo que significó esta complicidad económica

Ha habido ya un par de proyectos legislativos para la creación de esa comisión. Uno provincial, en Río Negro, y otro en el Congreso Federal. Pero no ha habido declaraciones del mundo político sobre esto. Supongo que cuando se trate en el Congreso este proyecto, las habrá. Nosotros proponemos una comisión que tenga recursos y que sistematice la información dispersa, porque sobre estos temas hay información de los tres poderes del Estado: comisiones investigadoras parlamentarias, informes del Poder Ejecutivo –como el de la Secretaría de Comercio Interior acerca de Papel Prensa- y juicios en distintos lugares del país, que son cerca de una docena que involucran al poder económico. Proponemos que la comisión sistematice todo eso y elabore conclusiones y propuestas. Pero además, proponemos otras medidas simbólicas, como la colocación de placas en algunas sedes de asociaciones patronales. Así como en algunos lugares donde funcionaron campos de concentración hoy hay placas que informan de ese hecho, que haya también placas que informen que la conducción de esa cámara empresarial fue instigadora, beneficiaria y cómplice de los crímenes del golpe militar. Lo proponemos como medida simbólica, sin que nadie vaya preso, sin que nadie tenga que pagar nada. Tenemos una experiencia similar, que es el descuelgue de los cuadros de los dictadores que hizo el presidente Kirchner en 2004. Esa fue una propuesta que yo le hice, como presidente del CELS, y no le costó la libertad a nadie, pero tuvo un gran valor simbólico, porque marcó un deslinde con un periodo y el comienzo de otro. Y la idea que tenemos con este libro es que ocurra lo mismo.

-También plantean establecer normas que prevengan la posibilidad de que complicidades de este tipo vuelvan a ocurrir.
Afortunadamente, no hay riesgo de quiebre institucional en Argentina, porque todo el proceso de justicia, de memoria y de verdad de los últimos 30 años ha modificado sustancialmente el rol y la posición de lo militar dentro de la institucionalidad. Pero también debe haber una inmunización de la sociedad argentina contra la desestabilización por los poderes fácticos. Porque riesgo de desestabilización militar no hay, pero sí de desestabilización por los poderes fácticos, y lo vemos todos los días, porque es permanente.

-Si se concreta una comisión como la que ustedes proponen y si ésta efectivamente determina que hay sujetos que califican como “cómplices económicos”, ¿esa declaratoria de responsabilidad implicaría que deban compensar a las víctimas?
Sí. Acá ha habido una política de reparación por parte del Estado que comenzó en 1992. Ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que las leyes de impunidad eran incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Para mejorar su imagen internacional, el gobierno del presidente Menem elaboró un proyecto de pago de reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura y hasta el presente se siguen pagando. Pero no ha habido pago por parte de las empresas. Si un trabajador de Ford Motors fue secuestrado y la ficha de la empresa fue utilizada para llegar a su domicilio, tiene derecho a reclamarle al Estado, pero también a la empresa. En este sentido, hay una experiencia internacional importante, tan importante que ha soslayado el problema de la prescripción, como ocurre con empresas beneficiadas por los crímenes del nazismo que han aceptado pagar reparaciones, a pesar de que legalmente la posibilidad de iniciar una causa contra ellas estaba vencida. Lo han hecho porque había algo muy fuerte: el reclamo público que afectaba la imagen de esas firmas. Entonces, sí existe esa posibilidad de reparación económica por parte de las empresas.

-¿Realmente creen que la propuesta de crear la comisión tendrá acogida finalmente y que el mundo político va a tener voluntad de enfrentarse contra estos poderes económicos?
Estas propuestas están pendientes. Recién terminamos un proceso electoral y los nuevos legisladores van a asumir en diciembre. Yo calculo que en el próximo año legislativo podremos avanzar con la creación de esa comisión. No soy absolutamente optimista, sé perfectamente el tipo de intereses que se juegan y las presiones que existen, pero también es cierto que todo lo que hemos avanzado hasta ahora en derechos humanos parecía imposible.