Dunas de Concón y Colegio Universitario Inglés: Dos casos de avidez inmobiliaria
17.12.2012
Hoy nuestra principal fuente de financiamiento son nuestros socios. ¡ÚNETE a la Comunidad +CIPER!
17.12.2012
La opinión pública informada conoce la insensatez cometida por las más altas autoridades del país cuando, a mediados de marzo de 1994, a petición expresa del ex Instituto de Normalización Previsional (INP), hoy Instituto de Previsión Social (IPS), cual obediente comparsa de la empresa constructora Reconsa, redujeron injustificadamente la superficie del Santuario de la Naturaleza Dunas de Concón, en la Región de Valparaíso. Quedaron protegidas escasas 12 hectáreas y en diciembre de 2006, por la presión ciudadana, se aumentaron a 21 hectáreas.
“Si el gobierno no adopta la decisión esperada por el municipio y la comunidad de Concón, en términos de publicar oportunamente en el Diario Oficial el Decreto Supremo mediante el cual se consagraría la protección de las dunas, el día 5 de enero de 2013 la empresa Reconsa ingresará en la Dirección de Obras Municipales solicitudes de permisos de anteproyectos que automáticamente deben ser tramitados”
Estamos a escasas semanas de que se cumpla el plazo que, desde fines del año pasado y gracias a las protestas ciudadanas, congeló la posibilidad de construir torres en este campo dunar. De no mediar una acción del gobierno en los próximos 15 días a favor de la protección de las dunas, a contar del sábado 5 de enero la empresa Reconsa recobrará su facultad para ingresar proyectos de construcción que se levantaran en esta zona.
Según un informe en derecho elaborado en marzo de 1994 por Pedro Pierry -entonces asesor jurídico del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y actual miembro de la Corte Suprema-, la empresa Reconsa disponía de unas 670 hectáreas en el sector alto entre Reñaca y Concón. Al mismo tiempo, era deudora morosa del INP.
Nosotros entendemos que esas centenas de hectáreas llegaron a dominio de Reconsa porque esta empresa era la continuadora de la constructora Neut Latour, la que obtuvo esos terrenos gracias a una interesante venta directa efectuada en 1979 a ella y a la Sociedad Colectiva Edmundo Pérez. La transacción se concretó porque el Estado se deshizo, desaprensivamente, de los derechos que poseía en dos sociedades constructoras de la ex Empart (Caja de Empleados Particulares) que tenían el dominio sobre aquellos terrenos. La operación, efectuada en el gobierno de Augusto Pinochet, fue por $500 millones de entonces.
El INP, ahora IPS, continuador de la ex Empart, se opuso a que los terrenos fuesen declarados Santuario de la Naturaleza debido a que con ello se esfumaba la posibilidad de que Reconsa le pagara la deuda. El abogado Pierry impugnó, en su informe al CMN, la vergonzosa reducción patrimonial cuyo propósito era meramente mercantil para favorecer a las mencionadas e influyentes empresas. Como dato curioso y en razón a que hemos estudiado este episodio a partir del 2005, testimoniamos que el IPS dice no tener en su poder la escritura por la cual cedió esos terrenos a Reconsa, a pesar de que el 16 de marzo de 2005 firmó una transacción condonando deudas y alzando hipotecas a la misma empresa, lo que significaba que debió tener a la vista la dichosa escritura. Cuando le dijimos al IPS que fuera a buscarla al Archivo Judicial, nos contestó que ello no era posible. (sic)
En vista de lo precedente, recurrimos de amparo ante el Consejo para la Transparencia con la idea de que éste obligara al IPS a entregarnos ese documento público, pero ¡oh sorpresa! nos respondió que nuestro requerimiento no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información pública porque el Archivo Judicial no es un órgano de la Administración y porque no corresponde que el IPS solicite al anterior copia de esa escritura pública, pues esa gestión irrogaría costos que ese servicio no está obligado a asumir.
El caso, con toda la documentación de respaldo, lo llevamos al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que analizara la situación por los hechos ocurridos, organismo público que con evasivas no ha querido investigar, negándose también a conocer la escritura pública del 24/09/79.
Debido a que quien suscribe este relato tampoco conoce esa escritura pública, por la simple razón de que es muy oneroso obtener las respectivas fotocopias del Archivo Judicial, es legítimo preguntarse si esas, hoy en día, valiosísimas 670 hectáreas provienen del Estado chileno. Recordemos que en esa pretérita época era muy fácil para algunos connotados empresarios del régimen conseguir excelentes negociaciones con los ministros del capitán general.
Pero como es indispensable tener acceso a esa escritura para entender a cabalidad el origen del conflicto patrimonial, ya le hemos pedido al diputado de la zona, Rodrigo González, que consiga el financiamiento para conocer los términos de esa, hasta ahora, oculta transacción comercial de 1979. González se ha esforzado para que pronto se recupere como Santuario de la Naturaleza al menos una porción de las dunas y posiblemente así será, si se cumplen algunos plazos.
La comunidad de Concón, con su alcalde a la cabeza, con el apoyo de tres de los cuatro parlamentarios de la zona, han estado interpelando al gobierno para que el Ministerio del Medio Ambiente restituya un porcentaje de las dunas a la categoría de Santuario de la Naturaleza y así evitar sobre sus onduladas planicies las construcciones de nuevas torres habitacionales. Para conseguirlo, la municipalidad, a fines del año pasado, aplicó el artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con lo cual se congelaron los permisos de edificación en las dunas hasta el próximo 4 de enero de 2013.
La posición del alcalde Jorge Valdovinos era que con este procedimiento se iba a contar con el plazo de un año, más que suficiente, para que el Ministerio del Medio Ambiente, con el informe técnico emanado del CMN, declarara el Santuario.
Estamos a pocas semanas para que venza el referido congelamiento y si el gobierno no adopta la decisión esperada por el municipio y la comunidad de Concón, en términos de publicar oportunamente en el Diario Oficial el Decreto Supremo mediante el cual se consagraría la protección de las dunas, el día 5 de enero de 2013 la empresa Reconsa ingresará en la Dirección de Obras Municipales solicitudes de permisos de anteproyectos que automáticamente deben ser tramitados. En ese eventual escenario, las dunas de Concón serán simples terrenos aptos para nuevas construcciones en altura.
Se nos ha informado que, en la sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del jueves 20 de diciembre de 2012, está en tabla esta materia y por ello el 23 de noviembre pasado la ministra Benítez le solicitó al CMN el informe técnico con el cual se justificaría la incorporación de 32 hectáreas a las 21 ya consideradas como Santuario, el que próximamente estaría conformado por 53 hectáreas.
La estudiosa geógrafa Lisette López, del CMN, en conocimiento de que el tiempo apremiaba, redactó un fundado y completo informe que fue aprobado el 12 de diciembre pasado por la unanimidad de los consejeros de ese órgano del Estado y suponemos que el dossier respectivo ya está en poder del Ministerio del Medio Ambiente. Así las cosas, el gobierno deberá adoptar la decisión que todos esperamos.
Si se procede en consecuencia, se firmará en breve plazo el Decreto Supremo respectivo, enviándose a la Contraloría General de la República para su toma de razón y de ahí un ágil mensajero, cruzando en un par de minutos la plaza de la Constitución, lo llevará al Diario Oficial para que sea publicado ojalá antes del 31 de diciembre próximo.
En nuestra última columna publicada en CIPER, dimos cuenta de todo lo ocurrido en la Municipalidad de Providencia para despojar irregularmente de su categoría de inmueble de Conservación Histórica al tradicional Colegio Universitario Inglés, actualmente religioso, pero fundado como laico hace 75 años.
Pues bien, en esta oportunidad estamos en condiciones de dar una buena noticia para la institucionalidad patrimonial del país, ya que la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, regentas del establecimiento educacional, no lo demolerán hasta que se dilucide el actuar de las anteriores autoridades municipales de Providencia.
Estamos muy satisfechos porque gracias a las denuncias públicas formuladas respecto de los ardides municipales detectados para posibilitar la demolición del colegio, con la idea de levantar dos torres de oficinas en la parte del terreno que tiene la mejor plusvalía, la aludida congregación religiosa, juiciosamente, se ha desistido por escrito de iniciar la demolición del mismo prevista para febrero de 2013.
Asociado a lo anterior, expresamos que el miércoles 12 de diciembre pasado, con el arquitecto y apoderado del colegio, Diego Edwards, nos reunimos en la Municipalidad de Providencia con el arqueólogo y académico Ángel Cabeza, nuevo jefe de Patrimonio, y con el arquitecto y académico Nicolás Valenzuela, nuevo director de la Secretaria de Planificación (Secplan) de esa municipalidad. Analizamos el procedimiento utilizado por la administración local anterior, el que ha dado origen a la expectativa de eliminar ese inmueble de Conservación Histórica para viabilizar un lucrativo negocio inmobiliario, consistente en dos torres de 25 pisos que se intentaban emplazar en la porción del predio que enfrenta la Av. Andrés Bello.
Sabemos que un grupo de profesionales, ex alumnas de ese colegio, como un conjunto de estudiantes de Arquitectura de la UC y una cierta cantidad de padres y apoderados del establecimiento educacional, están preocupados por el riesgo latente que significaría su demolición, la que, como ya lo expresamos, no se producirá por lo menos en el transcurso del año 2013.
Por nuestra parte confiamos plenamente en la futura decisión, apegada a derecho, que adoptarán las nuevas autoridades de la Municipalidad de Providencia, ya que la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en los que respecta a los procedimientos para modificar materias de fondo contenidas en los Planes Reguladores Comunales, es muy clara. En nuestra opinión no vinculante, de los análisis efectuados ha quedado en evidencia que tanto el colegio como su capilla, que forman un solo cuerpo constructivo, mantienen la categoría de Conservación Histórica, lo que impide la demolición y por ende la materialización del negocio inmobiliario.
“La Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, regentas del Colegio Universitario Inglés, no lo demolerán hasta que se dilucide el actuar de las anteriores autoridades municipales de Providencia. (…) gracias a las denuncias públicas formuladas respecto de los ardides municipales para posibilitar la demolición, con la idea de levantar dos torres de oficinas, la aludida congregación religiosa, juiciosamente, se ha desistido por escrito de iniciar la demolición prevista para febrero de 2013”
En todo caso, esperamos la decisión final vinculante que adoptarán las nuevas autoridades superiores de esa municipalidad, las que, acorde al informe en derecho que evacuará la nueva Dirección Jurídica de esa municipalidad, resolverán el conflicto. Estamos seguros que Josefa Errázuriz, desde su cargo de alcaldesa, impondrá en ese municipio la cultura de la probidad y transparencia a toda prueba como efectivos antídotos en contra de la lacra de la corrupción.
Finalmente, con una buena administración financiera, teniéndose en cuenta que el antiguo edificio ya está amortizado en los libros contables y aprovechando todos los beneficios tributarios que el Estado de Chile le entrega a los establecimientos educacionales, quisiéramos que la congregación continúe impartiendo la enseñanza en su magnífico edificio de Conservación Histórica. Si ello ocurre, se lo agradecerán muchos padres y apoderados, las ex alumnas, los estudiantes de Arquitectura de la UC y todos aquellos que valoramos las buenas construcciones.