Niños invisibles

Por intermedio de este prestigioso medio, me permito escribir en forma pública al Presidente la República, a todos los parlamentarios y a todas las personas de buena voluntad para que estén muy atentos a lo que está sucediendo con el tema del informe de la llamada Comisión Jeldres y voy a explicar el por qué.

Lo que actualmente se busca es necesariamente la adopción y si ésta no resulta, normalmente porque el niño/a es declarado “adoptable” cuando ya es “muy grande” (por lo tanto, con menos o ningún interesado por él o ella), a este menor no le queda otra que seguir institucionalizado o bien rebelarse (…), optando muchas veces por la llamada “situación de calle”

Junto con un grupo de colegas, profesionales vinculados a los Tribunales de Familia y personas de buena voluntad, seguimos de cerca la temática de los menores “en residencias”, desde hace más de 13 años, no sólo desde un punto de vista académico y comparado con las soluciones que se han dado en otros países, sino también a través de la concreta vivencia que, en el caso nuestro como familia, comenzamos a tener en el 2000, cuando acogimos, bajo el régimen de tuición, a una chica de 15 años. Esta niña había llegado a un hogar de La Araucanía, con una medida de protección emanada de un tribunal, cuando sólo tenía 3 años.  Es decir, cuando esta adolescente se viene a vivir con nosotros, había estado 12 años viviendo de manera “institucionalizada” y ella no era de las que más tiempo llevaba en esa incomprensible condición. En efecto, en ese mismo hogar había otras chicas, mayores que ella, que llevaban aún más tiempo.

En consideración a la realidad que fuimos conociendo y a que nuestra experiencia con esta chica resultaba exitosa y muy gratificante, en el año 2002 elaboramos, con un grupo de colegas, una concreta propuesta para dar más fluidez a la desinternación de menores desde los hogares institucionales, ya que esta triste y cruel realidad de las “largas permanencias”, con todo lo que ello significa en cuanto a los riesgos psicosociales, es algo que todos los organismos internacionales preocupados por la infancia, partiendo por la UNICEF, han condenado de manera explícita desde hace años.

Chile es firmante de todas las convenciones que se han hecho para proteger a los menores vulnerados en sus derechos. Sin embargo, al poner en práctica dicha protección, por la manera en que lo hace, paradójicamente termina igualmente vulnerando esos derechos, por lo menos para un número no insignificante de menores.

Naturalmente, nuestra propuesta fue canalizada a través del SENAME regional e incluso después fue entregada en la oficina de partes de La Moneda, para que el ex Presidente Lagos la conociera. Algo que repetí durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet y con el ex ministro Teodoro Ribera apenas asumió el cargo de Ministro de Justicia del actual gobierno, con quien había tenido la oportunidad de conversar anteriormente sobre la grave situación social de estos miles de menores, cuya única culpa es haber nacido en una condición social desestructurada o que sus progenitores no pudieron o no quisieron hacerse cargo de ellos como corresponde.

Si bien al comienzo nuestra propuesta no fue mayormente considerada por las instancias señaladas, en abril de 2004 tuvo una muy buena acogida por el dr. Egidio Crotti, el encargado de la época de la UNICEF para el Cono Sur, como consta en la muy conceptuosa carta que tuvo a bien escribirme, una vez que conoció nuestros planteamientos. Sin embargo, ni adjuntando esa carta a nuestra propuesta tuvo mayor acogida cuando la entregamos a nuevas instancias oficiales.

Los años han pasado y hoy nuestra “hija afectiva” es una realizada profesional de la educación, con dos diplomados, está felizmente casada y además de estar trabajando part time, está disfrutando de la crianza de sus dos hermosos hijos de una manera conmovedora y difícil de describir, por lo tanto tenemos una legítima satisfacción y orgullo por lo que ha logrado con su esfuerzo, al igual como sentimos orgullo por nuestros cuatro hijos biológicos, ya que todos por igual son personas de bien y preparados para enfrentar la vida.

Cabe destacar que lo que se logró con esta chica fue sin haber llegado a una verdadera adopción, simplemente, como ya dije, solicitamos y obtuvimos la tuición legal de ella, con todo lo que  implica, cuando había recién cumplido 15 años.

A mi manera de ver, la madre de todos los problemas que rodean a estos poco afortunados hijos de Chile es que, al no ser adoptados, con el paso del tiempo se van haciendo residentes permanentes de esos hogares y, por lo tanto, sin la posibilidad de conocer lo que es vivir en una familia.

Para tener los datos concretos sobre este delicado asunto e invocando la Ley de Transparencia, hace más de un año solicité formalmente por escrito al SENAME de la Región de La Araucanía que se me informara en detalle cuántos menores estaban institucionalizados hace más de un año, cuántos hace más de dos, cuántos hace más de tres, etc.  Hasta hoy no se me ha dado respuesta, pero, por las cifras que se han conocido en estos últimos días, la falta de eficiencia del “sistema de protección del Estado” es más grave de lo que uno hubiera podido imaginar.

En efecto, se sabe que anualmente en Chile el promedio de adopciones es aproximadamente de 600 menores, lo que muchas veces se presenta como un gran logro, pero lo que no se dice es que el universo de niños institucionalizados es de cerca de 15.000.

Es decir, la búsqueda de una familia sustituta para esos niños, como perentoriamente recomienda la UNICEF cuando no es posible que vuelvan con sus familias biológicas de origen, tiene una “eficiencia” cercana al 4% de los casos y al restante 96% se le dice tácitamente algo así como: “Tú no, tú debes seguir aquí hasta que cumplas 18 años y seas egresado/a del sistema de protección”. ¿No será mucha la crueldad? ¿Por qué el “sistema de protección” se conforma con una eficiencia tan escandalosamente baja? ¿Hay grupos de presión que buscan mantener así las cosas? De ser así, ¿a quiénes responden esos grupos?

En mi modesta, pero muy convencida y fundada opinión, esto es una grave violación de los derechos humanos de estos miles de menores, lo que de por sí bastaría para emprender una reingeniería completa del sistema de protección que actualmente el Estado da a los menores en riesgo.

En efecto, no se trata de que el Estado se transforme en un ente criador de niños/as, aun con el concurso de las más nobles y altruistas instituciones y un ejército de profesionales, todos con la mejor intención, se trata de dar a esos menores, lo más pronto posible, el natural espacio para ser criados: una familia.

Es de Perogrullo decir que todo niño/a debe tener referentes adultos significativos lo más permanentes que se pueda y no la rotativa de directores de hogares, psicólogos, asistentes sociales, cuidadores, cocineras, etc. que estos menores van conociendo a lo largo de su (excesiva) permanencia en esas instituciones, ya que cada vez que una de estas personas se va (algo frecuente por los sueldos que reciben), los menores las van viviendo como duelos.  Así, muchos, aprenden que no hay que establecer lazos afectivos con nadie, lo que no es algo muy alentador en la formación de una persona.

En este extraño “sistema de protección” ni siquiera se plantea la posibilidad de difundir la alternativa de la tuición o de la colocación familiar permanente como vías válidas para la salida a estos menores: sencillamente si no fue adoptado cuando era chico/a, entonces lo “lógico” es que siga institucionalizado/a

Es por eso que nuestra propuesta (todavía no considerada por el sistema oficial de Protección que da el Estado) apunta justamente a reclutar un suficiente número de familias sustitutas, con demostrables competencias parentales y sin el interés por el pago de una subvención mensual, pero sí con un sistema de apoyo económico para el/la menor, para cuando quieran ingresar a la educación superior. La idea es crear un sistema de llamado y evaluación de familias dispuestas a acoger a estos menores (uno, máximo dos por familia), para ayudarlos a transitar hacia una vida adulta, independiente y digna. Si en mi familia fuimos capaces de hacerlo, no veo por qué no puedan hacerlo otras familias.

La verdad es que esa visión en blanco y negro que tiene el SENAME y todo el sistema legal actual relacionado con la “protección” de los menores vulnerados en sus derechos, no ayuda a reducir los tiempos de permanencia en los hogares. En efecto, lo que actualmente se busca es necesariamente la adopción y si ésta no resulta, normalmente porque el niño/a es declarado “adoptable” cuando ya es “muy grande” (por lo tanto, con menos o ningún interesado por él o ella), a este menor no le queda otra que seguir institucionalizado o bien rebelarse y entonces comenzar a fugarse de esa institución, optando muchas veces por la llamada “situación de calle”, realidad que ha sido reiteradamente denunciada por muchos reportajes en distintos medios de comunicación o como podemos tristemente constatar con nuestros ojos en nuestras ciudades.

En este extraño “sistema de protección” ni siquiera se plantea la posibilidad de difundir la alternativa de la tuición o de la colocación familiar permanente como vías válidas para la salida a estos menores: sencillamente si no fue adoptado cuando era chico/a, entonces lo “lógico” es que siga institucionalizado/a.

Prueba de lo dicho es lo que me dijo la encargada de adopción del SENAME de la Región de La Araucanía a comienzos de la década pasada, y ante otros dos testigos, cuando le expliqué lo que estábamos haciendo como familia con la chica de 15 años que hacía pocos meses se había venido a vivir con nosotros: “Ah, lo de ustedes es altruismo y eso a nosotros no nos interesa, nosotros queremos a personas que estén hambrientos (sic) por ser padres, no como ustedes, que ya tienen hijos biológicos”. Naturalmente, me sorprendió con esa increíble respuesta y sólo atiné a preguntarle si sabía que en otros países esa era una práctica muy difundida y que incluso a las familias sustitutas se les capacita de maneras específicas para poder acoger y contener a los menores con diferentes problemáticas: desde las más simples a las más complejas.  Como esta abogada claramente no conocía esas otras visiones ni menos las directrices de la UNICEF, agregó (terminando de embarrarla) que la idea para ellos era poder dar niños/as a parejas que no hubieran podido tener hijos. Es decir, exactamente lo contrario que plantea la UNICEF y la Declaración Universal de los Derechos del Niño que, como se sabe, explícitamente en uno de sus artículos dice que “todo niño/a tiene derecho a tener una familia”: en ninguna parte se dice que uno o más adultos tienen derecho de tener a un niño bajo su cuidado, para criarlo y darle afecto.  Por cruel que le pueda parecer a los adultos que no pueden tener hijos biológicos, la idea es que prime el interés superior del niño, por sobre la realización parental del adulto/a.

Pues bien, ahora que nuestra “hija afectiva” tiene 28 años, puedo decir que esa funcionaria estaba profundamente equivocada, ya que por algo la definimos de esta forma y los logros académicos y humanos que ha alcanzado (mencionados más arriba) le han permitido tener una vida digna y feliz, lo que no creo sea poca cosa.
Hace ocho meses, logramos sacar a otra chica, de 17 años, desde ese mismo hogar, esta vez por el sistema de colocación familiar, en la que hace de cabeza como “guardadora” una solidaria señora viuda (madre de cuatro hijos ya mayores), luego que solicitáramos la revisión de la causa de la menor ante el Tribunal de Familia correspondiente, dado que en el último de sus 13 años de vida institucional un grupo de sus compañeras había comenzado con un sostenido y grave bullying hacia ella.

¿Por qué nos involucramos con esta otra chica?  Muy simple: fue siguiéndola precisamente a ella y a su hermanito a comienzos del año 2000 (ella de 4 y él 2 años), que llegamos a ese hogar de Lautaro y empezamos a conocer por dentro el mundo de los niños/as invisibles o institucionalizados.

Cuando algunos años después de haber tomado la tuición de la primera chica, supe que la chiquita seguía interna y que su hermanito había sido “dado” en adopción a una familia extranjera, quise retomar el contacto con ella y ver si se podría hacer algo. Con la ayuda de varias personas de buena voluntad, finalmente en noviembre del año pasado la pudimos desinternar y actualmente hay todo un equipo de personas y profesionales, en especial de la fundación que media en este caso, que estamos dándole a esta chica, ahora de 17 años, todo el apoyo que se merece, para que recupere su autoestima, uno de los aspectos que más se daña en la mayoría de los menores que viven de manera institucionalizada.  La idea es que ella pueda creer en sus potencialidades y proyectarse a futuro.

Me permito reiterar que es imperativo conocer de manera desglosada y transparente los tiempos de permanencia institucionalizada de esos 15.000 menores en “residencias”, ya que estoy convencido que, como pasó en su momento con el informe de la comisión Jeldres, nos encontraríamos con situaciones difíciles de creer y por lo tanto de aceptar como sociedad.

Quedo a disposición de las autoridades u organizaciones que honesta y desinteresadamente quieran ayudar a la “salida” de estos menores institucionalizados, ya sea por una “tuición ayudada” o bien por una “colocación familiar definitiva”, ambas CON SEGUIMIENTO PROFESIONAL, como alternativas muy válidas a la conocida adopción, pero teniendo siempre como norte el apoyo a estos desafortunados e inocentes menores y nunca ver en ellos una posibilidad para aprovecharse, abusar o lucrar.

(*) Edoardo Tosti-Croce A. es doctor en Biología y docente universitario