Fin del financiamiento compartido: Campaña del terror y del error

Mucho se ha hablado sobre los supuestos efectos apocalípticos que produciría terminar paulatinamente con el financiamiento compartido y el lucro en la educación escolar (básica y media). Las advertencias van desde anunciar la desaparición de los colegios particulares subvencionados, hasta sostener que influiría negativamente en la calidad de la educación. Ante esta verdadera campaña del terror, resulta necesario precisar algunas cuestiones fundamentales.

En Chile existen casi seis mil establecimientos particulares subvencionados que atienden a más de un millón y medio de estudiantes, lo que representa más del 50% de la matrícula escolar. Entonces, simplemente pensar la mera posibilidad de eliminar esta modalidad, es una falacia. Por lo demás, así como la prohibición de lucro en las universidades no ha impedido la creación vertiginosa de nuevas instituciones, el financiamiento compartido fue instaurado recién en la primera mitad de la década de los 90, es decir, mucho después de la creación de los colegios privados subvencionados por el Estado. Queda claro entonces que la educación particular subvencionada puede funcionar perfectamente sin estos mecanismos. Y en el mismo sentido, en países como Holanda y Bélgica, en donde la matrícula particular subvencionada representa sobre un 70% del total, tanto el financiamiento compartido como el lucro están absolutamente prohibidos. ¿Por qué se nos plantea entonces que establecer este tipo de regulación significa un atentado contra la educación particular?

Ahora bien, en términos de “calidad”, la evidencia indica que tanto en el sector municipal como en el particular subvencionado existen colegios con resultados inaceptables. No es efectivo que los particulares subvencionados – con o sin financiamiento compartido y con o sin fin de lucro – sean mejores que los municipales. Por lo demás, el resultado de un estudiante que asiste a un colegio particular subvencionado se explica en gran medida por el nivel socioeconómico de su colegio (origen social de sus compañeros de curso) y no por lo que la institución aporta en términos de calidad. La relación entre el nivel socioeconómico del colegio y los resultados en el SIMCE es mayor en los colegios particulares subvencionados que en los municipales (más del doble), lo que evidencia la profunda segmentación socioeconómica existente en el sector (Mizala y Torche, 2012).

Sobre este punto, para ser claros, si bien existe evidencia contradictoria en cuanto a la diferencia en los resultados, investigaciones que han intentado despejar estas dudas (Drago y Paredes, 2011) han concluido una diferencia en el desempeño del orden de los cuatro puntos a favor de la educación privada, sin que estas estimaciones consideren mecanismos de selección y expulsión. Aquí hay un aspecto relevante. Pese a que nuestra legislación lo prohíbe, hemos visto como muchos colegios particulares subvencionados declaran abiertamente contar con políticas de selección por razones académicas y/o socioeconómicas. La explicación es simple y “razonable”: el afán de obtener mejores resultados incentiva la selección para poder mostrar mejores puntajes. Entonces, si se trabaja con niños “bien dotados” y provenientes de familias con mayor capital cultural, esto es más fácil.

Pero, ¿qué pasa si dejamos de asociar calidad al resultado de una prueba estandarizada y -tal como lo señala la Ley General de Educación y la Ley de Aseguramiento de la Calidad- analizamos calidad considerando factores como el clima y la convivencia escolar, el desarrollo socioemocional, las prácticas colaborativas y, por sobre todo, la integración social? En este escenario, resulta totalmente ajeno a la realidad sostener que el financiamiento compartido y el lucro contribuyen en la tarea de construir una mejor educación.

Chile cuenta con uno de los sistemas escolares más segregados del mundo (Sevilla y Valenzuela, 2011), y los colegios con financiamiento compartido son justamente los más segregadores y segregados (Elacqua, Montt y Santos, 2012). El copago no contribuye a disminuir la segregación sino que, por el contrario, la aumenta: de lo que cada familia pueda pagar, dependerá donde estudien sus hijos. Esto pone en jaque la libertad de enseñanza, en lo que se refiere a la posibilidad de los padres para escoger el colegio de los hijos. En la práctica, este derecho sólo lo pueden ejercer los que cuentan con recursos.

Conviene tener presente que en Chile la segregación escolar es mayor que la segregación territorial(Elacqua y Santos, 2013), lo que en términos simples significa que en las comunas, barrios y poblaciones de nuestro país existen colegios que profundizan las desigualdades sociales, distinguiendo incluso a aquellos que son vecinos, según su capacidad de pago y/o académica. Además, desde el año 90 a la fecha (justo después de instaurar el copago) la segmentación social escolar ha aumentado considerablemente(Gómez, Valenzuela y Villalobos, 2013).

En síntesis, eliminar el lucro y el copago es promover la integración, y con ello, los estándares de calidad de la educación en el país.