Exonerados políticos en dictadura: pensiones bajo sospecha

Hace pocos días, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe donde da cuenta de graves irregularidades en el proceso de calificación de tres mil exonerados políticos. La noticia ha remecido al mundo político y a la opinión pública, porque para muchos se trata del fraude al fisco más importante de los últimos años. Sobre todo, porque involucra uno de los temas más sensibles para el país: la violación de los DD.HH. de miles de chilenos que fueron injustamente despedidos de sus trabajos durante la dictadura militar.

El trabajo de la Contraloría vino a corroborar nuestra investigación sobre el mismo tema, publicada en un reportaje del programa Contacto, el día 4 de octubre de 2011. Como pocas veces, nos vimos enfrentados a la necesidad de sortear distintos obstáculos con tal de obtener dicha información. Nuestra principal motivación para realizar este tema, era que la denuncia provenía precisamente de una de las agrupaciones de exonerados políticos que venía reclamando estas supuestas irregularidades desde 1998, sin ser escuchados.

Se trataba de personas que habían vivido en carne propia el horror de la represión, siendo despedidos de sus trabajos, encarcelados y perseguidos. Por lo mismo, sentían indignación al constatar que el Estado estaba entregando pensiones a personas que no habían pasado por lo que ellos vivieron. Teníamos antecedentes concretos que ni los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ni los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado, salvo un par de excepciones, estaban dispuestos a realizar una investigación para despejar las sospechas sobre esta denuncia.

En primer lugar, solicitamos el acceso a un número considerable de carpetas y antecedentes de más de mil chilenos que en los últimos años habían obtenido la calificación de exonerados políticos. Para ello, realizamos una solicitud de información pública al Ministerio del Interior, por medio de la Ley de Transparencia. Para obtener resultados contundentes, teníamos que tener un número considerable.

Una vez que obtuvimos la autorización para revisar ese material, nos enfrentamos a un segundo problema. Necesitábamos un número importante de periodistas para poder revisar en detalle cada uno de los documentos que contenían esas carpetas.  Para ello, reclutamos a seis estudiantes de periodismo de tres universidades distintas para que nos ayudaran a realizar la búsqueda bajo nuestra supervisión. En paralelo, comenzamos a filtrar los datos oficiales de los 160 mil exonerados políticos contenidos en una planilla Excel.

Descubrimos que existían más de 400 casos de personas que habían sido calificados como exonerados políticos siendo menores de edad. Nos llamó la atención que había supuestos trabajadores que tenían hasta 15 y 16 años al momento de su supuesto despido. En algunas de esas carpetas figuraban certificados de parlamentarios avalando su condición de exonerados políticos.

Algunos de estos parlamentarios, como la senadora (PS) Isabel Allende, ni siquiera se encontraban en Chile al momento de ocurrir estos hechos y en los certificados que entregaban no sólo acreditaban motivación política sino que también la relación laboral del  postulante. Otros parlamentarios, como los senadores (MAS) Alejandro Navarro y (PS) Juan Pablo Letelier, eran menores de edad cuando se generaron estos supuestos despidos. ¿Cómo podían certificar entonces que estas personas trabajaban donde decían trabajar? O, ¿cómo podían dar fe de que su despido se había producido por razones políticas? Al poco andar, nos dimos cuenta de que había antecedentes suficientes para denunciar graves irregularidades.

Tras revisar los documentos contenidos en mil carpetas, escogidas al azar, seleccionamos aquellas que presentaban antecedentes insuficientes, o que contaban con certificados de parlamentarios como medios de prueba. Les solicitamos a dos miembros de la actual comisión calificadora que revisaran estos casos. Sus comentarios fueron contundentes: ninguna de estas personas contaba con la documentación suficiente para calificar y recibir una pensión de por vida.

De las mil carpetas que revisamos, 225 presentaban algún tipo de problema  o inconsistencia en la documentación. De ellas, 184  contaban con certificados firmados por algún parlamentario.  Los que más figuraban firmando eran Isabel Allende, con 45 certificados;  (DC) Sergio Ojeda, con 41; Juan Pablo Letelier, con 9 y Alejandro Navarro con 7 certificados. Estos últimos firmados por Navarro, habían sido objetados por la Contraloría General de la República por tratarse de trabajadores de una empresa que no había sido intervenida por la dictadura al momento de los despidos. ¿Cómo podía ocurrir que se calificara a personas que señalaban ser menores de edad al momento de su exoneración o que trabajaban para empresas que no habían sido intervenidas?

Decidimos entonces solicitar algunas actas de sesión de las distintas  comisiones calificadoras y encontramos que la mayoría de los casos que presentaban problemas habían sido calificados en reuniones “express”. A través de nuestra investigación, detectamos casos donde se habían revisado 460 carpetas en menos de tres horas. Según las estimaciones que hicimos, seleccionando algunas sesiones de distintos períodos, concluimos que, en promedio, la comisión se tomaba cerca de 20 segundos para analizar cada caso. Aquí parecía estar la respuesta a nuestras preguntas.

Más de diez años tuvieron que esperar los exonerados que denunciaban estas irregularidades para ser escuchados. Y no fue precisamente un organismo estatal quien encendió las alarmas sobre este fraude. Hoy, los antecedentes parecen ser cada vez más graves y, por fin, la autoridad está tomando cartas en el asunto en un tema que parece ser demasiado incómodo y doloroso para los chilenos. Pero, precisamente por eso, no debemos continuar relegando el problema al ámbito de la sospecha.