Este mes se cumplirán tres años de la catástrofe de 2010 y se hacen forzosas las reflexiones y evaluaciones de los procesos que ésta desencadenó. El 27 de febrero de 2010 Chile fue azotado por un terremoto de 8,8 grados en al escala de Richter seguido por un tsunami, afectando las regiones Metropolitana, de Valparaíso, de O’Higgins, del Maule, del Bíobío y de la Araucanía. En resumen, se afectaron 239 comunas (lo que corresponde a 12.800.000 personas, equivalente al 75% de la población del país), 74% de los establecimientos educacionales de la zona remecida por el sismo sufrieron daños de diversa gravedad, 71% de la infraestructura hospitalaria fue dañada, se vieron afectados 1.554 kilómetros de caminos, 211 puentes, nueve aeródromos y se estimó que un aproximado de 285.000 viviendas resultaron dañadas. En pérdidas humanas lamentamos la muerte de 525 personas y la desaparición de 23 compatriotas. Esta catástrofe se diferencia de otras ocurridas en nuestro país por ser el primer mega sismo que tuvo lugar desde el regreso a la democracia, por la instalación masiva de Internet a lo largo del territorio nacional y por la buena situación económica que atravesaba el país al momento del terremoto y tsunami.
Ahora, ¿cómo debería reaccionar el Estado ante este tipo de situaciones extremas? La respuesta compleja requiere un trabajo de largo plazo, sostenido en el tiempo y de una coordinación permanente entre diferentes organismos públicos y privados. No puede pensarse de manera razonable que un plan de acción realizado en la contingencia logre niveles satisfactorios de eficiencia (buen uso de los recursos) y eficacia (cumplimiento de objetivos) y es por eso que la gestión de desastres naturales no es solo tarea del gobierno de turno, sino del Estado.
En términos generales, al hablar de gestión de desastres naturales debemos saber que el riesgo de sufrir un daño depende de la amenaza de que ocurra un desastre natural y de nuestra vulnerabilidad al mismo (riesgo = amenaza o peligro de un fenómeno natural por la vulnerabilidad). En el caso chileno, no podemos evitar que la tierra tiemble por lo que la amenaza de que ocurra un terremoto está fuera de nuestro control. Sin embargo, podemos tomar precauciones que nos hagan menos vulnerables a ellos como, por ejemplo, asegurarnos que las construcciones sean sismo-resistentes. Así, lo único que podemos hacer para disminuir nuestro nivel de riesgo es tomar precauciones para reducir nuestra vulnerabilidad y toda la política pública en gestión de desastres naturales debe tener este objetivo.
Al lidiar con un desastre natural es necesario distinguir cuatro etapas: de prevención, de reacción o respuesta inmediata, de rehabilitación y de reconstrucción. La primera corresponde al diseño e implementación de todas las medidas orientadas a disminuir nuestra vulnerabilidad; la segunda consiste en la evacuación, rescate, primeras atenciones a los afectados y restablecimiento del orden; la tercera es el restablecimiento de los servicios básicos, especialmente comunicaciones y caminos; y la cuarta etapa consiste en el diseño y aplicación de programas para la recuperación de lo dañado o perdido en lo económico (levantamiento de la industria, recuperación de trabajos, etc.), en infraestructura (instalaciones públicas, vivienda, etc.) y en lo social (recuperación del tejido social, atención psicológica de los afectados, etc.). Como es natural, estas cuatro etapas están conectadas y el éxito de una depende del desempeño de la otra.
Volviendo al 27/F, es necesario evaluar el trabajo realizado hasta la fecha en las diferentes etapas señaladas anteriormente, con el fin de detectar aciertos y falencias que nos permitan sacar lecciones para nuestros futuros e inevitables terremotos y tsunamis. Para ello, hemos centrado nuestro interés en un caso emblemático de reconstrucción y en el trabajo realizado en el borde costero chileno.
UN EJEMPLO DE RECONSTRUCCIÓN: VILLA CANADÁ
Villa Canadá es un conjunto de cuatro blocks de departamentos ubicados en la comuna de Ñuñoa (Santiago). Fueron construidos por la Corvi (Corporación de la Vivienda), antecesora del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo), junto con Villa Olímpica y Villa Cruz Gana. Estos conjuntos de departamentos fueron gravemente afectados por el terremoto del 27 de febrero del 2010 y, si bien la causa del daño es la misma, el avance en sus respectivos niveles de reconstrucción es diferente. En el caso de Villa Canadá los edificios fueron declarados inhabitables por lo que se ordenó su demolición con el objeto de realizar nuevas construcciones en el terreno. Para ello, se distinguió entre los vecinos que eran dueños de otra propiedad y aquellos que únicamente tenían el departamento que se había dañado. Se determinó que los primeros serían expropiados (ya que podían instalarse en su otra propiedad) mientras que los segundos serían beneficiados con un subsidio de construcción del programa Fondo Solidario de la Vivienda, siguiendo los lineamientos del plan de reconstrucción del Ministerio de Vivienda (Minvu) «Chile Unido Reconstruye Mejor». Si bien el proyecto parece apropiado, su implementación ha tenido una serie de problemas de manera que, hasta hoy, los damnificados de Villa Canadá siguen sin tener certeza sobre su futura situación habitacional.
Respecto al grupo de vecinos expropiados por tener una segunda vivienda, estos corresponden a 45 departamentos. Por medio de resoluciones de la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de mayo y julio de 2012, se ordenó la expropiación de 17 departamentos y los dineros correspondientes a la indemnización fueron entregados a los juzgados civiles (tal como lo determina la ley) durante los meses de agosto, octubre y noviembre del año pasado. Esto significa que quedan pendientes las órdenes de expropiación de 28 departamentos, las cuales fueron solicitadas por el Serviu Metropolitano al Seremi en noviembre de 2012. Sin embargo, en enero de 2013 comenzó la demolición de los blocks de Villa Canadá aun cuando se encontraban pendientes las órdenes de demolición de los departamentos restantes, de manera que el Estado tomó posesión de dichas propiedades sin pagar los dineros de indemnización por expropiación, incumpliendo la ley. Ahora los expropiados de Villa Canadá deberán decidir cómo reaccionarán ante este escenario.
Si bien la demolición fue largamente anhelada por los vecinos, con ella empiezan otras dificultades para aquellos que vivirán en la futura Villa Canadá. El programa «Chile Unido Reconstruye Mejor» no contempla subsidios de reconstrucción en sitios que pertenecen a una comunidad de damnificados, que es el caso de las personas que vivían en condominios y que son copropietarios del terreno donde se encontraban sus departamentos. En Villa Canadá, el Estado optó por adquirir cada departamento y, a cambio, otorgar un subsidio habitacional para entregar un departamento nuevo construido en el mismo terreno. Para ello, cada vecino debió firmar un contrato de transacción que implica renunciar a cualquier acción contra el Estado por los daños que sufrieron sus departamentos por el terremoto y ceder su propiedad al Serviu. Por su parte, el Serviu se obliga a entregar un subsidio habitacional correspondiente al programa de Fondo Solidario de la Vivienda. Este contrato genera una serie de dudas, puesto que la asignación de subsidios habitacionales no depende exclusivamente de la voluntad del Serviu y tampoco se detalla la fecha de entrega de ese beneficio ni el proyecto que se ejecutará con él, por lo que genera un alto grado de incertidumbre.
Hasta la fecha, los vecinos de Villa Canadá no tienen una copia del contrato de transacción que firmaron, no se les ha hecho entrega de un certificado de asignación de subsidio habitacional y no saben qué proyecto se ejecutará en el terreno donde antes estaban sus departamentos. La última información que recibieron es que se les descontará a cada supuesto beneficiado 55 UF de su subsidio para pagar la demolición.
La situación de Villa Canadá es interesante puesto que es un ejemplo emblemático de la reconstrucción de condominios habitacionales. Observando el caso se hace evidente que existen graves falencias en la formalidad de la ejecución de las soluciones, en la información oficial que se da a los beneficiados y en el manejo de las expectativas sobre el avance de la reconstrucción. Aún falta mucho trabajo en Villa Canadá para que podamos hablar de reconstrucción terminada y la incertidumbre hace que los vecinos vean esa meta difícil y lejana.
LA VULNERABILIDAD DEL BORDE COSTERO
El tsunami del 27 de febrero de 2010 mostró la baja preparación para hacer frente a una catástrofe natural de este tipo y magnitud de parte del Estado. Al respecto, nuestra legislación carece de una gestión integral del borde costero, que vaya desde planificación urbana, económica e industrial, a la protección del medio-ambiente y el desarrollo social, cultural y científico. Es decir, el Estado Chileno no da un lugar al borde marítimo en sus cuerpos legales y en su aparato administrativo, acorde a la importancia de esta zona geográfica para la vida de gran parte de sus ciudadanos.
Sin embargo, cada cierto tiempo (como el caso de las marejadas de agosto de 2012 que causaron millonarios daños) acontecen sucesos que muestran una vez más la urgencia de administrar este territorio de manera eficiente, para reducir su vulnerabilidad. Esta reducción debe empezar por un nuevo marco legal que tome en cuenta, además de los factores mencionados anteriormente, los riesgos tectónicos, climáticos -en especial los debidos al cambio climático- y los producidos por la acción del hombre. Lamentablemente, este no es el caso, como lo describe el profesor Marcelo Lagos:
“Ciertamente, en Chile resulta muy fácil olvidar. Independiente de tener un pasado de territorios costeros que recurrentemente han sido inundados y destruidos por tsunamis, es común observar a escasos metros de la costa y bajo la altitud de 10 m, viviendas, escuelas, asilos de ancianos, municipalidades e infraestructura crítica de diversa jerarquía (Lagos et al., 2008). Todo lo anterior evidencia lo poco que se aprendió después del gran tsunami chileno de 1960 (DNHA, 1961) y confirma la escasa consideración del peligro de tsunami en la localización de asentamientos humanos costeros y su planificación territorial (Andrade et al., 2010)”.[1]
En este aspecto resulta particularmente preocupante la situación del Norte Grande, ya que el próximo sismo de gran magnitud se espera en dicha zona. En esta región, además, se estima que serán mayores los efectos del incremento del nivel del mar debido a la acción del cambio climático. Así, es imperativa una gestión del borde costero que busque reducir su vulnerabilidad antes de la catástrofe, que sea previsora, que tenga perspectivas de largo plazo y que sea una política de Estado que permita administrar este territorio de acuerdo a sus características.
El borde costero es un territorio que en los próximos decenios será modificado por la acción del cambio climático lo que a su vez aumentará su vulnerabilidad. En este marco no está de más recordar que iniciativas como el centro comercial «Mall Barón», en Valparaíso, muestran nuevamente la ausencia del Estado chileno en el área. En efecto resulta por lo menos preocupante que una edificación de estas características sea emplazada en una zona que tiene riesgos de inundación de tsunamis y con subidas esperadas en el nivel de los océanos. En efecto una serie de acontecimientos naturales pueden ser más frecuentes y desastrosos para las comunidades en la medida en que se sumen los efectos del cambio climático.
Al respecto, el Estado de Chile ha reconocido este problema y los riesgos que corre nuestro país formalmente desde 1994, cuando ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sus posteriores Comunicaciones Nacionales (que consisten en la entrega periódica a la Secretaría creada por el Convenio de información relacionada con la disminución de gases de efecto invernadero dentro del territorio nacional). La reforma a la institucionalidad ambiental de 2010 entrega por ley una definición de Cambio Climático[2] y otorga competencias al Ministerio del Medio Ambiente para proponer políticas y formular programas y planes de acción en la materia. En ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los diferentes órganos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local con el objeto de poder determinar sus efectos, así como el establecimiento de las medidas necesarias de adaptación y mitigación. Así, hoy existe la Oficina de Cambio Climático en dicho ministerio y el proyecto Maps Chile, que cuenta con financiamiento de Naciones Unidas.
El Convenio Marco establece criterios de vulnerabilidad de países expuestos al cambio climático[3], y que se verán afectados con mayor intensidad, siendo Chile uno de los territorios con mayor riesgo a mediano y largo plazo, incorporando una nueva incertidumbre que hasta hace poco años parecía lejana. Aunque el Estado Chileno ha reconocido el problema, surgen contradicciones que hacen pensar que aún el tema no cobra la relevancia que se merece, los ejemplos son variados y van desde la exitosa promulgación de la Ley 20.571 que Regula el Pago de las Tarifas Eléctricas de las Generadoras Residenciales[4], que hasta hoy es letra muerta debido a la inexistencia de reglamento; hasta la elaboración de un nuevo Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, formulado inicialmente en 2008 con validez hasta 2012, sin que se sepa si habrá un nuevo texto que lo reemplace.
Del problema y las contradicciones anteriores surgen varias preguntas que nos debemos responder para comprender mejor la magnitud del tema y las soluciones de corto mediano y largo plazo que debe tomar Chile, a la luz de la responsabilidad que tiene el Estado con sus habitantes y de los compromisos internacionales que ha adquirido con la comunidad internacional:
– ¿Cómo se está preparando Chile para el multi-desastre que supone el fenómeno del cambio climático, que se viene a sumar a las demás inclemencias naturales del territorio como terremotos y erupciones volcánicas?
– ¿Estamos creando las instituciones necesarias que sean capaces de gestionar los desastres que supone el cambio climático?
– ¿Están correctamente alineados los incentivos regulatorios de los diversos sectores económicos que pueden verse afectados con las necesidades que supone el cambio climático?
Gestionar los desastres naturales es un tema complejo, de muchas aristas y que afecta, directa o indirectamente, casi todas nuestras actividades. Dentro de este contexto, para evaluar el proceso de reconstrucción a tres años del desastre, es necesario distinguir entre las medidas de prevención que se han adoptado y las medidas de recuperación de viviendas e infraestructura. Respecto a lo primero, luego del desastre del 27/F, el gobierno implementó una serie de acciones para disminuir nuestra vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Así, se dictaron nuevas normas en construcción (D.S. 60 para el diseño y cálculo para el hormigón armado; D.S. 61 para el diseño sísmico de edificios y siete nuevas normas técnicas de construcción del Minvu). Siguiendo el programa de reconstrucción urbana, se hizo una revisión de la zonificación de áreas de riesgo, se elaboraron Planes Maestros de reconstrucción en ciudades costeras y se desarrollaron «protocolos de reconstrucción del borde costero» (trabajo realizado por el Minvu, Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Regional, intendencias regionales y municipios) con el objeto de construir obras de mitigación en el litoral. Sin embargo, estos dos últimos planes han sido criticados por la deficiente participación de los habitantes de las zonas afectadas y por su dificultad de implementación.
En efecto, el alto grado de centralismo de nuestro Estado hace que las municipalidades manejen un presupuesto reducido y su planta de profesionales sea demasiado escasa como para implementar los planes de prevención. Así, los programas y leyes de reducción de vulnerabilidad no están hechos a la medida de la realidad de los municipios y su implementación se hace, en la práctica, imposible.
Por otra parte, el gobierno presentó al Congreso el proyecto para la creación de una nueva Agencia Nacional de Protección Civil, el que se encuentra en actual tramitación. Sin embargo, el proyecto ya ha recibido criticas en lo concerniente a las facultades de la futura agencia (no podría intervenir, sino solo coordinar) y por no contemplar procedimientos de fiscalización de los trabajos realizados.
En lo concerniente a la reconstrucción de infraestructura y de vivienda, si bien gran parte de la infraestructura pública ha sido recuperada, en lo que a viviendas se refiere el proceso ha sido engorroso y se hace evidente la necesidad de transparentar los procedimientos de asignación de beneficios y ejecución de proyectos. A pesar que el presupuesto para reconstrucción de vivienda es el mayor de todo el programa de reconstrucción nacional (27% de un total de US$ 8.431 millones) se constata que los procedimientos adoptados por el MINVU carecen de claridad y no generan certezas entre los damnificados, quienes no se manifiestan conformes con el proceso. El caso de Villa Canadá demuestra que la falta información clara y oficial hace que muchos damnificados se encuentren en el limbo, sin documentos que obliguen al Estado.
En otros casos de construcción en sitio propio, como por ejemplo en la comuna de Paredones, la lejanía de los terrenos donde debe ejecutarse los proyectos hace que éstos sean poco atractivos para las constructoras, las que simplemente los abandonan. Así, pese a existir el proyecto y el dinero del subsidio, la vivienda no se ejecuta. En otros casos, las constructoras quiebran por lo que los proyectos quedan sin ejecutar (como ocurrió en Villa Canadá, por lo que fue necesario seleccionar una nueva constructora). Así, en lo que ha reconstrucción se refiere, existen fallas de mercado que impiden ver la construcción o reparación de viviendas como oportunidades de negocio (y las constructoras privadas no tienen por objeto hacer beneficencia).
En este año de elecciones el avance de la reconstrucción será un arma para atacar o defender al gobierno y será fácil instrumentalizar el valor político del tema. Así, será necesario tener presente que cuantificar el avance resulta insuficiente y subjetivo, puesto que hay que pensar cómo se ha actuado y cuál es la calidad del resultado. Asimismo, ningún plan hecho en la contingencia será suficiente, ya que si la autoridad pública dedica su atención a los desastres naturales solo cuando ocurre alguno, siempre lo hará tarde. De esta forma, a pesar de los números que presente el gobierno, aún queda mucho por avanzar y muchas variantes por analizar para lograr una reconstrucción de calidad.
Fuentes
– Guzmán, Rodrigo. Derecho Ambiental Chileno. Planeta Sostenible. 2012. 268 p.
– Larraín, Sara. Cambio climático y Derechos Humanos: Desafíos para las negociaciones internacionales y la Política Pública en América Latina. En: Desafíos para el desarrollo sustentable en America Latina y el Caribe en el contexto del cambio climático. USACH. s/f. pp. 55-69.
– Brain Valenzuela, Isabel y Mora Camus, Pía. Introducción: Chile pre y post catástrofe: algunas claves para aproximarse a los desafíos de reconstrucción. En: Emergencia y Reconstrucción, el antes y después del terremoto y tsunami del 27 f en Chile.
– Bresciani Lecannelier, Luis. De la emergencia a la política de gestión de desastres: la urgencia de institucionalidad pública para la reconstrucción. En: Emergencia y Reconstrucción, el antes y después del terremoto y tsunami del 27 f en Chile.
– Santa María Oyanedel, Hernán y López-García González, Diego. Normativa chilena de construcción: antes y después del terremoto de Maule. En: Emergencia y Reconstrucción, el antes y después del terremoto y tsunami del 27 f en Chile.
– Arenas Vásquez, Federico; Lagos López, Marcelo y Hidalgo Dattwyler, Rodrigo. La planificación territorial y el riesgo de desastres: lecciones del terremoto y tsunami chileno de 2010. En: Emergencia y Reconstrucción, el antes y después del terremoto y tsunami del 27 f en Chile.
– MINVU. Chile Unido Reconstruye Mejor.
– García Machmar, William. Observaciones al Proyecto que Crea la Nueva Agencia Nacional de Protección Civil. Ponencia en las Cuartas Jornadas de Derecho y Catástrofe de noviembre-diciembre del 2012. Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
[1] Zonificación del riesgo de tsunami en el centro-sur de Chile, Revista de geografía Norte Grande http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022012000300001&script=sci_arttext
[2] Ley 19.300 artículo a ter) Cambio Climático: se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables;
[3] Estos criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convención, expresados en países que tienen una o más de esas características, son: a) Los países insulares pequeños; b) Los países con zonas costeras bajas; c) Los países con zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal; d) Los países con zonas propensas a los desastres naturales; e) Los países con zonas expuestas a la sequía y a la desertificación; f) Los países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana; g) Los países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos; h) Los países cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos generados por la producción, el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados de energía intensiva, o de su consumo; i) Los países sin litoral y los países de tránsito.
[4] Ley que crea incentivos para que pequeños generadores puedan inyectar electricidad obtenida mediante energías renovables no convencionales al sistema y recibir un pago por ello.
(*) Los autores integran el Programa Derecho Piensa en Chile, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
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Video del caso Monsalve: denunciante se aprecia visiblemente desorientada y exsubsecretario con paso firme la conduce de vuelta al taxi
El articulo es muy interesante y deja en claro que las supuestas políticas que se suponen existen al respecto tendrían que ser acatadas , sobre todo que se vuelve a construir en los mismos sitios destruidos en el caso del borde costero y en caso de otro evento de iguales o menos envergadura veremos los rostros de los mismos afectados de ahora pidiendo ayuda el estado, que tiene que salvaguardar los intereses de otros ciudadanos que si aceptaron vivir en un lugar "seguro", por que esta gente que en su porfía  les construyeron donde mismo y el mar les destruyo sus viviendas, ya en la proxíma la ayuda de reconstrucción cero. Hoy y viendo que hay lugares donde nada se a echo por los damnificados en tres años y que son muchos, este gobierno es pura tarasca y los que se suponen son los representantes de los ciudadanos de las regiones afectadas brillan por su ausencia salvo para hacer pingues negocios para ellos o sus padrinos. El show presentado incluso con "vigilias" en que el asado y el trago no falto, es con una bajeza y falta de criterio por parte de los actores, que creen que somos esclavos de algún ingenio del siglo 18 o 19.  Â
María Cristina | 27.02.2013
Me parece  interesante y objetivo este artículo, efectivamente el cambio climático incide en los desastres, que bajo esa lógica, no necesariamente son tan naturales en sus causas.Â
Se requiere avanzar en varios ámbitos que expresen control, seguimiento y evaluación de políticas que son implementadas por los servicios del Estado y la  coordinación de los mismos, así como mejorar la gestión de los gobiernos locales. Diversos informes Inter/agencias han puesto el centro en estos  asuntos luego del 27/F en nuestro país. En lo particular me interesa mucho el tema laboral productivo y los desastres. Creo que la legislación laboral chilena debería avanzar en este ámbito.
Esta catástrofe se diferencia de otras ocurridas en nuestro país por ser el primer mega sismo que tuvo lugar desde el regreso a la democracia, por la instalación masiva de Internet a lo largo del territorio nacional y por la buena situación económica que atravesaba el país al momento del terremoto y tsunami.
En el caso de Villa Canadá los edificios fueron declarados inhabitables por lo que se ordenó su demolición con el objeto de realizar nuevas construcciones en el terreno. Para ello, se distinguió entre los vecinos que eran dueños de otra propiedad y aquellos que únicamente tenían el departamento que se había dañado. Se determinó que los primeros serían expropiados (ya que podían instalarse en su otra propiedad) mientras que los segundos serían beneficiados con un subsidio de construcción del programa Fondo Solidario de la Vivienda, siguiendo los lineamientos del plan de reconstrucción del Ministerio de Vivienda (Minvu) «Chile Unido Reconstruye Mejor». Si bien el proyecto parece apropiado, su implementación ha tenido una serie de problemas de manera que, hasta hoy, los damnificados de Villa Canadá siguen sin tener certeza sobre su futura situación habitacional.
En este aspecto resulta particularmente preocupante la situación del Norte Grande, ya que el próximo sismo de gran magnitud se espera en dicha zona. En esta región, además, se estima que serán mayores los efectos del incremento del nivel del mar debido a la acción del cambio climático. Así, es imperativa una gestión del borde costero que busque reducir su vulnerabilidad antes de la catástrofe, que sea previsora, que tenga perspectivas de largo plazo y que sea una política de Estado que permita administrar este territorio de acuerdo a sus características.
Respecto a lo primero, luego del desastre del 27/F, el gobierno implementó una serie de acciones para disminuir nuestra vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Así, se dictaron nuevas normas en construcción (D.S. 60 para el diseño y cálculo para el hormigón armado; D.S. 61 para el diseño sísmico de edificios y siete nuevas normas técnicas de construcción del Minvu). Siguiendo el programa de reconstrucción urbana, se hizo una revisión de la zonificación de áreas de riesgo, se elaboraron Planes Maestros de reconstrucción en ciudades costeras y se desarrollaron «protocolos de reconstrucción del borde costero» (trabajo realizado por el Minvu, Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Regional, intendencias regionales y municipios) con el objeto de construir obras de mitigación en el litoral. Sin embargo, estos dos últimos planes han sido criticados por la deficiente participación de los habitantes de las zonas afectadas y por su dificultad de implementación.
