Participación Ciudadana Municipal: Otra promesa incumplida
23.11.2012
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23.11.2012
Nuestra democracia, así como está, no da para más. Este es el sentir de gran parte de la ciudadanía. Por diversas razones, que no alcanzamos a desarrollar en estas líneas, en Chile se ha consolidado una democracia de “baja intensidad”. De hecho, somos convocados a elegir a nuestros representantes -solo a algunos de nuestros representantes, para ser más claros- apenas una vez cada cuatro años. Y después de esa elección, les damos carta blanca para que actúen en representación nuestra, sin control, ni fiscalización ciudadana.
A pesar de esto, los ciudadanos y ciudadanas hemos logrado consolidar dos derechos fundamentales en nuestra legislación: el acceso a la información pública y la participación ciudadana en la gestión municipal. El primero, está resguardado en la Ley de Transparencia, que nos da el derecho de obtener oportunamente información de los organismos públicos; y el segundo, en la Ley de Participación Ciudadana, que abre nuevos espacios de participación comunal como el Consejo de la Sociedad Civil, entre otros.
El problema es que, pese a tener un soporte legal, ninguno de estos dos derechos se respetan a cabalidad. Es por esto que, como sociedad civil organizada, lanzaremos la plataforma ciudadana Santiago Cómo Vamos, que aspira a mejorar la calidad de vida en las 34 comunas de nuestra capital, a partir de una evaluación ciudadana permanente y vigilante de diferentes problemáticas. Este desafío lo emprendemos impulsados por las conclusiones de un estudio que hemos realizado y que mide, precisamente, la implementación de las leyes de participación ciudadana y de acceso a la información pública en los municipios del país (vea una copia del estudio).
Los resultados que obtuvimos son reveladores y muy preocupantes, y deben llamar la atención a un amplio rango de actores por tres razones.
En primer lugar, nos encontramos con una realidad impactante: un 57% de los municipios del país, sencillamente no responde a las solicitudes de información pública realizadas por la ciudadanía. Se trata nada menos que de 198 municipios.
En segundo lugar, de los 147 municipios que sí contestaron al estudio, apenas un 44% había formado, a marzo 2012, su Consejo Comunal de la Sociedad Civil o Cosoc. Lo anterior es grave, si se considera que la principal reforma introducida por la Ley de Participación Ciudadana, es precisamente la creación de los COSOC, espacio creado para la participación y la fiscalización de la gestión municipal. Tanto es así, que estos nuevos organismos tienen o deberían tener facultades para revisar los presupuestos, los planes de desarrollo y los planes de regulación urbana municipal, entre otros. El plazo legal para haber constituido este Consejo venció en diciembre de 2011 y hay cinco municipios en Santiago y, al menos, 64 en el país, que aún no lo conforman.
En tercer lugar, la Ley invitaba a los municipios a renovar sus ordenanzas de participación ciudadana, incluyendo nuevos mecanismos, como por ejemplo, los presupuestos participativos, las mesas territoriales y los cabildos vecinales. Pese a ello, apenas un 17% de los municipios evaluados contempla alguna de estas herramientas en su normativa. Y un poco más del 10% ni siquiera incluye mecanismos que son obligatorios como el plebiscito y la audiencia pública.
Nuestro estudio tiene alcance nacional, pero dadas las preocupantes cifras, decidimos hacer una comparación del desempeño de los 34 municipios que componen el Gran Santiago. De esta manera, obtuvimos un ranking que mide el nivel de implementación de la Ley de Participación Ciudadana a nivel municipal. Los resultados obtenidos permiten afirmar que sólo 3 de 34 municipios presenta un buen cumplimiento de la ley. Luego nos encontramos con un 76% que cumple con la ley de manera mediocre y con un 15% que simplemente cae en la ilegalidad.
Sin duda, se debe felicitar a los municipios que lo han hecho mejor en esta materia, como Maipú, La Pintana y Peñalolén, pero a la vez resulta muy preocupante constatar que existen cinco municipios que no cumplen con los mínimos legales. Más aún, cuando vemos en el último lugar a Las Condes, unos de los cuatro municipios más ricos de Chile.
Esperamos que esta evaluación ciudadana y otras señales, como la alta abstención electoral -otro índice preocupante de participación-, no pasen inadvertidas para que construyamos juntos una democracia digna del siglo 21.
El hecho de que esta evaluación haya sido realizada por una organización ciudadana, la hace todavía más valiosa. Somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, quienes debemos defender los derechos ganados y el respeto a leyes que deberían consagrarlos. Y para ello debemos liderar su vigilancia. Tomamos con responsabilidad y esfuerzo la labor de investigar, medir, exponer, y poner en la discusión pública un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, especialmente de su democracia. Para eso fundamos Santiago Cómo Vamos.
Fuente: “Monitoreo a la normativa de participación ciudadana y transparencia municipal en Chile, 2012”; Tomás Marín y Danae Mlynarz; Ciudad Viva.