Choque inédito entre el Ministerio Público y Carabineros por pérdida de grabaciones de teléfonos “pinchados”

Los hechos se desencadenaron en la noche del jueves 25 de octubre pasado en una sala especial del cuartel del OS-7 de Carabineros, en avenida La Paz (Recoleta). Allí funciona el sistema ETI de escuchas telefónicas, ordenadas por las fiscalías a Carabineros en todo el país. Un ruido inusual alertó al suboficial mayor Manuel Carrillo, uno de los tres encargados de que la máquina funcione las 24 horas del día. Carrillo nunca imaginó que el desperfecto que poco después constató, provocaría pérdidas aún no cuantificadas en los registros de pruebas para procesos judiciales clave. Ocho meses más tarde, aquel episodio que se mantuvo en absoluto secreto hasta hoy, gatillaría  un escándalo mayor que el que en esos precisos días de octubre de 2012 estremecía al Ministerio del Interior y a las dos policías por las revelaciones hechas días antes por CIPER de las compras con millonarios sobreprecios de los equipos antidrogas del Plan Frontera Norte y que provocaron la inmediata salida del ex fiscal Alejandro Peña.

La gravedad del conflicto instalado lo grafica el inicio de una inédita investigación criminal contra Carabineros por parte del Ministerio Público. Así se lo notificó el lunes 1 de julio el fiscal nacional Sabas Chahuán al general director de Carabineros, Gustavo González Jure. “Obstrucción a la justicia” es el delito que la fiscalía acusa debido a la pérdida de grabaciones de interceptaciones telefónicas encargadas a Carabineros en un proceso de alta connotación: el mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a la PDI en los últimos años y que tiene a diez de sus efectivos en prisión, acusados de 126 delitos, entre ellos corrupción y tortura (siete funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel y tres de la Brigada Móvil Metropolitana).

La información de la investigación iniciada contra Carabineros fue de inmediato comunicada además al ministro del Interior, Andrés Chadwick.

La notificación del fiscal Chahuán al general González Jure desencadenó de inmediato numerosos cursos de acción en Carabineros. El primero fue una reunión de emergencia convocada por el general Gonzalo Blu, director de Investigación Delictual y Drogas de la policía uniformada, con los jefes de dos importantes unidades bajo su mando, involucradas en los hechos denunciados por el Ministerio Público: OS-7 y OS-9. La situación apremiaba. La información entregada por el director indicaba que este viernes 5 de julio el controversial episodio se haría público. Había que preparar las respuestas.

El primer control de daños realizado por los mandos de los equipos operativos de Carabineros indicó que efectivamente había pérdidas en registros de escuchas telefónicas y lo más grave, que esa situación no fue informada al Ministerio Público durante los siguientes siete meses. A 48 horas de que el conflicto estallara en tribunales, había que blindarse. Efectivamente, este viernes 5 de julio, en la causa que se sigue contra diez efectivos de la PDI, el fiscal Emiliano Arias entregó un escrito que dejó en evidencia la ausencia de registros de “escuchas telefónicas” hechas por el OS-9 en ese proceso  y el inicio de una investigación criminal contra Carabineros por su eventual responsabilidad en los hechos (vea el documento).

La investigación realizada por CIPER indica que no sería ese proceso el único afectado por pérdidas en las grabaciones de escuchas telefónicas. Así se desprende del mismo oficio enviado por el fiscal Arias al juez Fernando Guzmán, del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en el que señala: Se dispuso el inicio de una investigación penal para establecer la causa de la falla del sistema, determinar qué otras investigaciones pudieron ser afectadas, la omisión de la comunicación oportuna del evento y las eventuales responsabilidades.

SECTRADE Y LOS HIJOS DEL GENERAL CORDERO

La extraña casualidad hizo que ese 25 de octubre de 2012, cuando el equipo ETI falló, dos de las empresas que estaban en el ojo de las pesquisas por las supuestas coimas en la compra de los equipos antidrogas, volvieran a ser protagonistas en el episodio de la pérdida de registros de escuchas telefónicas. Porque la máquina danesa ETI había sido comprada en 2001 a Tecnodata, cuyo dueño es Alfredo Giacoman; y su mantención fue entregada a Sectrade, de propiedad de los hijos del ex general director de Carabineros, Fernando Cordero Rusque. Dos de las empresas que se repartían el mercado de los equipos tecnológicos destinados a Carabineros y la PDI.

Tecnodata tenía la representación de Phoenix American Tecnologies, la empresa estadounidense que distribuye los equipos ETI, por lo cual se encargó de la mantención del sistema desde 2001 hasta marzo de 2011. Al año siguiente, Carabineros le encargó esa función a Sectrade, empresa que asumió la representación de Phoenix.

En febrero de 2012 -ocho meses antes de que fallara el sistema ETI- la empresa de los hermanos Cordero había sido cuestionada por manejos irregulares en licitaciones de Carabineros (vea el reportaje de CIPER). A pesar de las irregularidades que no fueron desmentidas, Sectrade continuó efectuando la mantención del sistema ETI, lo que eventualmente le permitía a los Cordero acceder a la sensible información de las escuchas telefónicas. Y cuando en octubre pasado llegó el momento de que solucionaran el desperfecto de la máquina ETI, Sectrade no fue capaz.

Documentos y testimonios recogidos en la investigación de CIPER dan cuenta de los detalles de lo ocurrido luego de que se detectara la falla en la máquina ETI. El suboficial mayor Carrillo fue el que convocó al técnico de Sectrade, Sebastián Retamal Avalos, quien diagnosticó  que, tras sufrir un corte de energía, al sistema entraban las llamadas de los teléfonos “pinchados”, pero no eran redirigidas automáticamente a los equipos donde debían ser recibidas por unidades del OS-7 y OS-9 encargadas de monitorearlas. No obstante, la falla del sistema era mayor. Retamal concluyó que no se podía recuperar información de un disco duro, pues se requería un software especial para reiniciar el equipo.

Los encargados del OS-7, responsables de que el sistema ETI funcione para las escuchas de todo el país que se ordenan a Carabineros, entraron en pánico. Y resolvieron convocar a los técnicos de la empresa Kepler, especializada en la recuperación de información contenida en discos duros bloqueados. La respuesta de Kepler, entregada el 30 de octubre, fue que sus técnicos no podían recuperar la información. Entonces, la consulta se redirigió a la empresa BAE Systems, la que tampoco logró destrabar el sistema.
Corría ya la primera semana de noviembre de 2012 y según el informe entregado más tarde por el OS-9 a la fiscalía, algunas grabaciones estaban bloqueadas en un disco duro que ningún técnico lograba liberar. Y a pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio Público no fue informado de lo ocurrido. Entonces, el jefe del OS-9 era el coronel Eric Gajardo, quien más tarde sería premiado por el alto mando institucional y destinado a la agregaduría en Bolivia. Y el jefe del OS-7 era el coronel René Martínez, quien fue removido del cargo por el escándalo de los sobreprecios de los equipos antidrogas y hoy se desempeña como edecán del general Gonzalo Blu.

Pero hubo otro hecho más grave aún. En medio de la crisis, los mandos de Carabineros expusieron la sensible información sobre personas investigadas por delitos relacionados con el crimen organizado a dos empresas externas no comprometidas con el resguardo de la seguridad nacional.

Es más, una de ellas, Bae Systems, debió asumir multas por más de $US440 millones tras llegar a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia estadounidense y la Serious Fraud Office (SFO) de Reino Unido, tras admitir su responsabilidad en actos de corrupción en negocios de armas. Al mismo tiempo, en Chile, la justicia investigaba a la compañía inglesa por los mismos motivos a raíz del descubrimiento de millonarios depósitos que hizo en cuentas de sociedades offshore vinculadas a Augusto Pinochet, así como en cuentas bancarias en el extranjero de uniformados chilenos (entre 1997 y 2004). Toda esta información formó parte del cuaderno «armas» del Caso Riggs.

Fue finalmente Tecnodata, la empresa de Giacoman, la que logró reiniciar el equipo ETI. Sus técnicos conocían los equipos a la perfección ya que estuvieron encargados de su mantención durante diez años (2001 a 2011). Tecnodata detectó que la falla estaba en el software Trey Placed, que distribuía las llamadas en diferentes bandejas digitales desde donde eran redirigidas a distintas unidades del OS-7 y del OS-9. Tecnodata contaba con los programas para reiniciar ese sistema. Entre el 13 y 14 de noviembre su técnico Jorge Lorca consiguió normalizar el funcionamiento del equipo. La información que maneja el Ministerio Público es que el sistema presentó fallas hasta el 20 de noviembre de 2012, lo que significa que el desperfecto se extendió por casi un mes.

Tecnodata reinició el sistema de escuchas, pero no rescató la información. Prueba de ello es que el informe que le envió el fiscal Arias al juez Guzmán este 5 de julio indica que, hasta la fecha, el Departamento OS-9 no le ha entregado “el respaldo integro de nueve teléfonos interceptados” (de los 31 que se intervinieron), que contienen información relevante para el proceso que él lleva y que tiene a diez miembros de la PDI en la cárcel. “Se puede señalar que Carabineros sólo ha entregado el respaldo completo del período de interceptación respecto de cinco teléfonos de los catorce teléfonos activos y efectivamente asociados a los imputados”, afirmó el fiscal Arias en su oficio al juez Guzmán.

La versión de Carabineros, informada por el propio general director González Jure al fiscal nacional Sabas Chahuán, este viernes 5 de julio, es que todas las grabaciones de las interceptaciones telefónicas bajo la responsabilidad de la policía uniformada están respaldadas y nada se ha perdido.

Un pequeño problema contradice al general González Jure. Y emana de sus propias filas. En el oficio enviado por el fiscal Emiliano Arias al juez Fernando Guzmán, se señala que el Departamento OS-9 le informó que “el desperfecto que afectó al sistema de monitoreo ETI imposibilita la reparación del disco duro y provoca la pérdida de la totalidad de información previa a esa fecha de las intervenciones a nivel nacional sobre las cuales no existía respaldo digital”.

GRABACIONES SIN RESPALDO

Como se ha dicho, el problema provocado por el desperfecto en el sistema ETI de escuchas telefónicas nunca fue informado al Ministerio Público. Recién en mayo de este año, durante las indagaciones del proceso contra los efectivos de la PDI, formalizados el 17 de octubre pasado, el fiscal Emiliano Arias tuvo los primeros indicios de que algo anormal ocurría. La defensa de los detectives formalizados por Arias comenzó a pedir al Primer Juzgado de Garantía de Santiago y de manera insistente, el registro completo de las llamadas interceptadas durante la investigación. Arias pidió al OS-9 que le remitiera todos los registros de audio.

La respuesta, firmada por el jefe del OS-9, comandante Francisco Villarroel, fue poco clara. Decía que tenían respaldo de todas las interceptaciones “mantenidas”. Una lectura a la inversa sugería que había registros que no fueron “mantenidos” y, por ende, que no había respaldo de ellos. Además, en esa respuesta del OS-9, por primera vez se menciona que el 25 de octubre hubo una falla en el sistema ETI y se señala que, por esa causa, no podía determinarse si faltaban registros anteriores a esa fecha. En la oficina del fiscal Arias se encendieron las alarmas.

El 22 de mayo, Arias volvió a formular preguntas al OS-9, pero esta vez pidió detalles sobre el desperfecto del sistema ETI y por qué la falla afectó a interceptaciones anteriores al 25 de octubre. También pidió los últimos registros correspondientes a su causa que ingresaron a los equipos. La respuesta del comandante Villarroel –cuya firma va acompañada de la del capitán encargado de la investigación de los detectives imputados, Fernando Venegas- fue sorprendente. Le aseguraron al fiscal Arias que no había pérdida de registros de audios en su causa, y adjuntaron un cuadro con información detallada de la treintena de teléfonos interceptados en las pesquisas que indicaba todo lo contrario.

Ese cuadro, al que CIPER tuvo acceso, muestra que las interceptaciones fueron autorizadas para una treintena de teléfonos hasta el 17 de octubre, fecha de la formalización de los 10 miembros de la PDI. Pero los registros de nueve de esos teléfonos se cortan mucho antes de esa fecha. El caso más extremo es el de un aparato que dejó de ser registrado 40 días antes del plazo final. Fuentes policiales señalaron a CIPER que la perdida de grabaciones afecta sólo a dos de estos nueve teléfonos. En el Ministerio Público confirmaron a CIPER esta información y señalaron que efectivamente se recuperaron los registros de siete aparatos, pero que esto fue fruto del trabajo de la fiscalía que también hace sus propias interceptaciones telefónicas para fiscalizar -de manera aleatoria- las escuchas que se ordenan a los equipos de las dos policías.

Según la versión entregada al general de Carabineros Gonzalo Blu, por el capitán del OS-9, Fernando Venegas, encargado de la pesquisa sobre los detectives acusados de corrupción y tortura, la pérdida de registros se debió a que su equipo no respaldaba diariamente las llamadas que le eran derivadas desde el sistema de monitoreo instalado en el OS-7.

EFECTOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO

Las consecuencias de este conflicto pueden ser múltiples. Pero hay una de ellas que preocupa de manera especial en estas horas al Ministerio Público. Y es que, a partir de la constatación de las pérdidas en los registros de las escuchas telefónicas en el juicio de los detectives imputados por Arias, la defensa de éstos pida al tribunal que todas las interceptaciones hechas en esta causa sean desestimadas. Así ha ocurrido en otros procesos. Como consecuencia de ello, los diez detectives acusados de apropiarse de droga que quitaban a narcotraficantes mediante allanamientos y detenciones ilegales, además de aplicación de torturas, podrían quedar en libertad. Y como no han sido dados de baja por la PDI, podrían reincorporarse a sus funciones.

Hay otra arista que preocupa al Ministerio del Interior y al alto mando de Carabineros. No está aclarada la seria sospecha de que la pérdida de registros de audio de intervenciones telefónicas sea más amplia. La onda expansiva puede ser demoledora para otros procesos judiciales. Ello podrá ser dirimido por la investigación del Ministerio Público que acaba de ser iniciada sobre cuál es la real magnitud de los registros que faltan y a cuántos procesos afecta. Esa investigación la tiene en sus manos la fiscal regional occidente, Solange Huerta, y tiene una orden de máxima prioridad.

Lo que se investiga finalmente también es por qué falló el sistema ETI. Y ello, porque no se descarta que el desperfecto sea producto de la intervención dolosa de terceros. Un flanco que podría agravar aún más este conflicto ya que en las últimas horas emergió de fuentes policiales y del Ministerio Público un rumor: el teléfono del fiscal Emiliano Arias habría sido “pinchado” por efectivos de la PDI.