Políticas urbanas pro mercado, PNDU y OCDE

Ciertos medios de prensa han informado que el gobierno majaderamente insiste en una modificación territorial denominada PRMS100, cuya designación oficial es “MPRMS 100 Actualización Áreas Extensión Urbana y Reconversión”, que busca ampliar en 10 mil hectáreas los límites urbanos de esta colapsada megalópolis con el falaz argumento de que ya no quedan terrenos para construir viviendas al interior de su Área Urbana Metropolitana.

Este intento mercantil se inició con la Circular Nº 41 del 5 de diciembre de 2006 emitida por Nelson Morales, Seremi de Vivienda y Urbanismo de la época, quien por instrucciones superiores acogió diversas solicitudes de propietarios de terrenos agrícolas que querían transformarlos en urbanos, pero sin ceñirse a la normativa vigente -que describimos enseguida-, para así obtener de manera más fácil las consiguientes plusvalías patrimoniales derivadas de los cambios de usos de suelo.

En efecto, desde el año 2003 existe la normativa fijada en el artículo 8.3.2.4 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que permite la consecución de  proyectos inmobiliarios en todos los terrenos definidos como de interés silvo agropecuario (agrícolas), con la exigencia de que el 30% de sus casas tienen que ser viviendas sociales. Estas intervenciones se llaman Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en predios de 300 hectáreas mínimo y actualmente se están tramitando tres de ellos en 2.400 hectáreas agrícolas de la comuna de Pudahuel, con inversiones previstas del orden de los US$ 2.500 millones.

Como esta regulación fue bien concebida -hay que reconocerlo- en términos de exigir a los privados que se someten a ella efectuar con seriedad sus obligaciones pecuniarias, uno de ellos  -ENEA, de la multinacional Endesa- se está desistiendo para acogerse a una próxima norma más grácil, tramitándose en secreto, denominada PRMS103, que originará, también en terrenos agrícolas, los Desarrollos Industriales y/o Empresariales Condicionados (DIEC).

Los otros dos proyectos siguen en carrera y como en diversas ocasiones la Contraloría General de la República, a solicitud de nuestras objeciones, los ha rechazado por inconsistencias graves en relación a lo establecido en el artículo 8.3.2.4 del PRMS, el gobierno se vio en la necesidad de aprobar, mediante Resolución Exenta Nº 2330, el reglamento “Estudio Estratégico de Impacto Sobre el Sistema de Transporte e Infraestructura”, publicado el 7 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial. Este acto administrativo reemplazó la fútil Resolución Exenta Nº 527 del año 2007.

Los PDUC se pueden ejecutar en todos los terrenos definidos como agrícolas dentro del PRMS. Es decir, esta figura no tiene nombre y apellido, con lo cual muchos y variados actores privados pueden acogerse a ella siempre que se adscriban rigurosamente a las bien concebidas normas fijadas. Como estas regulaciones eran consideradas estrictas por la mayoría de los actores del mercado del suelo, en el gobierno de Michelle Bachelet se inventó una nueva y simplista regulación denominada PRMS100 que originaría las Zonas Urbanas Condicionadas (ZUC), con simples requerimientos, por ejemplo: un exiguo 8% de viviendas sociales en terrenos de 60 hectáreas, dentro de una gráfica geográfica determinada en ocho comunas. Es decir, ese gobierno dibujó a mano alzada en el plano un traje a la medida de los interesados en el cambio de uso de suelo. Cuando, por Ley de Transparencia, le solicitamos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos diera los nombres de las personas jurídicas y naturales que se iban a beneficiar con el cambio de marras, esa cartera nos respondió que no contaba con esa información.

El Colegio de Arquitectos de Chile y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia ya han objetado esta ampliación urbana, que es considerada un dadivoso regalo para aquellos particulares que la solicitaron. El último cuestionamiento al PRMS100 se aprecia en este documento, ingresado el 24 de abril de 2013 con Nº 185.189 en la Contraloría General de la República, y de su lectura se podrá concluir que el ente fiscalizador se debería abstener de tomar razón de la resolución administrativa que le envió el gobierno.

Ahora bien, el lunes 22 de abril pasado una Comisión Asesora Presidencial conformada por 29 profesionales afines al primer mandatario, le entregó a éste en La Moneda un documento llamado Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) en donde, según dicen, se fijan los objetivos y lineamientos generales conducentes a lograr en el futuro ciudades que no tengan las lacras de las actuales, sobre todo en materia ambiental y evitando la segregación socio espacial. Sus miembros mayoritariamente son arquitectos, más de algún urbanista, académicos, un diputado y varios consultores inmobiliarios. Para evitarse conflictos, a las reuniones de trabajo “precavidamente” no se convocó a miembros de la sociedad civil informada, catalogados como “estatistas” por los convocantes.

Hemos tomado conocimiento del borrador de esa PNDU, elaborado el 26 de noviembre de 2012, titulado “Ciudades Sustentables y Calidad de Vida”, causándonos una regular impresión, aunque reconociendo el arduo trabajo desplegado por sus integrantes. También leímos con mucha atención la propuesta para esa PNDU, de fecha 6 de febrero de 2013, elaborada por 19 expertos, casi todos arquitectos y urbanistas, incluyendo a dos diputados especialistas en la materia, quienes planteaban sus discrepancias con el sesgo privatizador que tenía el documento oficial de la comisión asesora del gobierno. El líder del grupo disidente, si es que cabe la palabra, es el diputado Patricio Hales. Su propuesta, entregada en la fecha señalada al coordinador oficialista, se llama “Una Política Nacional de Ciudades Justas y Sustentables” y, como se comprenderá, su enfoque es la ciudad a escala humana.

Esperamos que los valiosos aportes de estos 19 profesionales hayan sido incorporados en el documento final de la PNDU entregado al Presidente Piñera, más aún si la opinión pública ya ha conocido el lapidario y crítico informe ad hoc entregado a mediados de marzo pasado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), difundido por todos los medios de prensa.

Ahora bien, fuimos convocados por la OCDE para tratar la situación que se vive en nuestro país. En efecto, ante la solicitud del geógrafo Javier Wood, ex Jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, con el economista Jorge Cisternas, accedimos a reunirnos el 26 de junio de 2012 en la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) con dos expertos extranjeros de la OCDE, quienes durante un tiempo estuvieron en Chile entrevistando a agentes públicos y actores privados relacionados con las políticas públicas asociadas a las ciudades.

La reunión con ellos fue muy grata y junto con Jorge Cisternas expresamos, con distintos énfasis, nuestros puntos de vista como contestatarios al sistema en boga. Entre otras cosas, les manifestamos a los entrevistadores que en Chile no opera en plenitud el sistema económico de libre mercado porque las empresas pequeñas sucumben ante las grandes y el Estado, ante esto, no asume el rol que le corresponde, porque considera ideológicamente que es natural que los más fuertes se apoderen de los más débiles. También les dijimos que no existe un manejo simétrico de la información por parte de los oferentes y demandantes de bienes y servicios, lo que redunda en abusos crecientes en todos los sectores de la economía, más todavía si un alto porcentaje de la población no entiende los vericuetos de las leyes y reglamentos redactados invariablemente por estudios de abogados relacionados con las grandes empresas.

Sustentamos nuestra aseveración indicándoles que era irracional, desde el punto de vista de una correcta asignación de recursos, la mantención de las franquicias tributarias que tienen las viviendas acogidas al DFL2, que entró en vigencia en 1959, cuando la realidad habitacional en el país era muy distinta a la actual. Con esta discrecional medida se beneficia a quienes no necesitan el subsidio y las municipalidades dejan de percibir varios millones de dólares por el pago de contribuciones de bienes raíces. Les informamos que el 80% de las viviendas construidas en el país se acogen a esos beneficios con lo cual se produce, a nivel de inversionistas, una indeseable desviación de comercio al sector inmobiliario, cuyos inmuebles en venta más encima no están afectos al IVA.

Criticamos la segregación social debido a las grandes diferencias en el precio del suelo. A los pobres, con absoluta indolencia, se les envía a extramuros porque allí los terrenos, con ausencia de los necesarios equipamientos, son más baratos y cuando esas casas se caen o son arrasadas por el agua por estar mal edificadas o localizadas en sectores inundables, generalmente los constructores contratistas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), dependiente del Minvu, con rebuscados argumentos, no se hacen responsables, asumiendo el Estado el costo de la reposición.

Reprochamos la docilidad del Congreso Nacional, con ocasión del proyecto de ley que en 1997 el Ejecutivo le envió para que se tramitara una ley concerniente a la captura parcial, por parte del Estado, de las plusvalías que se producen en los terrenos urbanos cuando se modifican los usos del suelo y/o las normas de edificación y cuando se deciden políticas públicas de infraestructura vial. Este tipo de legislación existe en otros países con excelentes resultados que se aprecian en los desarrollos más equilibrados de sus ciudades: hoy en nuestro país estos incrementos en los precios de transacción favorecen exclusivamente a los privados. La Cámara de la Construcción y sus adláteres pusieron el grito en el cielo, rechazando esa iniciativa, y dicho proyecto de ley está archivado en una dependencia parlamentaria.

Asimismo hicimos notar que era indispensable que cada comuna tuviera una determinada cantidad de metros cuadrados de áreas verdes materializadas por vivienda construida, más aún en las regiones con mala calidad del aire. Expresamos que esa medida de tipo ambiental y paisajístico es de fácil aplicación. Les dijimos que en ciertas comunas del sector oriente, en donde residen los decisorios políticos y empresariales, las áreas verdes públicas superan en más de 20 veces las que hay en las comunas en donde viven los trabajadores.

Por prudencia optamos por no hablar de la infinidad de prácticas corruptas que conocemos y les hicimos notar que, por lo menos en las tres más importantes regiones del país -Santiago, Valparaíso y Concepción-, debiera existir la figura de un superintendente metropolitano o alcalde mayor, no importa el nombre, con amplias atribuciones y capacidades y con buen manejo político, para administrar sus desarrollos con planificación a mediano y largo plazo.

Para democratizar las decisiones en el ámbito de los Planes Reguladores Comunales (PRC), expresamos que los cambios normativos estipulados en ellos no se podían realizar a cada momento que un influyente actor privado los solicite a los alcaldes. En tal sentido, proponíamos que las eventuales modificaciones se podrían plasmar solo cada cuatro años y con plebiscitos que tendrían lugar el mismo día de la elección de alcalde y concejales, ello con el propósito de transparentar los distintos enfoques en juego.

Ya que estamos hablando de la OCDE, el lunes 29 de abril pasado se llevó a cabo un interesante seminario en el Hotel Crowne Plaza en donde los expertos de esta organización internacional se refirieron en detalle al tema que nos interesa. Ahí vimos al diputado Carlos Montes y lamentamos la ausencia de otros parlamentarios, porque éstos deberán aprobar las leyes que se originarán a raíz de lo que dice la PNDU y las recomendaciones de la OCDE.

Volviendo al PRMS100, si las presiones del gobierno a la Contraloría llegan a extremos exagerados para que tome razón de la resolución que eliminará de una plumada las 10 mil hectáreas agrícolas en comento y el ente fiscalizador sucumbe ante esas indebidas presiones, todos aquellos que propugnan la participación ciudadana, ausente en este proceso, y el desarrollo urbano sustentable, deberían adherir a la causa rol Nº 14.811-2011 radicada en el 8º Juzgado Civil de Santiago. Esa demanda fue interpuesta en junio de 2011 por unos privados que, al igual que nosotros, saben muy bien que este cambio en las reglas del juego territorial, acorde al artículo 11º de la Ley Ambiental, debía someterse a un riguroso Estudio de Impacto Ambiental o en su defecto a una Evaluación Ambiental Estratégica, lo que el gobierno se ha resistido a hacer.

En todo caso y por último, pase lo que pase, ha quedado en evidencia que el PRMS100 es la artimaña fraguada en la oscuridad por funcionarios del Estado para que no se cumpla la normativa imperante en la regulación sobre los usos de suelo agrícolas para actividades inmobiliarias: artículo 8.3.2.4 del PRMS. En este sentido, esperamos que todos aquellos que desean dirigir los destinos del país emitan sus propios juicios al respecto. Hacemos un llamado a todos los candidatos y precandidatos presidenciales para que, sin timidez, opinen ya sea a favor o en contra, ya que así los ciudadanos los conoceremos mejor.