Universidad del Mar: Un ministro jugando al Sheriff

Luego del anuncio definitivo del cierre de la Universidad del Mar por parte del Ministerio de Educación, son varios los elementos que han salido a la luz pública. El primero y que resulta más fácil de digerir es el de las cabezas que deben rodar por esta debacle. ¿Por qué esta es la vía más sencilla de resolver, aparentemente, el problema? Porque tras ella se esconde la justiciera y popular tesis de los “villanos derrotados”. El problema sería, según esta visión, que un grupo de malhechores han logrado burlar al sistema y salirse con la suya. Por lo menos lo han logrado hasta ahora que han sido descubiertos. Para que la historia tenga un final feliz solo faltaría que el “sheriff”, en este caso el ministro de Educación, entregue a los culpables al escarnio público.

Esta visión fácil adolece de un gran problema: no se trata de individuos que burlaron el sistema, sino de un sistema (con individuos) que nos engañó a todos. Así lo confirma el ex rector de la Universidad del Mar en un entrevista reciente: “La ley es ambigua y todo el mundo entendió que las universidades privadas eran un emprendimiento…y la cultura validaba lo que ocurría” (El Mercurio, 3 de noviembre de 2012). Sobre todo interesa esto de “la cultura” de la validación de estas malas prácticas.  Lo que está detrás de esta afirmación es que no son únicamente las universidades que terminan siendo un “mal negocio” para sus dueños las que incurren en estas malas prácticas. Estamos hablando de un engaño a gran escala en el que habría que incluir también a universidades que aún son “buen negocio” y engañan a sus estudiantes “vendiéndose” como organizaciones sin fines de lucro, pero extrayendo cada céntimo que pueden.

“Mientras el movimiento estudiantil se ha hecho amplio y ciudadano y ha logrando modificar las preconcepciones culturales en el ámbito de la educación, nuestro Estado se ha quedado en la retaguardia del camino”.

No hace demasiado tiempo se rechazaba un informe en la Cámara de Diputados donde se mencionaban varias de estas instituciones y los mecanismos que empleaban: “Esta Comisión Investigadora ha podido determinar que la propiedad sobre las instituciones de educación privada, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ha sido fuente de atracción de inversiones de grupos económicos, a tal punto, que hoy se transan en el mercado bursátil, lo que sin lugar a dudas configura la existencia de lucro”.

Entonces, si no se trata solo de buscar un par de responsables para usarlos como chivos expiatorios del verdadero problema (aunque sin lugar a duda los responsables de estos hechos deben pagar), la pregunta real es: ¿Quién se hace cargo?

Según un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP), presentado por Sergio Urzúa, alrededor del 42% de los titulados de establecimientos privados obtienen una rentabilidad negativa de sus estudios: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de permitir el desarrollo social y económico, ha significado una verdadera estafa que ha empeorado su situación económica. Lo anterior, es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor. Además, se sigue aumentando los subsidios al sistema, sin que sus vicios tengan control. La Universidad del Mar recibió autonomía y fue acreditada (inclusive con algunas acusaciones de cohecho en el proceso). ¿Acaso no le cabe al Estado en esto una cuota importante de responsabilidad?

“No puedo dejar de imaginar lo diferente que hubiese sido la reacción de las autoridades con el caso de la Universidad del Mar, de no haber existido las movilizaciones del 2011 y el informe del lucro del 2012.”

Más allá de los resultados que arroje la investigación de la Universidad del Mar, nos tendremos que enfrentar al verdadero problema tras esta situación: el rol del Estado para evitar este tipo de engaños y su responsabilidad con los estudiantes que han sido víctimas de este sistema como garante de una educación de calidad para todos. Estamos empezando a ver grietas importantes en ese ya poco sólido ideario del Chile donde la ciudadanía debe confiar en que “las instituciones funcionan”. Solo para ilustrar una de esas otras grietas: ¿Sabía usted que por ley está prohibido a colegios que reciban fondos estatales seleccionar antes de sexto básico? Si no lo sabía no es extraño, 55% de los colegios particular subvencionados de nuestro país seleccionan, pero hace rato que hay, al igual como había con el lucro de las universidades, una “cultura” que ha cubierto estas prácticas en un velo de falsa legitimidad.

No puedo dejar de imaginar lo diferente que hubiese sido la reacción de las autoridades con el caso de la Universidad del Mar, de no haber existido las movilizaciones del 2011 y el informe del lucro del 2012. En definitiva, lo que ha estado ocurriendo es que un movimiento estudiantil multitudinario, se ha hecho amplio y ciudadano, logrando modificar nuestro sentido común, nuestras preconcepciones culturales en el ámbito de la educación, pero nuestro Estado se ha quedado en la retaguardia del camino.

Ha llegado la hora de que las transformaciones en la conciencia de las personas se traduzcan en modificaciones de las estructuras que nos rigen. De otro modo, quienes terminarán pagando serán los de siempre, las familias que depositaron su confianza en las instituciones y terminaron encontrándose con el lucro a costa de sus sueños. En definitiva, le corresponde ahora al Estado hacerse responsable de su negligencia asegurando que los estudiantes y sus familias (en el caso de la Universidad del Mar y otros similares) no sean quienes paguen por esta situación.