Especulación inmobiliaria tras el 27/F: La erradicación forzada de los vecinos de la Villa Futuro

La escasez creciente de suelo urbano es uno de los principales  escollos para el negocio inmobiliario en nuestro país. Es por eso que no son pocas las oportunidades en las que un  área que años atrás era considerada marginal y despreciable, hoy adquiere  un valor inusitado en virtud de  los  diversos avances urbanísticos que la rodean. Eso es lo que impulsa a diferentes actores sociales (privados y públicos) a generar una serie de estrategias para quedarse con tales espacios, lo que en general se hace de manera legal pero no siempre de manera legítima.

Algo así ocurre hoy en los terrenos de la actual Villa Futuro (Chiguayante) desde que se sabe que pasará una moderna carretera por uno de sus lindes que es la orilla norte del río Bío Bío. Esta vía, que será la continuación natural de la ya realizada  en Concepción, conectará de manera expedita la zona de Hualqui con la capital regional, lo que le añadiría importantes hectáreas urbanas a la estrecha situación de las urbes penquistas. El Estudio de Impacto Ambiental, presentado a finales de 1999, ya señalaba de forma expresa que la obra vial se destacaba por la incorporación de importantes hectáreas de Hualqui, comuna más alejada de la intercomuna hacia el este, a la creciente demanda inmobiliaria: “Lo que es de gran importancia, porque permite solucionar, en gran parte, la demanda de suelo urbano prevista. En esta demanda destacan los casos de Concepción y Chiguayante”. En el texto además se lee:

-El proyecto permitirá incorporar a la comuna de Chiguayante amplios terrenos para urbanizaciones residenciales destinadas a población de ingresos medios y altos, lo que implica un mejoramiento de las características socioeconómicas de esta comuna, un incremento en la superficie de áreas verdes y un potencial estímulo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Estos aspectos inciden positivamente no sólo en la imagen y rol residencial de Chiguayante, sino también en los ingresos municipales y desarrollo económico de la Comuna.

Ya había ocurrido antes que los terrenos de la población  Aurora de Chile, en la costanera de Concepción, tras quedar al centro mismo de los intereses inmobiliarios,  pasaron de ser rellenos que los propios pobladores hicieron, a contar con una superficie que hoy no vale menos de $500 mil el metro cuadrado. Es claro entonces que los apetitos de la empresa y, por ende, los  consecuentes deseos de las autoridades de turno, comiencen a crecer. Intereses por lo demás altamente comprensibles, ya que la esencia de cualquier negocio es comprar barato y vender caro, pero el problema es que al medio de ese zapato chino hay unas piedras del tamaño de un meteorito. Esas son las personas que viven en el lugar, las que observan impávidas cómo las retroexcavadoras de la modernidad les comienzan a rozar las orejas.

El caso de Villa Futuro es otra excelente muestra de cómo fue usado el pretexto del terremoto y una serie de otras prácticas, para terminar erradicando a 1.300 familias de ese lugar sin que estas alcanzaran ni a enterarse. Una oportunidad  caída del cielo, o más bien emanada de las profundidades de la tierra, para los que ya avizoraban que tales terrenos comenzaban a tener un valor insospechado.

En el año 2010, el terremoto del 27 de febrero de 2010 vino a remover las piezas de este ajedrez urbanístico gigante. En Villa Futuro existían 29 pares de bloques con 48 departamentos cada uno en los que habitaban 1.320  familias propietarias. Aunque se trataba de construcciones que ya tenían dos décadas y que habían sido objeto de cuatro reparaciones por filtraciones, no sufrieron ningún daño estructural y se encontraban completamente habitables. Solo existió un caso, completamente excepcional, de un edificio que tras el terremoto vio afectado uno de sus pilares producto que un vecino había realizado una ampliación irregular sin permiso. Esto fue absolutamente corroborado por el director  de Obras de la Municipalidad de Chiguayante, Marco Muñoz Castro, quien afirmó que después del terremoto los informes arrojaron que los edificios eran habitables a excepción del bloque 456, que por el daño tuvo que ser objeto de demolición. Si bien existían daños puntuales, como el de las escaleras que unían a los edificios, de cualquier forma los departamentos estaban en buenas condiciones.

Los vecinos comenzaron a ser presionados a firmar la transacción, la que en ninguna parte obliga al Serviu a reconstruir en el mismo lugar como se dijo en un comienzo. Tampoco definía la calidad de las soluciones alternativas, por lo que algunos vecinos comenzaron a negarse a firmar, puesto que no entregarían sus casas a cambio de un par de frases vagas en un papel que solo podían leer al momento de la firma en la notaría

Era claro que la villa requería solo reparaciones superficiales, pero el tema no terminaría allí. A pesar de todos los antecedentes, parecía existir un objetivo diferente al de apoyar a un grupo de vecinos  preocupados por sus viviendas. Según el mismo director Muñoz Castro, el Gobierno continuó buscando argumentos para la demolición de Villa Futuro y se contrató al IDIEM -Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales- de la Universidad de Chile para que de forma independiente hiciera una evaluación. La conclusión del buen estado de los edificios fue la misma.

Pero algo hizo que la búsqueda no quedara allí. Una nueva supuesta amenaza brotó de pronto como una vertiente que se filtra desde las profundidades  a la superficie de la tierra. Se  comenzó a hablar  de un serio peligro de “licuefacción”, una palabra  tan difícil como aterradora que significa que el sólido suelo que pisaban esos pobladores se les podría volver agua producto de las presiones que ocasionó el terremoto. Habían sobrevivido casi sin daños a un megaterremoto y a un devastador tsunami y, a pesar de eso, aún se les podía licuar el piso ¿Sería eso posible? Respecto a esto los estudios correspondientes concluyeron que no existía  ninguna amenaza de tal fenómeno, lo que fue ratificado por un informe del Serviu de Bío Bío emanado el 12 de marzo de 2012 que afirma que “en general son suelos homogéneos, aptos para fundaciones”.

Se chocó de nuevo con la solidez de los argumentos técnicos que tuvieron tanta consistencia como los suelos de Villa Futuro. Así es que, al parecer, había que buscar por otro lado. Finalmente, se optó por un estudio de tipo económico que concluyó que era más barato volver a construir que reparar. Con ese argumento llegó  Jacqueline van Rysselberghe (Intendente de la Región del Bío Bío en esa época) junto a un equipo de  profesionales y políticos a realizar una masiva reunión en la villa el 21 de agosto de 2010. Según información de radio Bío Bío, y tal como consta en un video de esa reunión, la intendenta señaló que “los bloques de la Villa Futuro que resultaron dañados con el terremoto del 27 de febrero serán demolidos. Vecinos y autoridades locales se manifestaron conformes”. En la misma nota de prensa se indica que la Intendenta, acusando deficiencias en la calidad de los edificios, señaló que era más caro reparar los departamentos que construir unos nuevos y que en noviembre comenzaría la demolición para luego levantar los edificios en el mismo lugar. En la instancia además se agregó que los nuevos departamentos serían de 55 metros cuadrados, y no de 38 como fueron diseñados originalmente.

Pronto aparecieron las trizaduras de esa propuesta que se veía muy atractiva en su momento pero que, a poco andar,  se desplomaría. Ello porque toda la operación se basaba en una transacción extrajudicial que planteaba que el vecino debía ceder su departamento al Serviu y renunciar a cualquier acción judicial. También contemplaba que este servicio obligaba a compensar al cedente. El problema era cuál era la compensación. Duda que el mismo documento aclara cuando define varias posibilidades para  materializar el pago. Esto es: reconstrucción en el lugar, una suma de dinero entregado en la mano del beneficiario de 580 UF, subsidio para ser usado en cualquier otro proyecto y una última alternativa de $ 15 millones divididos en dos instancias.

La primera gran interrogante fue ¿por qué había tantas alternativas si lo que se había  prometido era la simple reconstrucción en el lugar? La respuesta fue que era por si alguien quería aprovechar de irse de la población. Sin embargo, lo que sucedió en la práctica fue que los  vecinos  comenzaron a ser presionados a firmar la transacción, la que en ninguna parte  obliga al Serviu a reconstruir en el mismo lugar como se dijo en un comienzo. Tampoco definía  la calidad de las soluciones alternativas, por lo que algunos vecinos comenzaron a negarse a firmar, puesto que no entregarían sus casas a cambio de un par de frases vagas en un papel que solo podían leer al momento de la firma en la notaría de Chiguayante. La transacción se tenía que firmar en la notaria sin asesoría alguna y sin haber podido leer el documento con anticipación. Fue entonces cuando comenzó el trabajo de profesionales, dirigentes territoriales y políticos para convencer o directamente impulsar a la gente a la firma de los convenios.

Según un dirigente fundador de la Junta de Vecinos 14C de Villa Futuro, el alcalde de Chiguayante Antonio Rivas y el senador Alejandro Navarro, promovieron la entrega de los departamentos de unas mil familias sobre la base de que una supuesta empresa norteamericana iba a construir algo muy conveniente en otra zona. Sin embargo, el dirigente comentó que con el tiempo se supo que esos terrenos tenían alto riesgo de inundarse, que valían menos de una cuarta parte de lo que valen los terrenos de Villa Futuro y, una vez que se protestó, el proyecto se hizo humo. En vista de estos y otros hechos, la credibilidad estaba bastante dañada, por lo que en algún momento se pasó a una etapa de presión directa en que se les habría dicho que si no firmaban la entrega de los departamentos, se quedarían sin casa o recibirían solo $ 4 millones.

Los vecinos sostienen que lo que se hizo fue una maldad porque, aprovechándose de la necesidad de la gente, les ofrecieron dinero fresco y en muchos casos la gente vio la posibilidad de pagar deudas, comprarse un auto o un plasma, y, sin mirar más allá, firmaron. Hoy muchos de ellos no saben qué hacer, puesto que pasaron de ser propietarios de un departamento que podía resistir siete terremotos más, a ser allegados en cualquier parte o a ser ocupantes ilegales de su propio departamento. Algunos vecinos cuentan que tras entregar los departamentos al Serviu, se les obligó al pago de los gastos de luz y agua del departamento con posterioridad a ser entregado, por lo que hoy tienen deudas adicionales de 1 ó 2 millones por una vivienda que ya no les pertenece. Para otros, el dinero que les dio el Serviu sólo les alcanzó para comprar otro terreno y empezar la obra gruesa de un nuevo hogar, por lo que hoy no cuentan con luz o agua potable, o bien han tenido que endeudarse para poder mejorar las condiciones de su nueva vivienda.

También existe mucha  gente que se resiste a recibir el proyecto de reconstrucción en la misma Villa Futuro porque lo que se les prometió no es lo que hoy pueden ver concretado en la práctica. Por ejemplo, en el caso de la Villa Santa Francisca, que está al lado de la Villa Futuro, los vecinos se encuentran con que el departamento que tienen asignado prácticamente no tiene terminaciones y está en peor condición que lo que recibieron hace 20 años atrás en Villa Futuro. Actualmente hay construcciones en curso en Hualpén, en Hualqui y en Chiguayante, pero ninguna de estas soluciones es exclusiva para Villa Futuro, ni mucho menos emplazada en los terrenos originales tal como se prometió

Aún más grave es que las mismas autoridades, sobrepasando la ley, invitaron a los vecinos a desmantelar sus departamentos para llevarse lo que estimaran conveniente. Así es como hoy Villa Futuro está llena de viviendas sin puertas, ventanas ni sanitarios; las que están siendo habitadas por los mismos ex dueños o por delincuentes que se han asignado esas viviendas en las sombras de la noche. Esto ha convertido a la población en un nido del lumpen. Hoy hay edificios tomados completamente que se han convertido en nido de delincuentes y drogadictos. Según los vecinos que continúan viviendo en Villa Futuro, en algunos casos hay edificios que tienen ocupantes que no son de la población hasta en un 80%. Debido a esto, quienes aún se mantienen en la villa se han organizado en comités ante la incertidumbre e inseguridad.

Hoy quedan 60 familias que aún se resisten a firmar y que continúan reclamando por lo que originalmente se propuso y que todos aplaudieron ese 21 de agosto de 2010: la reconstrucción de edificios nuevos en el mismo terreno

En caso de que finalmente el Serviu logre erradicar a toda la gente de Villa Futuro, va a quedar con un terreno muy amplio, con una creciente plusvalía, completamente urbanizado y que, probablemente, será vendido a un grupo inmobiliario que construya casas de otra categoría. Así lo informó el senador Hosain Sabag -según cuentan dirigentes vecinales- en la reunión que sostuvieron los vecinos que aún viven en Villa Futuro con la Comisión de Vivienda del Senado. En la instancia, Sabag les habría manifestado que cedieran porque los terrenos no les pertenecían (información que no es exacta) y les habría informado que el lugar estaba destinado a la construcción de casas de 1.300 UF o más.

En el transcurso de estos tres años hubo muchos funcionarios y políticos a los que les tocó  participar  en lo que estos dirigentes llaman “un fraude”. Sin embargo, uno de los más  trascendentes, y por ende en el cual se personificaron más denuncias, fue el director del Serviu de la Región del Bío Bío, Sergio Jara. Por ello, la salida de este personero que se hará efectiva a partir de marzo de este año, fue recibida como un éxito adjudicable a las gestiones de la llamada “Red Construyamos” en general y a la Junta de Vecinos de Villa Futuro en particular.

Finalmente, y luego de que más del 90% de las familias firmaran aquella  transacción extrajudicial que selló su destino habitacional para siempre, no está muy claro lo que los vecinos pueden hacer. Será la historia la encargada de preguntarse qué fue lo que motivó a la ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe a realizar aquellas aplaudidas promesas de reconstrucción en el mismo lugar. La frase “traigo una buena noticia, pues el Presidente nos autorizó a demoler los edificios y a reconstruirlos de nuevo en el mismo lugar y mejores que antes” se transformó en el sólido piso inicial de aquellas esperanzadoras negociaciones; pero sufrió un extraño proceso de “licuefacción” que terminó por disolver y hundir 20 años de convivencia y crecimiento comunitario.

Hoy quedan 60 familias que aún se resisten a firmar y que continúan reclamando por lo que originalmente  se propuso y que todos aplaudieron ese 21 de agosto de 2010: la reconstrucción de edificios nuevos en el mismo terreno. En esa misma estoica porfía están los dirigentes  de la actual Junta de Vecinos.

Hoy pobladores están siendo atomizados y disparados hacia los nuevos cinturones de miseria de la creciente ciudad. Allí encajarán por algún tiempo más, se reorganizarán y se estrecharán nuevas confianzas hasta que  la siguiente expansión urbana los haga despertar otra vez a ellos o a sus hijos, al ritmo de un baile que ya comienza a ser hasta monótono y cada vez más frecuente: el baile de los que sobran.

(*) Rodrigo Sanzana es sociólogo y observador del proceso de reconstrucción en la Región del Biobío, coordinador regional para el proyecto Observatorio 27F – Ciudadanía Territorial,   Consorcio Habitat para la Humanidad, SurMaule, BiobioProyecta, SEDEJ y Fundación Patrimonio Nuestro. Información usada en este texto apareció en el reportaje “El baile de los que sobran” , escrito por Adolfo Garrido y publicado en www.redconstruyamos.org.