La teoría de la “co-ocurrencia” y las irregularidades en la pesca de sardina austral
13.11.2012
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13.11.2012
Rodrigo Aguilar es dirigente nacional de Conapach, una de las dos confederaciones de pescadores artesanales más grandes del país. En razón de ese cargo fue que participó como negociador en la Mesa Pesquera que convocó el ministro Pablo Longueira en agosto de 2011 para definir los lineamientos de la Ley de Pesca que hoy se discute en el Senado. Además, es presidente de la Asociación Gremial (AG) Demersal de la X Región. Y en el sitio web de Conapach afirmó: “Como AG, no descartamos movilizaciones, ya que nos preocupa de la Ley de Pesca que se le entreguen cuotas a las plantas pesqueras o a personas que no tengan ni historia ni registro pesquero artesanal”.
Sus comentarios son, a lo menos, bastante controvertidos. Por lo mismo, es importante aclarar las razones por las que hoy Aguilar, al igual que varios otros pescadores, figura en el listado de favorecidos con cuota de sardina austral en la Región de Los Lagos en virtud de la Ley 20.560, promulgada en enero de 2012. La “historia pesquera” a la que él hace mención, que es la que en definitiva le permitió acceder a una porción de la cuota en esa pesquería, se limita a su participación en una pesca de investigación que realizó la Fundación Chinquihue –con autorización de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca)– y que duró solamente un día, el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre del 2010.
El sistema completo de pesca de investigación fue impugnado el año pasado por la Contraloría (ver columna del mismo autor), pero esta fue la que dejó en entredicho al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea. Luego de que fuera consultado por el senador Alejandro Navarro sobre cómo se autorizó la pesca de investigación de la sardina austral, quiénes la realizan además del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y qué volumen de captura contempla, el 3 de junio del 2011 Galilea envió un oficio dirigido al secretario general (s) del Senado. Allí aseguró que su actuación por fuera de la ley al autorizar la pesca de investigación de la sardina austral se justificó en un comportamiento impuesto por la naturaleza a esa especie e imposible de resolver por los estudiosos de esa subsecretaría. El oficio dice:
“A partir del año 2006, se identificó entre en las capturas de anchoveta y sardina común la presencia de sardina austral, una especie desconocida y no reconocida en los registros pesqueros nacionales.
En la práctica, se configuró una pesquería multiespecífica en la cual co-ocurren en el desembarque tres especies: Anchoveta, Sardina común y Sardina austral, no siendo posibles separarlas”.
Pablo Galilea autorizó la pesca de investigación sin tener mandato legal para ello, como lo reconoce en el mismo oficio al decir que “cabe tener presente que la captura de especies hidrobiológicas sin estar inscrito en los registros respectivos, se encuentra sancionada con multas conforme lo dispuesto por los artículos 110 letra d) y 120 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA)”.
Ese 28 de diciembre del 2010 quedó en duda si la pesca de investigación de la Fundación Chinquihue estaba falseando la realidad –captura monoespecífica de sardina austral– o si ello lo hacía el subsecretario con su teoría del comportamiento de “co-ocurrencia”, que según él caracterizaría a la pesquería y desembarque de la sardina austral y haría imposible separarla de su fauna acompañante: anchoveta y sardina común. Sin embargo, el informe final de la Fundación Chinquihue fue concluyente:
1.- Las cinco embarcaciones capturaron sólo sardina austral, sin que co-ocurriera ni sardina común ni anchoveta en los lances y desembarque.
2.- Las mismas naves capturaron casi las mismas cantidades a pesar de tener diferencias de tamaño, operar con distinto número de tripulantes y en distintas zonas de captura –aunque todas en el Seno de Reloncaví–, coincidiendo también en el número de lances y horario de pesca: tres lances, entre el atardecer y las 5:00, para luego desembarcar en el muelle de la Fundación Chinquihue y vender todal a captura como carnada a un solo comprador. Las embarcaciones que participaron fueron El Sirenita II (capturó 1.650 kilos), Rosita I (1.830 kilos), El Sagitario (1.700 kilos), Conny (1.680 kilos) y El Perlita, la nave de Aguilar, que capturó 1.500 kilos apoyado con un solo tripulante en su primer día de pesca.
Lo anterior es muy relevante, ya que hasta ahora la teoría de la “co-ocurrencia” ha sido el principal argumento del subsecretario Galilea ante las denuncias en su contra por actuar por fuera de la ley y autorizar la captura de especies no inscritas, como la sardina austral. Los tribunales y la Contraloría hasta ahora han decidido hacer vista gorda, a pesar de que la Subpesca ha consentido que se defraude al Estado privándolo del lucro legítimo que significaban las “multas conforme lo dispuesto por los artículos 110 letra d) y 120 de la LGPA” al impedir se le aplicaran a quienes capturaron y procesaron la sardina austral, por corresponder a una especies hidrobiológica que no se encontraba inscrita en los registros pesqueros.
La pesca de investigación de la Fundación Chinquihue, después de un día de faenas pesqueras, culminó en un informe de 38 páginas que fue despachado en enero de 2011 al subsecretario. A pesar de que ese documento desmintió su teoría de la “co-ocurrencia”, Galilea decidió premiar a los cinco pescadores artesanales que participaron incluyéndolos en el listado de los beneficiados con historia y registro pesquero artesanal para capturar sardina austral a partir del 15 de Noviembre del 2012, entre ellos a Aguilar.
Muchos afirman que lo anterior se suma a la innumerable cantidad de ilegalidades asociadas a la pesquería de la sardina austral, entre las que se cuenta la entrega de 7.000 toneladas de esa especie bajo la figura de pesca de investigación en la Región de Aysén a la cuestionada Universidad del Mar durante el primer semestre del 2012. Todas esas irregularidades han terminado por destruir la sustentabilidad de la sardina austral encubiertas y amparadas por la Subpesca.
Estos son los antecedentes que respaldan la denuncia que hicimos al presidente del Senado y a los presidentes de las comisiones de Pesca en ambas cámaras del Congreso. Estas acciones ponen sobre el tapete cómo la corrupción se ha apoderado de nuestras instituciones y se han vuelto una constante que quedan en la impunidad. Nuestra institucionalidad definitivamente no está funcionando para impedirlas, por lo mismo, nos damos por notificados de que la denuncia será archivada y olvidada. Ojala no ocurra lo mismo con los ciudadanos de nuestro país.