El estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial que ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección nos recuerda que actualmente cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros. Vulnerados en sus derechos y separados de su familia a través de una decisión judicial, estos niños han debido ingresar a una institución como una forma de resguardar y garantizar la protección de sus derechos.
Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia, trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias. Inevitablemente detener la violencia que proviene de la familia de origen, tiene como efecto otras formas de daño para los niños y sus familias.
La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero no cambia a los padres. Sobre todo cuando la participación de estos en un proceso de estas características adolece de condiciones que resguarden mínimamente su dignidad
Se entiende que la separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria dado los graves efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de acontecimientos. Ya desde la Segunda Guerra Mundial y a partir de las diversas situaciones de separación que experimentaron los niños evacuados de las grandes ciudades para ser trasladados a instituciones de internación o zonas rurales al cuidado de familias sustitutas, numerosos especialistas y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaban públicamente que la separación del niño con su familia constituía un verdadero traumatismo que equivalía a un “apagón emocional” que podía dar origen a trastornos psicológicos graves.
En Chile la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758 cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago. La lógica con que operan estas instituciones también ha permanecido: cuando la familia falla o fracasa en sus funciones, otras instituciones, el Estado y sus fundaciones colaboradoras, tendrán que advenir para regular las relaciones entre padres e hijos y velar por la protección.
Ahora bien, a partir de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita a principios de los ‘90, numerosos discursos críticos emanados de organismos internacionales comenzaron a señalar que la institucionalización, como estrategia de protección de los derechos, en lugar de mejorar la situación de los niños y sus familias los expone a situaciones de riesgo que perjudican severamente su desarrollo emocional y la posibilidad de restablecer los vínculos con su familia de origen y la sociedad.
Por ejemplo, un estudio de 2010 –Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial– , encargado por UNICEF y SENAME, señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años. La situación provisoria pasa a ser prolongada e incluso permanente. El informe señala además, la falta de especialización de los profesionales y de las educadoras de trato directo que deben velar por el cuidado y bienestar de los niños; el desgaste de los equipos interventores y la alta rotación de personal.
A lo anterior se suma que, en la actualidad, los hogares no cuentan con recursos físicos, profesionales y económicos para proteger y promover los vínculos familiares de los niños, lo que se traduce en que las intervenciones no están orientadas a la reunificación dado que las familias son percibidas negativamente, no existen metodologías para trabajar con ellas y en el contexto cotidiano los familiares prácticamente no tienen ningún involucramiento en la crianza y educación de sus hijos internos.
Lo anterior se puede observar en la forma que está diseñado el sistema de visitas al interior de las residencias. Habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños, o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia. Visto así, los espacios de encuentro entre el niño y la familia parecen un privilegio y no un derecho.
Pensar que el problema del maltrato infantil se resuelve sobre la base de separaciones e internaciones, bajo el argumento de la urgencia o que la realidad de no ofrece otro margen de intervención, es ser cómplice y reproducir un sistema que vulnera cuando intenta proteger
Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo antes que constituirse como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos. La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres. Sobretodo cuando la participación de estos en un proceso de estas características adolece de condiciones que resguarden mínimamente su dignidad.
En este contexto de gran adversidad se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia. Una y otra vez parece repetirse, para aquellos ligados al sistema de protección residencial, la historia de violencia, separación y olvido.
El problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección de los derechos no elude, evidentemente, el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental. Pero pensar que el problema se resuelve sobre la base de separaciones e internaciones, bajo el argumento de la urgencia o que la realidad de las cosas no ofrece otro margen de intervención, es en definitiva ser cómplice y reproducir un sistema que vulnera cuando intenta proteger.
Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que en su afán por proteger repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Si no, ¿cómo comprender la frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados? Rápidamente pasan al olvido y vuelven a quedar expuestos al ultraje de un sistema que históricamente se ha mostrado incapaz de reconocer las profundas situaciones de injusticia que están en la raíz de la violencia y separación de los niños con sus padres.
Un sistema que, sabiendo lo complejo del trabajo residencial y de la especialización que se requiere para la atención de niños y niñas con graves daños, paga en promedio $800 mil bruto a un director de un hogar que debe trabajar prácticamente los siete días de la semana, dirigir a un equipo de más de 10 personas (entre educadoras y profesionales) y que debe velar por el bienestar de 20 a 30 niños. O la precariedad con la que deben trabajar las educadoras de trato directo, a cargo de 6 a 8 niños, con turnos inhumanos, la postergación de su vida personal y familiar y con contratos de asesoras de hogar.
Son innumerables las situaciones que develan la violencia institucional, así como los mecanismos para negar que el problema central del sistema es la injusticia, la desigualdad y la inequidad que se reproduce en los diversos actores del sistema.
Hemos terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado en donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial
Hemos terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado en donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial. Me parece que el mejor ejemplo de esa desconfianza es que el debate público que se ha generado por la reciente investigación de la UNICEF y el Poder Judicial que develó los abusos en residencias, ha estado centrado principalmente en confirmar la validez metodológica del informe en lugar de que, a partir de estos hechos dramáticos, alguna de las instituciones involucradas lidere la convocatoria a una reflexión amplia, con diversos actores, sobre la construcción de un sistema de protección a la infancia que piense en los niños y no vuelva a reproducir los abusos.
Si queremos llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, no infantilicemos la infancia negando su dimensión política y proponiendo sencillamente que este es un problema de eficiencia o voluntarismo que se resuelve entregando mejores prestaciones y servicios a los usuarios. O bien, que se hace lo mejor con lo que se tiene, justificando así los abusos, las arbitrariedades y las improvisaciones.
Abordar el maltrato infantil por parte de la familia o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que pueda pensar el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia. Sin lugar a dudas esta es una cuestión que va más allá del atrincheramiento institucional que polariza la discusión entre los que defienden al niño o a la familia, o entre los que están a favor de la familia de origen y los que defienden la adopción.
Hasta que no seamos capaces de dejar a un lado las desconfianzas y los miedos difícil es que podamos asumir con responsabilidad el cuidado de los niños, el acompañamiento a sus familias sin descalificaciones, la promoción de sus derechos, la tarea de reparación de los vínculos dañados o la transmisión de una historia que proteja la identidad.
Finalmente, algo que he aprendido estos años acompañando a niños y niñas internados en residencias de protección, en particular de un niño que recordaba con mucho cariño a su madre alcohólica mientras se balanceaba en un columpio de Quinta Normal, es que la reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño. No se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor; de una familia inmoral por otra con valores y ganas de entregar amor. La restitución de los derechos requiere de otros, de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. De esa forma la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa. Se trata en definitiva de revindicar sus lazos, su lugar en el mundo, de saber que algún día se puede perdonar.
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Lamentablenente las consejeros tecnicos no prestan ayuda al contario y por denuncias anonimas nos quitan a nueatros hijos a mi me han acusaso de drogadicta ain tener ni siquiera una prueba y yo con examenes limpios en mano aun asi me quitaron a mi bb este sistema es corrupto no tienen perdon de Dios el sename no debe se
exsitir nunca maa
Ãlvaro Campos | 10.08.2016
Que lástima que un articulo de estas características y profundidad no sea anunciado de medios mas tradicionales.... Que lástima que la gente se quede sólo con el título de la crisis en el SENAME y no averigüe mas....Por tema como este, no somos un país desarrollado, en otro pais una noticia asi se volvería conmoción nacional y los gobiernos tendrían que dar señales..... Por último, ójala masifiquen a la TV abierta los datos de la Comisión Jeldres y se actué por los niños, porque es la violencia mas grande que podemos hacer.
Yamile | 03.01.2016
Leí bien??? Herir??? Cuando sabemos perfectamente la política que lleva a cabo esta institución manejada políticamente y donde dentro de ella pululan redes de pedofilia, redes de prostitución infantil, trata de blancas, narcotraficantes, pornografia infantil desde siempre. O no recuerda la Sra directora de CIPER de la acusación constitucional contra el juez que estaba a cargo vergonzosamente de nuestros niñ@s y adolescentes dentro de los tribunales de familia, donde era conocido su actuar como "la caravana de la muerte" lamentablemente esa acusación quedó en nada por la red de protección de los delincuentes de cuello y corbata que se movilizan enseguida a proteger a este tipo de personajes nefastos para nuestra sociedad. Y que me dice del secuestro reiterado que ejerce esta institución donde arranca a los niños de sus familias vulnerables y son dados en adopción ea Italia con un manual de niñ@s chilenos como si fuesen cosas. Usted me dice que hiere???? O no recordamos lo que evidenció el INFORME JELDRES donde se encontraron a parte de las redes de prostitución de estos centros, los abusos sexuales a los cuales fueron eternamente sometidos estos niñ@s, infantes y adolescentes? ??? Y que esta situación se quiso esconder..... sigo???? Que me dice de los casi 300 niños son ficha, que permanecen en estos centros los cuales son considerados como NN, Sin derecho a salud y educación? ??? Y me hablan de la Convención de los derechos de los niños, Convención que jamás se a respetado en Chile por no existir una ley que obliga al estado a respetar esta convención. Y usted me habla de herir???? No será un asesinato de los derechos de la familia chilena que poseen menos oportunidades??? La familia es la base de toda sociedad, hoy nuestra sociedad está enferma y esa es la consecuencia de dejar en el olvido nuestros niñ@s y adolescentes. Me avergüenza vivir en un país donde los niñ@s no son prioridad. Y los medios de comunicación siempre serán cómplices. Necesitamos soluciones concretas hoy, pero no adornemos con palabras suaves una realidad que a existido siempre, seamos al menos en esto honestos, con los niñ@s no se juega!!!!!!!
Rene saez González | 02.01.2016
Hola, soy dirigente regional de asociación de funcionarios de sename. No sólo el sistema vulnera a los niños sino también a sus funcionarios o trabajadores. Los persigue, amenaza, amedrenta y los despide sin justificación cuando crean de forma autónoma el gremio al cual represento porque no somos parte de ningún partido político.
Al interior del servicio es manejado por los gremios "oficiales" que pertenecen a la democracia cristiana y partido comunista.
Me gustaría profundizar el tema y que los periodistas de ciper se comuniquen para contar otras verdades de sename en términos de vulneracion de derechos fundamentales.
Rene saez
Presidente armetrase
Pamela | 02.01.2016
Lamentable esta situación.
A mi no me cabe en la cabeza que contraten a profesionales sin hacer un test, lo encuenteo absurdo.
Yo soy profesional trabajadora social y mecha tocado ver muchas cosas, así como tambien me ha tocado ver a profesionales que tratan mal a las niñ@s y otras cosas más y me da lata porque yo soy mamá y ver a aún niñ@ sufrir por un@s animales que trabajan ahí... me dan una ganas de golpearlls yo misma y que sepan que se siente.
Los niñ@s tambien tienen derechos. Y tenemos que proteger estos niños.
A veces por culpa de la misma gente que trabaja ahí los niñ@s son como son.
Que lamentable
andrea gamboa | 02.01.2016
Gracias por visibilizar las condiciones en que viven los niños y niñas "protegidas" por sename. En sus próximas investigaciones me permito sugerirles que atiendan a la situación en que se encuentran las Casas de Acogida de SERNAM. Es urgente y muy preocupante, dada la cantidad de femicidios en Chile y siendo esta la única respuesta del estado en materia de abordaje de la problemática. Y considerando que las mujeres que acceden a ellas son de sectores vulnerables y con un marcado sesgo de clase social. Doy fe que en esos lugares se vulneran los derechos de las usuarias, de sus hijos e hijas, y de las trabajadoras del dispositivo. Celebro su labor y espero seguir leyendo su trabajo.
Francisco Bascur | 02.01.2016
Excelente artículo. Trabajé por años intentando aportar desde el arte y la música específicamente con jóvenes en régimen de reclusión y coincido absolutamente con el enfoque aquí expuestos. El amor parece haberse esfumado de sus vidas y allí es donde es muy difícil entrar. Lograr que alguno de esos jóvenes exprese su mundo interior en vez de que se corte o dañe a otros creí que fue el único pequeño triunfo que pudimos alcanzar.
Saludos
Luis | 02.01.2016
Bueno, este un discurso repetido por años, donde se intenta buscar las excusas por no hacer nada en esta materia. El echo que niños existan. Ennlos hogares de protección. Es por que no existe la familia que lo tenga en su hogar. Muchos son rechazados por un propios padre y familia directa y eso es una realidad. Hoy por hoy muchas familias prefieren tener a sus hijos en los hogares, así se evitan un gasto de plata. Entonce más allá de buscar los problemas de estos niños y su existencia. Debemos buscar de una vez. Invertir como estado en programas reales y que busque el objetivo de reparación completa. No sólo del niño. Si no que de su familia
Nathalie del valle | 26.12.2015
Me parece de una brutalidad inmensa que contraten personal sin pruebas sicologicas como lo hacen en cualquier trabajo para cuidar a estos niños que tienen una carencia mayor al comun de los niños en cualquier aspecto ya sea fisico sicologico alimenticio es una burla que quieran brindar proteccion con tias que solo hablan bonito cuando va la fiscalizadora de sename, con cuidadoras que fomenten violencia y hagan oidos sordos a su propio maltrato y a niños entre ellos ... Una pena que no tendra buenos resultados niños que el dia de mañana seguiran sus temores, inseguridades y hasta daño a los demas
fernanda | 21.11.2013
el semane ase mucho daño al separar padres de niños yo fui internada en un hogar del sename donde el trato era pésimo sufríamos de el maltrato físico y psicológico de parte de las tias a las niñas mas pequeñas las maltrataban como si nada varias beses nosotras manifestamos nuestras quejas delante de asistente social y psicologo y ellos aparte de darnos un calmante y después reírse les desian a las tias y nos castigaban teníamos ke arrancarnos muchas beses por injustisias a las cuales llegaban a manos del sename y ellos derivaron a varias de mis cpañeras a. C T D S de los cuales cuando llegaban a escapar llegaban llenas de heridas y todas cortadas y con hematomas donde las otras niñas les pegaban y todo eso kedo impune se manifestó. en varios tribunales pero niuno ISO nada entonses por favor pongamos un político mas de cuidado kon. los hogares pongan personal capasitado no cualkier persona los mas perjudicados son los niños se los digo por experiencia propia
Patricio | 21.08.2013
Palabras muy lindas y técnicas sobre, pero el problema es de raíz, nuestros profesionales, psicólogos, asistentes sociales, los que ganan más platas en proyectos de menores su jornada laboral termina a las 5 pm, tías de trato directo que ganan el mínimo 12 horas por turno, sin experiencias, estudios ni capacitaciones., como no van a ocurrir problemas y falencias en nuestras Residencias Familiares
Diego | 20.08.2013
Debemos dejar de hablar de "protección", dado que el Estado no protege a los niños. Los padres deberían demandar al Estado por su irresponsabilidad. La ley de Bases generales de la Administración, permite demandar a la Institución estatal correspondiente, por no prestar los servicios que debe. Si esos padres, no demandan, debería hacerlo cualquier pariente en su representación. Quien acusará al Ministro Carreño, por no acudir a la protección de estos pequeños??. Y ya que estamos tan indignados porque no hacemos una marcha reclamando? Simplemente porque no son niños nuestros. Son "pelusas" y otros epítetos que no importan, pero son ajenos y por eso, son "problema" del estado.
Iris | 20.08.2013
Excelente articulo, profundiza la mirada y centra el tema en las dinamicas familiares que se encubren tras el sistema proteccional residencial de los ninos, de paso abre interrogantes respecto del rol que ha jugado la judicializacion de las vulneraciones de derechos y lo preparado que estan los Jueces de Familia para pensar el trabajo con las familias vulnerables en el pais.
