“Evacuación vertical” en Chile: una alternativa posible para evitar víctimas fatales en caso de tsunami

Tenemos la certeza que Chile es un país sísmico. Sabemos que, probablemente, el próximo terremoto de gran escala se producirá en el Norte Grande. Pero ignoramos cuando ocurrirá y muchas de sus características son inciertas (por ejemplo, el epicentro, la intensidad, los efectos de un eventual tsunami, etc). Sin embargo, a pesar de las incertezas, sabemos que hay maneras efectivas para reducir el riesgo y la vulnerabilidad de la población, disminuyendo el número potencial de víctimas fatales. Un ejemplo paradigmático de estas medidas es la evacuación vertical.

¿Qué es la evacuación vertical?

Cuando se produce un sismo de gran magnitud que puede ocasionar un tsunami lo recomendable es evacuar las áreas costeras y refugiarse en lugares que estén, a lo menos, por sobre los 30 metros sobre el nivel del mar y lo más alejados de la costa. Es decir, realizar una evacuación horizontal. El problema es que hay áreas, denominadas zonas de sacrificio, que al estar situadas cerca del eventual epicentro, en zonas costeras, no pueden realizar este tipo de evacuación ya que la ola llegará rápidamente, sin dar tiempo a los habitantes de llegar a zonas seguras. También existe la posibilidad que infraestructuras dañadas (caída de puentes, caminos, derrumbes, etc.) bloqueen las vías de evacuación. Por último, no hay que olvidar lo que ocurrió en Japón durante el terremoto del 2011, donde un cierto número de personas evacuó las zonas costeras en sus automóviles particulares, produciendo una alta congestión vehicular, lo que ralentizo el proceso con trágicas consecuencias (al llegar la ola las personas estaban atrapadas en sus vehículos, sin posibilidad de escapar).

Según Patricio Catalán, profesor del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Federico Santa María e investigador asociado del Centro Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN) y del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, la evacuación horizontal ha de ser siempre la primera opción. Pero, frente a un escenario en que esto no resulte posible, la alternativa pasa a ser una evacuación vertical: es decir, subir a los pisos superiores de las construcciones que están en el área que será afectada por la ola.

La ONEMI así lo ha entendió y por eso recomienda: “Si no puedes ir hacia un sector alto, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida. Como último recurso, súbete a un árbol firme. Permanece ahí hasta que las autoridades te indiquen que es seguro volver”.

Esta recomendación, completamente razonable y correcta, es sin embargo deficiente, ya que para realizar una evacuación vertical exitosa (es decir, que dé garantías de reducir en la mayor medida de lo posible el número de víctimas de la catástrofe) se necesita un trabajo mucho más profundo y una preparación mucho mayor.

¿Qué se necesita para que la evacuación vertical sea exitosa?

Un primer problema que plantea esta recomendación de la ONEMI es que al momento de una catástrofe, en una zona de sacrificio, con una ola que llegará en unas decenas de minutos como máximo, es muy difícil poder evaluar si el edificio es sólido y si será capaz de resistir el tsunami. Además, el estado de pánico en el que pueden encontrarse las personas, las probables réplicas y la visibilidad reducida en caso de terremoto nocturno, hacen que la identificación de un edificio correcto para realizar la evacuación vertical sea en extremo difícil.

Por ello es necesario tener identificados con anterioridad los edificios que pueden ser utilizados en caso de una evacuación vertical. Estos edificios tienen que tener unas características de construcción precisas: ser de concreto u hormigón armado, tener vías de acceso abiertas y expeditas (libres de elementos que puedan colapsar y bloquear el paso) y, por último, en la medida de lo posible, deben permitir el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Estas vías de acceso pueden situarse al exterior del inmueble (por medio de unas escaleras o rampas exteriores) o al interior de éste. Por último, deben ser de fácil acceso desde la calle, es decir, no deben tener puertas que en caso de catástrofe puedan bloquearse o que estén permanentemente cerradas por razones de seguridad.

Estos edificios deben, además, contar en su interior con zonas que permitan albergar a los evacuados durante las primeras horas de la emergencia.

También se deben hacer estudios técnicos en cada zona para modelar la forma en que la ola ingresaría a las ciudades y así tener los primeros elementos que nos permitirían identificar qué edificios serían los que resistirían mejor este fenómeno natural y designar estas construcciones como los refugios más adecuados.

Como lo señala Rodrigo Cienfuegos, ingeniero hidráulico, profesor en la Facultad de Ingeniera de la Universidad Católica e investigador del CIGIDEN: “Hay lugares donde puedes calcular, con los modelos de propagación, los tiempos de llegada de las olas y en qué minuto y cuánto tiempo tardaría un lugar en ser inundado. Entonces, si los cruzas con los criterios de la población (…), puedes decir cuál es el tiempo de evacuación de esos individuos, qué es lo que uno esperaría como respuesta. Y si hay zonas donde simplemente el tiempo no alcanza, hay que buscar alternativas y esas alternativas son los refugios o edificaciones de evacuación vertical”.

Hecho este primer paso de identificación, es esencial transmitir de forma clara y coherente a la población la existencia de esta opción de evacuación. Pasa a ser entonces necesario tener letreros y otro tipo de señalética que indique las vías de evacuación sin limitarse solo a la evacuación horizontal, sino que incluyendo la evacuación vertical. Asimismo, los simulacros de evacuación de tsunamis que se hacen regularmente deben incluir la forma de evacuación vertical, de manera que ésta sea realmente asimilada por la población. Como lo señala Patricio Catalán, “más que la acción específica, hay que saber cómo comportarse” y hacer que la población tenga conciencia de saber qué hacer en caso de catástrofe, sin importar el lugar donde se encuentre.

A esto hay que agregar, como lo recomienda el documento Desalojo Vertical en Caso de Tsunami: Una Guía para Oficiales Comunitarios de la FEMA (Federal Emergency Management Agency) estadounidense: “El Plan de Operación de Facilidades debe incluir un plan de mantenimiento que nombre al menos una persona o equipo para coordinar y programar el mantenimiento regular de las facilidades, incluyendo el mantener un inventario regular de suministros de emergencia y un plan de rotación de provisiones.” Sin este personal preparado, entrenado y profesional que realice un trabajo pro-activo, la opción de la evacuación vertical se ve dificultada.

Por último, es necesario poder informar rápidamente a la población en cuánto tiempo su área será afectada por la ola, es decir si tienen tiempo para hacer una evacuación horizontal o deben realizar una evacuación vertical. Hoy, Chile no dispone de los recursos, es decir no tiene el nivel de desarrollo, para poder construir un sistema de alerta temprana como el japonés. En eso hay que ser realista, pero el realismo exige también tener en cuenta que actualmente el sistema de alerta temprana se encuentra muy por debajo de nuestro nivel de desarrollo. El país tiene los recursos para construir una red mucho mejor que la actual -que mostró todas sus fallas en la trágica noche del 27/F- y pese a los avances realizados desde esa fecha, ésta sigue estando muy por debajo de lo que el país puede y debe tener.

En resumen, lo esencial para lograr una evacuación vertical exitosa es tener una información lo más completa y actualizada posible. El problema, entonces, pasa a ser ¿cómo lograrlo?

Como incentivar la evacuación vertical en Chile

Un primer punto debería ser que, en la normativa vigente, los inmuebles públicos, es decir los colegios, hospitales, edificios de ministerios, de las Fuerzas Armas, de Carabineros y un largo etc., que están situados en zonas susceptibles de ser afectadas por un tsunami, sean inspeccionados y se vea si pueden servir o no como refugios. En caso de que puedan servir, deben ser habilitadas las vías de acceso necesarias y el personal capacitado para actuar de manera eficaz en caso de catástrofe. Todo esto requerirá un conocimiento y un trabajo de largo aliento.

En segundo lugar, en las zonas donde no hay edificios públicos deben identificarse los edificios privados que cumplan la función de refugios. Para lograr este objetivo pueden utilizarse una serie de incentivos, que van desde la rebaja de impuestos, la obtención de algún tipo de subsidios o algún otro mecanismo que compense por los gastos y responsabilidades asumidas. El personal de estos lugares deberá estar preparado para cumplir su labor en la eventualidad de una emergencia, por lo que deberá estar correctamente entrenado y deberá tener una formación continua. Por estas razones, más que los edificios habitacionales, deberían ser los edificios de clínicas privadas, hoteles, centros deportivos, centros comerciales u otros edificios similares los elegidos.En efecto, son estos edificios los que más fácilmente cumplen con las necesidades de tener espacios amplios en los cuales pueda refugiarse una población importante de manera rápida, además de tener accesos amplios. Por último, son lugares fácilmente identificables y suelen tener personal siempre en servicio que pueden servir de guías y de facilitadores de la evacuación.

Lamentablemente, existe la posibilidad de que estos incentivos no sean suficientes, ya que un lugar que asume una responsabilidad de esta naturaleza tiene que responder en caso de no hacerla efectiva cuando se produce la catástrofe. Entonces, hay que regular exactamente cuáles son las responsabilidades y deberes tanto de la autoridad como de los privados. También sería importante tener un sistema de inspecciones periódicas -similar al que existe para el gas en los edificios- que compruebe, tanto en los edificios públicos como privados, que efectivamente la normativa y los compromisos adquiridos se estén respetando y que los beneficios (o sanciones) solo sean otorgados tras estas inspecciones. Otra opción, aunque habría que estudiar su factibilidad, es darle la posibilidad a la autoridad (¿cuál autoridad?, es otro tema a definir) de fijar un cierto inmueble como refugio y obligarle a tomar las medidas correspondientes para que efectivamente lo sea si en la zona nadie se ofrece voluntariamente.

Además, es necesario cambiar la normativa vigente en el sentido que los edificios construidos en zonas de inundación dónde, no existen otros refugios, deberán considerar esta realidad y permitir la evacuación vertical en su diseño y construcción. Para ello, será necesario entregar los recursos estatales que permitan la implementación

Para el mundo académico, el trabajo por delante es amplio y exige un trabajo multidisciplinario, ya que en muchas de estas áreas el conocimiento es fragmentario y ninguna política pública será efectiva mientras estos vacíos continúen. Hay que destacar que esta situación es mundial y el trabajo realizado en Chile le dará al país un conocimiento de punta en estos temas.  Será necesaria la contribución de las facultades de ingeniera para delimitar las zonas amenazadas e identificar los refugios. Los economistas deberán estudiar cual es el equilibrio óptimo entre los incentivos y las penalidades, de manera que los actores privados pongan a disposición sus estructuras como refugios. Los juristas deberán avanzar en la creación de una nueva normativa y asegurarse que ésta reduzca la vulnerabilidad de la población y respete los principios básicos de igualdad y de dignidad de las personas, además de ser efectiva y lograr sus cometidos. Sociólogos y otros especialistas deberán contribuir modelizando los comportamientos de la población para que los refugios estén correctamente distribuidos, así como asegurarse que la normativa propuesta se ajuste a los comportamiento reales de la población y no termine generando una falsa sensación de seguridad.

Pero nada de esto se lograra si no existe una voluntad férrea, y a prueba de la contingencia, de desarrollar una política pública duradera cuyo objetivo sea reducir la vulnerabilidad de nuestra población y la pérdida de vidas en caso de un evento extremo. Para ello es necesario avanzar efectivamente en crear un cuerpo profesional de alta calidad dedicado a estos temas, lo cual es una de las promesas de la nueva Agencia Nacional de Protección Civil. Es esencial, bajo este escenario, que Bomberos, Carabineros y la Policía de Investigaciones, cuenten también con personal suficientemente preparado para actuar de manera efectiva y eficiente frente a la emergencia. Ellos serán los primeros en estar en “la línea de fuego” y deberán guiar a la población hacia los refugios más seguros.

También es esencial educar de manera correcta a la población. Es la ciudadanía la que también tiene que exigir a sus autoridades y a los agentes privados que consideren las amenazas naturales del territorio al momento de diseñar políticas públicas, construir edificios o definir el plan regulador de la ciudad. Sin un verdadero empoderamiento de la población los esfuerzos desplegados serán mucho menos eficientes y más difíciles.

Todas estas medidas tomaran tiempo y requerirán inversiones importantes y es imposible que en un año, e incluso en un gobierno, el país logre su implementación. Pero desde ya es necesario destinar los recursos económicos, técnicos y humanos, dándole la prioridad que este tema debe tener, antes de que el próximo desastre nos golpee y terminemos, nuevamente, lamentado la pérdida evitable de vidas humanas.