“Drones” y el respeto a la Constitución: el “terror” que cae del cielo

La información no es nueva. Todo el contenido del memo confidencial que dio a conocer este martes la cadena de televisión NBC ya ha sido de cierta forma esgrimida en público, tanto por John Brennan, que esta semana enfrenta reuniones en el Congreso que deberá ratificarlo como director de la CIA, y Eric Holder, actual Fiscal General de Estados Unidos. La novedad y gravedad del tema es mediática y política. Mediática, pues pese a las declaraciones previas de otras autoridades sobre la política de aprobar el asesinato de estadounidenses sospechosos de terrorismo en terceras naciones, la difusión del memo implica un vínculo tangible y concreto entre esa estrategia y el propio Presidente Obama.

El documento es una opinión legal de asesores que, básicamente, justifican el asesinato selectivo de sospechosos, incluso ante la ausencia de un ataque inminente contra Estados Unidos o sus intereses. Es básicamente una política de “ataque preventivo” re-editado de las políticas de George Bush. Esta justificación, y ese es el problema central, rompe varios preceptos de la Constitución de Estados Unidos y otras leyes que gobiernan las atribuciones del Presidente. En primer lugar, afecta directamente al derecho de los estadounidenses a “no ser privados de la vida sin el debido proceso judicial”, estipulado claramente en la Quinta Enmienda de la Constitución. Asimismo, es una grave falta a la Orden Ejecutiva 12333 de 1981, firmada por el Presidente Ronald Reagan que señala expresamente que “ninguna persona empleada o actuando a nombre del gobierno de los Estados Unidos puede involucrarse o conspirar para involucrarse, en asesinatos”.

En ese sentido, el diario New York Times reveló hace pocos días que el propio Presidente Obama aprueba los asesinatos selectivos de sospechosos de terrorismo, especialmente de quienes pueden tener vínculos con Al Qaeda. El NYTimes lo llama la “kill list” o “lista de asesinatos”.

El tema de los “drones” va mucho más allá. Los artefactos violan constantemente el espacio aéreo de varios países, en especial Pakistán, y otros como Somalia y Yemen. Pero lo peor es el daño colateral, que en el caso del gobierno de Obama, y según varios reportes de prensa, ha implicado en los primeros tres años de su gobierno: más de 260 ataques de bomba con un costo en vidas humanas de 3.000 personas, que implica dos tercios de sospechosos de terrorismo y por lo menos unas 800 víctimas civiles, que incluyen mujeres y niños. Muchos de estos ataques son producidos en pequeñas aldeas rurales en la frontera de Pakistán con Afganistán.

En rigor, y basado en los hechos concretos, la tecnología de “drones” o por lo menos la forma en que se está usando, no asegura la ausencia de daño colateral contra víctimas civiles no involucradas con objetivos militares. Sólo ese factor debiera prohibir su uso bajo esas condiciones.

Asimismo, Naciones Unidas ha denunciado que más de cien niños han muerto sólo en Afganistán debido a los bombardeos aéreos en los últimos cuatro años.

El tema toca varios valores morales profundos. Estados Unidos está poniendo una gran interrogante sobre la integridad de sus valores democráticos y constitucionales bajo la justificación de la lucha anti-terrorista. El país tiene el más pleno derecho a defender la seguridad de sus ciudadanos contra el flagelo del terrorismo internacional, pero al ejercer este derecho, está violando derechos y valores fundamentales del país y de la comunidad internacional, entre ellos el derecho a un proceso justo, el derecho a la inviolabilidad del territorio de otros países, el derecho humano fundamental a la vida de cientos de víctimas inocentes, y el derecho del pueblo estadounidense a estar informado de estas operaciones clandestinas.

Esta semana la fundación Open Society ha publicado un informe donde identifica a 54 países que han colaborado con un programa clandestino de la CIA para detener a sospechosos de terrorismo, sin proceso judicial formal, moviéndolos a través de varias fronteras, reteniéndolos en cárceles ocultas, y transfiriéndolos sin ningún tipo de legalidad formal a países donde se sospecha puede estar ejerciéndose la tortura.

El asunto es también un duro golpe a la biografía personal del Presidente Obama, que se formó durante varios años como abogado en la defensa de los derechos civiles de sus compatriotas, y que fue beneficiario, con polémica incluida, del Premio Nobel de la Paz apenas comenzando su gobierno.

Es imperioso que el pueblo estadounidense se movilice en defender su derecho a supervisar las acciones del Poder Ejecutivo, y lo más importante, que se sensibilice en cuanto al costo en derechos humanos y vidas inocentes que se ven afectados por los bombardeos de los “drones” y de armas convencionales, que no distinguen “quirúrgicamente” como señalan sus defensores, entre terroristas y niños.

Es cosa de imaginar cómo reaccionaría la zona noreste de Estados Unidos, desde Maine a Virginia, sometida a más de 260 bombardeos de misiles por tres años de un país como, supongamos, Pakistán, enviando “drones” a la Costa Atlántica del hemisferio para “eliminar” a terroristas infiltrados entre la población civil. Si el pueblo estadounidense puede ponerse en una situación hipotética similar a la que sufre la población civil de los países bombardeados, quizás puede imaginarse a quienes esos ciudadanos del Medio Oriente identifican como la verdadera fuente del “terror” que cae, sin previo aviso, desde el cielo…