Cortes de calle malos, cortes de calle buenos

A fines de 2011, y a propósito de una jornada de protestas realizada por taxis y colectivos, el Presidente Sebastián Piñera fijó la doctrina de su Gobierno frente a las protestas y manifestaciones: “Todos tienen derecho a manifestarse y a protestar en un régimen democrático como el que tenemos en Chile”. Sin embargo, agregó: “paralizar la ciudad, alterar el normal desenvolvimiento de la gente, impedir a las personas desplazarse con libertad atenta contra el Estado de Derecho y atenta contra la democracia”.

Antes, la ministra del Trabajo, así como muchas otras autoridades de gobierno, hicieron eco de estas palabras a propósito de la protesta de un grupo de trabajadores que impidió el tránsito de trenes en la Línea 5 del Metro: “No es razonable que se impida a miles de personas llegar a sus puestos de trabajo”.

La oposición a los cortes de ruta, tránsito y, en fin, como señalara el Presidente, a cualquier obstáculo a la libre circulación de las personas, se ha refrendado como doctrina de este gobierno con la presentación del Proyecto de Ley Que Fortalece el Resguardo del Orden Público -la denominada “Ley Hinzpeter”-. En dicho proyecto de ley, que el Presidente llamó a aprobar «de una vez por todas», se pretende sancionar a quienes impidan o alteren la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes.

Esta semana, sin embargo, la ministra Matthei decidió hacer una excepción con la doctrina gubernamental. Frente al bloqueo de rutas que camioneros y particulares realizaron en varios lugares del país, a propósito de los lamentables hechos de Vilcún, la ministra, ahora sin alzar la voz, sostuvo que resultaba difícil “no tener simpatía con personas que están temiendo por sus vidas”. La ministra hace algo que es contrario a todo lo que el gobierno del cual ella forma parte ha venido sosteniendo: se olvida de distinguir entre las demandas sustantivas que los protestantes de turno plantean, de una parte, y los medios a los que recurren para llamar la atención de las autoridades, de otra.

“Para el Gobierno, hay cortes de ruta buenos, los que se encuentran en línea con sus políticas (en este caso, para pavimentar la aplicación de la Ley Antiterrorista) y cortes de ruta malos, los que -como el reclamo de los estudiantes contra el lucro- son contrarios a los ideales y principios que desea promover”

Nótese lo que ocurrió, y sigue ocurriendo, con las demandas estudiantiles, donde la razonabilidad de los reclamos no ha servido para eliminar la distinción entre fondo y forma. Frente a las demandas estudiantiles, de hecho, las autoridades de gobierno han reiterado que, pese a entenderlas, (i) las protestas no son el camino del diálogo -cosa que también hizo Bachelet- y (ii), una vez iniciada la discusión de las reformas a la LGE, que ya era tiempo de abandonar las movilizaciones.

Esta excepción a la política de gobierno va acompañada de otra peculiaridad; y es que llama la atención (por decirlo de alguna forma) que el bloqueo de rutas ocurrido hace un par de días no haya enfrentado respuesta policial. Basta recordar que el día 04 de agosto de 2011 se desarrollaron una serie de movilizaciones “sin permiso” del gobierno que encontraron fuerte oposición policial. De hecho, quienes estuvimos observando en Plaza Italia ese día sabemos que Carabineros disolvía con fuerza (lanzando gases lacrimógenos y agua, además de golpes a) cualquier grupo de más de cinco personas que osara -y aquí no hay exageración- vociferar sus demandas estudiantiles.

Lo obvio detrás de estos dos tipos de cortes de rutas es que, para el gobierno, hay cortes de ruta buenos, los que se encuentran en línea con sus políticas (en este caso, para pavimentar la aplicación de la Ley Antiterrorista) y cortes de ruta malos, los que  -como el reclamo de los estudiantes contra el lucro- son contrarios a los ideales y principios que desea promover. Y cuando la diferencia se establece de esta forma, entonces el gobierno lesiona, no solo el derecho de reunión de quienes desean así presentar sus reclamos políticos, sino que, además, la libertad de expresión de ciudadanos que se ordenan, de esta forma, en dos categorías.

Los perjudicados en esta pasada, como lo demuestra la sociología de los movimientos sociales, no son los protestantes, quienes tarde o temprano encuentran nuevas fórmulas para plantear sus demandas; sino que el gobierno, quien usa las reglas del juego, que pensábamos comunes, a su antojo.