La conexión chilena en el millonario negocio de la “triangulación” de futbolistas

El negocio es simple, pero rentable. Funciona así: un futbolista que juega en Argentina y cuyo pase va a ser vendido, es inscrito previamente en un modesto club chileno, que no cobra un peso por ponerlo en sus registros; la venta se hace desde Chile, donde los jugadores no pagan impuestos por el traspaso y de esa forma se elude el pago de los tributos que sí se cobran en Argentina; finalmente, el dinero lo recibe el club chileno y lo transfiere al verdadero dueño del jugador, quien puede depositar la suma fuera de Argentina, evitando así el pago de nuevos impuestos y eludiendo las férreas limitaciones del mercado divisas de ese país.

¿Qué gana el club chileno? Una comisión de decenas -y hasta cientos- de miles dólares. Y si esa comisión es depositada en un banco del exterior, cabe la posibilidad de que ese ingreso no sea declarado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Esta creativa fórmula de negocios fue bautizada como “triangulación de pases”. El nombre se lo puso la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo argentino similar al SII. La AFIP denunció las “triangulaciones” a mediados del año pasado ante la justicia tributaria de su país porque, a su juicio, involucran los ilícitos de evasión tributaria, lavado de activos y fuga de capitales.

La investigación de la AFIP se hizo pública el 21 de agosto del año pasado y de inmediato involucró al club chileno Unión San Felipe, propiedad del argentino Raúl Delgado, antiguo colaborador de Carlos Menem y ex socio del afamado conductor de TV Marcelo Tinelli. La AFIP acusó que el defensa Jonathan Bottinelli, proveniente de San Lorenzo, había sido inscrito por Unión San Felipe apenas tres días antes de ser vendido finalmente a River Plate.

La acusación dio pie a una investigación inicial del Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 2, cuyo titular, Javier López Biscayart, rechazó las imputaciones en noviembre de 2012. Parecía que Unión San Felipe había librado. Pero el juez federal Norberto Oyarbide acogió la denuncia de la AFIP en una causa penal y continuó con la investigación.

El pasado 6 de junio, el magistrado Oyarbide envió un exhorto a la justicia chilena pidiendo la incautación de documentos desde la sede de Unión San Felipe y de la agencia de valores Alhec, que trabaja para el mismo club. Las incautaciones fueron realizadas por el OS-9 de Carabineros el 13 de junio y nutrieron a Oyarbide con abundante documentación que volvió a complicar al club de Raúl Delgado.

Documentos que figuran en el expediente que lleva Oyarbide, y a los que CIPER tuvo acceso,  indican que Unión San Felipe pretendía cobrar US$170 mil dólares por la transferencia de Bottinelli, suma correspondiente al 10% del total de la venta del jugador a River Plate. Lo que indaga el juez federal es si efectivamente el club chileno recibió ese dinero, o parte de él, en una cuenta bancaria de Miami. Un contrato que lleva el membrete de River Plate y que también forma parte del legajo que acumula Oyarbide, dice que San Felipe pudo haber recibido a lo menos US$940 mil en esa cuenta. De comprobarse que se efectuaron tales depósitos, la situación obligaría al SII a fiscalizar si Unión San Felipe declaró esos ingresos.

El escándalo por evasión tributaria y lavado de dinero asociado a las transferencias de jugadores va en escalada en Argentina. El pasado viernes 2 de agosto, a escasas horas del inicio del torneo local, el director nacional de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que de 144 transferencias efectuadas en su país, 104 no se ajustan a las normas tributarias.

En los escritos que acumula Oyarbide, la AFIP denuncia que dos clubes chilenos –Unión San Felipe y Rangers de Talca- junto a siete de Uruguay y uno de Suiza, se han prestado para servir de “puente” en operaciones bajo sospecha. En el expediente, la AFIP también califica a Chile como “paraíso fiscal deportivo”.

LA JUGADA DEL JUEZ OYARBIDE

El nombre del argentino Leonardo Adrián Rodríguez está grabado en la galería de los ídolos azules. La parcialidad de la “U” lo venera desde su memorable torneo de 1995, cuando su figura se agigantó en el mediocampo del elenco que terminó abrochando un ansiado bicampeonato y después encumbrándose hasta una semifinal de la Libertadores. Hoy, «el Leo” figura en otra nómina. Una desprovista de los ribetes épicos de las hazañas deportivas. En la página 18 de un escrito redactado por la abogada de la AFIP María Luján Rodríguez, el recordado volante encabeza una nómina de ocho representantes de futbolistas investigados en el vecino país por las “triangulaciones” de pases de sus pupilos.

El escrito de la letrada Rodríguez formó parte del exhorto despachado a Chile por Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5. El nombre de Leonardo Rodríguez aparece ahí porque la AFIP lo sindica como representante de dos futbolistas trasandinos que fueron inscritos en Unión San Felipe –Jonathan Bottinelli y Carlos Javier Matheu– sólo para ser transferidos desde Chile y así sortear en Argentina las obligaciones tributarias y los controles de las operaciones cambiarias.

El 14 de junio pasado la AFIP suspendió la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), similar al RUT, de 149 agentes y representantes de futbolistas. Entre ellos se encuentran los más importantes del país vecino, como Gustavo Mascardi (quien llevó a Leonardo Rodríguez a la “U” y luego puso a Marcelo Salas en River), Hugo Issa, Diego Caniggia (hermano del ex seleccionado, Claudio Paul) y Marcos Franchi (ex manager de Maradona y Juan Román Riquelme). En esa lista figura también “Leo” Rodríguez y otro ex referente de la epopeya azul del 95 y 96, Cristián “el Tigre” Traverso.

CIPER se comunicó con “Leo” Rodríguez, pero respondió que no hará declaraciones “por lealtad a los compañeros” y “por consejo de los abogados”.

Oyarbide también le sigue la pista al ex volante azul. Además de la documentación de Unión San Felipe y la agencia Alhec, el juez pidió en su exhorto copia del registro de jugadores de Rangers y que el SII le informara sobre operaciones tributarias relacionadas con la transferencia de Bottinelli y si su representante, Leonardo Rodríguez, figura vinculado a ese traspaso.

Los equipos informáticos y documentos fueron finalmente requisados por el OS-9 de Carabineros a solicitud de los fiscales Andrés Montes y José Morales, con autorización de la jueza de garantía Daniela Guerrero. Sellados bajo cadena de custodia, fueron embalados y puestos a disposición de Oyarbide.

De los documentos incautados en la agencia Alhec surgió información novedosa para los intereses de la AFIP: carpetas con inversiones y movimientos financieros realizados en Chile por jugadores de nivel mundial, como Gonzalo “Pipita” Higuaín y Ezequiel Lavezzi, y de clubes trasandinos, como Argentinos Juniors y Tigre.

La AFIP ya tenía en la mira al “Pipita”, pues en el expediente que lleva Oyarbide se señala que fue transferido en 2006 desde River Plate a Real Madrid, operación en la que quedó registrado que el jugador recibió en pago el equivalente al 15% del total de la venta, lo que se le canceló en dos cheques. Pero la AFIP sostiene que Higuaín declaró que sólo cobró uno de los cheques, por lo que la entidad investiga el paradero del monto restante.

UN GOL A LOS IMPUESTOS

En los traspasos de futbolistas que se realizan en Argentina, el 15% del total que se paga por la transferencia queda para el jugador, monto que la legislación de ese país califica como ganancia del trabajador afecta a impuestos. Por lo tanto, de ese 15% el deportista debe cancelar un tributo de 35%. Además, el 7% del total involucrado en la venta se destina a pagar el Importe de Seguridad Social.  Así, por ejemplo, si un club europeo paga US$3 millones por el pase de un jugador que sale desde Argentina, el futbolista debe cancelar US$157.500 por Impuesto a las Ganancias y, además, se deben pagar otros US$210 mil por Importe a la Seguridad Social.

En Chile, el jugador transferido no paga impuesto. De acuerdo con el Oficio Nº 1957 del SII, el dinero que recibe el futbolista es considerado una “indemnización anticipada de término de contrato de trabajo”, por lo que no es constitutiva de renta y queda exenta de tributación. De allí surge el vivo interés de los empresarios argentinos que invierten en pases de futbolistas por inscribir a sus pupilos en clubes chilenos –con la certeza de que no van a jugar en nuestra competencia- y con el único objeto de que despeguen desde Santiago hacia los mercados internacionales, sin desembolsar impuestos.

Si bien los clubes chilenos pueden ocupar sólo siete extranjeros en la competencia local, no hay límite para que inscriban futbolistas foráneos “no habilitados” para jugar. De acuerdo con los registros de la ANFP enviados al juez Oyarbide, en 2010 San Felipe mantuvo en su nómina a 29 argentinos no habilitados para competir en el torneo. Al año siguiente fueron 22, mientras que en 2012 registró 25. Este año, después de que estalló el escándalo de las “triangulaciones”, bajó a 14.

Tanto Unión San Felipe como Rangers son propiedad de sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP). La de Rangers es controlada por el empresario argentino Ricardo Pini, quien ha mantenido nexos comerciales con el propietario de San Felipe, su compatriota Raúl Delgado.

Darío Calderón, ex vicepresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), dice que las SADP que están incurriendo en malas prácticas son precisamente aquellas en las que hay inversionistas argentinos:

-Se dieron cuenta que les salía más fácil comprar clubes chilenos y usarlos como plataforma para inscribir jugadores. Se da el absurdo que clubes como San Felipe tenían alrededor de 160 jugadores en el registro general de la ANFP. Aparecían jugadores que nunca habían estado en Chile. Alguna de estas empresas argentinas fantasma se habían comprado por dos pesos un club de provincia y lo usaban exclusivamente para inscribir jugadores. Esos jugadores salían de Chile diciendo que se habían vendido en 100 pesos y toda la plata se dejaba afuera. Ese es el sistema, absolutamente corrupto.

El presidente del Sindicato de Futbolistas (Sifup), Carlos Soto, dijo a CIPER que, producto de las indagaciones realizadas en Argentina, su organización ha avanzado conversaciones con la ANFP para poner límites a las inscripciones de extranjeros no habilitados, de forma que no se institucionalicen en Chile malas prácticas que han proliferado en otros mercados latinoamericanos.

El ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) y propietario del club O’Higgins, Ricardo Abumohor, también se mostró preocupado por los alcances de la pesquisa judicial argentina. A su juicio, el tiempo ha demostrado que algunas SADP sólo están preocupadas de lograr réditos económicos y es el momento de ponerles límites: “Hay instituciones que entienden que el fútbol es un tema social, deportivo y económico, pero hay otras que sólo pretenden lo económico. La ANFP debe revisar qué jugadores se pueden inscribir, prohibir ciertas situaciones o autorizarlas”.

DEPÓSITOS DE RIVER EN MIAMI

A mediados de 2012, cuando se conocieron las primeras noticias de la investigación iniciada en Argentina y saltó a la palestra el nombre de Unión San Felipe, el Consejo de Presidentes de la ANFP analizó la situación. En su sesión del 23 de agosto, el consejo determinó que Unión San Felipe no había transgredido las normas del fútbol chileno. Ese día Raúl Delgado escribió en twitter: “Gracias a (Sergio) Jadue y a los representantes de los clubes por el apoyo ante las difamaciones de muchos periodistas”.

Delgado controla Unión San Felipe desde 2005, cuando el club se convirtió en sociedad anónima. El empresario fue periodista deportivo del influyente diario argentino La Nación en los años 80 y se codeó con figuras de la primera línea de la política del vecino país, como Carlos Menem (bajo su gobierno fue su secretario de prensa) y “Palito” Ortega. Hincha de San Lorenzo, dio sus primeros pasos en el negocio del fútbol asociado inicialmente con otro fanático azulgrana, Marcelo Tinelli. Con él compartió la propiedad del pase de Gonzalo Bergessio, jugador que en 2009 fue transferido desde San Lorenzo al Saint Etienne de Francia.

“Nosotros no hicimos los reglamentos. Nos ajustamos a ellos”, es otro mensaje escrito por Delgado en twitter. En efecto, las inscripciones y traspasos de jugadores argentinos hechos por Unión San Felipe se ajustan a las reglas del fútbol local, pero el documento suscrito por River Plate que obra en poder del juez Oyarbide puede complicar al club aconcagüino y a sus propietarios.

En el expediente judicial argentino figura un “convenio” suscrito el 14 de julio de 2012 entre Unión San Felipe y el zaguero Jonathan Bottinelli. En esa escritura, el jugador declaró que el pase estaba en su poder tras el fin de su contrato con San Lorenzo y San Felipe se comprometió a inscribirlo en sus registros, renunciando a toda pretensión sobre el valor de su futuro traspaso. Si el jugador era transferido, toda la plata quedaba para él.

¿Qué ganaba el club de Raúl Delgado si no podía ocupar a Bottinelli en la competencia local y tampoco tenía dominio económico sobre su pase? Vistas así las cosas, pareciera que San Felipe operaba como una especie de casa de acogida sin fines de lucro para futbolistas extranjeros. Pero la respuesta sobre el beneficio para el club está en la cláusula quinta del mismo convenio: Bottinelli se comprometió a entregar a San Felipe el 10% del total de su futura venta.

El 29 de julio, apenas tres días después de haber sido inscrito por Unión San Felipe, Bottinelli fue adquirido por River Plate en US$1,7 millón. De acuerdo con el convenio entre Bottinelli y San Felipe, el club de Raúl Delgado debía recibir US$ 170 mil.

Tres semanas después, la AFIP le cayó encima a Bottinelli y a River. Su investigación se hizo pública el 21 de agosto de 2012, cuando le informó a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que tenía bajo investigación la venta del defensa que, supuestamente, provenía de Unión San Felipe. Dos días después la situación fue abordada en el Consejo de Presidentes de la ANFP y El Mercurio informó que la justicia argentina tenía en la mira a la sociedad Old Oaks Investment Limited, constituida en Islas Vírgenes, sospechosa de ser la verdadera propietaria del pase de Bottinelli y de otros jugadores inscritos por San Felipe. De hecho, el exhorto de Oyarbide pidió información acerca de posibles nexos de Old Oaks con el club de Raúl Delgado.  El diario oficial de las Islas Vírgenes Británicas (Virgin Islands Official Gazette), en su edición del 13 de diciembre de 2012, informó que la sociedad Old Oaks fue disuelta el 16 de noviembre de 2012, casi dos meses después de que la AFIP comenzara a investigar el pase de Bottinelli.

Cuando el escándalo ya estaba desatado, Unión San Felipe y Bottinelli firmaron un anexo a su convenio del 14 de julio. El nuevo documento quedó suscrito el 6 de septiembre, a cinco semanas de haber cerrado el trato con River. En lo principal, este anexo dejó sin efecto la cláusula quinta del convenio original, por lo que Bottinelli ya no pagaría a San Felipe la comisión del 10%. También se invalidó la cláusula cuarta, que indicaba que San Felipe cobraría el dinero pagado por el traspaso y que en no más de 96 horas debía transferirlo a una cuenta señalada por Bottinelli. Por último, el anexo establecía que River pagaría directamente al jugador, en pesos argentinos y en una cuenta bancaria de su país.

El intento de convencer a la AFIP, mediante este anexo extemporáneo, de que la operación se había hecho por completo al interior de Argentina, en moneda local y sin que Unión San Felipe obtuviera beneficio alguno (de manera que no podía acusarse ni evasión ni fuga de divisas ni lavado de activos), colisiona con un documento oficial de River Plate que figura en el expediente judicial. Este antecedente fue clave para que Oyarbide dirigiera su exhorto a Chile y solicitara la incautación de documentos de las oficinas de San Felipe y Alhec.

En cuatro hojas con el membrete de River quedó impreso el “Contrato de Cesión de Derechos Federativos y Económicos” suscrito entre Bottinelli, Unión San Felipe y el club argentino. En el documento se establece que el US$1,7 millón sería pagado por River con cuatro depósitos en la cuenta 716966 de la sucursal de Miami del Interaudi Bank, abierta a nombre del Club Deportivo Unión San Felipe SADP.

El contrato indica que River haría un primer depósito de US$500 mil antes del 2 de agosto de 2012. El segundo (US$440 mil) se materializaría el 20 de agosto. El tercero (US$500 mil) se pagaría el 20 de diciembre y el último (US$260 mil), el 20 de marzo de 2013.

Según este cronograma, cuando la AFIP informó a la AFA que la transferencia de Bottinelli estaba bajo investigación y solicitó bloquear los pagos de River a San Felipe, el club de Raúl Delgado ya tendría que haber recibido US$ 940 mil en su cuenta de Miami. Por eso, ni al magistrado Oyarbide ni a la AFIP le convenció el anexo suscrito el 5 de septiembre entre Bottinelli y San Felipe. Y, por lo mismo, el juez envió el exhorto a Chile para seguir la pista del dinero en los computadores y carpetas del club y de la agencia Alhec.

SIGUIENDO EL DINERO

La sociedad Alhec Agentes de Valores S.A. fue constituida en Chile el 2 de julio de 2009 por los empresarios argentinos Carlos Alberto Rivera y Marta Zulema Rondinella. En Alhec explicaron a CIPER que no están autorizados para emitir declaraciones. Sin embargo, manifestaron que la investigación derivada desde Argentina es solo por la sociedad constituida en ese país y no por ALHEC Agentes De Valores S.A. que opera en Chile.

Carlos Rivera, dueño de Alhec Group, socio de la agencia en Chile y representante de futbolistas, estuvo prófugo en la causa que lleva el juez Oyarbide y se entregó a inicios del mes pasado. De acuerdo con los antecedentes que se acumulan en la investigación judicial argentina, y a los que CIPER tuvo acceso, entre las pesquisas desarrolladas en Buenos Aires se cuenta la interceptación de conversaciones telefónicas de Rivera.

En las oficinas de Alhec, ubicadas en Isidora Goyenechea, en Las Condes, el OS-9 incautó tres computadores, discos duros, una tablet y un celular, además de carpetas de clientes extranjeros y archivos varios. En tanto, desde la sede de Unión San Felipe se confiscaron discos con información del jugador Bottinelli. Todo fue entregado voluntariamente por el abogado del club, Eduardo Olivares Gutiérrez, quien también integra el directorio de la SADP propietaria de la institución.

El interés de la AFIP y de Oyarbide por obtener los documentos con los flujos financieros de San Felipe y Alhec se debe a que, para probar la eventual evasión tributaria y una posible transgresión a las normas de operaciones cambiarias, requieren determinar quién es efectivamente el titular de la cuenta en Miami, a quién le llegó ese dinero como destinatario final, a quiénes pertenecía realmente el pase de Bottinelli y cuál fue la cifra que recibió en definitiva el jugador. La AFIP, en su presentación a la justicia tributaria argentina, consideró como un dato relevante que el mismo futbolista reconociera que su representante y negociador es Leonardo Rodríguez, a objeto de que se investiguen también sus flujos financieros.

Además de representar a Bottinelli, la AFIP asegura que Leonardo Rodríguez también maneja al internacional argentino Carlos Javier Matheu. El escrito ingresado por la AFIP a la justicia tributaria de su país señala que Matheu fue transferido desde Unión San Felipe al Atalanta italiano. Según los registros de la ANFP, Matheu figuró inscrito en San Felipe por escasos 20 días, entre el 3 y el 23 de julio de 2012. Por tal razón, la AFIP solicitó a la justicia argentina que se libre un exhorto a Italia para conseguir toda la documentación que posea Atalanta sobre ese traspaso.

OTRAS TRANSFERENCIAS

El Club Unión San Felipe SADP es controlado en un 98% por Inversiones Deportivas Rojo y Blanco Limitada. A su vez, Inversiones Deportivas Rojo y Blanco Limitada, es controlada en partes iguales por Ramón Raúl Delgado, Sebastián Alejandro Delgado, Pablo Ezequiel Delgado y Raquel Guadalupe Ghirardi.

La historia de la sociedad que controla Rangers de Talca, el segundo club chileno en la mira de la AFIP, está cruzada por una estrecha relación con los dueños de Unión San Felipe. De hecho, Piduco SADP, propietaria inicial del club talquino, fue constituida en agosto de 2010 por María Antonieta Costa Ros y Monserrat Olivares Costa: esposa e hija del actual miembro del directorio de Unión San Felipe SADP, el abogado Eduardo Olivares, quien además representó a Old Oaks Investment en un litigio por los derechos del seleccionado chileno y actual jugador de O’Higgins Luis Pedro Figueroa.

El controlador de la sociedad que maneja a Rangers es el argentino Ricardo Pini. El abogado Olivares aclaró en una nota publicada por La Tercera en octubre de 2010 que no era su familia la que estaba tras la propiedad del equipo talquino, sino los hermanos Ricardo y Sebastián Pini. Según dijo Olivares, los Pini habían sido abogados de Raúl Delgado en Unión San Felipe: “Cuando se creó la sociedad (de San Felipe) los asesores acá eran del estudio Pini, que es un estudio importante de Buenos Aires (…). La relación entre Raúl Delgado y los Pini concluyó hace año y medio”.

Piduco SADP compró el club Rangers el 26 de agosto de 2010. Al año siguiente, la sociedad cambió su nombre a Rojinegro SADP, denominación que mantiene hasta hoy.

Los registros de la ANFP con las nóminas de jugadores argentinos “no habilitados” inscritos por Rangers son modestos en comparación con los de Unión San Felipe: uno en 2011, cuatro en 2012 y seis en 2013. De estos, solo los nombres del arquero Hernán Ismael Galindez y el defensor Santiago Juan Gentiletti, podrían despertar sospechas. Formado en Rosario Central, el golero Galindez figura inscrito en el elenco talquino para las temporadas 2012 y 2013, aunque fue cedido a la Universidad Católica de Ecuador. En el caso de Gentiletti, aparece en las nóminas de Rangers en 2010, 2011 y 2012, pero en esos años militó en Argentinos Juniors, luego en el Stade Brestois francés y finalmente en San Lorenzo.

En las nóminas de inscritos por Unión San Felipe figuran otros dos argentinos de pergaminos internacionales: Ignacio Piatti y Renato Civelli. El primero está en los registros del club desde 2009 en adelante, pero su ficha dice que en 2009 jugó en Gimnasia La Plata, el 2010 en Independiente, el 2011 en el Lecce de Italia y el 2013 en San Lorenzo. Respecto de Renato Civelli, estuvo en las nóminas de San Felipe en las temporadas 2010 y 2011, aunque en esos años alineó en el Niza de Francia.

CIPER solicitó entrevistas con los presidentes de las SADP de Rangers y de Unión San Felipe, pero en ambos casos no hubo respuesta.

El andamiaje instalado por Raúl Delgado en San Felipe no sólo ha servido como pista de despegue para argentinos que parten al mercado internacional sin haber vestido la camiseta del club aconcagüino. También se ha utilizado para el aterrizaje de jugadores que llegan al país y de inmediato son cedidos a otros clubes chilenos. Es el caso del discreto atacante Gino Clara, quien en agosto de 2010 fue presentado en Colo Colo por el entonces presidente del directorio de Blanco y Negro, Guillermo Mackenna. Inicialmente se informó que venía de Huracán, pero según los registros de la ANFP sólo un mes antes había sido inscrito por San Felipe.

Un caso similar es el del volante Luciano Civelli. Siguiendo la misma ruta de su hermano Renato, fue inscrito por San Felipe el 27 de julio de 2012. Ese mismo mes fue presentado como refuerzo de la Universidad de Chile. La prensa informó que provenía del Libertad de Paraguay, pero la operación incluyó su inscripción previa en el club de Raúl Delgado.

CONTRATOS SIMULADOS

La AFIP también ha investigado las transferencias en las que se declara un monto menor del que realmente se pagó por el futbolista. En el expediente judicial argentino se menciona el traspaso de Diego Buonanotte desde River Plate al Málaga de España para graficar este tipo de evasión tributaria.

La AFIP informó al tribunal que Buonanotte fue transferido en la suma de 3 millones de euros el 20 de enero de 2011. Ese mismo día River y Málaga firmaron un contrato de “colaboración deportiva” por 2 millones de euros. Luego, Málaga cedió en préstamo a River, por seis meses y de manera gratuita, al mismo jugador. Para volver a contar con los servicios de Buonanotte, River debió contratar un seguro para proteger la inversión del club español. Pero este seguro no fue por 3 millones de euros, que es lo que supuestamente pagó el Málaga, sino por 5 millones de euros. La AFIP asegura que esto prueba que el valor total de la venta fue de 5 millones de euros y que el convenio de colaboración entre ambos clubes no fue más que un ardid para rebajar de manera ficticia el monto.

De ser efectivo lo que denuncia la AFIP, en el traspaso de Buonanotte se evadió el pago de impuestos por un total de 252.963 euros.

El ex dirigente Darío Calderón explica que históricamente los precios de los traspasos que se hacen a Europa no tienen suficiente fiscalización. Cuenta que ha revisado la prensa sudamericana para ver los valores de las transferencias que se publican acá y los ha comparado con la información difundida en el país que recibe al jugador. Las cifras, dice, no coinciden.

-Esa diferencia responde a que, como acá no hay fiscalización, se coloca un precio distinto. Se vende un jugador y, como no se le rinde cuentas a nadie, en Chile se dice que se vendió en 200 y afuera, que se compra en 2 millones. Y la diferencia quedó en alguna parte. Ese es el sistema que se usa para blanquear platas.

El presidente del Sifup, Carlos Soto, asegura que en Chile también se evaden impuestos y se recortan los beneficios sociales de los futbolistas por la vía de declarar menos dinero del que se paga realmente a los jugadores. Y apunta sus dardos precisamente a los dos clubes locales que están siendo investigados en Argentina:

-En el caso de San Felipe y de Rangers, los jugadores extranjeros firman contrato por un sueldo, por ejemplo de $1.000.000, que es lo que queda registrado en la ANFP. Pero reciben otro millón de pesos que se pagan en dólares, en efectivo y sin recibo. No queda registrado en ninguna parte, porque, como dicen ellos, se paga “en negro”.

Marcelo Pablo Barticciotto, ex jugador y director técnico, corrobora las afirmaciones de Soto: “Sé de clubes que ponían 2 o 3 millones de pesos en el contrato que entregan a la ANFP y otros 3 millones lo hacían por contrato privado y pedían (a los jugadores) que dieran un número de cuenta de su país de origen, sobre todo los argentinos y paraguayos. Y había jugadores que no tenían cuenta, que no entienden de estos temas, y entonces le pedían la cuenta del representante”.

Para el presidente del Sifup esto atenta contra el Estatuto Laboral del Futbolista Profesional, que en su artículo 152 bis G señala: “La entidad deportiva que utilizando cualquier subterfugio, oculte o simule beneficios o prestaciones laborales que tenga como causa el contrato de trabajo, será sancionada”. Las multas oscilan entre 10 y 150 UTM ($400 mil y $6 millones), aumentando en media UTM ($ 20 mil) por cada empleado afectado por la infracción. Una bicoca al lado de las cifras que se transan en el mercado del fútbol.

EL SII RAYA LA CANCHA

Soto y Barticciotto no entregan los nombres de los futbolistas que han aceptado este tipo de prácticas, para evitarles represalias, pero sus denuncias tienen asidero. Así se desprende de la decisión del SII de iniciar una exhaustiva fiscalización a los contratos y transferencias de jugadores. Un artículo de La Segunda, publicado el 26 de junio de este año -dos semanas después de las incautaciones practicadas en las oficinas de Unión San Felipe y Alhec-, informó que el SII está auditando cinco clubes y una sociedad intermediaria.

Citando fuentes del SII, el vespertino señaló que las seis entidades fueron notificadas de la investigación porque se detectaron “inconsistencias entre los montos que constaban en los antecedentes de las transferencias y los declarados tributariamente (…). En algunos de estos casos se detectaron triangulaciones a paraísos fiscales”.

El SII confirmó a CIPER que esa auditoría está en curso y que sus resultados quedarán listos en diciembre. Respecto de las “triangulaciones” denunciadas por la AFIP, en el SII señalaron que, de comprobarse que hay clubes chilenos que recibieron pagos en el exterior -como podría haber sucedido con San Felipe en la transferencia de Bottinelli-, se debe determinar si esas sumas fueron declaradas en Chile.

Impuestos Internos no es la única institución fiscalizadora que ha encendido alertas por las operaciones de las SADP. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  ha cursado más de 500 sanciones a las SADP. En su mayoría, los incumplimientos fueron por no entregar a tiempo los certificados de pagos de sueldos y obligaciones previsionales, además de memorias y estados financieros.

Resulta extraño que las SADP incurran en estas omisiones ante la SVS, porque, tal como lo señaló una nota de El Mercurio del 7 de julio pasado, detrás de varios clubes sancionados hay empresarios e inversionistas de vasta experiencia: “Es el caso de Wanderers (Alberto Eguiguren, Jorge Lafrenz y Wolf von Appen), Unión Española (Jorge Segovia) o Palestino (Fernando Aguad y Salvador Said)”, se lee en el artículo.

Frente a las “triangulaciones” denunciadas por la justicia argentina y las omisiones detectadas por el SII y la SVS, el integrante del directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo, Alex Friedemann, es categórico: “No podemos estar prestándonos para realizar estas omisiones y este tipo de prácticas. Las sociedades anónimas, que tanto han criticado a los antiguos dirigentes y las malas prácticas, deberían dar ejemplo de probidad. No podemos ser una suerte de Islas Vírgenes o paraíso fiscal del comercio deportivo”.