Deudas pendientes en Derechos Humanos: “Aguafiestas” del 11 de marzo

El lunes 11 de marzo, el mismo día que el gobierno celebraba con “bombos y platillos” el tercer aniversario de la administración de Sebastián Piñera, en Washington DC, Estados Unidos, un grupo de funcionarios públicos debía dar cuenta del Informe Anual sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), presentado en noviembre de 2012. En vez de pedir una respuesta a todos los temas levantados en el informe, el Centro de Derechos Humanos de la UDP decidió este año convocar a representantes del Estado para que contestaran sobre dos temas particulares: la discusión, el diseño y la implementación de las políticas sobre uso de la fuerza estatal en contra de los miembros de la comunidad que habita en territorio chileno; y la discriminación estructural e institucionalizada que sufren diversos grupos vulnerables.

La presentación del Centro de Derechos Humanos de la UDP se enfocó en tratar de señalar el contraste entre los rankings económicos internacionales –donde Chile figura liderando en algunos indicadores– y el cumplimiento de los estándares de derechos humanos. En efecto, los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado chileno libre y soberanamente ha firmado y ratificado, son compromisos ante la comunidad internacional. Por lo tanto, es de esperar que la motivación principal para garantizar su cumplimiento no sea un interés económico o político.

A diferencia de los rankings económicos, donde las comparaciones a nivel regional pueden ser relevantes, los tratados internacionales de derechos humanos representan compromisos ante la comunidad internacional de respetar los derechos de quienes habitan en el propio territorio. En otras palabras, las comparaciones y rankings no importan mucho si el Estado no ha sido capaz de cumplir con una promesa que asumió libre y soberanamente. Cada país decide si sus políticas y su realidad se evaluarán conforme a un estándar contenido en un tratado internacional.

Por otra parte, estos tratados obligan a constituir un piso mínimo de respeto, y por eso los estándares son elementales para el funcionamiento decente de una democracia, erigiéndose en un marco para el diálogo político hacia el futuro. Desde esa perspectiva, toda crítica a las deficiencias de las políticas públicas en materia de derechos humanos debiera ser bienvenida antes que negada o repelida. En ese ánimo, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que convocara al Estado chileno a un diálogo que, lamentablemente, no cumplió con los presupuestos básicos de una conversación sincera.

Gran parte de la exposición inicial versó sobre los defectos de la política criminal a la luz de los estándares de derechos humanos, de situaciones de violencia policial y de problemas estructurales que reproducen los patrones de discriminación vigentes en la sociedad chilena. Entre algunos aspectos relevantes, se complementó la información contenida en el informe de la UDP con los aportes de otros documentos lanzados posteriormente, como aquel sobre “Procedimientos Policiales y Derechos del Niño”, elaborado por UNICEF; otro sobre “Desigualdades territoriales y Exclusión Social del Pueblo Mapuche”, que realizaron la CEPAL y la Alianza Territorial Mapuche (ATM); o los informes u observaciones que han emitido organismos internacionales acerca del cumplimiento de estándares de derechos humanos en ciertas áreas, como el último reporte de la CEDAW sobre Chile o el Informe de Observaciones 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

Lamentablemente, la delegación del Estado de Chile –conformada por funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, del Ministerio de Justicia, y de la Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos– obraron como representantes del gobierno y no como agentes del Estado. Ello hubiera exigido, por ejemplo, una mayor capacidad de autocrítica en relación a los defectos que se han observado en los tres poderes del Estado. Como podrán notar quienes vean el video de la audiencia, los funcionarios que asistieron a Washington parecían estar celebrando el tercer aniversario del gobierno, presentando cifras que poca relación tenían con algunas de las imputaciones que hizo el peticionario. Se acusó al Centro de Derechos Humanos de la UDP de utilizar la CIDH como una plataforma de difusión internacional y que esto, de algún modo, era innecesario, dado que en Chile existían múltiples instancias de diálogo.

Ante lo anterior, sólo podemos comunicar nuestra tristeza y decepción ante la actitud de un Estado que no es capaz de acoger críticas que no se relacionan con las personas que temporalmente ocupan un cargo y que, en cambio, son institucionales. Cuando se lanzó el informe en noviembre de 2012, se contactó a varios ministros para que asistieran y comentaran el informe, pero no aceptaron la invitación (sólo una alta autoridad, la entonces subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez, asistió como público). La utilidad de esta audiencia pasa por el registro histórico de la misma, por el hecho de que un 11 de marzo de 2013, a tres años de haber asumido un nuevo gobierno, el Estado de Chile debió responder ante un órgano internacional acerca de las deudas pendientes en derechos humanos.

Vea el video de la audiencia en Washington DC: