Es urgente una reingeniería en el Minvu

En los inicios del 2012 el presidente Piñera convocó a 28 profesionales de su confianza para que conformaran una denominada Comisión Asesora Presidencial para la Elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), interesante y bien concebido trabajo que se tradujo en un texto de 48 páginas que le fue entregado al mandatario el 3 de mayo pasado en un vistosa ceremonia en el Palacio de La Moneda. En diversas publicaciones de prensa se ha aseverado que con esta nueva PNDU tendremos ciudades más integradas, seguras y amigables. Aparentemente, este documento se encontraría en proceso de toma de razón en la Contraloría General de la República (CGR) como paso previo del Decreto Supremo respectivo que se publicará en el Diario Oficial.

Si sus postulados no se transforman en cuerpos legales y reglamentarios, todo lo que hicieron los profesionales que elaboraron dicha PDNU quedará solo en buenas intenciones, es decir, en nada, asemejándose esta tentativa con el interesante prototipo llamado Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable (OTAS), estudio de las características geofísicas de la región metropolitana llevado a cabo hace unos 10 años, cuyo resultado está a buen recaudo escondido en alguna oficina del Gobierno Regional Metropolitano. Quien financió este trabajo fue el gobierno alemán a través de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Agencia Alemana de Cooperación Técnica), quien le donó US$7 millones a las otrora autoridades competentes.

Leyendo un medio de circulación nacional el 12 de julio pasado, supimos que el Instituto de Ordenamiento Urbano de la Île-de-France asesorará al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, liderado por José Antonio Peribonio, para que próximamente exista verdadera planificación en la región que concentra el 43% de la población del país. Ojalá este buen deseo se materialice, aunque por las experiencias antes comentadas, sabemos que ello será muy difícil.

Ahora bien, volviendo a lo dicho en el primer párrafo, mientras los distinguidos miembros de dicha Comisión Asesora Presidencial llegaban a los acuerdos que se reflejan en la PNDU, el Minvu confeccionó en secreto una curiosa modificación a la normativa, contenida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), de los estacionamientos de vehículos que deben tener todos los proyectos inmobiliarios. Recordemos que esta materia, por disposición legal, debe estar definida en los Planes Reguladores Comunales (PRC) y en general la dotación de los mismos se asigna según los diferentes destinos que tiene cada proyecto (habitacional, equipamientos comerciales, de oficinas, etc.) y en función de los metros cuadrados construidos.

Antes de su modificación, el artículo 2.4.1. de la OGUC decía que, tratándose de proyectos relacionados con Monumentos Nacionales, Zonas Típicas, Zonas de Conservación Histórica o que se emplacen al costado de vías de más de 100 años o de paseos peatonales, cada director de Obras Municipales “podrá”, previa solicitud fundada por parte del interesado, autorizar excepciones a la norma de estacionamientos. Esta reglamentación que buscaba proteger las zonas o inmuebles de valor patrimonial en cada comuna, le entregaba atribuciones amplias y discrecionales al Director de Obras para que éste, ponderando caso a caso, resolviera si era necesario acceder a las excepciones.

No sabemos por qué extraña razón, en todo caso contraria a los postulados de la PNDU, ese ministerio reemplazó la expresión “podrá” por “deberá” (?) en ese mismo artículo de la OGUC, con lo cual los 345 directores de Obras Municipales que hay en el país quedaron forzados a autorizar todas las excepciones que les soliciten, dejándolos en una total indefensión y transformándolos en simples pasadores de papeles.

En efecto, con esta astuta modificación, el Director de Obras no solo quedó obligado a disminuir la cantidad de estacionamientos cuando se lo exijan los inmobiliarios, sino que además, deberá aceptar cualquier otra excepción a las normas contenidas en la OGUC en el Capítulo de Estacionamientos, ello con la única condición de que el propio interesado le entregue al Director de Obras un “informe fundado” que justifique su solicitud, y ya conocemos cómo se justifican estos informes pagados al “consultor técnico” por quienes los necesitan.

Con esta astuta modificación, el Director de Obras no solo quedó obligado a disminuir la cantidad de estacionamientos cuando se lo exijan los inmobiliarios, sino que además, deberá aceptar cualquier otra excepción a las normas contenidas en la OGUC en el Capítulo de Estacionamientos, ello con la única condición de que el propio interesado le entregue al Director de Obras un “informe fundado” que justifique su solicitud.

Queda en evidencia que este cambio tiene un sesgo pro inmobiliario, ya que así se reducen los costos de construcción de los proyectos que se emplazan en los sectores indicados. Gracias a esta benevolente modificación, es el solicitante de los permisos de edificación quien decide cuantas unidades va a tener su proyecto y ello dependerá de sus propios cálculos: mercado llevado al extremo, como le gusta a la Cámara Chilena de la Construcción y adláteres.

Con este ardid reglamentario, el propietario del negocio inmobiliario podría decir, por ejemplo, que no necesita estacionamientos de automóviles, con lo cual se puede evitar la elaboración del Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), exigido por otro artículo de la OGUC. Con esta graciosa omisión, el Estado libera a ese titular de construir las obras de mitigación vial que la propia norma le obliga, debiendo, por cierto, ser asumidas en tal caso por el mismo Estado. Ya hemos sabido que algunos malls en el sur de nuestro país, el de Castro y otros, como asimismo ciertos mega-proyectos, estarían evaluando si se acogen a este regalito caído del cielo.

Otro actor inmobiliario podría decir que los vehículos que ingresarán a su edificio son especiales y por lo mismo podría “informar” al director de Obras, con un rebuscado fundamento, que los estacionamientos serán más pequeños, a pesar de que la OGUC dice que su dimensión debe ser de 2,5 metros de ancho por 5 metros de largo. Otro más sagaz podría decir que no va a cumplir con la dotación mínima de estacionamientos para bicicletas o incluso con los requeridos para minusválidos, porque en su edificio de oficinas no van a trabajar ese tipo de personas, o simplemente que va a achicar las más amplias dimensiones de los estacionamientos especiales para discapacitados, porque éstos no usarán sillas de ruedas. Y así, podríamos seguir dando ejemplos ridículos. Pero recordemos que muchos de aquellos que se desenvuelven en los negocios tienen la tendencia a ser temerarios ,llegando incluso a proceder sin escrúpulos de ningún tipo.

Pero los cambios no terminaron ahí.

Ya que los proyectos que se beneficiarán con el mencionado cambio normativo son solo los relacionados con Monumentos Nacionales, Zonas Típicas, Zonas de Conservación Histórica o que se emplacen al costado de vías de más de 100 años o de paseos peatonales, el Minvu incorporó a dicha norma de estacionamientos un nuevo inciso, cuyo propósito es favorecer a los proyectos inmobiliarios que se emplacen cerca de una estación de tranvía o de ferrocarril urbano o interurbano, a una distancia de menos de 300 ó 600 metros, según se trate de proyectos de vivienda o de equipamiento de servicios, respectivamente, los que podrán rebajar hasta la mitad la dotación de estacionamientos requerida por el PRC. Esta norma le dio a cada instrumento urbanístico local la posibilidad de prohibir su aplicación, pero en el tiempo que transcurra entre la vigencia esta norma -21 de noviembre de 2102- y el momento en que un PRC la prohíba, innumerables proyectos ya se habrán aprovechado de este otro obsequio del Minvu.

Más allá de que esta última norma beneficia solo a las comunas que tienen tranvía o Metro, lo cierto es que nuevamente la OGUC le pone un pie encima a lo que dicta la planificación urbana comunal y en la práctica deja sus postulados en letra muerta. ¿Por qué el artículo 116º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones le otorga la facultad de definir la dotación de estacionamientos a los PRC y luego la OGUC le entrega a los particulares interesados la posibilidad de burlarla, bastando para ello solo un “informe fundado”?

Como fueron tan dadivosas estas nuevas normas, la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu se vio obligada a emitir, a fines de mayo pasado, una circular aclaratoria (sic), la DDU 260. Pero esta circular en lugar de “aclarar”, lisa y llanamente confunde más. Con ello, los directores de Obras Municipales actuarán según lo que entendieron de la circular, incluso pudiendo rechazar una solicitud (lo que sería contrario a la nueva norma en la OGUC), o aprobarla, dependiendo de las insinuaciones de cada solicitante de permisos. Lo dicho ya cae en un escenario surrealista.

No sabemos exactamente si el ministro Rodrigo Pérez fue informado de los efectos negativos que se producirán a causa de los cambios que sus asesores le hicieron a la OGUC, que como ya vimos, distan de los estupendos objetivos de la PNDU. Lo que sí sabemos, es que para solucionar la seguidilla de errores que se están cometiendo al interior del Minvu, basta emitir una simple Circular de la DDU para cambiar antojadizamente una norma reglamentaria firmada por el Presidente de la República. ¿Qué hay detrás de todo este enjambre de desaguisados?

El ministro Pérez debiera mirar con detención las brutalidades que están haciendo sus funcionarios, ya que estas impúdicas modificaciones en la OGUC y las equivocadas Circulares DDU dejan en evidencia la desorganización existente al interior de su ministerio y por ello el título de esta columna.

En resumen, vemos con preocupación que el Minvu dice una cosa con bonitos discursos, como en la PNDU, pero en lo concreto hace lo contrario. Para intentar arreglar sus propios errores, recurre a estas extrañas y confusas circulares de la División de Desarrollo Urbano, que no solo cambian la norma, como ya lo vimos, sino también reinterpretan doctos dictámenes emitidos por la Contraloría, como ocurrió recientemente con la Circular DDU 259, de fines de abril de este año, que dice basarse en el Dictamen N°30.891 del 28 de mayo de 2012 sobre los Certificados de Informaciones Previas, pero que parece leyó otro documento. Esto, nos parece impresentable en un país cuyas autoridades lo consideran serio y legalista.