La crisis del sistema de protección residencial de niños en Chile ha vuelto a manifestarse con crudeza en la escena pública. Pareciera ser que esta vez el despliegue de la fiscalización y de la intervención del SENAME sobre algunas residencias será ejemplificador. ¿Estamos ante un evento histórico? Lamentablemente no. Debemos recordar que esta precaria e indignante situación no es un hecho aislado o una situación acontecida en el último tiempo. Se repite no hace años, si no más bien hace siglos.
Gran parte de los niños internados no está institucionalizado necesariamente por graves vulneraciones de derechos. En 2012 menos del 5% de los niños que estaba en el sistema residencial (644 casos) entró por maltrato; y el abuso sexual corresponde a menos del 7% (810 casos). Curiosamente encontramos causales de ingreso a las residencias como “niño vive en sector de exclusión”, “interacción conflictiva con escuela”, “familia indigente”. ¿Ser pobre significa ser incapaz parentalmente?
Históricamente se conoce y se ha escrito bastante sobre las trágicas experiencias de los niños y niñas que deben ser separados de sus familias de origen para permanecer internados en residencias de instituciones colaboradoras del Estado. Por citar un par de ejemplo recientes, en el año 2005 la Unicef señaló en el documento “Desinternación en Chile. Algunas lecciones aprendidas” que el recurso de la internación de los niños en instituciones representa un obstáculo en su integración social, principalmente por la imposibilidad de recibir un trato personalizado y por la ruptura de sus vínculos con los espacios normales para su desarrollo, como la familia, el barrio, la escuela y sus amigos.
En esa misma línea, el 2008, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, señaló que buena parte de las prolongadas internaciones de niños en residencias parecen explicarse por las serias falencias en el trabajo de reintegración familiar de los niños. En efecto, según lo descrito por este informe, las residencias no cuentan con recursos materiales, profesionales y económicos para proteger y promover los vínculos familiares de los niños, dado que los padres prácticamente no tienen ningún involucramiento en prácticas de crianza y educación de sus hijos e hijas internos.
Si bien la medida de protección que implica institucionalizar a un niño en una residencia es una medida excepcional y transitoria, en promedio, un niño que ingresa a una institución pasa más de dos años internado (Martínez, 2010) El principal objetivo de los programas residenciales, tal y como se señala en las bases técnicas del Sename, consiste en asegurar la reinserción familiar. ¿Qué ofrece el Estado para llevar a cabo esta compleja tarea?
Lo primero que hay que señalar es que gran parte de los niños que se encuentran en residencias mantienen, con más o menos regularidad, un lazo con su familia de origen, por lo que no se encuentran en situación de abandono como se suele pensar. Según estadísticas del propio SENAME, durante 2012 de 14.677 niños atendidos en residencias, 457 ingresaron por abandono (SENAME, 2013). Además, de que gran parte de los niños internados no está institucionalizado necesariamente por graves vulneraciones de derechos. Las estadísticas de SENAME establecen más de 25 causas de ingreso al sistema residencial, dentro de las cuales, por ejemplo, el maltrato corresponde a menos del 5% (644 casos) y el abuso sexual a menos del 7% (810 casos) durante 2012. Curiosamente encontramos causales de ingreso a las residencias como “niño vive en sector de exclusión”, “interacción conflictiva con escuela”, “familia indigente”. ¿Ser pobre significa ser incapaz parentalmente?
Hasta el año 2007 existían en Chile 23 programas de fortalecimiento familiar (PRF) con una cobertura total de 1.348 niños para una población potencial de más de 9.000 niños (UDP, 2008). Es decir, menos del 20% de las familias de los niños institucionalizados tenían la posibilidad de recibir un apoyo terapéutico. A lo anterior se debe sumar que hoy en día las residencias cuentan con sistemas de visitas muy restringidos en términos de horarios y de días, así como espacios inadecuados para que los padres puedan tener contacto con sus hijos.
Hoy los programas de fortalecimiento familiar ya no existen y se ha implementando un modelo de intervención especializado al interior de las residencias denominado programa especializado de intervención residencial. La cobertura en estos casos sigue siendo baja, no incluye familias de niños menores de 6 años y presenta el problema de que para las familias es muy difícil generar lazos de confianza con los equipos técnicos cuando esos mismos profesionales pueden inhabilitarlos de forma permanente respecto al cuidado de sus hijos. En definitiva, no sólo no contamos en Chile con un trabajo especializado de acompañamiento de la familia de origen de niños internados, salvo excepciones, sino que, además, se desconoce la realidad, el funcionamiento y las historias de estos grupos de la sociedad. El rótulo de la incapacidad los sentencia negándoles la posibilidad de reparar la relación dañada cuando existen posibilidades.
Las falencias, sin lugar a dudas, son numerosas y requieren de importantes transformaciones de los organismos encargados de velar por la protección de la infancia. Seguramente se requiere de una nueva institucionalidad, de mayores recursos e importantes cambios legales que garanticen el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que requieren de la protección del Estado.
Como sociedad hemos legitimado un sistema de atención a la infancia que interviene sobre las vulneraciones de derechos negando el contexto y las condiciones históricas de pobreza y exclusión de las familias y niños atendidos
Ahora bien, desde mi punto de vista, todas estas transformaciones serán insuficientes si no llegamos a problematizar el aspecto central de esta situación, a saber, que como sociedad hemos legitimado un sistema de atención a la infancia que interviene sobre las vulneraciones de derechos negando el contexto y las condiciones históricas de pobreza y exclusión de las familias y niños atendidos. Se trata de un sistema amparado en la injusticia, ya que establece a priori que ciertos grupos de la sociedad serían particularmente incapaces de criar a sus hijos. Un sistema que, desde su origen, es la viva expresión de una forma de reproducción de la violencia institucional sobre aquellos que no han podido responder a las lógicas de poder, y que impone a las familias modelos de parentalidad y de crianza. En definitiva, un sistema que desde el discurso de la protección borra que el origen histórico de su acción es violenta al intervenir sobre aquellos que desde la precariedad y la exclusión se vuelven sujetos de sospecha para el sistema bajo el rótulo de inhábiles. ¿De que se trata todo esto?
Los más de quince mil niños que pasan anualmente por hogares de protección forman parte de la historia de miseria y segregación de nuestro país. Esa historia que queremos ocultar porque nos interpela como sociedad, pero que se resiste al olvido. Los hemos llamado expósitos, huachos, abandonados. Los recordamos cuando delinquen, cuando en el contexto de un voluntariado son objeto de la caridad, o bien, los invocamos cuando hay que hablar de adopción porque, supuestamente, se encuentran abandonados.
Sus familias son el enemigo ya que no han asumido sus funciones de cuidado y protección. Maltratadores, negligentes, abandonadores son las denominaciones más recurrentes que como sociedad hemos decidido utilizar para categorizar a los padres de estos niños. Es así como detrás de la defensa del niño se ha ido configurando, silenciosamente, un juicio de valor sobre la familia de origen que deriva muchas veces en un trato descalificador e indigno de parte del sistema proteccional. La asimetría del sistema es evidente: así como los niños no están en igualdad de condiciones frente a los adultos, los padres de los niños tampoco lo están frente al Estado y sus instituciones colaboradoras. La violencia del sistema se reproduce, se justifica invocando los derechos y se invisibiliza cuando se prescinde de los lazos sociales previos de un niño.
En este punto uno podría preguntarse cómo es que un sistema tan perverso se resiste a cambiar o bien a desaparecer con todas sus nefastas consecuencias para el establecimiento de garantías reales en la protección de los derechos. Pienso que un poco de historia puede ayudarnos en la reflexión.
La institucionalización, último recurso para asegurar el bienestar de un niño, tiene en Chile una larga historia de prácticas caracterizadas por la caridad y el asistencialismo. En Chile, a partir de 1758, año de la creación de la primera casa de expósitos en Santiago (Rojas, 2010), las iniciativas de apoyo a la infancia desvalida provienen de las congregaciones religiosas provenientes de Europa y su trabajo se caracterizaba por la atención cerrada de los niños, de la caridad como eje de la atención y de separar a los niños de sus padres por el daño que éstos pudieran provocarles. Lo anterior ilustra, de cierta manera, la historia oficial que se ha construido en relación a la necesidad y justificación de la atención a la infancia en residencias. Frente a la situación de niños desvalidos la sociedad se organizó para protegerlos y cuidarlos. Primero fueron las congregaciones religiosas las encargadas de esta tarea y posteriormente fue el Estado. Curiosamente hoy las organizaciones colaboradoras del SENAME, es decir, las que reciben subvención del Estado para realizar sus intervenciones, son fundaciones pertenecientes a las mismas congregaciones religiosas que iniciaron la labor de atención a la infancia. ¿Qué ha cambiado en más de 200 años?
En contraposición a la lógica de la caridad y del asistencialismo, el nacimiento del sistema y de las instituciones de atención a la infancia está asociado a otras prácticas invisibilizadas por la “historia oficial”. Estas instituciones vienen a formar parte del conjunto de estrategias de autodefensa que la sociedad elaboró cuando los niños y sus familias representaban un peligro. Dichas estrategias iban de la separación transitoria del niño con la familia de origen, hasta el extremo de eliminar los focos de peligrosidad. Un ejemplo de esto es la historia de la primera institución construida en América: “En Estados Unidos, la primera institución para niños fue instalada en 1729 en Nueva Orleans por las Monjas Ursulinas, consistente en un orfanato para albergar a los huérfanos resultantes de una masacre de indios de la tribu Natchez” (Pilotti, 1994). ¿Quiénes fueron los Natchez? Un pueblo amerindio que se sublevó varias veces ante la ocupación de sus territorios por parte de los franceses quienes, en un acto de represalia, saquearon su poblado principal asesinando a un gran número de indios: los padres de los niños.
El sustento de nuestro sistema de protección de la infancia se basa principalmente en la vigilancia y el control social amparadas bajo el supuesto que las familias más vulnerables son incapaces de desarrollar adecuadamente la crianza de sus niños y niñas. No es casualidad de que las únicas comunas donde no existan oficinas de protección de derechos (OPD) sean Providencia, Las Condes o Vitacura
El origen de la historia de atención a la infancia está marcada por la violencia, ejercida desde un lugar de poder, sobre aquellos grupos de la sociedad que representan -cuestión que no se reconoce- fuentes de peligrosidad. En la actualidad, el “exterminio” de los padres ha derivado en procesos más refinados que permiten la evaluación de sus capacidades para cuidar y proteger, y de esa forma determinar la continuidad del vínculo con sus hijos. Una expresión actual de lo anterior se puede observar en los cada vez más frecuentes procesos de inhabilidad parental que, en una gran cantidad de casos, son la representación simbólica de la eliminación de la familia de origen. O bien, en la opinión recurrente de que ante un niño que ha cometido un delito hizo falta una adopción oportuna.
Lo que se ha venido configurando en Chile, cuando el Estado comienza a asumir un rol más protagónico en la protección de los niños, es un sistema que, tomando como modelo la autoridad patriarcal, es decir, un modelo facultado para el reemplazo o sustitución de la autoridad de la familia por la del Estado, puede progresivamente vigilar las relaciones entre los padres y los hijos y a su vez posibilita que el Estado pueda intervenir una familia. Lo anterior ha derivado que el sustento de nuestro sistema de protección de la infancia se basa principalmente en la vigilancia y el control social amparadas bajo el supuesto que las familias más vulnerables son incapaces de desarrollar adecuadamente la crianza de sus niños y niñas. No es casualidad de que las únicas comunas donde no existan oficinas de protección de derechos (OPD) sean Providencia, Las Condes o Vitacura.
La historia hegemónica del sistema de protección a la infancia ha silenciado y vulnerado la memoria de las pequeñas cosas inmersas en la intimidad familiar. En su lugar, nuestro sistema se ha encargado de exhibir con denigración el fracaso de padres, madres, abuelos e hijos. Se les llama incapaces y se los somete a las intervenciones emanadas de la política pública. Así se configura el discurso de la sospecha, el discurso acusatorio, la confirmación de que en el origen de la protección está el miedo.
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Lamentablemente el artículo no dice nada nuevo. Lo peor es que creo que si en las comunidades siguen eliminando los programas preventivos que apoyan el desarrollo familiar y barrial nos vamos a seguir dando vueltas tratando de agarrarnos la cola. Más grave aun, la arrogancia de autoridades ignorantes, que tomam las decisiones pensando que solo te hace vulnerable la pobreza y usan el asistencialismo para mantener a la gente creyendo que deben ser agradecidos.
Por otra parte en los hogares de protección, y en los programas ambulatorios sigue vigente el nocivo sistema de subveciones "niño dia".¿Alguien sabe como y de que viven los integrantes de los directorios de las llamadas "Instituciones de beneficencia sin fines de lucro"?.
Edoardo Tosti-Croce A. | 24.07.2013
Sin duda que el enfoque de Camilo Morales es un aporte, pero concuerdo con Patricio Esquivel cuando observa que en muchísimos casos la realidad de "familia de origen" no es tal, ya que esos menores son el resultado biológico de personas con conductas poco controladas o derechamente disfuncionales, si no antisociales, las que a su vez, posiblemente, se podrían explicar por situaciones "aguas arriba" y así sucesivamente.
El problema es que ese niño/a, en esos casos extremos, no puede esperar a que su madre o su padre biológico "vuelvan al buen camino" o sencillamente obligarlos a que se interesen por ellos. Para ellos/ellas, la presencia de adultos significativos, responsables y que sean modelos válidos es urgente: no pueden esperar años, ya que de ese modo se les va su (única) infancia.
No cabe duda que en un determinado número de casos, con un buen trabajo a nivel de "familia de origen", se podría revertir la situación, pero hay que tener presente que en muchos casos, sencillamente para esos adultos el tema de la crianza los supera, por diferentes razones y entonces es en ese momento cuando el Estado se hace "complice" porque les cría el niño/a y luego, cuando este menor ha sido "domesticado" por el sistema "institucionalizador", entonces ese adulto, en algunos casos, vuelve a "buscarlo" (en torno a la pubertad).
Se podrá objetar que no soy ni asistente social ni psicólogo, pero, a mucha honra, puedo señalar que en el 2000 (por razones largas de explicar acá) como familia, con 4 hijos biológicos, tomamos la tuición legal de una chica de 15 años, que llevaba 12 años interna en un hogar (hoy se llaman "residencias"), por lo tanto de un momento para otro me hallé en la casa a una personita que me pudo contar "desde adentro" como fue su historia y les puedo asegurar que, en su caso, tratar de recomponer la "familia de origen" era algo sencillamente imposible, porque la madre no quería saber nada de esos 5 niños que nunca deseó y que las circunstancias de la vida (dejémolo así, por favor) la llevaron a traerlos a este mundo.
En este caso y en otros que pude conocer durante estos años, el "regreso a buscar a las niñas" (eran dos hermanas) estuvo de cargo del padre biológico y ocurrió precisamente cuando ellas habían recién pasado la pubertad. La mayor aceptó irse a vivir con su padre, pero la menor (mi actual "hija afectiva") me contó que se opuso de tal manera, que los funcionarios del SENAME de ese tiempo finalmente desistieron de tratar de que volviera con su padre biológico (un hombre muy mayor, para la edad de las niñas).
La verdad es que cuando esta nueva integrante de mi familia me relató este episodio, me surgió espontánea la pregunta de cómo era posible que prefiriera qudarse en el hogar a irse a vivir con su progenitor. Ella me respondió: "es que sabía que con él no iba a llagar a ninguna parte".
No sé cómo habría sido el destino de esta muy especial chica si no se hubiese venido a vivir con nosotros, lo que si sé es lo que ha logrado construir con su vida: es profesional, con diplomados de especialización y todo; está felizmente casada y es madre de dos maravillosos hijos (que, por cierto, nos dicen nonos).
Estimado Camilo, creo que como muchas cosas, tu planteamiento tiene elementos de verdad, pero por favor no lo plantees desde una visión ideológica como que el Estado parte del precepto perverso de querer quitarle los hijos a los más humildes. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos (por lo menos de los que yo conocí en ese hogar donde pasó 12 años de su infancia mi "hija afectiva") llegaron allí porque sus derechos estaban siendo vulnerados de manera grave, por los adultos que malamente se hacían cargo de ellos/as; no porque la mamá o le papá ganaran menos de un cierto monto mensual.
Como relaté en otro comentario, en noviembre recién pasado logramos desinternar a otra chica de ese mismo hogar, dado que un grupo de sus compañeras de desventura le estaban haciendo un bullying horrible. Su caso es aún peor que el anterior: llegó a vivir 13 años de manera institucionalizada. De hecho yo la conocí cuando llegó a ese hogar, cuando tenía 4 años y su hermanito 2. Ella se "quedó pegada" 13 años y su hermanito, a los pocos años, fue dado en adopción al extranjero.
En este nuevo caso, el camino seguido con esta linda chica de 17 años fue por colocación familiar, a través de una FAE que certificó la idoneidad de una distinguida señora viuda (madre de 4 hijos mayores) que especialmente se inscribió como guardadora para poder acoger a esta chica. En este caso, a diferencia del anterior, yo sólo estoy "detrás de bambalinas" para aspectos logísticos y académicos.
Un abrazo a todos y mantengamos prendida la llama de los ninos/as sin voz (y menos voto ...), ya que se merecen un mejor destino que seguir institucionalizados.
Prof. Edoardo Tosti-Croce A.
Dr. Ciencias Biológicas U. de Torino (Italia)
Docente U. Regional del Estado
etosti@gmail.com
P.S. En el 2002 elaboramos un proyecto concreto y muy factible para desinstitucionalización de menores de "larga permanencia". A pesar de la muy buena evaluación que hizo la UNICEF, los funcionarios de mayor jerarquía del SENAME nunca mostraron el mínimo interés y siguieron adelante con su visión tradicional. Quizás por lo eso mismo, porque eran (lo son todavía) nombrados políticamente y el tema de la infancia en riesgo social, realmente no lo conocen. Prueba de ellos es que en nuestra región, la que en su momento fue directora regional de SENAME, después fue Directora del SERNAM y seguramente en el próximo gobierno tendrá de nuevo otro cargo de importancia. De tanto serr "autoridad", al final se creen el cuento y eso se aprecia en la arrogancia que asumen.
Carla Polanco | 22.07.2013
Tampoco en Providencia, Las Condes y Vitacura, existen los denominados Centros de la Mujer.....
Patricio Esquivel | 22.07.2013
Hola. Me llama la atencion el enfasis en una llamada discriminacion elitista del problema de Infancia. Yo trabajo hace ya tres años primero en un PIE y luego ahora en un FAE, programas de Sename que buscan justamente evitar que los niños caigan al sistema de residencias, el cual ha sido la ultima Razzio en un niño vulnerado, historicamente sobre usada pero que en los ultimos años el estado ha buscado cambiar. Es cierto, cuando veo a niños y niñas drogandose con bolsas de bencina en el terminal de talca a vista y paciencia de todo el mundo, de autoridades, de profesionales de padres de policias, concluyo que uno de los problemas en el enfoque del estado en proteccion de infancia es el dinero, puesto que los recursos que el estado fija a los programas en la atencion de los niños es insuficiente para tener profesionales que hagan una labor individual, personalizada, en terreno y con las herramientas adecuadas, tanto juridicas como fisicas. Otra dificultad es la idoneidad de los profesionales que trabajan en los programas, claro, una variable esta unida a la otra, con bajos sueldos no se puede optar a profesionales y tecnicos con trayectoria ni capacitados en el area. Cuando el autor del articulo relaciona pobreza con incapacidad parental cae en un error no solo semantico sino que tambien tecnico, puede llevar al lector comun a pensar que los programas de proteccion estan buscando quitar niños porque la familia no tiene lo recursos economicos para cuidarlo, eso me parece grave, sobre todo viniendo de un profesional que supongo conoce la realidad de las evaluaciones sicosociales y la dinamica juridica que finalmente determina que un niño salga de la esfera de proteccion de los padres. Al menos en el programa en que hoy participo, Fae ADra, es dramatico llegar a una audiencia teniendo la certeza profesional que un niño no puede seguir con sus padres por una incapacidad parental grave con letras grandes, sabiendo que ademas el sistema de proteccion de niños y niñas no es eficiente en lo cotidiano salvo brillantes exepciones de residencia que si hacen una labor loable. A proposito de incapacidades parentales, el profesional del articulo sabra cuan complejo es redefinir en un padre o madre incapaz de proteger a su hijo las herramientas que permitan hacer que ese hijo tenga definitivamente padres adecuados ?. La realidad es mas dura, un niño mal cuidado, desprotegido, abusado, o sin afectividad parental permanece si ese niño no es sacado de esa dinamica familiar, y esos padres, generalmente presentan tal rechazo a la intervencion que es casi nulo el avance de rearticular habilidades parentales. En resumen, en casos complejos y graves es casi imposible que los niños tengan por la intervencion profesional padres con habilidades parentuales tan solo regularmente adecuadas, porque en general son adultos o adolscentes que consumen drogas, alcohol en forma problematica. Finalmente si en los sectores mas acomodades de chile no existen programas de atencion de sename no se debe a que no existen casos de niños vulnerados, sino que por una parte el dinero los esconde mas facilmente, por lo que incluso catastrar seria mas dificil, sino que ademas las redes familiares actuan con mayor celeridad frente a situaciones de vulneracion, aun asi hay casos de abusos, abandono, prostitucion infantil, bajas habilidades parentales, de otra forma no se podria explicar los fenomenos aun televisivos de adolscentes que parecen no tener padres que cumplan una labor medianamente adecuada con ellos
Angélica Calvé | 18.07.2013
Sencillamente: muy buen reportaje, Gracias por poner delante de nuestros ojos la cruda realidad... ahora es cuestión de presionar a las autoridades correspondientes -donde sea, que yo diría que aquí en Catalunya ocurre tres cuartos de lo mismo. Deben implementarse políticas de ayuda a las familias; la institucionalización de los menores debería evitarse lo máximo posible.
Un saludo
