Caso Johnson’s: La defensa de la probidad y la función pública.

El nombramiento de Julio Pereira como Director del SII no dejó de sorprender a los funcionarios,  más cuando supimos que junto a él, y como segundo al mando, llegaba Mario Vila. Ambos acérrimos defensores de los intereses de contribuyentes que, con recursos suficientes, podían pagar importantes sumas de dinero en asesorías y defensas tributarias.

Por eso, a temprano andar, las asociaciones de funcionarios quisimos hacer un llamado de atención sobre los eventuales conflictos de interés en que se podían ver envueltos estos directivos. La instancia que involucró el caso La Polar fue el minuto preciso. En respuesta a la presentación  de los gremios, la Contraloría  dispuso que el director debía inhabilitarse en el caso que tuviere que intervenir en el conocimiento o resolución de algún asunto específico vinculado con las empresas a que se refería la presentación, es decir, La Polar, y dar cumplimiento al deber de abstención. Pereira relativizó este contundente dictamen, informándonos oficialmente que de ninguna forma le correspondía la inhabilitación, atendido el hecho que no era él quién efectuaba la fiscalización correspondiente.

Para todo lo ocurrido con posterioridad, claramente no estábamos preparados. Y quién podría estarlo, si después de la vorágine modernizadora que trajo el ex director Javier Etcheverry y que fue consolidada en futuras administraciones, nos situamos con fuerza como un servicio público de excelencia, ejemplo para otras administraciones tributarias, apareciendo en el concierto nacional e internacional como un referente y un modelo a seguir. Los funcionarios, a la vez, nos entrenamos, capacitamos y fortalecimos, adaptándonos a las nuevas herramientas tecnológicas, generando cultura en torno a la búsqueda de la excelencia.

Pues bien, en el último año y casi de un plumazo, el prestigio ganado en 112 años de historia entró en el umbral de la deslegitimación, lo que los funcionarios de carrera, que día a día construyen este Servicio, no merecían que se pusiera en juego.

La realidad paralela que intenta construir Julio Pereira, define que la evasión tributaria ha disminuido y que, por tanto, su gestión ha sido exitosa. Sin embargo, las cifras en torno a la supuesta disminución de la evasión del IVA en casi un 3% pueden esconder muchas interpretaciones. Una simple mirada técnica demuestra que la evasión no ha disminuido en proporción al crecimiento económico y menos si entendemos que para que una recaudación sea considerada exitosa, debe elevarse por sobre el porcentaje PIB. La frase que se usa como caballito de batalla es: ”Existe recaudación histórica”. Una frase tan falaz como si afirmáramos que “la UF al 31 de diciembre del 2012 es superior a la del 31 de diciembre del 2011”. Debemos entonces entender que la recaudación histórica está explicada, entre otros factores, por el crecimiento económico y el reajuste de los precios de bienes y servicios. Y, además, que dicha recaudación no ingresa en su totalidad a las arcas fiscales, sino que una buena parte es devuelta a los contribuyentes,  vía devolución de impuestos y utilización de franquicias tributarias.

La decisión política de sostener a Pereira en el cargo,  representa enormes costos para el SII y sus funcionarios. El clima laboral se encuentra deteriorado. No existe confianza al interior de la organización, afectando a todos los niveles jerárquicos. No se reconoce la autoridad del Director Nacional. Se está descabezando este Servicio, ante la mirada impávida de nuestras autoridades. La formalidad se ha abandonado sin pudor. Hoy, en vez de informarnos por Intranet, nos enteramos de las decisiones del director por El Mercurio, ya que esta autoridad se ha mostrado particularmente condescendiente con este medio de comunicación, como tan acertadamente describió días atrás Aldo Anfossi, ex jefe de prensa del SII. Nos preocupa especialmente que a través de emol se nos informe quién ha sido nombrada en reemplazo del subdirector de Contraloría Interna, funcionario al que se le solicitó su renuncia hace pocos días: la ex jefa de gabinete de Mario Vila, actualmente suspendido de sus funciones, con lo cual quedan instaladas las sospechas y se profundizan las desconfianzas, más aún cuando probablemente sea ella quien ejecute la posible sanción por los cargos que hoy enfrenta el propio Mario Vila en el sumario que lleva la Contraloría General de la República por el “perdonazo” a Johnson’s.

El pronunciamiento de Contraloría sobre el conflicto de interés aún no ha salido a la luz pública, por más que nos traten de convencer desde el Presidente Sebastián Piñera hasta los presidentes de partidos de gobierno sobre su supuesta existencia y que, conforme a sus dichos, señalaría que Pereira ya fue exculpado. Esta situación fue desmentida por el propio contralor de la República, al señalar con fecha 05/03/2013 la imposibilidad legal de informar sobre ese sumario por encontrarse en etapa de secreto.

Sostener la política errada de permitir que el conflicto de interés sea algo tan natural en nuestra institución y a vista y paciencia de los órganos del Estado, es francamente avalar la política de corrupción en las más altas esferas. A partir de lo señalado, nos preguntamos: ¿A quién le conviene que el SII pierda fuerza y prestigio? Lo cierto es que la opinión pública hoy ya tiene un veredicto.