“Tarea para la casa” para el ministro Hinzpeter: La reforma a la Justicia Militar

Al final de cuentas, toda reforma a la ley se traduce en una cuestión política, de voluntad política. Es decir, siempre existirán dificultades materiales, financieras, técnicas y de otra índole que serán un obstáculo para cualquier iniciativa legal, pero al final del día, la voluntad política es lo decisivo. Si la hay, la reforma legal avanza, superando obstáculos, si no, aunque existan otros estímulos y muy buenas razones, esta queda estancada.

Ejemplo manifiesto de esto es la discusión política y pública referida a la “reforma” de la reforma procesal penal, en donde el gobierno convocó a una serie de expertos (académicos, litigantes y políticos) cuya misión ha sido identificar aspectos problemáticos del sistema criminal en materia de persecución de delitos y proponer reformas legales. Así, el gobierno, después del anuncio intempestivo (casi impulsivo, podría decirse) del Presidente, se puso las pilas a este respecto, y en un tiempo muy breve comenzó a trabajar fuertemente. El plazo que se ha dado es escueto para iniciativas legales de esta índole: sólo cien días.

Esta situación es interesante, ya que, más allá de los prejuicios que uno pueda tener respecto de la necesidad de una “reforma” de la reforma y del llamado del mundo académico a estudiar con detención y evaluar con seriedad la verdadera necesidad de esta iniciativa, llama la atención la determinación política del gobierno del Presidente Piñera a este respecto, actuando de forma resolutiva y con una impresión de premura.

Como se puede ver, la voluntad es todo.

Tan cierta es esta última idea que cuando no hay voluntad política los proyectos legales mueren, quedándose por años estancados en el Congreso, sin urgencias, y otros ni siquiera ven la luz, no llegan a salir del computador de algún asesor de “x” ministerio. Un buen ejemplo de esto es la reforma a la justicia militar, tema que he investigado para el Informe de DDHH de la UDP por muchos años. A este respecto, pareciera que el tiempo se ha detenido, como en la famosa película “El día de la Marmota”, protagonizada por Bill Murray.

Aquí, la voluntad política ha sido la gran ausente.

“Recientemente ha sido nombrado como Ministro de Defensa Rodrigo Hinzpeter, uno de los más grandes críticos del funcionamiento del sistema criminal, en particular por las absoluciones en casos en donde se imputó el delito de terrorismo por colocación de artefactos explosivos (…). Es de esperar que esa misma actitud crítica y enfática la mantenga ahora respecto de la justicia militar”

Es decir, sobran razones para reformar la justicia militar, pero muy poco ha ocurrido. La más obvia se refiere a que existe un imperativo sobre nuestro país para hacerlo. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Irribarne del año 2005, ordenó a nuestro Estado reformar la justicia militar en un plazo razonable, adecuándola a los estándares que todo sistema judicial democrático debe cumplir. Estamos hablando de cosas bastante básicas: contar con un tribunal imparcial, poder conocer los antecedentes de cargo, ser juzgado en un plazo razonable, entre otras. Cualquiera de esas deficiencias ha sido suficiente en otros países para reformar un sistema judicial, y lo fueron en nuestro propio país hace más de 10 años cuando se reformó la justicia criminal.

Agréguese otro tipo de razones, menos obvias. En un escenario en donde Chile hace más de 10 años viene llevando una política pública en materia de justicia que incorpora reformas legales en temas importantes (penal, familia, laboral, libre competencia, tributario y aduanero), llama la atención que la justicia militar, en lo que se refiere a las instituciones que operan en ella y a su diseño procedimental (secreto, mediante jueces no abogados y con cadena de mando) siga operando igual que sistemas judiciales propios de sociedades más primitivas, cultural y técnicamente hablando.

A pesar de estas buenas razones, la ausencia de voluntad política se nota en esta área. Se han presentado diversos proyectos para reformar la justicia militar y sólo uno ha visto la luz.

Así, en el año 2007 se elaboró una primera estrategia que se materializaba en cuatro potenciales proyectos de ley: de esos, sólo uno de ellos fue presentado y murió en el Congreso, sin mayor movimiento y ampliamente criticado por la academia. Posteriormente, el año 2009 se presentaron dos proyectos de ley (producto del serio trabajo realizado por la Comisión para reformar la justicia militar) destinados a modificar la parte procesal y la parte penal de esta judicatura; ambos se estancaron al asumir en marzo de 2010 el actual gobierno. El 2011, este informó que intentaría mantener el proyecto original de la Presidenta Bachelet que modificaba el procedimiento penal militar, pero que retiraría el que modificaba los delitos militares, asegurando que presentaría un nuevo proyecto que buscaba crear jueces militares (similares a la reforma procesal penal) y un ministerio público militar dentro de ese año. A la fecha, este proyecto no ha sido presentado y el de la reforma al procedimiento está estancado. Este año se sigue trabajando en la reforma y se asegura que antes de fin de año se presentará un proyecto en la misma línea que aquellos presentados a fines del mandato de Bachelet el 2009.

Dentro de toda esta inercia legislativa hay una sola notable excepción, el proyecto que excluyó a los civiles de la justicia militar. Aquí si hubo voluntad política, mucha, cuando más de 30 comuneros mapuches sostuvieron por mucho tiempo huelgas de hambre que presionaron al gobierno ¿Debe ocurrir algo así nuevamente? ¿Solo cuando el gobierno esté contra la pared?

¿Qué explica este problema? ¿Por qué no hay voluntad política? Es difícil  saber. Hay, con todo, algunas circunstancias que pueden explicar esta situación.

“En un escenario en donde Chile hace más de 10 años viene llevando una política pública en materia de justicia que incorpora reformas legales en temas importantes (penal, familia, laboral, libre competencia, tributario y aduanero), llama la atención que la justicia militar, en lo que se refiere a las instituciones que operan en ella y a su diseño procedimental (secreto, mediante jueces no abogados y con cadena de mando) siga operando igual que sistemas judiciales propios de sociedades más primitivas”

La primera es entregar la reforma a la justicia militar al Ministerio de Defensa. Resulta hasta cierto punto extraño, ya que ciertamente es el Ministerio de Justicia el que tiene los recursos y la expertise para manejar este tipo de reformas legales. Las razones que explican por qué la maneja Defensa son poco claras. Es posible concebir que tiene que ver con que dicho ministerio “ve” todo lo que tenga que ver con defensa, lo que simplemente garantiza que la visión militar estará presente, la que muchas veces puede no ir de la mano con la tendencia general de las reformas judiciales.

Otra posible razón, que algunas discusiones parlamentarias muestran, dice relación con el rol que tendría la justicia militar en la persecución criminal. Esto tenía sentido cuando Carabineros era víctima de delitos por parte de civiles que podían ser juzgados por esta judicatura, en donde la justicia militar aseguraba “mano dura”. La reforma de diciembre de 2010 terminó con este argumento.

En informes previos, algunas personas han indicado que la justicia militar y su reforma generan ciertas aprensiones en el mundo militar en atención a que una reforma integral a aquella despertaría ciertos espíritus que buscarían volver a enjuiciar a muchos militares por conductas ocurridas el 73. Algún asidero podría tener este argumento, en el entendido que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Con todo, la reforma legal podría indicar claramente que solo se juzgarán hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, como lo hacen las normas transitorias del Código Procesal Penal.

Una última explicación dice relación con las prioridades que los diversos ministros de Defensa han tenido. En informes de años anteriores, consultado el ex-ministro Ravinet por la reforma a la justicia militar, este indicó elocuentemente que “No estamos interesados en pasar de ser los peores alumnos a ser los mejores de un solo viaje”. Durante el trabajo del ex ministro Allamand, no se registró movimiento alguno en los proyectos presentados ni se presentó iniciativa alguna.

Lo cierto es que ninguna de estas razones parece atendible en la actualidad. Incluso viéndolo desde la perspectiva de carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas, estos son igualmente ciudadanos y tienen derecho a ser juzgados por un sistema judicial que respete el debido proceso y sea moderno.

Se requiere de forma urgente voluntad política.

Recientemente ha sido nombrado como Ministro de Defensa Rodrigo Hinzpeter, uno de los más grandes críticos del funcionamiento del sistema criminal, en particular por las absoluciones en casos en donde se imputó el delito de terrorismo por colocación de artefactos explosivos. En todos ellos, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública se querelló. Públicamente crítico la “puerta giratoria”. Es de esperar que esa misma actitud crítica y enfática la mantenga ahora respecto de la justicia militar y que su voluntad  impulse un cambio legislativo que el país realmente necesita, de pasada cumpliendo una condena internacional que pesa por sobre nosotros.